UNIR.D.ADMIN II

1. Señale el enunciado erróneo respecto de la potestad de deslinde como prerrogativa de la Administración: a) Es una técnica de protección para bienes demaniales y patrimoniales. b) El acto que ponga fin al procedimiento es inscribible en el Registro de la Propiedad. c) Sólo puede incoarse de oficio por la Administración titular de los bienes cuyo deslinde interesa determinar. d) Se lleva a cabo mediante un procedimiento contradictorio para fijar los límites físicos de los bienes públicos.

2. El encargo a un medio propio de la prestación de un servicio público: a) se regula por la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a su preparación y adjudicación y conforme a las reglas de derecho privado para su ejecución y resolución. b) es una modalidad de gestión directa del servicio público. c) requiere de la adjudicación de un contrato de concesión de servicios, de naturaleza administrativa, y sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público. d) es una modalidad de gestión indirecta del servicio público.

3. Señale qué tipo de autorizaciones son transmisibles: a) Las autorizaciones de naturaleza personal. b) Las autorizaciones de naturaleza real. c) Las autorizaciones que incorporen la cláusula "sin perjuicio de tercero". d) Las autorizaciones sobre el dominio público.

4. La autotutela ejecutiva de la Administración supone: a) La creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas sin necesidad del auxilio judicial ni el consentimiento de los destinatarios. b) La potestad de revocar libremente sus propios actos. c) La potestad de ejecutar sus actos sin el auxilio judicial. d) La potestad de interpretar unilateralmente los contratos públicos.

5. En el procedimiento sancionador, los actos definitivos que imponen una sanción: a) No son ejecutivos hasta que no devienen firmes. b) Únicamente serán ejecutivos cuando un órgano judicial se pronuncie sobre su ejecutividad. c) Son ejecutivos, salvo que se interponga un recurso administrativo. d) Son ejecutivos, como impone el principio general de autotutela ejecutiva de la Administración.

6. En el cómputo de los plazos en vía administrativa: a) Se aplican las mismas reglas que en la vía judicial. b) Se excluyen todos los días inhábiles del lugar de residencia del interesado y el mes de agosto. c) Se excluyen sábados, domingos y festivos. d) Se excluye sábados, domingos, festivos y el mes de agosto.

7. El cambio de titularidad pública o la variación del uso principal de un bien demanial es un supuesto típico de: a) Mutación demanial. b) Pérdida de la condición demanial. c) Desafectación. d) Afectación.

8. En los procedimiento para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, la carga de la prueba del daño producido corresponde: a) A la Administración, para lo cual recabará los informes preceptivos oportunos, incluido en su caso el del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico. b) A la Administración, a la vista de la documentación aportada por el interesado y del contenido de los informes que recabe durante la instrucción del procedimiento administrativo. c) Al interesado que formula la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración. d) Es una cuestión que se dirimirá ante el Juzgado o Tribunal que conozca del recurso contencioso-administración.

9. Para el cómputo de un plazo, en vía administrativa, por meses: a) Se computan de fecha a fecha. b) Se computan todos los días de cada mes, con excepción de agosto. c) Se excluyen los sábados, domingos y festivos. d) Se excluyen los días inhábiles y el mes de agosto.

10. En relación con los informes en el procedimiento administrativo: a) La regla general es que son vinculantes. b) Si no se emite el informe en plazo, y este no fuera vinculante, el procedimiento se suspenderá, debiéndose requerir nuevamente al órgano para que emita el citado informe. c) El plazo general de emisión de informes es de quince días hábiles. d) La regla general es que son facultativos y no vinculantes.

11. En el procedimiento contencioso-administrativo ordinario: a) Se inicia mediante la presentación del escrito de interposición, acompañado de la documentación recogida en el artículo 45 LJCA. b) Tiene una tramitación preferente y sumaria. c) La Administración presenta la contestación a la demanda acompañando junto a la misma el expediente administrativo. d) El expediente administrativo se aporta por la Administración una vez presentada la demanda.

12. El recurso de reposición: a) Se interpone en el plazo de dos meses y se resuelve en el plazo de dos meses. b) Se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto. c) Se interpone ante el superior jerárquico del órgano que dictó el acto. d) Se resuelve en el plazo de tres meses.

13. La gestión indirecta de un servicio público debe realizarse conforme al siguiente régimen: a) Mediante la reserva de titularidad del servicio a favor de la Administración competente. b) Mediante un contrato de servicios o de concesión de servicios, de naturaleza administrativa y sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público. c) Mediante un contrato de concesión sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a su preparación y adjudicación y conforme a las reglas del Derecho privado para su ejecución y resolución. d) Mediante una sociedad mercantil participada mayoritaria o íntegramente por la Administración titular del servicio.

14. En relación con el reintegro de las subvenciones: a) Es una sanción administrativa. b) Es automático y no exige la tramitación de ningún procedimiento. c) Las entidades colaboradoras nunca podrán ser obligadas al reintegro. d) Procederá cuando se den las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y se aprobará previa audiencia del interesado.

15. Son principios aplicables a los servicios públicos: a) La concurrencia competitiva y la no discriminación. b) La universalidad y la igualdad en el acceso a los mismos. c) En ocasiones, la tipicidad y la especialidad. d) Los mismos que aplican a la contratación pública.

16. Las autorizaciones: a) Son técnicas de condicionamiento. b) Son técnicas ablatorias. c) Son técnicas de identificación. d) Son técnicas de información.

17. En el ámbito de la contratación pública, los criterios de adjudicación de los contratos: a) Si sólo se establece un criterio, debe ser el precio más bajo. c) No tienen por qué estar vinculados al objeto del contrato. c) No tienen por qué estar vinculados al objeto del contrato. d) Deben estar vinculados al objeto del contrato.

18. En el ámbito de la contratación pública, son contratos privados: a) Los celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de Administraciones Públicas. b) Los celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de Administraciones Públicas y por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador. c) Los que sean de importe inferior a 50.000 euros. d) Los celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador.

19. Los contratos sujetos a regulación armonizada (SARA): a) Son aquellos que no se someten a la LCSP. b) Se someten a la LCSP y tienen un régimen específico particular, sobre todo en relación con la publicidad. c) Se someten a la LCSP y no tienen ninguna particularidad. d) Se someten a la LCSP aunque sólo parcialmente.

20. En el ámbito de la contratación pública: a) Las Administraciones Públicas siempre son poderes adjudicadores. b) Las Administraciones Públicas serán poderes adjudicadores si cumplen con lo dispuesto en el artículo 3.3.d) LCSP. c) Es indiferente ser o no poder adjudicador. d) Las Administraciones Públicas nunca se consideran poderes adjudicadores.

21. La nulidad de pleno derecho de los actos administrativos: a) Puede subsanarse posteriormente, produciéndose la convalidación del acto. b) Deriva de cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder. c) Tiene efectos ex nunc. d) Tiene efectos ex tunc.

22. En el procedimiento administrativo, la Administración: a) Está siempre obligada a resolver los procedimientos, cualquiera que sea la forma en que se haya iniciado. b) Sólo está obligada a resolver cuando el procedimiento se ha iniciado a instancia de parte. c) Sólo está obligada a resolver cuando el procedimiento se ha iniciado de oficio. d) Puede o no resolver, según la carga de asuntos que tenga el correspondiente órgano administrativo.

23. El Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 dictó el 3 de mayo un acto que afectaba desfavorablemente a ALLARD, S.A. Dos meses después, el 3 de julio, ALLARD, S.A. constató que uno de los documentos que se había incorporado al expediente incurría en un error de hecho. ¿Qué recursos administrativos puede interponer ALLARD, S.A.?. a) Puede interponer el recurso de alzada. b) Ya ha transcurrido el plazo para interponer recursos administrativos. c) Puede interponer el recurso de reposición. d) Cabe interponer el recurso extraordinario de revisión, dado que está dentro de plazo y concurren los requisitos para interponerlo.

24. Carmen presenta una solicitud al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y quiere saber cuáles son sus derechos en materia de prueba en el seno del procedimiento administrativo iniciado. Señala la respuesta correcta: a) Carmen podrá proponer la práctica de prueba, estando el órgano competente obligado a abrir período por un plazo no inferior a 15 ni superior a 30 días. b) Carmen podrá proponer la práctica de pruebas, estando el órgano obligado a abrir período por un plazo no inferior a 20 ni superior a 30 días. c) Carmen no puede proponer pruebas. d) Carmen podrá proponer la práctica de pruebas, que solo podrán ser rechazadas cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.

25. En un plazo señalado en meses el último día del plazo es inhábil. ¿Cuándo acaba el plazo?. a) El que determine la Administración en cada caso. b) El anterior que sea hábil. c) El último día del mes. d) El día siguiente que sea hábil.

26. ¿Cuál es el plazo de interposición de un recurso de reposición?. a) 1 mes. b) 2 meses. c) 10 días. d) Depende del acto recurrido.

27. La excavadora de un contratista de la Administración causa daños a una finca particular durante la ejecución de la obra contratada. ¿Qué orden jurisdiccional será competente para conocer de la reclamación por daños y perjuicios?. a) El orden jurisdiccional civil en todo caso. b) La competencia puede recaer en una u otra jurisdicción, dependiendo de si los daños han sido consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración, o no. c) Siempre la jurisdicción contencioso-administrativa. d) Siempre debe demandarse en jurisdicción civil.

28. En un procedimiento contencioso-administrativo un particular deberá estar obligatoriamente representado por procurador y defendido por abogado en uno de los casos siguientes: a) Cuando el órgano competente sea unipersonal y la resolución recurrida haya sido dictada por un Ministro o Secretario de Estado. b) Cuando la cuantía del procedimiento sea indeterminada o superior a 30.050 euros. c) Cuando el órgano competente sea colegiado, cualquiera que sea la cuantía o instancia del procedimiento. d) Cuando el órgano competente sea unipersonal y se recurra resolución de la AGE.

29. El procedimiento administrativo común se aplica: a) En el ámbito de la Administración General del Estado. b) En el ámbito de la Administración de las Comunidades Autónomas. c) En el ámbito del sector público institucional. d) En todos los anteriores.

30. En una reclamación presentada conjuntamente por varios interesados las actuaciones se entenderán: a) Se les requerirá para que designen representante o se les tendrá por desistidos. b) Con todos ellos si no han designado representante común. c) Se les requerirá para que designen domicilio único. d) Si han designado representante se entenderán con él; en otro caso, con el que figure en primer lugar.

31. En un expediente de expropiación forzosa en el que no haya comparecido ningún titular de un bien expropiable, se entenderán las actuaciones con: a) El Ministerio Fiscal de la Provincia donde radique el bien expropiado. b) El Ayuntamiento donde radique el bien. c) Nadie, ingresándose el justiprecio directamente en la Caja General de Depósitos. d) La Subdelegación del Gobierno correspondiente.

32. CAFÉ DEL MAR, S.A. ha solicitado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 el otorgamiento de una concesión para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre en el municipio de Alicante. Ha transcurrido el plazo máximo sin que el Ministro, competente para resolver, haya dictado resolución expresa. ¿Qué puede hacer CAFÉ DEL MAR, S.A.?. a) Entender la solicitud desestimada por silencio administrativo, pudiendo CAFÉ DEL MAR, S.A. presentar recurso de alzada ante el propio Ministro. b) Entender la solicitud estimada por silencio administrativo. El Ministro expedirá de oficio el certificado acreditativo de dicho silencio en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. c) Entender la solicitud estimada por silencio administrativo y CAFÉ DEL MAR, S.A. deberá en todo caso solicitar al Ministro certificado acreditativo de dicho silencio. d) Entender la solicitud desestimada por silencio administrativo, pudiendo CAFÉ DEL MAR, S.A. presentar bien recurso de reposición ante el propio Ministro o recurso contencioso-administrativo contra dicha desestimación.

33. El Ayuntamiento de Madrid notifica a Miguel el inicio de un procedimiento sancionador en su contra. Miguel, en desacuerdo con la infracción que se le imputa, quiere interponer un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador. ¿Puede interponer dicho recurso?. a) No puede interponer un recurso-contencioso administrativo al tratarse de un acto de trámite que no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. b) Sí, puede interponer un recurso-contencioso administrativo al tratarse de un acto de trámite que pone fin a la vía administrativa. c) Sí, puede interponer un recurso-contencioso administrativo al tratarse de un acto definitivo que pone fin a la vía administrativa. d) No puede interponer un recurso-contencioso administrativo al tratarse de un acto que no pone fin a la vía administrativa.

34. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible expropió a Gabriel en el año 2023 una finca de su propiedad para la construcción de una carretera. Tras un año de paralización de las obras, el 6 de septiembre de 2024 el Ministerio anunció a través de los medios de comunicación que abandonaba el proyecto por falta de fondos, notificándose dicho propósito a Gabriel el 18 de septiembre de 2024. ¿Puede Gabriel ejercer el derecho de reversión?. a) Dado que no se ha ejecutado la obra, Gabriel puede ejercer el derecho de reversión durante el plazo de 3 meses a contar desde la fecha en la que la Administración notificó a Gabriel el propósito de no ejecutar la obra, es decir, hasta el 18 de diciembre de 2024. b) Dado que no se ha ejecutado la obra, Gabriel puede ejercer el derecho de reversión en cualquier momento, sin que exista plazo para la presentación de dicha solicitud. c) Dado que no se ha ejecutado la obra, Gabriel puede ejercer el derecho de reversión durante el plazo de 3 meses a contar desde la fecha en la que la Administración anunció a Gabriel el propósito de no ejecutar la obra. d) Si el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible no ha desafectado la finca expropiada, no habrá derecho de reversión, puesto que aquel puede decidir dedicarla a otra causa de utilidad pública o interés social.

35. Pedro ha interpuesto una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Administración competente por valor de 80.000 euros por los daños que ha sufrido su vivienda como consecuencia de unas obras en su calle. ¿Será preceptivo el informe del Consejo de Estado o del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma?. a) No, el dictamen del Consejo de Estado en los procedimientos de responsabilidad patrimonial es facultativo siempre. b) Sí, en todos los procedimientos de responsabilidad patrimonial es preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. c) Sí, siempre que la indemnización reclamada sea de cuantía igual o superior a 50.000 euros es preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. d) Sí, siempre que la indemnización reclamada sea de cuantía igual o superior a 10.000 euros es preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.

36. A Jaime le acaban de notificar la inadmisión de un recurso de alzada que presentó contra un acto del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. ¿Requiere motivación dicha inadmisión?. a) Sí, porque deben ser motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos que resuelvan la inadmisión de un recurso administrativo, pero únicamente si éste se inadmite por estar fuera de plazo. b) No, porque únicamente deben ser motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos que limiten derechos subjetivos o los intereses legítimos de Jaime, pero nunca los referidos a recursos administrativos. c) Sí, porque deben ser motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos que resuelvan la inadmisión de un recurso administrativo. d) No, porque únicamente deben ser motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos que resuelvan sobre el fondo del recurso planteado, no los que resuelvan sobre la admisión del mismo.

37. RUIDERA, S.L. solicitó una autorización al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que fue denegada. Dicha resolución no pone fin a la vía administrativa y RUIDERA, S.L. quiere saber qué recursos administrativos puede interponer. a) RUIDERA, S.L. puede interponer recurso de alzada en el plazo de 1 mes, tras lo cual podrá interponer recurso contencioso-administrativo. b) RUIDERA, S.L. puede interponer recurso de alzada en el plazo de 3 meses, tras lo cual podrá interponer recurso contencioso-administrativo. c) RUIDERA, S.L. puede interponer recurso de alzada en el plazo de 3 meses, tras lo cual podrá interponer recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo. d) RUIDERA, S.L. puede interponer recurso de alzada en el plazo de 1 mes, tras lo cual podrá interponer recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo.

38. El Ayuntamiento de Bilbao contrata para la Semana Grande de la ciudad a un grupo musical para que dé un concierto. Existen discrepancias entre el Ayuntamiento y el grupo con relación al cumplimiento del contrato. ¿Qué orden jurisdiccional es competente para resolver dichas cuestiones litigiosas?. a) El orden jurisdiccional civil, ya que se trata de una cuestión litigiosa en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de un contrato privado de una Administración Pública. b) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo, ya que se trata de un contrato privado de una Administración Pública. c) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo, ya que se trata de una cuestión litigiosa en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de un contrato privado de una Administración Pública. d) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo, ya que se trata de un contrato administrativo de una Administración Pública.

39. Al entrar en la consulta de su médico en un centro de salud público, se desprende sobre Andrea el techo de escayola, produciéndole heridas graves. Una vez recuperada, quiere informarse sobre cómo podría exigir una indemnización. Señala, en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta: a) Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización. b) El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. c) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad. d) Los procedimientos de responsabilidad patrimonial se inician siempre a solicitud de persona interesada.

40. Cristina tiene una finca en Zaragoza que ha sido expropiada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para ampliar el número de carriles en uno de los accesos a la ciudad. Ha transcurrido 1 año desde la iniciación legal del expediente expropiatorio sin que se haya fijado la indemnización a la que tiene derecho Cristina. Señala la respuesta correcta: a) Habrá de procederse a evaluar de nuevo la finca objeto de expropiación. b) Al haber transcurrido 6 meses desde la iniciación legal del expediente expropiatorio sin haberse determinado por resolución definitiva el justo precio de la finca, el Ministerio estará obligado a abonar a Cristina una indemnización que consistirá en el interés legal del justo precio hasta el momento en que se haya determinado, que se liquidará con efectos retroactivos, una vez que el justiprecio haya sido efectuado. c) Debe esperar hasta haber transcurrido 2 años desde la iniciación legal del expediente expropiatorio sin haberse determinado por resolución definitiva el justo precio de la finca para poder reclamar el abono de ninguna indemnización. d) Tendrá derecho a recuperar inmediatamente la finca expropiada.

41. Una asociación ecologista considera que un Real Decreto del Consejo de Ministros que regula las especies exóticas invasoras y que se publicó hace un año es contrario en uno de sus artículos a lo establecido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y pretende que se declare su ilegalidad. Señala cuál es la fórmula correcta para intentarlo: a) Plantear recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto ante el Consejo de Ministros. b) Formular una instancia a la Ministra para la Transición Ecológica pidiéndole que lo modifique. c) Impugnar en plazo un acto de aplicación del precepto ilegal del Real Decreto, fundando el recurso en la ilegalidad del mismo. d) Formular una instancia al Consejo de Ministros pidiéndole que lo revise de oficio.

42. Isaías, vecino de un municipio costero, pretende impugnar la Ordenanza de playas aprobada por el Ayuntamiento, pero no formuló alegaciones a la aprobación inicial. Señale la opción correcta: a) No puede impugnar. b) Puede recurrir solo si no se le notificó directamente. c) Puede recurrir la Ordenanza siempre que afecte a sus derechos o intereses y formule el recurso en plazo. d) No, las Ordenanzas municipales no son impugnables.

43. Inés recibe una resolución dictada por un Ayuntamiento en relación con una finca que se encuentra en otro término municipal. A la hora de fundamentar el recurso, ¿cuál sería el argumento más correcto para usar como alegación?. a) La resolución será anulable. b) Dependiendo del caso concreto, la resolución será nula o anulable. c) La resolución es nula de pleno derecho. d) El vicio de la resolución es irrelevante.

44. Teleco, S.L. quiere presentar un recurso de alzada frente a una resolución que se le ha notificado el día 31 de enero. ¿Cuál es el último día del plazo para recurrir?. a) El 31 de febrero. b) El 28 de febrero (o el 29 si se trata de un año bisiesto). c) El 1 de marzo. d) El día que corresponda tras contar 30 días hábiles.

45. Derribos, S.A. ha interpuesto un recurso de reposición contra la desestimación de su solicitud de demolición de un inmueble. Dado que han transcurrido más de dos meses sin que se haya resuelto el recurso, pretende plantear un recurso contencioso-administrativo. ¿En qué plazo ha de plantear el recurso contencioso-administrativo para que no se considere presentado fuera de plazo?. a) En dos meses contados desde que se entiende que existe desestimación presunta. b) En seis meses contados desde que se entiende que existe desestimación presunta. c) En estos casos se considera que no hay plazo. d) No cabe acudir a la vía contenciosa hasta que se resuelva el recurso.

46. El día que vence un plazo es festivo en la Comunidad Autónoma en que reside el recurrente, pero es hábil en Madrid que es donde está la sede del órgano administrativo autor del acto impugnado. ¿Qué día termina el plazo en ese caso?. a) Ese día, porque es hábil donde está la sede del órgano administrativo. b) Ese día, porque siempre prevalecen los plazos de la capital del Reino. c) Al día siguiente hábil, porque es inhábil en la localidad donde tiene su domicilio el interesado. d) El último día del mes.

47. En el procedimiento administrativo, la representación: a) No se presume nunca, debe acreditarse en todos los supuestos. b) Se presume para actos y gestiones de mero trámite. c) Siempre se presume. d) Se presume para la interposición de recursos.

48. El Reglamento: a) No se encuentran sujetos al principio de buena regulación. b) Lo aprueban las Cortes Generales, como la Ley. c) Es un acto administrativo general. d) Es una disposición administrativa de carácter general, es decir, una norma jurídica de carácter general y rango inferior a la ley.

49. En relación con el procedimiento sancionador: a) Si la Administración no resuelve el procedimiento en el plazo legalmente establecido se producirá la prescripción. b) Si un procedimiento ha caducado, la infracción prescribirá. c) Si un procedimiento ha caducado, la Administración en ningún caso puede iniciar de nuevo el procedimiento. d) Si la Administración no resuelve el procedimiento en el plazo legalmente establecido se producirá la caducidad.

50. El instituto de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas cubre o alcanza los daños producidos por: a) El error judicial y/o el funcionamiento normal de la Justicia. b) El funcionamiento normal o anormal de cualquier Administración pública (territorial e institucional). c) El funcionamiento normal o anormal de todos los poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial). d) Únicamente los supuestos previstos en los artículos 106 de la Constitución.

51. El deslinde de los bienes de las Administraciones Públicas: a) Se decide sin audiencia de los interesados. b) Es una prerrogativa de la Administración que se concreta en actos administrativos de naturaleza ejecutiva. c) Sólo procede en relación con los bienes demaniales. d) Sólo procede en relación con los bienes patrimoniales.

52. El recurso de alzada: a) Se presenta en el plazo de un mes y se resuelve en el plazo de un mes. b) Se presenta en el plazo de quince días y se resuelve en el plazo de dos meses. c) Se presenta en el plazo de tres meses y se resuelve en el plazo de un mes. d) Se presenta en el plazo de un mes y se resuelve en el plazo de tres meses.

53. En el proceso contencioso-administrativo: a) Si estamos en un procedimiento ordinario, se iniciará mediante demanda. b) El procedimiento abreviado se inicia mediante demanda. c) Se tramitarán por procedimiento ordinario aquellos procedimientos cuya cuantía corresponda a los Juzgados y Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo cuya cuantía no supere los 30.000 euros. d) Si estamos en un procedimiento abreviado, para su inicio deberemos presentar un escrito de interposición.

54. En relación con las medidas cautelares en el procedimiento contencioso-administrativo: a) Se tramitan junto con el procedimiento principal y se resuelven en la Sentencia que pone fin al procedimiento. b) Los requisitos para su adopción son el periculum in mora, el fumus boni iuris y la ponderación de intereses en conflicto. c) Los requisitos para su adopción son la proporcionalidad y el periculum in mora. d) Se tramitan en pieza separada y se resuelven mediante Sentencia.

55. El régimen jurídico aplicable a un contrato privado adjudicado por un poder adjudicador no administración es: a) Los artículos 321 y 322 de la Ley de Contratos del Sector Público y el derecho privado para sus efectos, modificación y extinción. b) El derecho privado para su adjudicación, efectos, modificación y extinción al tratarse de un contrato excluido de la Ley de Contratos del Sector Público. c) Los artículos 317 y 318 de la Ley de Contratos del Sector Público para la preparación y adjudicación y el derecho privado para sus efectos y extinción. d) La Ley de Contratos del Sector Público en su totalidad.

56. La titularidad de la potestad sancionadora corresponde a las siguientes Administraciones públicas: a) Exclusivamente a la Administración territorial. b) Administración territorial e institucional y corporaciones públicas. c) Administración territorial y a las administraciones institucionales y corporaciones que la tengan atribuida por ley. d) Exclusivamente a la Administración institucional y corporaciones públicas.

57. En los procedimientos iniciados de oficio, cuando ha entrado en juego el silencio administrativo ¿puede la Administración resolver tardíamente?. a) No, el silencio administrativo lo impide en defensa de la posición ganada por el interesado. b) Sí, pero en los supuestos de que sea aplicable el silencio positivo, la Administración sólo podrá resolver en tal sentido. c) Sí, pero sólo para resolver en sentido favorable o estimatorio para el interesado. d) Sí, sigue estando obligada a ello, con libertad de criterio para decidir en uno u otro sentido.

58. ¿Cuál es un límite básico para cualquier subvención?. a) La competencia del órgano que otorga la subvención. b) La justificación de la realización de la actividad subvencionada. c) El principio de concurrencia. d) Su importe nunca puede superar el coste de la actividad subvencionada.

59. Cuando se afirma que la reversión es un derecho de configuración legal, ello supone: a) Que es un derecho condicionado a diversos plazos de ocupación efectiva del bien expropiado por la Administración. b) Que se rige por la legislación vigente al momento de la expropiación de la que trae causa. c) Que se rige por la legislación vigente al momento de su nacimiento en lugar del régimen correspondiente al momento de la expropiación de la que trae causa. d) Que es un derecho condicionado a su reconocimiento expreso por la Administración expropiante.

60. La ocupación de un terreno demanial en una zona portuaria para la instalación de una nave para el mantenimiento de embarcaciones privadas es un uso privativo del dominio público que requiere: a) Una autorización administrativa por la Autoridad Portuaria. b) Una declaración responsable ante la Autoridad Portuaria. c) Un contrato de concesión de servicios licitado por la Autoridad Portuaria. d) Una concesión administrativa otorgada por la Autoridad Portuaria.