Unidad 1. TÍTULO VI. DEL PODER JUDICIAL. ARTS 117-127

Según el art. 117, la Justicia se administra en nombre de: La Nación. El Gobierno. El Rey. Las Cortes Generales.

De acuerdo con el art. 120, ¿qué carácter tendrán, con carácter general, las actuaciones judiciales?. Reservadas, salvo autorización del CGPJ. Públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. Secretas, salvo en el proceso pena. Confidenciales, salvo en materia civil.

Conforme al art. 118, el deber de cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de Jueces y Tribunales corresponde a: Solo a las Administraciones Públicas. Solo a quienes hayan sido parte en el proceso. Todas las personas y poderes públicos. Exclusivamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Según el art. 122, el órgano de gobierno del Poder Judicial es: El Tribunal Supremo. El Ministerio Fiscal. El Consejo General del Poder Judicial. La Sala de Gobierno de cada Tribunal Superior de Justicia.

De acuerdo con el art. 121, la indemnización por daños causados por error judicial o por funcionamiento anormal de Administración de Justicia se reconocerá: Solo cuando exista sentencia penal absolutoria posterior. En los términos establecidos por la ley. Únicamente si lo acuerda el CGPJ. Solo si el perjudicado es funcionario público.

Según el art. 117, la potestad jurisdiccional consiste en: Dictar reglamentos y ejecutarlos. Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Dirigir la investigación penal en exclusiva. Promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad.

Conforme al art. 124, el Ministerio Fiscal actúa con sujeción, en todo caso, a los principios de: Oportunidad y discrecionalidad. Legalidad e imparcialidad. Jerarquía y autonomía. Independencia y libre apreciación.

Según el art. 123, el Tribunal Supremo: Es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Es superior solo en el orden penal. Es superior únicamente respecto de los Tribunales Superiores de Justicia. No tiene jurisdicción en todo el territorio nacional.

De acuerdo con art. 127, los Jueces, Magistrados y Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán: Integrarse en asociaciones profesionales. Pertenecer a partidos político o sindicatos. Acceder a cargos docentes universitarios. Comparecer como testigos ante un tribunal.

Según el art. 120, las sentencias serán: Secretas, salvo que se autorice su publicación. Motivadas y se pronunciarán en audiencia pública. Motivadas, pero podrán dictarse sin audiencia pública. Públicas, aunque no es exigible motivación.