Unidad 2. Estatuto de Autonomía, art. 12-36

Según el Estatuto, el derecho a una buena administración comprende, entre otros, que los asuntos sean resueltos en: Un plazo máximo fijado reglamentariamente. Un plazo razonable. Un plazo igual para todos los procedimientos. Un plazo preferente cuando exista urgencia sanitaria.

La garantía del derecho constitucional a la protección de la salud se articula, en Andalucía, mediante un sistema sanitario público: De carácter universal. De carácter contributivo. De carácter universal únicamente para españoles. Basado preferentemente en aseguramiento privado concertado.

La prohibición de discriminación del artículo 14 se refiere, literalmente, al ejercicio de derechos, al cumplimiento de deberes y a: La financiación de los servicios públicos. La prestación de los servicios contemplados en el Título I. La organización de la Administración autonómica. El acceso al empleo público.

En relación con el artículo 13, es correcto afirmar que los derechos y principios del Título I: Crean títulos competenciales nuevos en materia sociales. Modifican los títulos competenciales preexistentes cuando sea necesario para garantizarlos. No suponen alteración del régimen de distribución de competencias. Atribuyen competencia exclusiva a Andalucía en materia de derechos fundamentales.

El Estatuto reconoce el derecho a declarar la voluntad vital anticipada, indicando que: Será eficaz sin necesidad de desarrollo legal. Deberá respetarse, en los términos que establezca la ley. Quedará supeditada a autorización judicial. Solo vinculará en el ámbito de centros sanitarios públicos.

Los destinatarios de las políticas públicas y titulares de derechos y deberes del Título I son: Todas las personas con nacionalidad española residentes en Andalucía. Todas las personas empadronadas en Andalucía durante al menos un año. Todas las personas con vecindad administrativa en Andalucía. Exclusivamente quienes ostenten la condición política de andaluces.

Se garantiza a los consumidores y usuarios, expresamente, el derecho a asociarse y, además, el derecho a: La financiación pública de sus asociaciones. La información, formación y protección en los términos que establezca la ley. La libre elección de cualquier proveedor, con independencia de la normativa. La indemnización automática por daños en el consumo.

En materia de educación, el Estatuto garantiza la gratuidad de la enseñanza en: Todos los niveles educativos. Los niveles obligatorios y, en los término que establezca la ley, en la educación infantil. Los niveles no obligatorios mediante un sistema universal de becas. Los niveles obligatorios y universitarios.

En relación con las parejas no casadas, el Estatuto reconoce el derecho a: Contraer matrimonio civil en cualquier registro autonómico. Inscribir en un registro público sus opciones de convivencia. Acceder automáticamente a prestaciones estatales de viudedad. Adquirir la vecindad administrativa por convivencia.

El derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable se conecta en el Estatuto con el deber de: Denunciar cualquier infracción medioambiental. Hacer un uso responsable para evitar su deterioro y conservarlo para generaciones futuras. Priorizar el aprovechamiento económico del territorio. Someterse a evaluación ambiental individual para cualquier actividad.

La garantía del derecho a acceder, corregir y cancelar datos personales se refiere a datos en poder de: Cualquier entidad privada radicada en Andalucía. Las Administraciones públicas andaluzas. Exclusivamente la Administración autonómica (Junta de Andalucía), no local. Solo el sistema sanitario público.

Conforme al Estatuto, las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la violencia de género, que incluirá: Únicamente medidas preventivas. Medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas. Medidas asistenciales y sanciones penales autonómicas. Medidas preventivas y un fondo de reparación obligatorio estatal.

El derecho a una renta básica se reconoce: Solo a quienes acrediten situación de desempleo. A todos, en los términos de la ley, para garantizar condiciones de vida digna y en caso de necesidad. Únicamente a mayores de 65 años. Exclusivamente a personas con discapacidad.

En el artículo 30, el derecho a participar en los asuntos públicos de Andalucía comprende, entre otros, el derecho a: Votar en elecciones generales como derecho estatutario. Promover la convocatoria de consultas populares por la Junta o por los Ayuntamientos, en los términos que establezcan las leyes. Convocar referendos autonómicos sin habilitación legal. Disolver órganos representativos por iniciativa ciudadana directa.

El Estatuto establece que la prohibición de discriminación no impedirá: La reducción de derechos por razones de interés general. Las acciones positivas en beneficio de sectores, grupos o personas desfavorecidas. La preferencia automática por razón de edad. La discriminación indirecta en servicios sanitarios.

Se garantiza el derecho a un adecuado tratamiento del dolor y cuidados paliativos integrales, así como: La elección del momento de la muerte sin condiciones. La plena dignidad en el proceso de la muerte. La asistencia exclusivamente en domicilio. La suspensión automática de tratamientos invasivos.

Entre los derechos de pacientes y usuarios del sistema andaluz de salud se incluye expresamente: La libre elección de médico y de centro sanitario. La libre elección de hospital en cualquier país de la UE sin requisitos. La asignación de médico exclusivamente por sorteo anual. La libre elección de tratamiento al margen del criterio clínico.

La ley regulará el acceso a ayudas públicas para atender situaciones de las diversas modalidades de familia existentes según: La legislación penal. La legislación civil. La normativa interna de cada Ayuntamiento. La costumbre locas.

El derecho de acceso a la justicia que garantiza la Comunidad Autónoma se formula como garantía de: La independencia judicial plena en Andalucía. La calidad de los servicios de la Administración de Justicia, la atención de las víctimas y el acceso a la justicia gratuita. La gratuidad universal de todo proceso judicial. La creación de tribunales propios autonómicos.

Se reconoce el derecho a acceder y usar las nuevas tecnologías y a participar activamente en la sociedad del conocimiento, mediante: Un plan anual aprobado por decreto. Los medios y recursos que la ley establezca. Un derecho directamente exigible sin regulación. La obligación de dotación tecnológica individual.