VIGILANTE SEGURIDAD PRIVADA

La falsedad se refiere a: Las acciones. Las personas. Ambas son correctas.

La falsificación tiene que ver con: Las acciones. Las personas. Ambas son correctas.

Son documentos públicos, conforme a la normativa legal vigente en España: Los autorizados por los Notarios. Los informes emitidos por los Médicos. Cualquier escrito o parte redactado por el vigilante de seguridad durante su servicio.

El que utilice el nombre de una persona con ánimo de suplantarla comete un delito de: Usurpación de funciones. Usurpación del estado civil. Intrusismo.

En qué consiste el intrusismo, considerado como una infracción penal: La suplantación de otra persona. El ejercicio de una profesión, sin tener título. El ejercicio de los derechos de otro.

Son considerados documentos privados: Los que emiten los notarios. Los que no son públicos. Los que tienen características públicas y privadas.

Los certificados son los documentos expedidos por: Las autoridades o funcionarios públicos. Los facultativos en el ejercicio de su profesión. Los políticos.

De conformidad con las figuras contempladas en el Código Penal, comete un delito de falsificación dem oneda: El que fabrique moneda legal. El que introduzca o distribuya moneda falsa. El que introduzca moneda de curso legal.

Concretamente, en la falsificación de certificados, lo que se castiga es: La extensión de un certificado. El uso de un certificado falso. El uso de un certificado.

El Documento Nacional de Identidad es un documento: Público. Privado - Oficial. Público - Oficial.

El que ejerce actos propios de un policía sin serlo, podría ser responsable del delito de: Suplantación. Usurpación de funciones públicas. Intrusismo.

Las falsedades reales recaen sobre: Documentos. Monedas. Ambas son correctas.

El que se atribuyere públicamente la cualidad de profesional, amparada en un título oficial sin estar en posesión de dicho título, se considerará responsable de: Usurpación de funciones. Intrusismo. Usurpación de Estado Civil.

Las certificaciones son: Documentos que afirman o constatan, con eficacia administrativa, un hecho, dato o circunstancia y pueden ser emitidas por las autoridades. Documentos que afirman o constatan, con eficacia administrativa, un hecho, dato o circunstancia y pueden ser emitidas por los funcionarios públicos habilitados para ello. Ambas son correctas.

En los sellos de correos, constituye falsificación por alteración: La fabricación de sellos falsos para ponerlos en circulación con el acuerdo de los distribuidores. La distribución de sellos falsos para ponerlos en circulación. La eliminación de las marcas indicativas de que los sellos han sido ya utilizados.

Las reuniones o asociaciones ilícitas son punibles y tienen tal consideración: Las que tienen por objeto cometer delitos. Las que tengan por objeto un fin lícito pero emplean medios violentos para conseguirlo. Ambas son correctas.

El domicilio es inviolable: Siempre. Aún con el consentimiento de su morador. Salvo en caso de "Delito In Fraganti".

Un funcionario público en un registro lícito puede registrar los papeles y documentos que se hallen en un domicilio: Aún sin el consentimiento de su morador. Sólo con el consentimiento de su morador. Ambas respuestas son correctas.

La entrada en un domicilio sin autorización de su titular se considerará como: Robo. Hurto. Allanamiento.

Un profesional que en el ejercicio de su actividad deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por ser esta persona atea, estará cometiendo un presunto delito contra: La solidaridad. La igualdad. La universalidad.

Una de las siguientes opciones no es correcta. La Constitución Española reconoce el derecho: De asociación. A la libertad religiosa. De asociación secreta.

Según los principios que rigen la constitución, las asociaciones de carácter paramilitar: Son legales. No son legales. Ambas son correctas.

Según la Constitución Española: España es un Estado aconfesional. En España se profesa la religión católica. En España se profesa la religión de los testigos de Jehová.

Los que discriminan por razón del sexo, raza, enfermedad, entre otros: Podrán incurrir en un delito contra la libertad individual. Estaría atentando contra la Intimidad. Podrían ser considerados responsables de un delito contra la Igualdad ante la Ley.

Las escuchas telefónicas: Son legales aunque no estén autorizadas, siempre que las realicen determinados cuerpos policiales. Las deben poner la Policía Local, como Cuerpo más cercano al ciudadano. Son legales si están autorizadas judicialmente.

Los directores de una manifestación que hayan intentado impedir por todos los medios a su alcance, el uso de armas durante la misma: No son castigados. Sí son castigados. Sólo serán castigados si se cometen delitos.

Para ser consideradas legales las asociaciones: Deben inscribirse en un registro. Serán disueltas por resolución judicial motivada. Ambas son correctas.

Las asociaciones podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades: En virtud de resolución judicial motivada. En el supuesto de participar en manifestaciones ilegales. Cuando lleguen a trivializar o enaltecer los delitos de genocidio.

¿Pueden impedirse publicaciones periódicas u otros medios de información?. Nunca. Sólo si la Resolución afecta a parte de la información. Sólo si hay Resolución Judicial que así lo establezca.

Según la propia Constitución, todos los españoles tenemos el derecho de Reunión: Aunque no sea pacífica. Aunque se porten armas. Sólo cuando sea pacífica y sin armas.

Se produce el allanamiento: Cuando se accede, sin autorización, a una casa que no constituya morada. Cuando se accede, sin autorización, a una casa que constituya morada. Ambos casos son idénticos.

El allanamiento activo consiste en: La entrada en morada ajena contra la voluntad del morador. El mantenimiento en morada ajena contra la voluntad del morador. Ambas son correctas.

Supuesto agravado en la omisión del deber de socorro es: El supuesto en el que el causante del accidente no omite el auxilio. El supuesto en el que el causante del accidente omite el auxilio. Ambas son correctas.

De los que se citan a continuación, se consideran delitos contra la intimidad: La calumnia. Los matrimonios ilegales. El allanamiento.

El bien jurídico protegido en el delito de descubrimiento y revelación de secreto es: La solidaridad humana. La familia como institución jurídica. La intimidad.

¿Qué es la injuria?. La acción o expresión que no lesiona la dignidad de una persona. La expresión que imputa un delito a sabiendas de su falsedad. La acción o expresión que lesiona la dignidad de una persona.

Cuando la revelación de un secreto afecta a la ideología de la persona, la pena: Se reducirá. Se agravará. Estará exento de pena.

El allanamiento pasivo es: El mantenimiento en morada ajena contra la voluntad del morador. La entrada en morada ajena contra la voluntad del morador. Ambas son correctas.

La calumnia supone: Imputación de un delito hecha sin conocimiento de su falsedad. Imputación de un delito hecha a sabiendas de su falsedad. Que la acusación sea por delito de apropiación indebida.

Para que exista el delito de omisión del deber de socorro se consideran como requisitos: Que una persona necesite ayuda. Que la persona se encuentre en peligro no manifiesto y grave. No demandar auxilio ajeno con urgencia.

Si un vigilante de seguridad revela secretos referentes a la empresa donde presta sus servicios: Cometería delito de descubrimiento de secretos. Cometería delito contra la intimidad. Cometería delito contra la propiedad industrial o intelectual.

Según el Código penal, morar equivale a: Casa deshabitada. Casa habitada. Ambas son incorrectas.

En los delitos privados (injuria o calumnia), el perdón de la persona ofendida: Reduce la responsabilidad. Exime de responsabilidad. No exime de responsabilidad.

No se consideraría como delito de allanamiento de morada: La entrada en morada ajena por delito flagrante. La entrada en morada ajena con autorización judicial. Todas estas entradas se cometen sin allanamiento.

Si el allanamiento se produce con violencia o intimidación: Aumentará la pena. Daría lugar a una reducción de la pena. Se convierte en una circunstancia eximente de la pena.

Para que se de un delito de atentado se requiere: Un acto dirigido contra un agente de la autoridad. Que el sujeto pasivo se halle en el ejercicio de las funciones propias del cargo. Ambos requisitos se exigen para conformar esta figura jurídica.

Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a efectos de su protección penal: Tienen la consideración de autoridad. Tienen la consideración de funcionario público. Tienen la misma consideración que cualquier ciudadano.

Según doctrina del Tribunal Supremo, para que se produzca el delito de atentado se precisa: Que el acto vaya dirigido contra funcionario público o agente de la autoridad. Que se trate de un acto básico de acometimiento, empleo de la fuerza, intimidación grave o resistencia también grave. Ambos requisitos son requeridos por el Tribunal Supremo para considerar el hecho como atentado.

El delito de atentado únicamente se puede cometer: Por negligencia. Con dolo. Por imprudencia.

El bien jurídico que se trata de proteger con la figura del delito de atentado: Es el funcionario público como persona. Su finalidad es proteger la función que desempeña el funcionario público. Únicamente trata de preservar el concepto de autoridad.

La conspiración y la proposición para cometer el delito de atentado: Se castigará con la misma pena pena que el delito consumado. Se castigará con pena inferior a la correspondiente al delito consumado. No se castigará si no llega a consumarse.

El Código Penal, a los efectos de protección, considera funcionario público: Todo aquel que actúe por mandato superior. En general todo integrante de la Administración. Todo el que por disposición inmediata de la Ley participe en el ejercicio de funciones públicas.

Desde un punto de vista material, ¿En qué consiste el delito de atentado?. En desobedecer a la Autoridad. En oponerse a las resoluciones de la Autoridad. En acometer a la Autoridad.

El Vigilante de Seguridad, cuando actúe bajo la dirección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para defenderse de las agresiones de que pudiera ser objeto, podrá ejercitar: Sus facultades psíquicas e intelectuales. Las técnicas de defensa personal. Las técnicas de anticipación preventiva.

La actuación mediante la cual una persona intenta evitar que un funcionario público realice una acción determinada, se conoce como: Desobediencia. Desacato. Resistencia.

El Vigilante de Seguridad, caso de detener a un presunto delincuente "in fraganti": Le preguntará sobre otros delitos similares que pudiere haber cometido en ese lugar. Lo retendrá hasta que haga entrega de todos los objetos que hubiere sustraído con anterioridad. Lo pondrá a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad inmediatamente.

El personal de Seguridad Privada tendrá obligación especial de seguir las instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: En relación con las personas o bienes de cuya protección estuvieren encargados. En cualquier cuestión o cometido que pretendieren llevar a cabo. En sustitución de las funciones de los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Omitir la colaboración que sea requerida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en caso de suspensión de espectáculos, desalojo o cierre de locales, puede ser constitutivo de: Falta administrativa. Falta muy grave. Falta grave.

El personal de seguridad privada facilitará la información necesaria para sus funciones: A través de la Administración Local o Autonómica. Directamente y sin dilación. En cumplimiento de una orden judicial, en todo caso.

La negativa a identificarse ante un funcionario público se considera como: Resistencia. Desobediencia. Desacato.

Dentro del proceso penal se distinguen los siguientes actos: De investigación o instrucción. De ejecución de sentencia. De cumplimiento de pena.

Como consecuencia de la denuncia se puede iniciar un proceso penal, uno de cuyos fines será: Restablecer el orden público perturbado. Tutelar la libertad y dignidad de las personas. Proclamar la justicia.

Desde el punto de vista jurisdiccional y según las directrices de la Constitución Española: La justicia emana del pueblo. La justicia se administra en nombre del Rey. Todas las respuestas son correctas.

Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, está obligado a denunciar: Toda persona que haya participado en la realización de una acción que pueda ser constitutiva de un delito público. Toda persona que presenciare la realización de una acción que pueda ser constitutiva de un delito público. Toda persona que disponga de suficientes pruebas de la perpetración de un posible delito.

El denunciante, por el mero hecho de interponer la denuncia: Se convierte en parte del proceso penal. No se convierte en parte del proceso penal. Está obligado a poner de manifiesto ante el Juez Instructor que, por ley, se constituye en parte del proceso penal.

La base de la organización y funcionamiento de los tribunales se encuentra: En el principio de unidad jurisdiccional. En el principio de jerarquía. Ambas respuestas son correctas.

La denuncia, según nuestro ordenamiento jurídico, se puede hacer: De forma verbal o escrita. De forma verbal y mediante abogado con poder bastante. De forma escrita y con aportación de pruebas suficientes.

Cuándo procede informar al detenido de las razones o motivos que han llevado a su detención: Una vez sea trasladado a un centro oficial. Cuando sea puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente. De forma inmediata y de modo que le sea comprensible.

Si la Autoridad Judicial competente acordare la incomunicación de un detenido: Él tendrá derecho a un abogado que será de oficio. Podrá designar abogado una vez transcurridas las primeras doce horas de la detención. No tendrá drecho a designar abogado ni a ser asistido por abogado.

Si un vigilante procede a la detención de un presunto delincuente, ha de tener presente que derecho a guardar silencio implica: Que el vigilante interrogue al detenido. Que el vigilante no pueda interrogar al detenido. Que el detenido pueda o no declarar.

No se consideran órganos de la jurisdicción penal: Los juzgados de instrucción. Los juzgados de primera instancia. Los juzgados de vigilancia penitenciaria.

El atestado policial, a efectos procesales: Forma parte del Sumario. Puede dar origen al Sumario, pero no forma parte del mismo. Concluye, como el Sumario, en el Juicio Oral.

¿Cómo deberá practicarse la detención?. De la forma que menos perjudique al detenido en su persona, reputación y patrimonio. De la forma más rápida y contundente posible, para evitar fugas. En un lugar concurrido, para contar con suficientes testigos del hecho.

Durante el tiempo que dure la detención: El abogado del detenido será siempre de oficio. La autoridad bajo cuya custodia se encuentre el detenido le podrá hacer recomendaciones sobre la elección del abogado. La autoridad bajo cuya custodia se encuentre el detenido, se abstendrá de hacer recomendaciones sobre elección de abogado.

De los que se citan a continuación, ¿Quién puede solicitar un procedimiento de habeas corpus?. Cualquier familiar de la persona detenida. El abogado de oficio, siempre que se encuentre de guardia. El Defensor del Pueblo.

La finalidad de la detención es: Evitar que el infractor continúe delinquiendo. Aplicar un castigo al delincuente. Poner al detenido a disposición de la Autoridad Judicial.

De conformidad con las leyes españolas: Existe la obligación de indemnizar en caso de detención. Existe un derecho fundamental a no ser detenido. Sólo podrá ser detenido el delincuente in fraganti.

Cuándo se procede a informar al detenido de las razones o motivos que han llevado a su detención: Una vez sea trasladado a un centro oficial. Cuando sea puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente. De forma inmediata y de modo que le sea comprensible.

Si la Autoridad Judicial competente acordare la incomunicación de un detenido: Tendrá derecho a ser asistido por abogado de oficio. El abogado podrá ser cualquiera que designe el detenido. No tendrá derecho a abogado.

Toda persona detenida tendrá: Obligación de declarar sobre los hechos que se le imputan. Derecho a guardar silencio, no declarando si no quiere hacerlo. Derecho a una indemnización por los perjuicios que hubiere sufrido.

La asistencia de abogado al detenido, según nuestra legislación, se garantiza. En las diligencias policiales, pero no en las judiciales. En las diligencias judiciales, pero no en las policiales. Tanto en las diligencias policiales como en las judiciales.

¿Qué Autoridad es competente para entender una petición de habeas corpus?. El Juez de Primera Instancia del lugar donde se hubiere practicado la detención. El Juez de Instrucción del lugar donde se hubiere practicado la detención. Cualquier Autoridad, Judicial o Administrativa, con jurisdicción en el lugar de la detención.

El detenido incomunicado: No tendrá derecho a entrevistarse con su abogado al término de la práctica de la diligencia en que éste hubiere intervenido. Tendrá derecho a designar abogado únicamente para las primeras actuaciones. Podrá designar únicamente a su cónyuge o ascendientes para que se les comunique el hecho de su detención.

La Autoridad Judicial competente resolverá la petición de habeas corpus: En el plazo de veinticuatro horas. Cuando los hechos que motivaron la detención sean probados fehacientemente. En el plazo de setenta y dos horas.

Cualquier persona, en su caso, no podrá detener: Al delincuente "in fraganti". Al que estuviere procesado por el delito señalado en el Código Penal con pena superior a la de prisión correccional. Al que intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo.

El vigilante de seguridad, para obtener la protección como agente de la autoridad, deberá desarrollar su actividad: Amparada por un contrato debidamente comunicado a la Policía. En cooperación y bajo el mando directo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ambas condiciones son necesarias para ser considerado agente de la autoridad.

¿Quién o quienes tienen especial obligación de auxiliar o colaborar en todo momento con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?. Cualquier ciudadano mayor de edad. Las personas y entidades que ejerzan funciones de vigilancia, seguridad o custodia. Las personas que tengan la condición de vigilante de seguridad.

Los vigilantes de Seguridad, respecto al consumo de drogas: Están obligados a impedir dicho consumo en el interior de los locales cuya vigilancia estuvieren encargados. Están obligados a intervenir dicha droga en el interior de los locales de cuya vigilancia estuvieren encargados. No tienen obligación alguna respecto a dicho consumo, dado que el consumo no es delito.

La negativa a prestar auxilio o colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por parte del personal que desempeñe funciones de seguridad privada: Puede ser calificada como infracción muy grave. Podría ser considerada como una infracción grave. No se contempla la posibilidad de sanción en la normativa sobre seguridad privada.

El personal de seguridad privada deberá comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cualquier circunstancia o información relevante para la prevención de seguridad: Inmediatamente. Tan pronto como le sea posible. Si lo estima oportuno.

¿Quién tiene atribuida la competencia para ejercer el control de las entidades y personal de seguridad privada?. El Cuerpo Nacional de Policía. La Guardia Civil. La Administración periférica del Estado.

Entre los principios básicos de actuación exigibles al personal de seguridad privada, se contemplan: La dignidad e integridad. La protección y el trato correcto. Ambas son correctas.

Las actividades y servicios de seguridad privada se realizarán conforme a: La Constitución y la Ley de Seguridad Privada. La Ley de Seguridad Privada y las estipulaciones de las partes. A los acuerdos suscritos en contrato entre la empresa y el cliente.

El trato que deberá recibir el personal de seguridad privada, en el ejercicio de su actividad profesional, por parte de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberá ser: Distante pero considerado. Preferente y deferente. Diferente y equidistante.

El Reglamento de Seguridad Privada considera los servicios privados de seguridad: Como complementarios respecto a la seguridad pública. Como equiparados a la seguridad pública. Ambas son correctas.

El Vigilante de Seguridad, ante la comisión de un presunto delito, se ocupará: De catalogar los objetos empleados en la comisión del delito. De interrogar al detenido hasta la llegada de la Policía. De proteger la integridad física del presunto delincuente, si lo hubiere detenido.

El personal de seguridad privada, en la utilización de sus facultades deberá actuar: Con celeridad y precipitación. Con congruencia y proporcionalidad. Con criterio de superioridad.

La posibilidad de que el vigilante de seguridad pueda simultanear su función con otras misiones: Se podrá aceptar si esas otras misiones se desarrollan en lugares afines. No podrá hacerlo, en tanto ejerza su función de seguridad. Sólo podrá hacerlo si presta sus servicios en recintos cerrados.

El Estado, a través de sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: Se reserva la competencia exclusiva sobre la seguridad privada. No se reserva competencia alguna sobre la seguridad privada. Se reservará una competencia compartida con la seguridad privada.

El ejercicio de funciones de seguridad privada por vigilantes sin estar integrados en una empresa de seguridad, podría ser considerado, según la Ley de Seguridad Privada, como una falta: Muy Grave. Grave. Leve.