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Fecha de Creación: 2026/11/21

Categoría: Otros

Número Preguntas: 42

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Conforme al artículo 1 de la Constitución Española, España se constituye en un : Estado liberal y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Estado progresista y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Estado conservador y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Conforme al artículo 137 de la Constitución Española, el Estado se organiza territorialmente en: Municipios, en provincias, comarcas y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Municipios, en provincias, pedanías y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Municipios, y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.

Conforme al artículo 91 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el municipio es la entidad: Territorial básica de la Comunidad Autónoma. Territorial principal de la Comunidad Autónoma. Territorial unilateral de la Comunidad Autónoma. Territorial única de la Comunidad Autónoma.

La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía se recoge en el: Título XI de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo. Título XII de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo. Título X de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo. Título IX de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo.

Conforme al artículo 119 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el Consejo de Gobierno está integrado por: El Presidente, los Secretarios Generales en su caso, y los Consejeros. El Presidente, los Vicepresidentes en su caso, y los Consejeros. El Presidente, los Directores Generales, y los Consejeros. El Presidente, Subsecretarios en su caso, y los Consejeros.

De acuerdo al artículo 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía: La Administración de la Junta de Andalucía sirve con simplicidad al interés general y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, racionalidad organizativa, jerarquía, simplificación de procedimientos, desconcentración, coordinación, cooperación, imparcialidad, transparencia, lealtad institucional, buena fe, protección de la confianza legítima, no discriminación y proximidad a los ciudadanos, con sujeción a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico. La Administración de la Junta de Andalucía sirve con objetividad al interés general y actúa de acuerdo con los principios de eficiencia, racionalidad organizativa, jerarquía, simplificación de procedimientos, desconcentración, coordinación, cooperación, imparcialidad, lealtad institucional, buena fe, protección de la confianza legítima, no discriminación y proximidad a los ciudadanos, con sujeción a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico. La Administración de la Junta de Andalucía sirve con objetividad al interés general y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, racionalidad organizativa, jerarquía, simplificación de procedimientos, desconcentración, coordinación, cooperación, imparcialidad, transparencia, lealtad institucional, buena fe, protección de la confianza legítima, no discriminación y proximidad a los ciudadanos, con sujeción a la los tratados internacionales. La Administración de la Junta de Andalucía sirve con objetividad al interés general y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, racionalidad organizativa, jerarquía, simplificación de procedimientos, desconcentración, coordinación, cooperación, imparcialidad, transparencia, lealtad institucional, buena fe, protección de la confianza legítima, no discriminación y proximidad a los ciudadanos, con sujeción a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico.

El artículo 236 del Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone que: La Junta de Andalucía tendrá una Delegación Permanente en la Unión Europea como órgano administrativo de representación, defensa y promoción de sus intereses ante las instituciones y órganos de la misma, así como para recabar información y establecer mecanismos de relación y coordinación con los mismos. El Parlamento de Andalucía tendrá una Delegación Permanente en la Unión Europea como órgano administrativo de representación, defensa y promoción de sus intereses ante las instituciones y órganos de la misma, así como para recabar información y establecer mecanismos de relación y coordinación con los mismos. Las provincias    tendrán una Delegación Permanente en la Unión Europea como órgano administrativo de representación, defensa y promoción de sus intereses ante las instituciones y órganos de la misma, así como para recabar información y establecer mecanismos de relación y coordinación con los mismos. La ciudadanía andaluza tendrá una Delegación Permanente en la Unión Europea como órgano administrativo de representación, defensa y promoción de sus intereses ante las instituciones y órganos de la misma, así como para recabar información y establecer mecanismos de relación y coordinación con los mismos.

Conforme al artículo 185 del Estatuto de Autonomía para Andalucía: Corresponde al Parlamento la gestión, planificación y ejecución de los fondos europeos destinados a Andalucía. Corresponde al Consejo de Gobierno la gestión, planificación y ejecución de los fondos europeos destinados a Andalucía. Corresponde al Estado la gestión, planificación y ejecución de los fondos europeos destinados a Andalucía. Corresponde a la Comunidad Autónoma la gestión, planificación y ejecución de los fondos europeos destinados a Andalucía.

De acuerdo al artículo 116.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, serán competentes para la revisión de oficio de los actos nulos: El Consejo de Gobierno respecto de los actos dictados por los órganos dependientes de los órganos rectores de las agencias. Las personas titulares de las Consejerías respecto de   los actos dictados por los órganos dependientes de los órganos rectores de las agencias. Los máximos órganos rectores de las agencias respecto de los actos dictados por los órganos de ellos dependientes. Las personas titulares de las Direcciones Generales respecto de    los actos dictados por los órganos dependientes de los órganos rectores de las agencias.

Conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común,en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo: Las personas jurídicas. Todas las personas físicas. Los empleados públicos respecto a sus actuaciones que realicen con las administraciones por razón distinta a la de su condición de empleado público. Todos los ciudadanos mayores de 18 años.

De acuerdo al artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común: No pone fin a la vía administrativa la resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive. Es firme la resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive. Pone fin a la vía administrativa la resolución contractual de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive. Pone fin a la vía administrativa la resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive.

Conforme al artículo 27.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el orden jurisdiccional civil será el competente para resolver el conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la financiación privada del contrato de concesión de obra pública o de concesión de servicios: Siempre, en todo caso. Salvo en lo relativo a las actuaciones en ejercicio de las obligaciones y potestades administrativas que, con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, se atribuyen a la Administración concedente, y en las que será competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Siempre, en todo caso, será el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Nunca.

El Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, es el: 5/2015, de 30 de octubre. 30/1984, de 29 de septiembre. 30/1997, de 9 de julio. 5/2015, de 1 de enero.

Según el artículo 16 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía se clasifica en las siguientes categorías: Funcionarios, interinos y laborales. Funcionarios y laborales. Funcionarios, eventuales, interinos y laborales. Funcionarios, eventuales y laborales.

¿A quién corresponde promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, según el artículo 9.2 de la Constitución Española?: Al Gobierno de España. Al Gobierno de las Comunidades Autónomas y entes locales. A la ciudadanía. A los poderes públicos.

El Observatorio Andaluz de la Violencia de Género es: Una agencia administrativa. Un órgano colegiado, de composición interdepartamental. Una Dirección General de la Junta de Andalucía. Una agencia adscrita al Ministerio responsable en materia de igualdad.

Conforme al artículo 32 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, en todo caso, en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de una solicitud de información pública será de: 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, prorrogables por igual período en el caso de que el volumen o la complejidad de la información solicitada lo requiera. Un mes prorrogable por otro mes. 10 días hábiles. No hay plazo.

La autoridad independiente de control en materia de protección de datos y de transparencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía es: La Cámara de Cuentas. El Defensor del Pueblo Andaluz. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. El Comité de Defensa Ciudadana.

De acuerdo al artículo 8 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género, el Consejo de Gobierno aprobará un Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género en Andalucía, coordinado por la Consejería competente en materia de igualdad y con la participación de las Consejerías que resulten implicadas: Cada tres años. Cada cinco años. Cada cuatro años. Cada seis años.

Conforme al artículo 190 del Estatuto de Autonomía: Corresponde al Parlamento la elaboración y ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y al Consejo de Gobierno su examen, enmienda, aprobación y control. Corresponde al Consejo de Gobierno la elaboración y ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y al Parlamento su examen, enmienda, aprobación y control. Corresponde al Parlamento la elaboración y ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y Tribunal de Cuentas su    examen, enmienda, aprobación y control. Corresponde al Consejo de Gobierno la elaboración y ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y a la Cámara de Cuentas su examen, enmienda, aprobación y control.

Conforme al artículo 69 de la Constitución Española de 1978: En cada provincia se elegirán tres Senadores. Las Comunidades Autónomas designarán dos Senadores por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. Las Comunidades Autónomas designarán dos Senadores y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores.

El Título VI del Poder Judicial de la Constitución Española de 1978, dispone que: El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo y por doce miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo y por doce miembros nombrados por el Rey por un período de seis años. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de seis años.

Según el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es un servicio de prestación obligatoria por los Municipios con población inferior a 20.000 habitantes: Protección civil. Instalaciones deportivas de uso público. Prevención y extinción de incendios. Abastecimiento domiciliario de agua potable.

Según dispone la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, esta Comunidad Autónoma ostenta competencias exclusiva en materia de: Salvamento marítimo en el litoral andaluz. Administración de justicia. Empleo y relaciones laborales, en el marco de la legislación del Estado. Ordenación del territorio.

Según el artículo 14 del Tratado de la Unión Europea, el Parlamento Europeo: Elegirá al Presidente de la Comisión. Estará compuesto por representantes de los Estados miembros, así como por su Presidente y por el Presidente de la Comisión. No excederá de quinientos cincuenta diputados, más el Presidente. Nombrará por mayoría cualificada, con la aprobación del Presidente de la Comisión, al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

De conformidad con el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativo al silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta: La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. El sentido del silencio será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones. La estimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada.

Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es motivo de abstención en el procedimiento: Haber prestado en los cinco últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. Haber intervenido como perito o como testigo en cualquier procedimiento. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica relacionada, directa o indirectamente en el asunto. Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado con cualquiera de los interesados.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación a los recursos administrativos, indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta: El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada será de un mes. El recurso de alzada podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.

Según el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas podrán rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos: Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados. Siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni contraria al ordenamiento jurídico. Siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención contraria al principio de igualdad y al interés público.

Conforme al artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tienen consideración de contratos menores los de valor estimado inferior a: 60.000 euros, cuando se trate de contratos de obras. 18.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicio. 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras. 25.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicio.

Según el artículo 47 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, corresponde a la Comunidad Autónoma en materia de expropiación forzosa: La competencia exclusiva que incluye, en todo caso determinar las condiciones en que las Administraciones andaluzas pueden ejercer la potestad expropiatoria. La competencia ejecutiva que incluye, en todo caso establecer criterios de valoración de los bienes expropiados según la naturaleza y la función social que tengan que cumplir, de acuerdo con la legislación estatal. La competencia legislativa que incluye, en todo caso crear y regular un órgano propio para la determinación del justiprecio y fijar su procedimiento. La competencia compartida que incluye, en todo caso crear y regular un órgano propio para la determinación del justiprecio y fijar su procedimiento.

Conforme al artículo 97 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, relativo a la prescripción de las faltas y sanciones, las infracciones muy graves prescribirán: A los cinco años. A los tres años. A los dos años. No prescibren.

Según dispone el artículo 103 de la Constitución Española de 1978, la Administración Pública actúa de acuerdo con los principios de: Eficacia, responsabilidad, jerarquía, descentralización y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Eficiencia, responsabilidad, jerarquía, descentralización y autonomía financiera, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Eficacia, eficiencia, jerarquía, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Entre los siguientes impuestos, NO es un tributo propio establecido por la Comunidad Autónoma de Andalucía: Impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera. Impuesto sobre las Bolsas de Plástico de un solo uso en Andalucía. Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales. Canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma.

Según lo establecido en el artículo 47 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, corresponde autorizar las transferencias entre créditos de operaciones financieras, independientemente de su cuantía, excepto las destinadas a modificar las dotaciones de los fondos carentes de personalidad jurídica, a: A cada Consejería respecto del ámbito de sus respectivos créditos. A la Consejería competente en materia de Hacienda. Al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda. Al Parlamento de Andalucía.

Indique a qué capítulo del Presupuesto anual de gasto de la Junta de Andalucía han de cargarse los gastos corrientes en bienes y servicios: Capítulo 1. Capítulo 2. Capítulo 3. Capítulo 4.

La plataforma corporativa de autenticación y firma basada en certificados electrónicos para los procedimientos administrativos, trámites y servicios de la Administración de la Junta de Andalucía, es: Port@firmas. eCO. Cl@ve. @firma.

Conforme el artículo 8 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos: Emitirá el informe de evaluación de impacto de género sobre el anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de cada ejercicio. Informará con carácter vinculante la declaración de necesaria uniformidad. Realizará auditorías de género en las Consejerías y entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía. Aplicará la perspectiva del enfoque de género en el plan de auditorías de cada ejercicio.

Según al artículo 32 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de una solicitud de acceso a información pública es de. 20 días hábiles, prorrogables por igual período. 15 días hábiles, prorrogables por igual período. 20 días hábiles, prorrogables por 10 días hábiles. 15 días hábiles, prorrogables por 10 días hábiles.

Según el artículo 3 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación equiparable, se entiende por: Acoso sexual. Acoso por razón de sexo. Discriminación directa por razón de sexo. Discriminación indirecta por razón de sexo.

Según al artículo 7 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el derecho de cualquier persona a acceder a los contenidos o documentos, en lo términos previstos en la citada Ley, que obren en poder de cualesquiera de las personas y entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la citada Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones, es el reconocido como. Derecho a la publicidad activa. Derecho a la libertad de información. Derecho de acceso a la información pública. Derecho al libre acceso y veracidad de la información pública.

La Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030, fue aprobada en el año: 2020. 2022. 2018. 2015.

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