Test unitario 4

El modelo territorial del Estado autonómico se basa en: A) Jerarquía entre Estado y Comunidades Autónomas. B) Independencia absoluta de las Comunidades Autónomas. C) Equilibrio entre unidad del Estado y autonomía de las Comunidades Autónomas. D) Supremacía de las Comunidades Autónomas sobre el Estado.

La Constitución Española configura las relaciones Estado–Comunidades Autónomas como: A) Jerárquicas. B) Federales. C) Centralizadas. D) Cooperativas.

El principio de lealtad constitucional es elaborado por: A) El Consejo de Estado. B) El Tribunal Supremo. C) El Defensor del Pueblo. D) El Tribunal Constitucional.

La lealtad institucional implica: A) Supremacía del Estado sobre las Comunidades Autónomas. B) Independencia absoluta competencial. C) Respeto recíproco del ámbito competencial de cada Administración. D) Subordinación de las Comunidades Autónomas al Gobierno.

La cooperación entre Administraciones se caracteriza por: A) Relación jerárquica. B) Obligación unilateral del Estado. C) Control directo del Gobierno central. D) Actuación conjunta y voluntaria sin subordinación.

¿Cuál de los siguientes es un instrumento de cooperación?. A) Artículo 155 CE. B) Tribunal de Cuentas. C) Conferencias Sectoriales. D) Recurso de inconstitucionalidad.

Las conferencias sectoriales se utilizan para: A) Resolver conflictos judiciales. B) Controlar el gasto autonómico. C) Coordinar políticas en materias como sanidad o educación. D) Suspender competencias autonómicas.

Los convenios de colaboración sirven para: A) Imponer decisiones estatales. B) Resolver conflictos constitucionales. C) Gestionar servicios o políticas públicas de forma conjunta. D) Sustituir la legislación autonómica.

Los órganos bilaterales están previstos en: A) La Ley 40/2015 exclusivamente. B) El Tribunal Constitucional. C) Algunos Estatutos de Autonomía. D) La Ley de Bases de Régimen Local.

La cooperación se caracteriza por: A) Jerarquía administrativa. B) Obligación unilateral del Estado. C) Igualdad institucional y voluntariedad. D) Control político directo.

La coordinación implica principalmente: A) Eliminación de competencias autonómicas. B) Subordinación jerárquica. C) Armonización del sistema para garantizar coherencia e igualdad. D) Independencia total de las CCAA.

La coordinación puede ser ejercida especialmente cuando el Estado: A) No tiene competencias. B) Actúa como entidad local. C) Ejercita competencias básicas del artículo 149.1 CE. D) Renuncia a sus competencias.

Según el Tribunal Constitucional, la coordinación: A) Permite la jerarquización del Estado autonómico. B) Sustituye la autonomía autonómica. C) No puede vaciar las competencias de las Comunidades Autónomas. D) Elimina la autonomía política.

El artículo 2 CE establece: A) La supremacía del Estado sobre las CCAA. B) El federalismo español. C) La unidad del Estado y el derecho a la autonomía. D) La independencia territorial.

El control constitucional sobre las CCAA lo ejerce: A) El Tribunal Supremo. B) El Tribunal de Cuentas. C) El Consejo de Estado. D) El Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional conoce de: A) Conflictos laborales autonómicos. B) Recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia. C) Sanciones administrativas locales. D) Procedimientos civiles.

El control jurisdiccional de las CCAA corresponde a: A) Tribunal Constitucional. B) Tribunal de Cuentas. C) Senado. D) Jurisdicción contencioso-administrativa.

El control financiero de las CCAA lo ejerce: A) Banco de España. B) Tribunal Constitucional. C) Ministerio de Hacienda exclusivamente. D) Tribunal de Cuentas.

El artículo 155 CE se aplica: A) Automáticamente en cualquier conflicto competencial. B) Solo a municipios. C) De forma extraordinaria cuando una CCAA incumple obligaciones constitucionales o legales. D) Únicamente con aprobación del Tribunal Constitucional.

El artículo 155 CE requiere autorización de: A) Congreso de los Diputados. B) Tribunal Supremo. C) Gobierno autonómico afectado. D) Senado.

El control del artículo 155 CE tiene carácter: A) Permanente y sancionador. B) Preventivo y automático. C) Judicial exclusivo. D) Extraordinario, subsidiario y temporal.

La finalidad del artículo 155 CE es: A) Disolver Comunidades Autónomas. B) Restablecer el orden constitucional. C) Sustituir el Estatuto de Autonomía. D) Aumentar competencias estatales.

Las relaciones Junta de Andalucía–entidades locales se basan en: A) Jerarquía administrativa. B) Centralización competencial. C) Autonomía, cooperación, coordinación y lealtad institucional. D) Supremacía municipal.

La Ley de Autonomía Local de Andalucía refuerza: A) La dependencia municipal. B) La eliminación de competencias locales. C) La participación de entidades locales en decisiones autonómicas. D) La centralización estatal.

El modelo de gobernanza entre Junta y entidades locales es: A) Unilateral. B) Jerárquico. C) Centralizado. D) Multinivel.

El Consejo Andaluz de Gobiernos Locales es: A) Un órgano judicial. B) Un órgano legislativo autonómico. C) Un órgano estatal. D) Un órgano de representación institucional de entidades locales.

La función principal del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales es: A) Aprobar leyes autonómicas. B) Controlar el presupuesto de la Junta. C) Garantizar la participación de municipios y provincias en decisiones autonómicas. D) Sustituir a la Junta de Andalucía.

El Consejo Andaluz de Concertación Local es: A) Un órgano judicial de resolución de conflictos. B) Un órgano estatal de control financiero. C) Un órgano paritario de cooperación entre Junta y entidades locales. D) Un tribunal administrativo.

El Consejo Andaluz de Concertación Local permite: A) Suspender competencias municipales. B) Controlar al Parlamento andaluz. C) Concertar políticas públicas y resolver conflictos competenciales. D) Eliminar la autonomía local.

En conjunto, cooperación, coordinación y control buscan: A) Eliminar la autonomía territorial. B) Jerarquizar el Estado autonómico. C) Centralizar el sistema político. D) Compatibilizar autonomía territorial con unidad del Estado y garantía de derechos.

El principio de igualdad en la Constitución Española se vincula principalmente con: A) El artículo 9.1 CE. B) El artículo 10 CE. C) El artículo 14 CE. D) El artículo 137 CE.

El artículo 1.1 CE establece la igualdad como: A) Un principio administrativo. B) Un derecho social. C) Un principio interpretativo secundario. D) Un valor superior del ordenamiento jurídico.

La igualdad ante la ley implica: A) Trato desigual según circunstancias sociales. B) Privilegios por razón de sexo. C) Prohibición de discriminación injustificada. D) Igualdad solo formal sin excepciones.

El artículo 9.2 CE obliga a los poderes públicos a: A) Garantizar solo igualdad formal. B) Limitar los derechos fundamentales. C) Promover condiciones para la igualdad real y efectiva. D) Eliminar el artículo 14 CE.

La discriminación se define como: A) Cualquier diferencia de trato legal. B) Una medida positiva de igualdad. C) Distinción o restricción que menoscaba derechos en igualdad. D) Una política pública de igualdad.

La discriminación directa es aquella que: A) Produce efectos neutros. B) No tiene impacto jurídico. C) Implica trato desfavorable explícito por una causa protegida. D) Solo afecta a normas fiscales.

La discriminación indirecta se produce cuando: A) Existe intención de discriminar. B) Se prohíbe expresamente un derecho. C) Una norma neutra produce efectos desproporcionados en un grupo. D) Solo afecta a delitos penales.

La discriminación interseccional implica: A) Un único factor de desigualdad. B) Solo discriminación laboral. C) Concurrencia de varios factores discriminatorios en una persona. D) Exclusión voluntaria del sistema jurídico.

El acoso discriminatorio consiste en: A) Una sanción administrativa. B) Un derecho laboral. C) Conducta que crea un entorno hostil o intimidatorio. D) Un contrato irregular.

La represalia es: A) Una medida de protección. B) Una acción judicial. C) Trato adverso por denunciar discriminación. D) Una política de igualdad.

La igualdad material se refiere a: A) Igualdad estrictamente formal. B) Igualdad sin intervención pública. C) Igualdad real mediante medidas correctoras. D) Igualdad exclusivamente jurídica.

La igualdad formal significa: A) Igualdad de resultados. B) Igualdad económica. C) Igualdad ante la ley sin distinciones injustificadas. D) Igualdad por razón de mérito exclusivamente.

El principio de acción positiva consiste en: A) Penalizar a colectivos vulnerables. B) Neutralidad del Estado. C) Medidas temporales para corregir desigualdades estructurales. D) Eliminación de derechos fundamentales.

La transversalidad de género implica: A) Crear leyes exclusivas para mujeres. B) Aplicar políticas solo sociales. C) Integrar la igualdad en todas las políticas públicas. D) Sustituir el artículo 14 CE.

La Ley Orgánica 3/2007 regula: A) Violencia doméstica exclusivamente. B) Régimen local. C) Igualdad efectiva de mujeres y hombres. D) Procedimiento administrativo común.

La violencia de género se define como: A) Violencia entre ciudadanos en general. B) Violencia institucional del Estado. C) Violencia ejercida sobre las mujeres por el hecho de serlo. D) Violencia exclusivamente laboral.

El marco normativo principal de violencia de género es: A) Ley 39/2015. B) Ley 7/1985. C) Ley Orgánica 1/2004. D) Ley 40/2015.

La Ley Orgánica 1/2004 tiene un enfoque: A) Exclusivamente penal. B) Exclusivamente administrativo. C) Integral (prevención, protección y asistencia). D) Exclusivamente laboral.

En prevención de violencia de género se incluye: A) Solo sanciones económicas. B) Exclusivamente medidas judiciales. C) Educación en igualdad y sensibilización social. D) Exclusión de políticas públicas.

El ámbito judicial de la LO 1/2004 incluye: A) Juzgados ordinarios sin especialización. B) Tribunales civiles generales. C) Juzgados especializados en violencia de género. D) Tribunales internacionales.

La violencia de género es considerada: A) Un conflicto privado. B) Un problema exclusivamente penal. C) Un problema estructural social. D) Un problema administrativo menor.

Los Ayuntamientos en materia de igualdad: A) No tienen competencias. B) Solo actúan de forma consultiva. C) Desempeñan un papel esencial por su proximidad a la ciudadanía. D) Dependen exclusivamente del Estado.

Un Plan de Igualdad municipal es: A) Una norma con rango de ley. B) Un reglamento estatal. C) Un instrumento estratégico de planificación pública. D) Una sentencia judicial.

El objetivo del Plan de Igualdad es: A) Reducir competencias municipales. B) Sustituir la legislación estatal. C) Integrar la igualdad en políticas y actuaciones municipales. D) Privatizar servicios públicos.

El Plan de Igualdad incluye: A) Exclusivamente sanciones. B) Eliminación de políticas sociales. C) Formación en igualdad del personal municipal. D) Privatización de servicios públicos.

La incorporación de la perspectiva de género implica: A) Separación de políticas por sexo. B) Exclusión de mujeres en políticas públicas. C) Integrar el análisis de género en normas y presupuestos. D) Eliminación de igualdad formal.

La coordinación institucional en violencia de género implica: A) Actuación aislada de cada Administración. B) Exclusión del sistema judicial. C) Colaboración entre servicios sociales, sanitarios y judiciales. D) Exclusión de la Administración local.

La igualdad real requiere: A) Únicamente normas jurídicas formales. B) Eliminación de derechos sociales. C) Intervención activa de los poderes públicos. D) Neutralidad absoluta del Estado.

La finalidad del artículo 9.2 CE es: A) Limitar derechos fundamentales. B) Establecer jerarquía territorial. C) Garantizar igualdad efectiva mediante acción pública. D) Regular el sistema electoral.

El sistema jurídico de igualdad se basa en: A) Exclusiva igualdad formal. B) Ausencia de intervención pública. C) Conjunto de principios y medidas para garantizar igualdad real y prevenir discriminación. D) Supremacía de normas locales sobre la Constitución.