UNIR.D.ADMIN II
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Título del Test:
![]() UNIR.D.ADMIN II Descripción: RCP. PARTE 3 |



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1. Para el cómputo de un plazo, en vía administrativa, por días: a) Se computan todos los días de cada mes, con excepción de los correspondientes al mes de agosto. b) Se excluyen los días inhábiles y el mes de agosto. c) Se computa de fecha a fecha. d) Se computan los días hábiles, excluyendo pues los sábados, domingos y festivos. 2. En un procedimiento de interpretación o resolución de un contrato administrativo, instado por el órgano de contratación, es preceptivo recabar el dictamen del Consejo de Estado en los siguientes supuestos: a) Siempre y en todo caso. b) No es preceptivo, sino potestativo en función de la importancia económica del contrato. c) Siempre, si bien el dictamen aun siendo preceptivo no es vinculante. d) Siempre que el contratista hubiere formulado oposición. 3. Señale cuál de estos supuestos excluye la responsabilidad patrimonial de la Administración: a) La fuerza mayor. b) La intervención concurrente de varias Administraciones públicas. c) La concurrencia de varias causas entre las que figure la culpa del interesado. d) El funcionamiento normal de los servicios públicos. 4. La usucapión o prescripción adquisitiva es aplicable y alcanza a las siguientes categorías de bienes públicos: a) Bienes demaniales. b) Bienes demaniales y patrimoniales por igual. c) Bienes mostrencos. d) Bienes patrimoniales. 5. La autotutela declarativa de la Administración supone: a) La potestad de ejecutar los actos sin el auxilio judicial. b) La creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas sin necesidad del auxilio judicial ni el consentimiento de los destinatarios. c) La potestad de revocar sus propios actos. d) La potestad de interpretar unilateralmente los contratos públicos. 6. Un requisito esencial para el otorgamiento de cualquier subvención es: a) La justificación de la efectiva realización de la actividad subvencionada. b) El reintegro por incumplimiento. c) La necesaria cobertura presupuestaria. d) La conservación de la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones impuestas al otorgar la subvención. 7. En los supuestos de vía de hecho, el recurso contencioso administrativo debe interponerse: a) En el plazo de tres meses. b) En los 10 días siguientes al vencimiento del requerimiento previo formulado por el interesado o, de no mediar éste, en el plazo de 20 días desde que se produjo la vía de hecho. c) En el plazo de dos meses desde que se produjo la vía de hecho. d) En los 20 días siguientes al vencimiento del requerimiento previo formulado por el interesado. 8. En los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, la demora en resolver en el plazo legalmente establecido supone: a) La caducidad del procedimiento, sin perjuicio de reiniciarlo si no ha prescrito la acción. b) El inicio del plazo improrrogable de 6 meses para la interposición del recurso contencioso administrativo. c) La desestimación de la reclamación por silencio administrativo negativo. d) La estimación de la reclamación por silencio administrativo positivo. 9. Es competente para conocer de la impugnación contra una sanción por importe de 60.000 euros impuesta por un organismo de una Comunidad Autónoma: a) El Juzgado de lo Contencioso-administrativo competente por razón del territorio. b) La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia correspondiente al territorio de esa Comunidad Autónoma. c) El Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo. d) La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. 10. Indiqué todas las categorías contractuales válidas para la gestión indirecta de un servicio público por la Administración titular del mismo: a) Mediante un contrato de gestión de servicio público. b) Mediante un ente instrumental. c) Mediante un contrato de servicios con prestaciones directas a la ciudadanía o mediante un contrato de concesión de servicios. d) Mediante un contrato de concesión de servicios. 11. Los principios que rigen la instruccion del procedimiento administrativo son: a) La economia de plazos, suspension, simultaneidad y acumulacion. b) La no suspension y economia procesal. c) Simultaneidad, suspension y economia del procedimiento. d) Simultaneidad, acumulacion, no suspension y preclusion de tramites. 12. En el régimen administrativo sancionador, señala la respuesta correcta: a) La resolución motivada se pronunciará sobre las pruebas practicadas. b) El apremio no es el medio de ejecución forzosa idóneo para las sanciones. c) Una vez notificada la propuesta de resolución a los interesados éstos no tendrán derecho a formular alegaciones. d) No se contempla la realización de actuaciones complementarias antes de dictar resolución. 13. Con relación a un procedimiento de responsabilidad patrimonial de la administración, señala el enunciado correcto: a) La resolución administrativa del procedimiento de reclamación es firme. b) El silencio administrativo en la tramitación del procedimiento de reclamación es de carácter estimatorio. c) La resolución administrativa del procedimiento de reclamación pone fin a la vía administrativa. d) No es posible que mediante acuerdo entre las partes pueda finalizar el procedimiento de reclamación de manera anticipada. 14. Respecto a los requisitos de la responsabilidad: a) La lesión resarcible no es necesario que sea individualizable. b) Para que el daño causado por la AAPP sea reclamable tiene que ser efectivo, pero también cabe la posibilidad de que sea un daño posible o futuro. c) La responsabilidad existe cuando no hay un daño o lesión resarcible. d) Los daños que se reclaman tienen que ser determinables en una cantidad monetaria. 15. Los principios que rigen la utilización de los bienes patrimoniales: a) La no colaboración con otras Administraciones Públicas. b) La colaboración con los particulares. c) La utilización sin contraprestación alguna. d) La eficacia, rentabilidad y economía en su gestión. 16. Las Salas de lo Contencioso administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia carecen de competencia para conocer de los siguientes asuntos: a) Recursos contra los actos dictados por los Tribunales Económico-Administrativos Regionales. b) Recursos de apelación contra sentencias y actos de los Juzgados de lo contencioso-administrativo. c) Recursos en materia electoral contra los actos de la Junta Electoral Central. d) Recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico de las entidades locales y autonómicas. 17. Son actos administrativos ablatorios: a) Aquellos que requieren de la voluntad del destinatario para su perfección. b) Aquellos desfavorables o de gravamen para el interesado. c) Aquellos que ponen fin a un procedimiento administrativo. d) Aquellos que crean una situación ex novo. 18. No es precisa la motivación del acto administrativo en el siguiente supuesto: a) Para la petición de informes preceptivos. b) La ampliación de un plazo o la declaración de urgencia del procedimiento. c) Para la inadmisión de un recurso administrativo. d) Cuando el acto se dicta en ejercicio de una potestad discrecional. 19. Al hablar de la actividad prestacional o de servicio público de la Administración, señala el enunciado erróneo: a) Quien presta el servicio tiene derecho a contraprestación económica. b) Quien presta el servicio debe indemnizar por los daños que se causen a terceros. c) La Administración es la titular del servicio público y por tanto lo puede modificar. d) El contratista es la Administración pública. 20. Respecto de los derechos y obligaciones de los beneficiarios: a) Entre los deberes no se encuentra la ejecución del proyecto. b) No está sometido a comprobación por parte del órgano concedente. c) El beneficiario de la subvención tiene que justificar la aplicación de los fondos recibidos para ello. d) No es necesario que el beneficiario acredite que tiene en orden sus obligaciones tributarias. 21. En los procedimientos iniciados por solicitud del interesado, una vez que entra en juego el silencio administrativo ¿puede la Administración resolver todavía?. a) No, el silencio opera en beneficio del interesado automáticamente. b) Sí, pero en los supuestos de que sea aplicable el silencio positivo la Administración sólo podrá resolver en tal sentido. c) Sí, sigue estando obligada a resolver, con libertad de criterio para decidir en uno u otro sentido. d) Sí, pero sólo para resolver en sentido favorable para el interesado. 22. La Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional carece de competencia para conocer de: a) Los recursos en materia electoral contra los actos de la Junta Electoral Central. b) Los recursos contra las resoluciones de la CNMC. c) Los recursos contra actos de los Ministros y Secretarios de Estado. d) Los recursos contra las resoluciones de la CNMV. 23. Señale qué recurso procede contra un acto administrativo que resuelva, en sentido desestimatorio, un procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración pública: a) Revisión de oficio, a instancias del interesado. b) Directamente recurso contencioso-administrativo. c) Recurso de alzada ante el superior jerárquico para agotar la vía administrativa y luego, en su caso, recurso contencioso-administrativo. d) Recurso potestativo de reposición y luego, en su caso, recurso contencioso-administrativo. 24. Para el ejercicio de la acción por responsabilidad patrimonial de la Administración en un supuesto que se reclamen daños personales y materiales por un accidente de tráfico, ha de tenerse en especial consideración: a) Que el plazo para el ejercicio de la acción es de un año, computado de fecha a fecha desde el día del accidente. b) Que el plazo para el ejercicio de la acción es de caducidad y comienza a partir de la completa curación de los daños personales sufridos. c) Que es aconsejable solicitar de la Administración una ampliación del plazo antes del vencimiento del año computado desde el día del accidente. d) Que el plazo para el ejercicio de la acción no se inicia hasta la completa curación de los daños personales sufridos. 25. En el ámbito de la actividad de ordenación de la Administración, podemos decir que la declaración previa: a) Es un documento del interesado manifestando, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos de la normativa aplicable, que dispone de la documentación y que se compromete a mantener su cumplimiento mientras actúe. b) Es una simple comunicación del interesado manifestando su decisión de realizar una actividad con carácter previo al inicio de la misma. c) Es un acto administrativo que habilita la realización de una actividad mediante una declaración del interesado. d) Es la aceptación por el interesado de los términos y condiciones de la propuesta de resolución de la autorización solicitada. 26. El cambio de destino de un inmueble de titularidad pública, manteniendo un uso público pero diverso del inicialmente asignado, es un supuesto típico de: a) Desafectación. b) Concesión demanial. c) Desnaturalización. d) Mutación demanial. 27. En relación con la causa expropiandi como requisito previo que habilita a la Administración al ejercicio de la potestad expropiatoria, señale el enunciado incorrecto: a) Obliga al beneficiario de la expropiación a destinar los bienes expropiados a la finalidad de interés público que ampara la expropiación. b) Debe ser declarada expresamente por ley, no siendo admisible la declaración implícita o tácita. c) Presenta dos modalidades: utilidad pública e interés social. d) Se entiende implícita en la aprobación de ciertos proyectos conforme lo disponen varias leyes sectoriales. 28. En derecho sancionador, la interposición de recurso contencioso administrativo con el acto que impone una sanción: a) Permite la ejecución de la sanción hasta el momento mismo en que el tribunal dicte un auto otorgando o denegando las medidas cautelares. b) Suspende automáticamente la ejecución de la sanción. c) Paraliza automáticamente cualquier procedimiento de ejecución forzosa que hubiere instado la Administración. d) Provoca la suspensión de la sanción si se solicitan medidas cautelares y hasta que recaiga resolución judicial al respecto que vinculará a las partes. 29. El principio de legalidad en el régimen sancionador, exige: a) Que la previsión de las infracciones y sanciones se haga mediante una norma con rango de ley. b) Una completa descripción de las conductas constitutivas de la infracción. c) La prohibición de duplicidad en las sanciones. d) Que la previsión de las sanciones sea proporcionada a la gravedad de los hechos declarados como infracción en la norma legal de aplicación. 30. Señale cuál es el límite básico que debe respetarse en el otorgamiento de cualquier subvención: a) La justificación de la realización de la actividad subvencionada. b) La fiscalización de las actividades realizadas. c) Que el importe de la subvención en ningún caso supere el coste de la actividad subvencionada. d) La existencia de crédito suficiente. 31. El incumplimiento grave de las obligaciones del beneficiario de una subvención dará lugar: a) A la tramitación de un procedimiento de reintegro así como, en función de las circunstancias, a un procedimiento sancionador. b) A la tramitación de un procedimiento de reintegro. c) A la imposición de una sanción. d) A la pérdida automática del derecho o aptitud para recibir nuevas subvenciones. 32. La realización por la Administración de un encargo a un medio propio: a) Exige disponer de un control sobre el medio propio análogo al que tiene sobre sus propios servicios o unidades, entre otros requisitos. b) Es una opción discrecional sin sujeción a especiales controles o requisitos. c) Exige, para el caso de entidades jurídico-privadas, ser titular del 51% del capital o patrimonio social. d) Exige únicamente que se reconozca expresamente la condición de medio propio en los Estatutos o acto de creación de dicho ente. 33. Señale qué tipo de autorizaciones administrativas son transmisibles: a) Las de naturaleza personal. b) Sólo son transmisibles las concesiones y los contratos administrativos. c) La de naturaleza real. d) Las operativas y siempre condicionadas a la aprobación por la Administración. 34. La declaración de lesividad: a) Es un remedio administrativo que permite a la Administración dejar sin efecto, directamente, sus propios actos anulables. b) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. c) Es un presupuesto necesario que habilita a la Administración para recurrir sus actos anulables ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, siempre que no hayan transcurrido 4 años desde que fueron dictados. d) Es un acto administrativo que debe notificarse a los interesados con carácter previo a la anulación por la Administración de un acto anulable. 35. Están excluidos de la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, las siguientes categorías: a) Los contratos sujetos a regulación armonizada. b) Los contratos privados. c) Los contratos atípicos. d) Los convenios y encomiendas de gestión. 36. El procedimiento de expropiación forzosa: a) No es una obligación tramitar un procedimiento para llevar a cabo la expropiación forzosa. b) Se rige por las mismas normas que el procedimiento sancionador. c) Aunque la Constitución no exige la tramitación de un procedimiento, la Administración puede aplicar las normas del procedimiento administrativo común. d) Puede ser ordinario o urgente, existiendo, además, algunos procedimientos especiales por la materia. 37. Deben tramitarse por el procedimiento abreviado del art. 78 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa los siguientes asuntos: a) Los asuntos cuya cuantía no supere los 30.000 euros. b) Los asuntos de extranjería, dopaje y las inadmisiones de asilo político. c) Los asuntos cuya cuantía no supere los 30.000 euros, extranjería, dopaje y los recursos especiales en contratación pública. d) Las opciones A y B son correctas. 38. En el cómputo de los plazos, el mes de Agosto: a) Computa siempre en vía administrativa y en ningún caso en vía judicial. b) Se excluye siempre tanto en vía administrativa como judicial. c) Computa siempre en vía administrativa y únicamente en vía judicial para los procedimientos para la protección de derechos fundamentales. d) Computa siempre, sea en vía administrativa como judicial. 39. Las tres notas características básicas de los bienes demaniales son: a) Inembargables, transmisibles y prescriptibles. b) Imprescriptibles, inalienables e inembargables. c) Inembargables, enajenables y sustituibles. d) Controlables, inembargables y enajenables. 40. Contra un acto administrativo dictado por el Alcalde de un Ayuntamiento denegando una licencia y poniendo fin a la vía administrativa, cabe interponer: a) Recurso de alzada ante el Pleno del Ayuntamiento y, si fuere desestimado, recurso contencioso administrativo. b) Potestativamente recurso de reposición o directamente recurso contencioso administrativo. c) Solo cabe ya el recurso contencioso administrativo al haberse agotado la vía administrativa. d) Recurso de reposición para agotar la vía administrativa y, si fuere desestimado, recurso contencioso administrativo. 41. En el ámbito de las autorizaciones administrativas, la cláusula "sin perjuicio de tercero"; supone: a) Una fórmula rituaria y tradicional sin relevancia jurídica. b) La limitación de los efectos de la autorización al ámbito estrictamente administrativo de la relación entre el peticionario y la Administración, sin prejuzgar relaciones jurídico-privadas. c) La asunción de responsabilidad por la Administración frente a terceros por el otorgamiento de la autorización. d) La necesidad de obtener otras autorizaciones exigibles por el resto de normativa aplicable. 42. A Pedro se le notifica un Decreto de Alcaldía de carácter sancionador en fecha 31 de enero de 2019, jueves. ¿Cuándo venció el plazo para interponer el recurso potestativo de reposición?. a) El 28 de febrero de 2019, jueves, porque los plazos señalados en meses se computan de fecha a fecha y, dado que en el mes de vencimiento no hay día equivalente al 31 de enero, el plazo expira el último día del mes. b) El 1 de marzo de 2019, viernes, porque el plazo empieza a contarse desde el día siguiente al de la notificación. c) El 4 de marzo de 2019, lunes, porque el cómputo de 30 días naturales del plazo para recurrir terminó el 2 de marzo. Como se trataba de un sábado, el plazo se prorroga al primer día hábil siguiente, esto es, el 4 de marzo. d) El 14 de marzo de 2019, jueves, porque para el cómputo del plazo de un mes para recurrir hay que descontar todos los sábados y domingos, dado que solo computan los días hábiles. 43. El lunes 30 de julio de 2018, el Ayuntamiento de Madrid notificó a Rosa una resolución por la que le impuso una multa de 1.000 € en un expediente de autorización de terraza de un bar. Rosa quería interponer un recurso contencioso-administrativo. ¿En qué fecha venció el plazo de interposición del recurso?. a) El domingo 30 de septiembre de 2018. b) El lunes 1 de octubre de 2018. c) El martes 30 de octubre de 2018. d) El miércoles 31 de octubre de 2018. 44. Además de la impugnación directa de un reglamento ilegal en vía contencioso-administrativa: a) Es posible la impugnación del reglamento cuando se impugne cualquier acto de ejecución del mismo en vía contencioso-administrativa, fundada en que el reglamento es contrario a Derecho. b) Es posible la impugnación directa en vía administrativa mediante la previa declaración de lesividad del reglamento. c) Es posible la impugnación directa en vía administrativa mediante el recurso de reposición. d) Es posible mediante el planteamiento de la cuestión de ilegalidad directa ante el Tribunal Constitucional. 45. Contra el acto administrativo expreso que no ponga fin a la vía administrativa el interesado podrá interponer el recurso de alzada: a) En el plazo de un mes, contado a partir del día en que fue dictado. Se interpondrá ante el superior jerárquico del órgano que lo dictó. b) En el plazo de un mes, y se interpondrá ante el órgano que deba fiscalizar el cumplimiento de la resolución recurrida. c) En el plazo de un mes, contado de fecha a fecha, a partir del día siguiente a aquel en que haya sido notificado. Se interpondrá ante el órgano que dictó el acto o ante el competente para resolverlo. d) En el plazo de quince días a partir del día en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. Se interpondrá, necesariamente, ante el mismo órgano que dictó el acto. 46. ¿Cuál es el plazo máximo en que la Administración debe notificar la resolución expresa en un procedimiento administrativo iniciado a solicitud del interesado para el que la norma reguladora no fija plazo máximo?. a) No existe obligación para la Administración de notificar resolución expresa en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. b) 3 meses. c) 6 meses. d) 1 año. 47. Señala la cuestión cuyo conocimiento corresponde al orden jurisdiccional contencioso administrativo: a) Los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración. b) Cualquier cuestión expresamente atribuida al orden jurisdiccional civil, siempre que esté relacionada con la actividad de la Administración pública. c) El recurso contencioso-disciplinario militar. d) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. 48. ¿En qué consiste un contrato de concesión de obras y qué contraprestación puede conllevar?. a) La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el contrato de obras y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste en el derecho a explotar la obra o en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. b) La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el contrato de obras y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste únicamente en percibir un precio. c) La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el contrato de obras y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste únicamente en el derecho a explotar la obra. d) La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la gestión de un servicio y en el que la contraprestación consiste en el derecho a percibir un precio. 49. En el ámbito de los contratos del sector público, son contratos de suministro: a) Los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. b) Los que tienen por objeto prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad. c) Los que contienen prestaciones correspondientes a contratos de distinta clase. d) Los que tienen por objeto la ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto. 50. El Pleno del Ayuntamiento ha decidido implantar una nueva línea de autobuses para dar servicio dentro del término municipal. ¿Cuál de las siguientes opciones es viable para la prestación del servicio por un empresario privado?. a) A través del contrato de concesión de servicios, si el contratista asume el riesgo económico. b) A través del contrato de gestión de servicios públicos en el que el riesgo lo asume el contratista, salvo fuerza mayor o caso fortuito, en cuyo caso lo asumirá la Administración. c) A través del contrato de servicios, si el contratista asume el riesgo económico. d) A través del contrato de concesión de servicios, si el riesgo económico es asumido por la Administración. 51. Las disposiciones sancionadoras en el ámbito administrativo producirán efecto retroactivo: a) Únicamente en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción. b) Únicamente en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor y exclusivamente en lo relativo a los plazos de prescripción. c) En ningún caso. Siempre se aplicará la disposición sancionadora vigente en el momento de producirse los hechos que constituyan la infracción administrativa. d) B. En todo caso. 52. Conforme a la Ley de Expropiación Forzosa, en el procedimiento general u ordinario de expropiación, ¿cuándo podrá llevarse a cabo la ocupación de la finca expropiada o el ejercicio del derecho expropiado?. a) Una vez que haya quedado determinado el justiprecio. b) Una vez que el Jurado de Expropiación correspondiente lo autorice. c) Una vez que se haya hecho efectivo el justiprecio o, en su caso, haya sido consignado en legal forma. d) Una vez que la Administración expropiante, cualquiera que sea esta, declare que procede la ocupación. 53. En el ámbito de la expropiación forzosa, ¿puede ocuparse en algún caso el bien expropiado antes de proceder al pago del justiprecio?. a) Sí, cuando se trate de un supuesto de expropiación urgente, efectuado el depósito y abonada o consignada, en su caso, la previa indemnización por perjuicios. b) No, en ningún caso. c) Sí, cuando así se haya pactado entre expropiante y expropiado. d) Sí, cuando la Administración expropiante declare que se trata de un supuesto de fuerza mayor o de extrema necesidad. 54. En el ámbito de la expropiación forzosa, las tasaciones de los bienes y derechos expropiables se efectuarán con arreglo al valor que tengan éstos: a) Al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio. b) En el momento de la constitución del Jurado Provincial de Expropiación. c) Al tiempo de iniciarse el expediente de expropiación. d) En el momento de extenderse el acta de ocupación. 55. El Jurado Provincial de Expropiación acaba de dictar resolución fijando el justo precio que corresponde al bien expropiado, pero no estamos conformes. ¿Es posible recurrir la resolución del Jurado Provincial de Expropiación?. a) No. Estamos ante un acto de trámite y, por tanto, no es susceptible de recurso, sin perjuicio de ejercer los recursos que procedan contra la resolución que finalmente decrete la expropiación del bien. b) Sí, primero recurso de alzada y, en su caso, si no nos es favorable, ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. c) Sí, pero como tal resolución agota la vía administrativa, únicamente podemos acudir a la vía contencioso-administrativa. d) No. Dicha resolución no es susceptible de recurso alguno, pero sí puede pedirse al Jurado Provincial su reconsideración, a la vez que se aporta una tasación pericial contradictoria. 56. ¿En qué plazo se puede interponer el recurso contencioso-administrativo?. a) 2 meses, en el supuesto de acto presunto. b) 6 meses desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada. c) 2 meses desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o de la notificación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. d) 3 meses, en el supuesto de acto presunto. 57. ¿Qué recurso en vía administrativa cabe frente a una disposición de carácter general?. a) Ninguno. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no es posible interponer recursos en vía administrativa. b) Recurso de alzada y de ser desestimado, recurso potestativo de reposición, salvo que el órgano que dicta esa disposición carezca de superior jerárquico, en cuyo caso solo cabrá recurso potestativo de reposición. c) Recurso potestativo de reposición y recurso extraordinario de revisión. d) Exclusivamente recurso potestativo de reposición. 58. Entre las circunstancias tasadas en las que puede fundarse un recurso extraordinario de revisión frente a un acto firme en vía administrativa, se encuentra: a) Que en la resolución administrativa hayan influido esencialmente documentos declarados falsos por sentencia judicial firme, pero solo si la sentencia fue dictada con anterioridad a la resolución. b) Que en la resolución administrativa se haya prescindido total y absolutamente de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. c) Que en la resolución hayan influido esencialmente testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. d) Que la resolución administrativa tenga un contenido imposible. 59. ¿Ante qué órgano administrativo se interpone el recurso extraordinario de revisión?. a) Ante el órgano directivo superior al autor de la resolución que tenga, al menos, rango de Director general o equivalente. b) Ante el órgano administrativo que dictó la resolución. c) Indistintamente ante el órgano autor de la resolución administrativa o ante su superior jerárquico. d) Ante el órgano administrativo superior al autor de la resolución administrativa firme. 60. Juan es propietario de una finca rústica. Con ocasión de la construcción de una carretera promovida por la Diputación Provincial, descubre que dicho terreno ha sido invadido por las máquinas de las obras, habiendo utilizado la constructora el terreno como base de operaciones. No le ha sido notificado expediente alguno relacionado con dichas obras, ni aparece en ninguna publicación. ¿Qué tipo de actuación ha llevado a cabo la Administración frente a Juan?. a) Inactividad prestacional. b) Inactividad por inejecución de actos firmes. c) Contrato civil de arrendamiento. d) Actuación material en vía de hecho. |





