Test unitario 5

El Estatuto de Autonomía de Andalucía es: A) Una ley ordinaria estatal. B) Un reglamento autonómico. C) La norma institucional básica de la Comunidad Autónoma de Andalucía. D) Una ley orgánica estatal de organización territorial exclusiva.

Los Estatutos de Autonomía forman parte de: A) El derecho internacional público. B) La legislación ordinaria estatal. C) El bloque de constitucionalidad. D) El derecho administrativo secundario.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía fue aprobado inicialmente en: A) 1978. B) 1985. C) 2007. D) 1981.

La reforma más importante del Estatuto andaluz se produjo en: A) 1992. B) 1995. C) 2010. D) 2007.

Según la Constitución, España se organiza territorialmente en: A) Estados federados y municipios. B) Regiones y provincias. C) Municipios, provincias y Comunidades Autónomas. D) Comunidades históricas únicamente.

El artículo 2 CE establece: A) La supremacía de las Comunidades Autónomas. B) La independencia territorial. C) La unidad del Estado y el derecho a la autonomía. D) El federalismo español.

El artículo 137 CE reconoce: A) La organización judicial del Estado. B) La soberanía compartida. C) La autonomía de municipios, provincias y CCAA. D) La primacía del Estado sobre todo el territorio.

Los Estatutos de Autonomía regulan principalmente: A) La organización judicial. B) El sistema tributario estatal. C) La organización institucional y el sistema competencial de la Comunidad Autónoma. D) El derecho penal autonómico.

Andalucía se define en su Estatuto como: A) Un Estado federado. B) Una región administrativa sin autonomía política. C) Un ente local ampliado. D) Una Comunidad Autónoma con plena autonomía política y administrativa.

¿Cuál de los siguientes NO es un principio estatutario del ejercicio del poder público en Andalucía?. A) Cooperación. B) Lealtad institucional. C) Suficiencia financiera. D) Supremacía legislativa autonómica absoluta.

El Parlamento de Andalucía es: A) Órgano consultivo. B) Órgano judicial autonómico. C) Órgano legislativo y de control político. D) Órgano ejecutivo superior.

La Presidencia de la Junta de Andalucía: A) Ejerce funciones judiciales. B) Es elegida por el Senado. C) Dirige el Consejo de Gobierno y representa a la Comunidad Autónoma. D) Depende del Gobierno del Estado.

El Consejo de Gobierno de Andalucía es: A) Un órgano consultivo. B) Un órgano judicial. C) El órgano de dirección política y administrativa de la Comunidad Autónoma. D) Un órgano municipal.

¿Cuál de los siguientes es un órgano de garantía en Andalucía?. A) Tribunal Supremo Andaluz. B) Tribunal Constitucional Andaluz. C) Defensor del Pueblo Andaluz. D) Congreso de Andalucía.

Las competencias de la Junta de Andalucía pueden ser: A) Exclusivamente estatales. B) Solo ejecutivas. C) Únicamente reglamentarias. D) Exclusivas, compartidas y ejecutivas.

Las competencias exclusivas implican: A) Solo ejecución de normas estatales. B) Participación consultiva. C) Potestad legislativa, reglamentaria y ejecutiva plena en la materia. D) Control del Estado sobre la Comunidad Autónoma.

Las competencias compartidas implican: A) Exclusión total del Estado. B) Competencia exclusiva del Estado. C) Desarrollo autonómico de bases estatales y ejecución normativa. D) Competencia exclusiva municipal.

En materia de cultura, Andalucía tiene: A) Competencia estatal exclusiva. B) Competencia local exclusiva. C) Competencia compartida con la UE. D) Competencia exclusiva autonómica.

La competencia cultural permite a la Junta: A) Regular solo museos privados. B) Gestionar únicamente subvenciones estatales. C) Regular, promover y gestionar actividades culturales. D) Aprobar legislación cultural estatal.

¿Cuál de los siguientes ámbitos forma parte de la política cultural andaluza?. A) Defensa nacional. B) Justicia. C) Seguridad ciudadana estatal. D) Artes escénicas, música, danza, cine y literatura.

En materia de patrimonio histórico, Andalucía tiene competencia: A) Compartida exclusivamente con municipios. B) Ejecutiva estatal. C) Limitada a gestión administrativa. D) Exclusiva autonómica.

El patrimonio cultural andaluz incluye: A) Solo bienes muebles. B) Solo patrimonio arquitectónico. C) Histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico. D) Exclusivamente patrimonio natural.

La protección del patrimonio incluye: A) Solo su catalogación. B) Exclusivamente su venta. C) Conservación, restauración, investigación y difusión. D) Su privatización parcial.

Una competencia estatal relacionada con el patrimonio es: A) Gestión de museos autonómicos. B) Conservación de bibliotecas municipales. C) Defensa frente a exportación y expoliación de bienes culturales. D) Gestión de archivos locales.

Un ejemplo de gestión cultural autonómica es: A) El Congreso de los Diputados. B) La Casa Real. C) El Museo de Bellas Artes de Sevilla. D) El Tribunal Constitucional.

La Ley 8/2007 regula en Andalucía: A) El régimen electoral autonómico. B) La organización judicial. C) Museos y colecciones museográficas. D) El estatuto del empleado público estatal.

El flamenco en Andalucía es considerado: A) Un recurso turístico sin protección jurídica. B) Un bien privado cultural. C) Un elemento estatal sin reconocimiento autonómico. D) Patrimonio cultural propio de Andalucía.

El flamenco fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en: A) 2007. B) 2009. C) 2012. D) 2010.

La cooperación en materia cultural entre Junta y Estado se articula mediante: A) Tribunales ordinarios. B) Decreto-ley estatal. C) Reforma constitucional. D) Conferencias sectoriales y convenios.

La transparencia en el sector público se vincula principalmente con: A) El principio de jerarquía administrativa. B) La discrecionalidad administrativa. C) La publicidad de la actuación administrativa y la rendición de cuentas. D) La reserva de la información pública.

La Constitución Española no reconoce expresamente: A) El derecho de participación política. B) El principio de publicidad normativa. C) El acceso a archivos administrativos. D) Un derecho fundamental autónomo a la transparencia.

El artículo 9.3 CE se relaciona con: A) Derecho de huelga. B) Derecho de asociación. C) Publicidad de las normas. D) Derecho a la educación.

El artículo 23 CE reconoce: A) Derecho al acceso a la justicia. B) Derecho a la propiedad. C) Derecho de participación en los asuntos públicos. D) Derecho a la intimidad.

El artículo 105 CE regula: A) El derecho a la educación. B) La organización territorial del Estado. C) El acceso a archivos y registros administrativos. D) El principio de igualdad.

La Ley estatal de transparencia es: A) Ley 39/2015. B) Ley 40/2015. C) Ley 7/1985. D) Ley 19/2013.

La Ley 1/2014 de Andalucía regula: A) Régimen local andaluz. B) Procedimiento administrativo común. C) Transparencia pública en Andalucía. D) Igualdad efectiva.

El ámbito subjetivo de la transparencia incluye: A) Solo la Administración General del Estado. B) Solo la Administración autonómica. C) Administraciones públicas, sector público y determinadas entidades privadas. D) Exclusivamente entidades privadas subvencionadas.

Las corporaciones de Derecho Público están sujetas a transparencia: A) Solo cuando actúan como empresas privadas. B) Nunca. C) Cuando ejercen funciones públicas. D) Solo por decisión judicial.

El ámbito objetivo de la transparencia incluye: A) Solo decisiones políticas. B) Solo normativa autonómica. C) Actividad administrativa, económica, contractual y organizativa. D) Exclusivamente sanciones administrativas.

El principio de publicidad activa implica: A) Respuesta solo a solicitudes ciudadanas. B) Secreto administrativo general. C) Difusión de información de oficio por las Administraciones. D) Publicación opcional de datos públicos.

El principio de accesibilidad exige que la información sea: A) Técnica y compleja. B) Reservada. C) Comprensible y fácilmente accesible. D) Exclusivamente jurídica.

El principio de veracidad y actualización implica: A) Información parcial. B) Información sin control. C) Datos exactos y actualizados. D) Información discrecional.

El principio de gratuidad del acceso significa: A) Acceso limitado a funcionarios. B) Pago obligatorio de tasas. C) Acceso gratuito salvo costes de reproducción. D) Acceso previo autorización judicial.

El principio de buen gobierno se vincula especialmente con: A) Ciudadanía en general. B) Jueces y tribunales. C) Cargos públicos y directivos. D) Empresas privadas.

La identificación indirecta implica: A) Datos inexistentes. B) Datos sin valor jurídico. C) Combinación de datos que permite identificar a una persona. D) Datos eliminados automáticamente.

Son categorías especiales de datos: A) Datos fiscales básicos. B) Datos de facturación. C) Datos sensibles como salud, religión u orientación sexual. D) Datos administrativos generales.

Como regla general, los datos sensibles: A) Son de libre tratamiento. B) No están regulados. C) Están prohibidos salvo excepciones legales. D) Solo requieren registro administrativo.

El consentimiento explícito es: A) Una recomendación. B) Un principio no obligatorio. C) Una excepción que permite tratar datos sensibles. D) Un requisito solo empresarial.

La edad general para consentimiento digital en el RGPD es: A) 18 años. B) 16 años obligatoriamente en todos los países. C) 16 años, con posibilidad de reducción hasta 13 por los Estados miembros. D) 14 años en toda la UE.

En España, el consentimiento de menores en protección de datos se fija en: A) 12 años. B) 13 años. C) 14 años. D) 16 años.

La autoridad de control en España es: A) Tribunal Constitucional. B) Ministerio de Justicia. C) Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). D) Defensor del Pueblo.

El EDPB es: A) Tribunal europeo de derechos humanos. B) Agencia española de datos. C) Consejo Europeo de Protección de Datos. D) Comisión de transparencia estatal.

El EDPS actúa en: A) Estados miembros. B) Administraciones locales. C) Instituciones y organismos de la Unión Europea. D) Tribunales nacionales.

El Delegado de Protección de Datos (DPO): A) Sustituye a la AEPD. B) Es obligatorio en todos los casos. C) Supervisa el cumplimiento interno de la normativa de datos. D) Solo actúa en empresas privadas.

El DPO es obligatorio: A) En cualquier tratamiento de datos. B) Solo en empresas pequeñas. C) En autoridades públicas o tratamientos a gran escala de datos sensibles. D) Solo en la UE central.

El derecho de acceso permite: A) Eliminar datos automáticamente. B) Transferir datos sin control. C) Conocer qué datos trata un responsable. D) Bloquear el acceso a terceros.

El derecho al olvido es: A) Derecho a anonimizar datos automáticamente. B) Derecho a vender datos. C) Derecho a supresión de datos cuando ya no sean necesarios. D) Derecho a duplicar información.

El derecho de portabilidad permite: A) Borrar datos sin control. B) Publicar datos libremente. C) Recibir datos en formato estructurado y transferirlos a otro responsable. D) Bloquear acceso administrativo.

La notificación de brechas de seguridad debe realizarse: A) Solo si lo solicita un juez. B) Nunca es obligatoria. C) A la autoridad de control y, en su caso, a los interesados. D) Solo internamente en la empresa.

¿Cuál es el fundamento constitucional del derecho a la protección frente a riesgos laborales?. A) Art. 18 CE exclusivamente. B) Art. 33 CE. C) Art. 40 y 43 CE. D) Art. 53 CE.