Varios-Servicios

Si un profesional del Instituto Foral de Bienestar Social del Territorio Histórico de Álava presenta una queja relativa a un problema en el funcionamiento del servicio social en el que trabaja, sucedido hace siete meses: Deberá ser admitida y tramitada conforme al mismo procedimiento previsto para las quejas presentadas por personas usuarias del servicio. Deberá ser inadmitida, ya que la presentación de quejas solo está prevista para las personas usuarias de los servicios sociales. Deberá ser inadmitida por el tiempo transcurrido desde el incidente en el funcionamiento del servicio. Solo podrá ser admitida si el profesional presenta la queja de forma anónima, mediante el correspondiente buzón de sugerencias y quejas.

Según el Decreto Foral 36/2014 de 22 de julio, el servicio de viviendas con apoyo para personas con discapacidad es compatible con: Los servicios de promoción de la autonomía. El Centro de día en su modalidad ordinaria. El Servicio de Atención Diurna en su modalidad de respiro. Todo lo anterior.

Según Decreto Foral 36/2014 de 22 de julio, las personas con calificación de discapacidad y que no tengan reconocimiento de dependencia, tendrán derecho a acceder a los servicios o centros ocupacionales de la red foral de servicios sociales, cuando entre otras: Cuenten con la calificación de discapacidad en grado igual o superior al 65 por ciento, originada por una discapacidad intelectual. Cuenten con la calificación de discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, originada por una discapacidad intelectual. Cuenten con la calificación de discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, originada por una discapacidad intelectual moderada o leve. Ninguna respuesta es correcta.

Si una persona que está percibiendo un servicio social para personas en situación de dependencia del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia traslada su residencia a una Comunidad Autónoma distinta, para seguir percibiendo servicios de dicho Sistema: Deberá procederse a valorar nuevamente su situación de dependencia. Deberá procederse a revisar su Programa Individual de Atención. Deberá procederse a revisar su grado de dependencia. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

¿Cuál de los siguientes compromisos de los Estados Partes NO está reconocido expresamente en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en relación al trabajo y al empleo de dichas personas?. Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás. Promover oportunidades de empleo por cuenta propia para dichas personas. Promover el trabajo de dichas personas en entornos de empleo protegido. Velar por que se realicen ajustes razonables para dichas personas en el lugar de trabajo.

Los profesionales de los servicios sociales deben comprometerse con el desarrollo del bienestar y la calidad de vida de las personas con discapacidad. Para ello se debe de procurar: Protegerles o eliminar cualquier riesgo físico o psíquico que puedan correr, estando siempre acompañadas por un profesional o familiar para evitarlos. Tener a disposición de los centros y servicios, los apoyos humanos y técnicos necesarios para los diversos modos de comunicación (verbal, representativo, gestual, braille...y otros). Identificar en todos los casos quién es el tutor o familiar responsable de cada persona. Informar a todas las y los profesionales de cuáles son los déficits y enfermedades de cada persona usuaria, con el fin de que sean tenidos en cuenta en las decisiones asistenciales.

El principio de justicia obliga a las personas responsables y gestores de las organizaciones e instituciones de servicios sociales a eliminar cualquier tipo de discriminación entre las personas usuarias de los mismos. Dicho principio exige: Tratar igual a todas las personas usuarias, dedicándoles el mismo tiempo de atención a cada una de ellas. Determinar e informar con claridad de cuáles son las atenciones y servicios que se prestan en la institución o centro, y disponer de los recursos necesarios para poder facilitar dichas prestaciones a todas las personas usuarias en la medida en que las necesitan. Que el costo de la atención sea igual (o muy similar) para todas las personas atendidas. Determinar y dar a conocer la normativa y el reglamento del centro y cumplirlo en todos los casos salvo imperativo legal.

El modelo de atención centrada en la persona o la planificación centrada en la persona tiene como objetivo prioritario. Mejorar los niveles de salud física y psíquica de las personas con discapacidad, o en su caso, frenar su deterioro físico o psíquico. Desarrollar al máximo las capacidades físicas, cognitivas, afectivas y sociales de todas las personas usuarias. Respetar la identidad personal y fomentar la autonomía decisoria de las personas con discapacidad a las que se presta atención o recursos. Evitar la discriminación social de las personas con discapacidad en cualquier ámbito social: sanitario, educativo, laboral, judicial, etc.

Entendemos por misión de los centros y servicios para personas con discapacidad. a) La función que la administración determina para ellos en la estructura de los Servicios Sociales. b) Aquello que tienen que conseguir para poder mantener su actividad. c) El compromiso adquirido por la Organización con su entorno, su razón de ser, lo que le da sentido. Es el por qué y para qué de su acción cotidiana. d) El conjunto de objetivos que cada año deben planificar.

¿Qué derecho está directa y especialmente asociado a la Planificación Centrada en la Persona?. a) El derecho a la satisfacción. b) El derecho a la participación. c) El derecho a la autodeterminación. d) El derecho a la defensa de los derechos.

La Planificación Centrada en la Persona es una filosofía de la atención que: a) Se basa en la persona y, por lo tanto, el contexto organizativo en el que se inserta no afecta a su aplicación. b) Sólo puede aplicarse a las interacciones entre la persona y su Círculo de Relaciones. c) Sólo puede aplicarse si encuentra en la organización una base sólida para aceptar los principios y valores que rigen su formulación. d) Sólo puede aplicarse si la organización se compromete a su implementación y a la aplicación del Método de Apoyo Activo simultáneamente.

La asistencia personal: a) Se formaliza como un principio básico de la filosofía de la vida independiente. b) Se configura como un instrumento central para hacer posible la vida independiente. c) No guarda relación con la materialización de la vida independiente. d) Fue el paradigma inmediatamente anterior al de vida independiente.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), recoge en su articulado, entre otros, los siguientes derechos de las personas con discapacidad: a) Derecho a acceder a programas y atención en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, así como a mantener su fertilidad. b) Derecho a contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia. c) Derecho a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener. d) Todas las respuestas son correctas.

El respeto al principio de autonomía de una persona con discapacidad hace referencia a: La autonomía funcional: poder hacer por sí misma, aquello que quiere hacer recibiendo los apoyos necesarios para ello. La autonomía económica: poder disponer de los recursos económicos suficientes para tener cubiertas sus necesidades básicas. La autonomía decisoria: poder decidir de acuerdo a la propia identidad personal y ser respetado en dichas decisiones. La autonomía judicial, o capacidad de obrar, que se adquiere en situaciones normales a los 18 años.

La capacidad de obrar de hecho, o la autonomía de una persona para tomar decisiones se debe de valorar con arreglo a. Los riesgos de la decisión a tomar, requiriéndose mayor capacidad para decisiones de mayor riesgo. El diagnóstico y/o las valoraciones profesionales realizadas con herramientas validadas, de los déficits que la persona posea. La situación legal de la persona, considerando capaces de decidir a todas las personas que no tengan modificada su capacidad de obrar por sentencia judicial. d) La valoración que de ella haga su tutor en el caso de tener modificada su capacidad, o el responsable del centro o servicio si es una persona usuaria del mismo capacitada legalmente, después de haber escuchado la opinión de todos los miembros del equipo de profesionales.

El titular de los derechos en el caso de una persona con discapacidad es: a) El tutor legal en el caso de haberlo. b) Su tutor legal o quien posea la patria potestad en el caso de los menores y las personas con discapacidad intelectual, o ella misma si la discapacidad es física. c) Aquella persona designada por la propia persona con discapacidad. d) La propia persona en todos los casos.

A efectos de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, se entiende por DISCAPACIDAD. La incapacidad, más o menos grave y previsiblemente permanente, de una persona para llevar a cabo sus actividades de vida cotidiana y su incorporación social a la comunidad sin apoyos personalizados. La limitación de la autonomía funcional de una persona producida por uno o varios déficits previsiblemente permanentes como consecuencia de una enfermedad o accidente. La situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones. La valoración técnica de situación de dependencia obtenida por el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia aprobado y recogido en el Real Decreto 174/2011.

En los servicios sociales, el derecho al consentimiento informado de las personas con discapacidad, ética y legalmente, exige a un profesional. a) Informar y solicitar el consentimiento a todas las personas que no tengan modificada legalmente su capacidad. b) Informar a la propia persona con discapacidad, de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión, de su situación, de las alternativas que existen y de la propuesta de intervención con sus beneficios y riesgos. c) Recoger en un documento firmado por la persona o su representante la autorización para realizar una intervención o atención. d) Realizar aquellas intervenciones o prestaciones que la persona desee.

Las personas con discapacidad que viven en un alojamiento permanente de la red foral de servicios sociales. a) Viven en un espacio público, si la titularidad es del IFBS, que debe ser gestionado por la misma normativa que cualquier otro centro residencial del IFBS independientemente de que sea de personas mayores, personas menores, personas con discapacidad, etc. b) Viven en un espacio público, si la titularidad es del IFBS, que debe ser gestionado por la misma normativa que cualquier otro centro de personas con discapacidad del IFBS. c) Independientemente de la titularidad del centro, viven en un espacio privado similar a un domicilio, y su normativa debe incluir el respeto a la privacidad e intimidad. d) Viven en un espacio público, si la titularidad es de IFBS, gestionado por una normativa común a todos los centros con discapacidad, a excepción de su habitación que es su ámbito privado en la que debe respetarse su intimidad y privacidad.

En una situación concreta, el ejercicio del principio de autonomía de una persona puede ser limitado de manera justificada desde una perspectiva ética,. a) Cuando la persona usuaria solicita suspender un tratamiento o prestación que sea necesario para el mantenimiento de su salud. b) Sólo cuando existe una autorización judicial para ello. c) Cuando existe un grave riesgo para terceras personas si se respeta la decisión autónoma del paciente o persona usuaria. d) Sólo cuando la persona no sigue el plan de atención individual que ha aceptado al llegar al centro o servicios.

En cualquier recurso de alojamiento es esencial fomentar el bienestar psicoafectivo. Para ello, es fundamental que el profesional favorezca el desarrollo emocional de las personas usuarias por medio de: a) Prestar atención a las emociones de las personas. b) Favorecer que experimenten y expresen emociones positivas. c) Ayudar a las personas a reconocer y a emplear sus mecanismos de regulación emocional y favorecer que las personas aumenten su capacidad de control de las emociones. d) Todas las opciones son correctas.

Algunos de los principios que orientan el adecuado diseño de una red de servicios de alojamiento, de día y ocupacionales son: a) Potenciar el desarrollo de la autonomía personal. b) Garantizar la continuidad de cuidados a lo largo del ciclo vital. c) Ofrecer una atención integral e individualizada, desde el enfoque de la Planificación Centrada en la Persona. d) Todas las opciones son correctas.

La orientación y colocación en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad que se encuentren en situación de búsqueda de empleo, corresponde: a) Únicamente a los servicios públicos de empleo. b) A los servicios públicos de empleo y/o a las entidades colaboradoras de los mismos. c) A las agencias de colocación autorizadas. d) A los servicios públicos de empleo y/o entidades colaboradoras y a las agencias de colocación autorizada.

El Empleo con Apoyo se fundamenta en: a) Trabajo competitivo, integrado en empresas ordinarias. b) Apoyos a lo largo de la vida laboral. c) Entrenamiento en el puesto de trabajo. d) Todas las opciones son correctas.

¿Qué deberán regular los poderes públicos en las normas dirigidas a hacer efectivo el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, según el artículo 47 de la Constitución Española?. a) El precio de la vivienda y la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. b) La utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. c) El número de viviendas que puede adquirir una misma persona. d) Tanto el precio de la vivienda como el número de viviendas que puede adquirir una misma persona.

¿En qué situación pueden suspenderse el derecho a la libertad y a la seguridad según el artículo 55 de la Constitución Española?. a) Sólo cuando se acuerde la declaración del estado de excepción. b) Sólo cuando se acuerde la declaración del estado de alarma. c) Cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio. d) En ningún caso puede suspenderse.

¿Qué comprende la libertad sindical según el artículo 28 de la Constitución Española?. a) Sólo el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección. b) Sólo el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. c) Sólo el derecho a solicitar a la Administración la disolución de un sindicato. d) El derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas.

El Defensor del Pueblo Europeo es elegido: a) Por la Comisión. b) Por el Parlamento Europeo. c) De manera consensuada, por el Parlamento Europeo y la Comisión. d) Por el Consejo.

¿Qué tipo de norma es la prevista en el artículo 4 del Estatuto de Autonomía para la designación de la sede de las instituciones comunes?. a) Ley Orgánica del Parlamento Español. b) Ley Orgánica del Parlamento Vasco. c) Ley del Parlamento Español. d) Ley del Parlamento Vasco.

¿Cómo se denomina el Tribunal con competencia en todo el territorio de la Comunidad Autónoma y ante el que se agotan las sucesivas instancias procesales según del Estatuto de Autonomía?. a) Tribunal Máximo de Justicia del País Vasco. b) Juzgado de Primera Instancia. c) Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. d) Tribunal de Instancia de Justicia del País Vasco.

¿En base a qué ley se estructura la organización de la Administración de Justicia en el País Vasco, según el Estatuto de Autonomía?. a) Ley Orgánica del Poder Judicial. b) Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. c) Ley Vasca de Competencia Judicial. d) Ley Vasca del Poder Judicial.

¿Puede la Diputación Foral del Territorio Histórico de Álava aprobar decretos de desarrollo de una Norma Foral?. a) No, ya que esa competencia corresponde solo a las Juntas Generales. b) No, ya que la Diputación Foral ostenta competencias de gestión administrativa, pero no de tipo normativo. c) No, ya que el carácter reglamentario de las Normas Forales no admite su desarrollo por otro reglamento. d) Sí, ya que su potestad reglamentaria comprende esa posibilidad.

¿Cuáles son los Órganos Forales del Territorio Histórico de Álava, según la Norma Foral sobre Organización Institucional del Territorio Histórico de Álava?. a) Sólo las Juntas Generales. b) Sólo la Diputación Foral. c) Sólo los Ayuntamientos. d) Las Juntas Generales y la Diputación Foral.

¿Con qué frecuencia se reúne el Consejo de Administración con carácter ordinario, según el artículo 7 del Decreto Foral que aprueba el Reglamento de Estructura y Funcionamiento del Organismo Autónomo Instituto Foral de Bienestar Social – Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea?. a) Mensualmente. b) Bimestralmente. c) Trimestralmente. d) Semestralmente.

En el Instituto Foral de Bienestar Social, según la Norma Foral por la que se constituye el Organismo Autónomo Instituto Foral de Bienestar Social – Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea, ¿a quién le corresponde el ejercicio de las funciones de Secretaría del Consejo de Administración?. a) Al Diputado o Diputada General. b) A la Dirección de Servicios Sociales. c) A la Dirección Gerencia del Instituto Foral de Bienestar Social. d) Al Diputado o Diputada titular del Departamento de Servicios Sociales.

En el Instituto Foral de Bienestar Social, según el Decreto Foral por el que se aprueba su Reglamento de Estructura y Funcionamiento, ¿a qué Subdirección Técnica corresponde la promoción del asociacionismo entre las personas mayores y sus familias cuidadoras?. a) A la Subdirección Técnica del Área de Personas Mayores. b) A la Subdirección Técnica del Área de Intervención Social. c) A la Subdirección Técnica del Área de Personas Mayores y Dependencia. d) A la Subdirección Técnica del Área del Menor y Familia.

En las Administraciones Públicas, pueden ejercer funciones que impliquen la participación en el ejercicio de potestades públicas: a) Sólo las personas funcionarias de carrera, en todo caso. b) Sólo las personas funcionarias públicas, en todo caso. c) Las personas funcionarias públicas, y también el personal eventual si la participación en el ejercicio de potestades públicas es indirecta. d) Las personas funcionarias públicas, y también el personal laboral si la participación en el ejercicio de potestades públicas es indirecta.

¿A qué personal de las Administraciones Públicas le es aplicable el derecho administrativo?. a) Al personal laboral y al personal eventual. b) Al personal funcionario de carrera, al personal funcionario interino y al personal laboral. c) Solo al personal funcionario de carrera. d) Al personal funcionario de carrera y al personal funcionario interino.

Las retribuciones del personal funcionario de carrera según el artículo 22 del Estatuto Básico del Empleado Público se clasifican en: a) Retribuciones básicas y específicas. b) Retribuciones fijas y variables. c) Retribuciones básicas y complementarias. d) Ninguna de las anteriores es correcta.

Una persona funcionaria obtiene el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta. En este caso, procede: a) La adaptación del puesto de trabajo a sus posibilidades. b) La jubilación. c) Una adscripción provisional a otro puesto. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Según el artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público, quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación: a) Las referidas a calendario laboral, horario, jornada, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica. b) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación. c) Las decisiones de las administraciones públicas que afecten a sus potestades de organización. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Según el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿puede una Administración Pública acordar traslados forzosos de su personal funcionario de carrera?. a) No, ya que esa posibilidad no está prevista en el Estatuto. b) Sí, y el personal funcionario afectado no tiene derecho a ser indemnizado por el traslado. c) Sí, pero el personal funcionario afectado tiene derecho a ser indemnizado por el traslado. d) Solo puede acordarse si esa posibilidad está prevista en las leyes de Función Pública que desarrollen el Estatuto Básico de Empleado Público.

El personal funcionario de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública a través de los procedimientos de movilidad quedarán respecto de su Administración de origen: a) En la situación administrativa de servicio en otras Administraciones Públicas. b) En la situación administrativa de excedencia. c) En la situación administrativa de servicios especiales. d) En la situación administrativa de suspensión de funciones.

Una funcionaria de carrera que ha sido designado en un puesto mediante el procedimiento de libre designación con convocatoria pública puede ser cesado en dicho puesto: a) Sólo como consecuencia de la comisión de infracciones disciplinarias. b) De manera discrecional. c) Sólo por el transcurso del plazo fijado en el momento de su designación. d) Sólo cuando el puesto que ocupa sea amortizado.

Si una funcionaria de carrera del Instituto Foral de Bienestar Social es designado Consejero del Gobierno Vasco, será declarado en situación: a) De servicios especiales. b) De servicio en otra Administración Pública. c) De excedencia. d) De suspensión de funciones.

¿Qué tipo de excedencia puede ser denegada por una Administración de manera motivada, en atención a las necesidades del servicio?. a) Tanto la excedencia voluntaria por interés particular como la excedencia por cuidado de familiares, en el caso de cuidado de familiares a cargo por razones de edad. b) La excedencia voluntaria por interés particular. c) La excedencia por cuidado de familiares, por cualquiera de las necesidades de cuidado previstas. d) La excedencia por razón de violencia de género.

Considerando la naturaleza del Instituto Foral de Bienestar Social, ¿en qué términos le es aplicable la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. a) Le es de aplicación supletoria, al tratarse de una Corporación de Derecho Público. b) No le es de aplicación, al tratarse de una Administración de un Territorio Histórico que cuenta con su normativa propia. c) Sólo le es de aplicación cuando el Instituto ejerza potestades administrativas, al tratarse de una entidad de derecho privado dependiente de una Administración Pública. d) Le es plenamente aplicable, al tratarse de un organismo público vinculado a su vez a una Administración Pública.

La Sra. X es presidenta de una Asociación, y se dirige al Instituto Foral de Bienestar Social para formular una solicitud de subvención en representación de dicha Asociación. ¿Deberá acreditar esa representación?. a) No, ya que en las actuaciones ante la Administración Pública la representación siempre se presume. b) Sí, ya que para esa actuación se exige que la representación se acredite. c) Será el Instituto Foral quien determine si la representación debe o no acreditarse. d) Será la norma reguladora del procedimiento específico la que determine si la representación debe o no acreditarse.

¿Puede surtir efectos la notificación de un acto administrativo que no exprese los recursos que proceden contra el acto notificado?. a) No, en ningún caso, ya que la expresión de los recursos que proceden contra el acto es uno de los requisitos esenciales de toda notificación. b) Sí, en todo caso, ya que basta con que la notificación contenga el texto íntegro del acto. c) Sí, si la notificación contiene el texto íntegro del acto, y el interesado demuestra tener conocimiento de su contenido. d) Sí, si el acto notificado es de trámite, pero en ningún caso si se trata de un acto resolutorio.

¿Es el correo electrónico un medio válido para la notificación de actos administrativos por medios electrónicos por parte de las Administraciones Públicas?: a) No, ya que el uso del correo electrónico no está previsto para ningún fin en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. b) No, aunque el uso del correo electrónico sí está admitido para el envío de avisos de la puesta a disposición de las notificaciones a los interesados. c) Sí, ya que el correo electrónico es uno de los medios de notificación electrónica de actos administrativos previstos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. d) Sí, siempre que el sistema de correo electrónico empleado permita dejar constancia de la recepción del mensaje por su destinatario.

¿Está incluido el Instituto Foral de Bienestar Social en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público?. a) Sí, ya que los organismos autónomos forman parte del concepto de Sector Público definido por la norma. b) No, ya que los organismos autónomos no forman parte del concepto de Sector Público definido por la norma. c) Solo está incluido en su ámbito de aplicación cuando celebre ciertos tipos de contratos administrativos. d) La citada norma solo es de aplicación supletoria al Instituto Foral.

¿Qué orden jurisdiccional es competente para resolver las controversias que surjan sobre la adjudicación de un contrato administrativo, según el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público?. a) El orden jurisdiccional civil. b) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo. c) El orden jurisdiccional civil o el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, dependiendo de la cuantía del contrato. d) El orden jurisdiccional civil o el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, según lo que acuerden las partes del contrato.

El listado de integrantes de una asociación, en la que constan sus nombres, edades y direcciones, escrito a mano en un cuaderno y guardado en un armario de la sede de dicha asociación ¿está sujeto a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal?. a) No, ya que dicha norma no se aplica a las entidades sin ánimo de lucro. b) No, ya que el concepto de fichero manejado por dicha norma solo incluye soportes digitales. c) No, ya que el tratamiento de datos incluido en la norma solo se refiere a procedimientos técnicos de carácter automatizado. d) Sí, ya que dicha norma es aplicable a cualquier tipo de entidad, de soporte físico y de modo de tratamiento.

¿Puede exigirse una contraprestación por el ejercicio del derecho de rectificación de datos de carácter personal por parte del interesado?. a) Sólo si la entidad responsable del tratamiento es de carácter privado. b) No, en ningún caso. c) Sí, con ciertos límites fijados reglamentariamente. d) Sólo si la entidad responsable del tratamiento es una Administración Pública, y ha estipulado un precio público para tal ejercicio.

. ¿Qué significa el procedimiento de disociación, en el sentido de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal?. a) El tratamiento de los datos de carácter personal por un responsable distinto del que los recabó. b) El tratamiento de los datos de carácter personal por medios automatizados que garanticen su calidad e integridad. c) El tratamiento de los datos de carácter personal de tal manera que la información que se obtenga no pueda asociarse a ninguna persona identificada o identificable. d) La división de un fichero que contiene datos personales en dos o más ficheros distintos, con el objetivo de agilizar su tratamiento.

Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, si una persona es tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable, se habrá producido: a) Discriminación directa por razón de sexo. b) Discriminación indirecta por razón de sexo. c) Acoso por razón de sexo. d) Discriminación horizontal por razón de sexo.

La Ley del Parlamento Vasco 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres admite que en la normativa que regula las subvenciones de las Administraciones Públicas vascas: a) Se incluya entre los criterios de adjudicación uno que valore la integración de la perspectiva de género en el proyecto o actividad subvencionada. b) Se reserven ciertas subvenciones a su disfrute exclusivo por mujeres y asociaciones de mujeres. c) Las respuestas a) y b) son incorrectas. d) Las respuestas a) y b) son correctas.

Si una Administración Pública tiene que dictar un acto administrativo que tiene por base otro dictado por una Administración Pública distinta, y aquella entiende que dicho acto es ilegal: a) Deberá interponer recurso administrativo contra dicho acto. b) Deberá requerir a la Administración que dictó el acto que lo anule o lo revise. c) Podrá requerir a la Administración que dictó el acto que lo anule o lo revise y, de rechazar el requerimiento, podrá interponer recurso contencioso-administrativo. d) Deberá interponer recurso contencioso-administrativo, sin que quepa realizar ningún requerimiento previo a la Administración que dictó el acto.

Una Administración Pública trató de notificar un acto administrativo en el domicilio del interesado a las 14 h. de un lunes. Al no encontrar a nadie en el domicilio, realiza un segundo intento al día siguiente, a las 18 h., sin hallar tampoco a nadie en el domicilio. En tal caso: a) La notificación deberá entenderse rechazada por el interesado, y el procedimiento podrá seguir adelante. b) La Administración ha procedido de manera incorrecta, ya que no ha respetado los criterios exigidos para el segundo intento de notificación por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. c) La Administración debe de entender que la notificación ha sido infructuosa, estando obligada a publicar el acto mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del domicilio del interesado. d) La Administración debe de entender que la notificación ha sido infructuosa, estando obligada a publicar el acto mediante anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Si la Administración inició un procedimiento sancionador y, transcurrido el plazo máximo previsto para finalizarlo, no ha dictado resolución: a) La sanción se entenderá desestimada por silencio administrativo. b) La sanción se entenderá impuesta por silencio administrativo. c) Se entenderá que se ha producido la suspensión del procedimiento. d) Se entenderá que se ha producido la caducidad del procedimiento.

¿A quién corresponde la iniciativa para la elaboración de Normas Forales en el Territorio Histórico de Álava?. a) Sólo a la Diputación Foral. b) Sólo a los Procuradores de las Juntas Generales. c) Sólo a la Diputación Foral y a los Procuradores de las Juntas Generales. d) A la Diputación Foral, a los Procuradores de las Juntas Generales y también a los ciudadanos.

Los derechos y deberes fundamentales en la CE se recogen en: Título preliminar. Título I. Título II. Disposiciones generales.

El sistema tributario que establezcan los TH, seguirá los siguientes principios según el concierto económico. Respeto a la solidaridad, en los términos prevenidos en la CE y Estatuto de Autonomía. Coordinación y armonización fiscal. Colaboración mutua entre las instituciones de los TH. Todas son correctas.

Son anulables los actos... Que lesionen derechos susceptibles de amparo constitucional. Que lesionen libertades susceptibles de amparo constitucional. Que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. Que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

Contra una resolución expresa se puede interponer recurso de reposición en el plazo de: Dos meses. Un mes. Si es expresa, no cabe recurso de reposición. En cualquier momento.

La aprobación del presupuesto general del TH corresponde a: La Diputación Foral, para su posterior remisión a las Juntas Generales. Las Juntas Generales, para su posterior remisión a la Diputación Foral. A los procuradores de las Juntas Generales. A los diputados de cada departamento.

Son retribuciones básicas del personal funcionario: El sueldo que corresponda a cada uno de los grupos: los trienios y las pagas extraordinarias. El sueldo base de cada subgrupo de referencia. El sueldo que corresponde a cada uno de los grupos; los trienios; las pagas extraordinarias y las indemnizaciones por razones de trabajo. El sueldo que corresponde a cada uno de los grupos; los trienios; las pagas extraordinarias y las indemnizaciones por razones de trabajo y otros complementos.

Las disposiciones generales emanadas de las Juntas Generales se denominan: Decretos forales normativos. Normas Forales. Leyes Forales. Decretos legislativos.

Son derechos y obligaciones de las personas usuarias de servicios sociales. La dignidad, participación, confidencialidad e información. La dignidad, privacidad, confidencialidad, autonomía e información. La dignidad, participación, autonomía e información. La dignidad, colaboración, confidencialidad e información.

Según Ley de Dependencia, corresponde a las CCAA: Establecer los procedimientos de coordinación sociosanitaria, creando, en su caso, los órganos de coordinación que procedan para garantizar una efectiva atención. Preparar planes y programas de actuación para impulsar el desarrollo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Establecer los procedimientos de coordinación sociosanitaria, creando, un órgano de coordinación en cada comunidad para garantizar una efectiva atención. Promover proximidad con la ciudadanía y transparencia y cooperación interadministrativa.

Las administraciones públicas, a los efectos de establecer conciertos con la iniciativa privada, además de las gnerales e independientemente de la forma jurídica, aplicarán criterios o medidas de discriminación positiva en favor de entidades que acrediten en su trayectoria alguna de las siguientes características: Prestar servicios o gestionar centros dirigidos a personas, familias y/o grupos sociales desfavorecidos; mejoren los ratios de personal femenino contratado; apliquen medidas para la preservación, conservación o restauración del medio ambiente; apliquen sistemas de aseguramiento o mejora continua de la calidad. Prestar servicios o gestionar centros dirigidos a personas, familias y/o grupos sociales desfavorecidos; mejoren los ratios de personal contratado; apliquen medidas para la preservación, conservación o restauración del medio ambiente; apliquen sistemas de aseguramiento o mejora continua de la calidad. Prestar servicios o gestionar centros dirigidos a personas, familias y/o grupos sociales desfavorecidos; mejoren los ratios de personal contratado con al menos 33% de discapacidad; apliquen medidas para la preservación, conservación o restauración del medio ambiente; apliquen sistemas de aseguramiento o mejora continua de la calidad. Prestar servicios o gestionar centros dirigidos a personas, familias y/o grupos sociales desfavorecidos; mejoren los ratios de personal con representación equilibrada; apliquen medidas para la preservación, conservación o restauración del medio ambiente; apliquen sistemas de aseguramiento o mejora continua de la calidad.

La contratación administrativa en el sector público viene regulada por: La Ley 9/2017 de 8 de noviembre. La Ley 6/2017 de 24 de octubre. La Ley 3/2017 de 27 de junio. La Ley 4/2017 d e25 de septiembre.

Señalar la opción incorrecta. Es objeto de la Ley 9/2017, regular la contratación del sector público, a din de garantizar que la misma se ajusta a los principios de: a. Simplificación de la formalización de los contratos. b. Libertad de acceso a las licitaciones. c. No discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. d. Publicidad y transparencia de los procedimientos.

Según la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales cuál de las siguientes expresiones de derechos de las personas usuarias es INCIERTA: a) Derecho a acceder a los servicios sociales en condiciones de igualdad, dignidad y privacidad. b) Derecho a la confidencialidad. c) Derecho a dar instrucciones previas para situaciones futuras de incapacidad respecto a asistencia o cuida- dos que se le puedan procurar y derecho a la autotutela. d) Derecho a escoger libremente el tipo y modalidad de servicio más adecuado a su caso independientemente de su disponibilidad y prescripción técnica de la persona profesional de referencia asignada.

egún la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, el Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales es: a) El instrumento por el que se identifican las prestaciones económicas y los servicios cuya provisión deberán garantizar los diferentes sistemas públicos y Tercer sector. b) El instrumento por el que se identifican las prestaciones económicas y los servicios cuya provisión deberán garantizar las administraciones públicas vascas competentes. c) El instrumento por el que la persona se elige la cartera de servicios y prestaciones económicas del sistema de servicios sociales. d) El instrumento por el que se aprueba las características, modalidades, objetivos y precios públicos de los servicios sociales.

Según la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, cuál de las siguientes afirmaciones sobre los Servicios sociales de base (SSB) NO es cierta: a) El SSB se constituye como la unidad polivalente y multidisciplinar de atención integrada en los servicios sociales municipales que actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de Servicios Sociales. b) La función principal del SSB será́ la detección y atención, de las necesidades sociales susceptibles de ser atendidas en el ámbito de los servicios sociales, coordinando y gestionando, en su zona geográfica de influencia, el acceso a las diversas instancias del Sistema Vasco de Servicios Sociales. c) El SSB será el responsable de ejercer, en el ámbito territorial, las competencias atribuidas en el marco del Sistema Vasco de Servicios Sociales a los servicios sociales de ámbito autonómico, foral y municipal. d) Todos los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán disponer, por sí mismos o asociados, de un SSB.

Según la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, cuál de las siguientes afirmaciones sobre los Consejos Territoriales y Consejos locales es cierta: Las diputaciones forales y los ayuntamientos, en el ejercicio de su capacidad de autoorganización, determinarán la constitución, en su caso, de consejos de servicios sociales, como órganos de carácter decisivo en relación con los servicios sociales dentro del ámbito competencial respectivo. La composición de estos consejos garantizará la participación de los agentes sociales que intervienen en el ámbito de los servicios sociales, así́ como la representación del resto de las administraciones públicas vascas que, en cada caso, correspondan. Asimismo, se velará por alcanzar una representación equilibrada de mujeres y hombres. En el seno de los consejos territoriales y locales de servicios sociales no podrán crearse consejos sectoriales de servicios sociales, de carácter consultivo y participativo, que desarrollarán su actividad en un ámbito material específico. Las funciones, composición y régimen de funcionamiento de los consejos sectoriales quedan establecidos en la presente Ley.

Según el Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales los requisitos generales de empadronamiento para el acceso a los servicios y prestaciones del Sistema son: a) Estar empadronada o empadronado, en la fecha en que se realiza la solicitud: a) en el municipio, para acceder a los servicios que presta un ente local; b) en un municipio del Territorio Histórico correspondiente, para acceder a los que presta una Diputación Foral; c) en un municipio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para acceder a los que presta el Gobierno Vasco. b) Estar empadronada o empadronado en el mismo municipio durante 3 años seguidos e ininterrumpidos. c) Estar empadronada o empadronado, en la fecha en que se realiza la solicitud: en un municipio cualquiera de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para acceder a los que servicios que presta un ente local, para acceder a los que presta una Diputación Foral y. a los que presta el Gobierno Vasco. d) Estar empadronada o empadronado, en la fecha en que se realiza la solicitud para acceder a cualquiera de los servicios que presta un ente local, los que presta una Diputación Foral y/o los que presta el Gobierno Vasco.

Según el Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios, y con respecto a la valoración y diagnóstico social, de atención primaria cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta: El Servicio Social de Base, mediante una o un trabajador social u otra persona profesional del Servicio Social Municipal, realizará una valoración inicial de necesidades para determinar si procede una intervención del Sistema Vasco de Servicios Sociales. Es esta o este profesional quien asume la función de referencia en la fase inicial del procedimiento básico de intervención, y concretamente la valoración inicial de necesidades y, en su caso, el diagnóstico social inicial. Como resultado de dicha valoración inicial cabe que dicha o dicho profesional constate que el caso no requiere ninguna intervención del Sistema Vasco de Servicios Sociales, que la necesidad planteada pueda cubrirse mediante una intervención puntual, o que requiera una intervención con seguimiento. En estos supuestos, la o el profesional de referencia realizará un diagnóstico social inicial, una valoración especializada y diagnóstico especializado, y, en función de sus resultados, establecerá la gama de prestaciones económicas y/o servicios a los que la persona solicitante podría acceder del Sistema vasco de Servicios sociales.

Según el Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios, cuál de las siguientes afirmaciones sobre los servicios, prestaciones, o ayudas económicas de competencia municipal es cierta: a) Son de competencia municipal, entre otros: servicio de información, valoración, diagnóstico y orientación, servicio de intervención socioeducativa y psicosocial, servicios de atención diurna y alojamiento. b) Son de competencia municipal, entre otros: servicio de promoción de la participación y la inclusión social en el ámbito de los servicios sociales, servicio de ayuda a domicilio y servicio de transporte adaptado. c) Son de competencia municipal, entre otros: servicio de ayuda a domicilio, servicios de atención diurna, centros residenciales para personas mayores y centros residenciales para mujeres víctimas de violencia de género. d) Son de competencia municipal, entre otros: servicio de teleasistencia, servicio de información, valoración, diagnóstico y orientación y servicio de apoyo a personas cuidadoras.

Según el Decreto 64/2004, de 6 de abril, por el que se aprueba la carta de derechos y obligaciones de las personas usuarias y profesionales de los servicios sociales en la CAPV y el régimen de sugerencias y quejas, las personas usuarias de los servicios sociales tienen derecho al conocimiento y a la defensa de sus derechos. Señala la opción INCORRECTA: a) Ser informadas por escrito y verbalmente, en un lenguaje adaptado a su capacidad de entendimiento y, en su caso, en un soporte o formato adaptado a sus necesidades especiales, de los derechos reconocidos en el presente Decreto, así́ como de los derechos que, en su aplicación, contengan la normativa de desarrollo y los estatutos y reglamentos de funcionamiento de los centros y servicios de servicios sociales. b) En su caso, disponer por escrito del plan individual de atención y de los términos y condiciones en que los servicios definidos en el mismo les serán prestados. c) Estar acompañadas o no, en las entrevistas que mantengan a efectos de evaluación de necesidades y de elaboración del plan individual, de una o varias personas de su confianza que estimen capaces de aconsejarles. d) Todos los derechos que, en el ámbito laboral o de la función pública, les reconozcan la legislación y los convenios colectivos o los acuerdos reguladores de las condiciones de empleo que resulten aplicables.

El Decreto 353/2013, de 28 de mayo, de Ficha Social del Sistema Vasco de Servicios Sociales y del instrumento de diagnóstico social del Sistema vasco de Servicios sociales acuerda que la Ficha Social recogerá́ el motivo por el que la persona usuaria es atendida por los Servicios Sociales de Base teniendo en cuenta los ámbitos generales de actuación del sistema. Señala la respuesta INCORRECTA: a) Para recabar información sobre servicios y prestaciones del sistema de servicios sociales y de otros sistemas de protección social. b) Sobre temas relacionados con la atención a la dependencia, con la desprotección y con la exclusión social. c) Sobre temas relacionados con la orientación laboral y sistema de garantía de ingresos. d) Sobre temas relacionados con la participación social.

El Decreto 353/2013, de 28 de mayo, de Ficha Social del Sistema Vasco de Servicios Sociales y del instrumento de diagnóstico social del Sistema vasco de Servicios sociales acuerda que: a) El diagnóstico social constituye la descripción y valoración profesional de las necesidades sociales que presentan las personas que solicitan la atención del Sistema Vasco de Servicios Sociales, al objeto de determinar la intervención adecuada. b) El diagnóstico deberá́ realizarse siempre las personas requieran una intervención intensiva. c) El diagnóstico social mostrará los servicios y prestaciones que demanda la persona y a los que tiene derecho. d) El instrumento de diagnóstico social recoge los requisitos que debe cumplir la persona para ser atendida por atenderse el Sistema Vasco de Servicios Sociales.

Según el Decreto 385/2013, de 16 de julio, el Instrumento de Valoración de la Exclusión Social consta de un listado de indicadores ordenados por dimensiones y, a su vez, organizados en cinco ámbitos vitales: a) Económico, laboral y residencial, convivencial, personal, salud y social. b) Económico, laboral y residencial, familiar, y comunitario. c) Económico, laboral y residencial, escolar, familiar y social. d) Económico, laboral y residencial, sociosanitario y social.

La prestación económica vinculada al servicio: a) Es una prestación económica temporal destinada a contribuir a la financiación del coste de dichos servicios, siempre que, en el momento en que se dicte la resolución de acceso haya personas solicitantes en espera en la lista de asignación de vacantes correspondiente al servicio al que estuviera vinculada. b) Se configura como un derecho para aquellas personas en riesgo de dependencia o con reconocimiento de dependencia de grado I que cumplan los requisitos específicamente regulados para el acceso a ella. c) Se reconoce en función de la situación de riesgo de dependencia y de reconocimiento de dependencia de grado I. Tiene carácter finalista y es temporal. d) Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

La intervención desde los servicios sociales de base en el marco de la Ley 3/2005, de atención y protección a la infancia y la adolescencia: Los servicios sociales de base deberán proceder a la recepción del caso y a su investigación, valoración y orientación, debiendo, si lo estiman necesario, intervenir desde el ámbito comunitario. Cuando consideren que existe una situación de desprotección infantil de gravedad moderada deberán informar al servicio territorial especializado. Cuando consideren que existe una situación de desprotección infantil de gravedad elevada deberán realizar una valoración especializada e informar al servicio territorial especializado. Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

Ley orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia: el interés superior del menor es interpretado y aplicado según los criterios: La protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas. La consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así́ como su derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su interés superior. La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia y, la preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e identidad sexual o idioma del menor, así́ como la no discriminación del mismo por estas o cualesquiera otras condiciones, incluida la discapacidad. Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

Según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, son titulares de los derechos establecidos los españoles que cumplan los siguientes requisitos: Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos. Para los menores de 3 años se estará́ a lo dispuesto en la disposición adicional decimotercera. Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. d) d) Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

Tal y como recoge la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la acreditación de las situaciones de violencia de género se realiza...: mediante una sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal. También podrán acreditarse mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género o por cualquier otro título. solo mediante una sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial. solo mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género. solo mediante informe de cualquiera de los cuerpos policiales.

Tal y como recoge la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, sobre las medidas de salida del domicilio, alejamiento o suspensión de las comunicaciones, señala la correcta: El Juez ordenará siempre la salida obligatoria del inculpado por violencia de género del domicilio en el que hubiera estado conviviendo o tenga su residencia la unidad familiar, así como la prohibición de volver al mismo. El Juez podrá prohibir al inculpado que se aproxime a la persona protegida, lo que le impide acercarse a la misma en cualquier lugar donde se encuentre, así como acercarse a su domicilio, a su lugar de trabajo o a cualquier otro que sea frecuentado por ella. La medida de alejamiento se acordará siempre, aunque la persona afectada, no hubiera abandonado previamente el lugar. El Juez permitirá al inculpado comunicarse con la persona o personas que se indique, sin incurrir en responsabilidad penal.

Según el II Acuerdo interinstitucional para la mejora en la atención sexual a mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia, cuando una mujer víctima acuda a cualquier Servicio Social de Base se seguirán las siguientes pautas: Si la víctima presenta lesiones que requieran asistencia sanitaria, o se sospecha su existencia, aunque no resulten visibles, se acompañará a la víctima, si lo precisa, al servicio médico correspondiente. En caso de que no requiera asistencia sanitaria, se proporcionará a la víctima una atención adecuada y prioritaria, considerando el especial estado emocional en que se encuentre la víctima. Si existiese riesgo para la seguridad o integridad física de la mujer, se recabará la atención policial, solicitando a SOS-Deiak, Comisaría de la Ertzaintza o Policía Local la presencia en el Servicio Social de Base, o lugar considerado idóneo, para la protección a la víctima. Todas las pautas anteriores son correctas.

Según el II Acuerdo interinstitucional para la mejora en la atención sexual a mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia para la protección a la víctima, los principios de la intervención son: Asistencia integral y personalizada, igualdad, prevención, defensa del interés de las personas menores de edad, eficacia y agilidad y mínima victimización. Asistencia integral, protección y denuncia. Prevención, protección y promoción de buenas prácticas. Actuaciones preventivas, acogida y atención inmediata.

Según la tipología europea del sinhogarismo y la exclusión residencial, ETHOS (Revisión 2007), en la categoría conceptual “Vivienda inadecuada” se incluyen las siguientes categorías operativas: Personas vivienda en estructuras temporales y no convencionales, alojamiento impropio y hacinamiento extremo. Personas vivienda en estructuras temporales y no convencionales, personas viviendo bajo amenaza de desahucio y personas que viven bajo amenaza de violencia por parte de la pareja o de la familia. Alojamiento impropio, hacinamiento extremo y personas que centros de alojamiento para solicitantes de asilo e inmigrantes. Viviendo en un espacio público (a la intemperie) y personas que duermen en un refugio nocturno y/o se verá obligados a pasar varias horas al adía en un espacio público.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006) compromete a los Estados a cumplir con las siguientes obligaciones: señala la respuesta correcta. Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos las medidas de discriminación positivas que se consideren. Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y practicas existentes que constituyan discriminación. Tener en cuenta en todas las políticas y todos los programas la protección y promoción de los derechos humanos a todas las personas. Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada contrate por motivos de discapacidad.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006) respecto a la toma de conciencia, dice que los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para: Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas. Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida. Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad. Todas las afirmaciones son correctas.

¿Qué variables están relacionadas con necesitar cuidado? Señala la respuesta INCORRECTA: La necesidad de cuidados es mayor entre las mujeres. La necesidad de cuidados aumenta con la edad, sobre todo con 65 años o más. La necesidad de cuidados disminuye al incrementarse el nivel de estudios. La necesidad de cuidados en función de la clase social no varía ni en hombres ni mujeres.

Las diferentes situaciones de desprotección infantil requieren de un tipo diferente de intervención a desarrollar, señala la respuesta correcta: Las situaciones de riesgo moderado requieren la intervención con programas de prevención secundaria. Las situaciones de vulnerabilidad a la desprotección requieren la intervención con programas de prevención primaria. Las situaciones de riesgo leve requieren la intervención con programas de prevención secundaria. Las situaciones de desamparo requieren la intervención con programas de preservación familiar especializados.

Las condiciones para definir la existencia de desprotección de gravedad moderada, elevada o muy elevada son: Las personas responsables de garantizar la satisfacción de una o varias necesidades básicas de un niño, niña o adolescente, no cumplen con su responsabilidad porque no pueden o no quieren, o se dan determinadas condiciones externas que se lo impiden. Como consecuencia de esta situación, el niño, niña o adolescente ha sufrido o es probable que sufra un daño significativo en su salud, bienestar o desarrollo. La red de apoyo familiar no contrarresta esta situación y no satisface las necesidades del niño, niña o adolescente. Todas las condiciones anteriores son ciertas.

Según el Decreto 152/2017, en la tipología de desprotección denominada “incapacidad del control de la conducta del niño, niña o adolescente” se da una situación de gravedad moderada cuando: la convivencia es muy difícil. Sin embargo, tanto ellos como el niño, niña o adolescente aceptan ayuda profesional para resolver sus dificultades y evitar la salida del niño, niña o adolescente del domicilio familiar. la conducta del niño, niña o adolescente es muy problemática en el domicilio. Puede que haya habido intentos de resolver los problemas. La convivencia es difícil, aunque hay aspectos de la relación que son positivos. Hay riesgo de que el conflicto se agudice. la convivencia es inviable o insostenible. No hay posibilidad de desarrollar una intervención de apoyo manteniendo al niño, niña o adolescente en el domicilio dada la oposición o falta de colaboración de éste o ésta y/o de su padre, madre u otras personas que ejercen la tutela. hay algunos conflictos entre las figuras parentales y el niño, niña o adolescente, pero hay aspectos importantes de la relación que son positivos. Ha habido algunos intentos de resolver los problemas, pero puede que no hayan tenido éxito.

El concepto de buena practica se refiere a: toda experiencia, guiada por principios, objetivos y procedimientos apropiados, que ha arrojado resultados positivos, demostrando su eficacia y utilidad en un contexto concreto. un continuo de experiencias prácticas de la ciudadanía que incorporamos en nuestro quehacer profesional. prácticas basadas en la evidencia científica que son imposibles de alcanzar en ciencias sociales. las prácticas individualizadas que caracterizan a cada profesional.

El Cuestionario de detección de indicadores de malos tratos físicos y económicos, y valoración de la gravedad de los mismos (Cuestionario 2)” del procedimiento de prevención y detección de malos tratos físicos y económicos a personas mayores en la CAPV se aplica cuando: señala la respuesta Incorrecta: la persona presenta dos o más factores de riesgo en el cuestionario de prevención. la persona verbaliza ser víctima de malos tratos;. la persona mayor presenta pérdida de capacidad económica, daños físicos o económicos o lesiones físicas inexplicables para el profesional que está realizando la atención. la persona mayor tiene limitada su autonomía (judicialmente) y sus cuidadores son los familiares directos que conviven con ella.

En Trabajo social individual, la fase de diseño de la intervención tiene tres características principales, señala la Incorrecta: tiene una finalidad delimitada por unos objetivos concretos hacia los que se orientan las acciones. dispone de una estructura que dota de rigor a la intervención. es un acuerdo verbal que se ratifica expresamente en las diferentes entrevistas con la persona/familia. ofrece una orientación hacia aquello que se quiere conseguir, anticipando los resultados futuros.

Cuando en un servicio o centro se aplica el modelo de atención centrado en la persona se entiende que: Toda persona es única y tiene una dignidad que es la razón esencial de la singularidad y debe ser respetada. Los/las profesionales de referencia han de tomar las decisiones en representación de la familia. Los servicios establecen los niveles de calidad de vida deseables para las personas. Las familias participan en los planes de intervención sólo cuando las personas tienen una demencia.

En la planificación centrada en la persona (Rey, Ana Mª 2015): La persona y secundariamente la familia es quien toma las decisiones. Se da un predominio de la técnica sobre la ética. El problema está en la persona que es la receptora de servicios. Se utiliza principalmente una metodología de planificación por objetivos operativos.

NO es cierto que la figura de profesional de referencia en el modelo de atención centrada en la persona tenga entre sus funciones: (Rey, Ana Mª 2015): Informar y orientar a la persona. Proporcionar apoyo técnico, personal, acompañamiento y seguimiento. Tomar decisiones en representación de la persona. Articular respuestas integrales y derivar, en su caso, a otros sistemas de protección.

Un elemento fundamental de partida en la intervención social y sociosanitaria es la dignidad de la persona. Señala cuál de las siguientes expresiones es Incorrecta: La dignidad es el valor intrínseco que posee cada persona independientemente de su sexo, edad, creencias... La dignidad es el valor que posee cada persona en función de su capacidad de autonomía o de su condición moral. La dignidad se ubica por encima de todo precio y, por lo tanto, no admite nada equivalente. La dignidad conlleva el respeto a la voluntad de las personas.

En la concepción de la Historia Social existe un consenso al considerar que: Es una herramienta, es decir, un instrumento de uso diario del/de la profesional. Es una herramienta dinámica, es decir, que obliga a los/las profesionales a cambiar constantemente su estructura y formato. Es herramienta científica, responde a una metodología y uso de técnicas sociales compartidas por varias profesiones, entre ellas el Trabajo social. Es una herramienta que tiene un tiempo determinado de validez, en torno a un año.

El informe social es un instrumento de gran importancia en Trabajo Social, cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta: el Informe Social es un acto que nos diferencia de otras profesiones. es exclusivo del Trabajo social la elaboración, argumentación y defensa del informe social. el informe social no es más que un requerimiento formal de control de la intervención profesional. la importancia del informe social radica en la influencia que puede tener en la vida de personas o familias debiendo ser claro, objetivo y sin lugar a diferentes interpretaciones.

Las cualidades técnicas del Informe social (Goñi, M.J. 2008) son: La fiabilidad de los datos. La precisión terminológica y la claridad expositivas. La argumentación didáctica. Todas las respuestas anteriores son correcta.

La entrevista en Trabajo social (Ariño, M. 2008) NO es: Es un diálogo constructivo guiado por objetivos siempre revisables a lo largo de todo un proceso reflexivo y sobre todo participativo. Es un constructo comunicativo y no n simple registro de discursos que hablan al sujeto o del sujeto. Es dinámica, se crea, construye y reconstruye en el devenir de la práctica en desarrollo. Es principalmente una recogida de información desde la necesidad y demanda de la persona.