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VLZMLG 2

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Título del Test:
VLZMLG 2

Descripción:
11, 12, 14, 16, 22

Fecha de Creación: 2026/11/16

Categoría: Otros

Número Preguntas: 2373

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1.- Señale la respuesta correcta en relación con lo determinado en la Constitución española en su artículo 142: a) Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. b) Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de impuestos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. c) Las Haciendas locales podrán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. d) Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado, Comunidades Autónomas y municipios capitales de provincias.

2.- En virtud de lo establecido en el artículo 31.3 de la Constitución española, solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a: a) Las normas reglamentarias. b) La Ley. c) La Ley en el caso de las prestaciones patrimoniales y a las normas reglamentarias en el supuesto de prestaciones personales. d) Las respuestas a) y b) son correcta.

3.- Respecto a lo previsto en el artículo 133 de la Constitución española, señale la respuesta correcta: a) La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado y Comunidades Autónomas mediante ley. b) Las Corporaciones locales podrán crear, establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes. c) Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de reglamentos. d) La potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado, pudiendo las Corporaciones locales establecerlos y exigirlos.

6.- Conforme a la clasificación de los recursos de las haciendas locales contenida en el artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, señale aquél que no sea correcto: a) Los tributos propios. b) Las subvenciones. c) Los ingresos procedentes de su patrimonio. d) Las participaciones en los precios púbicos del Estado y de las comunidades autónomas.

7.- Los tributos propios de las haciendas locales, en virtud de lo preceptuado en el artículo 2.1 de la Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se clasifican en: a) Tasas, contribuciones especiales e impuestos. b) Tasas, contribuciones especiales, impuestos y recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales. c) Tasas, contribuciones especiales, impuestos y precios públicos. d) Tasas e impuestos.

8.- Las tasas, las contribuciones especiales, los impuestos y los precios públicos, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, tienen en común que: a) Son recursos tributarios. b) Son recursos de derecho público. c) Son recursos que pueden exigir todas las Entidades locales. d) Todas las respuestas son correctas.

9.- Podrán establecer recargos exigibles sobre impuestos de otras Entidades locales, conforme a lo dispuesto en los artículos 134.1 y 153.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: a) Las Diputaciones Provinciales sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas de los municipios de su territorio. b) Las Áreas Metropolitanas sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles sitos en el territorio de la entidad. c) Las respuestas a) y b) son correctas. d) Ninguna respuesta es correcta, pues las Entidades locales no pueden establecer recargos sobre impuesto de otras Entidades locales.

10.- Dispone el artículo 9.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que no podrá reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en: a) Las normas con rango de ley. b) Las normas con rango reglamentarias. c) Los tratados internacionales ratificados o no por España. d) Todas las respuestas son correctas.

11.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de derecho público de las entidades locales podrá interponerse el recurso: a) De alzada. b) De reposición. c) Extraordinario de revisión. d) Económico de reposición.

14.- En cuanto al recurso de reposición contra los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos e ingresos de derecho público de las entidades locales, señale la respuesta incorrecta respecto a lo establecido en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: a) El plazo de interposición del recurso será de un mes. b) El plazo de resolución del recurso será de un mes. c) El recurso será resuelto por el órgano superior del que dictó el acto. d) El recurso se entenderá desestimado cuando no haya caído resolución en plazo.

15.- Entre los procedimientos especiales de revisión de oficio de los actos dictados en materia de gestión tributaria y restantes ingresos de derecho público, conforme a lo determinado en el artículo 14.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no es correcto: a) La revisión de actos nulos de pleno derecho y su declaración de nulidad. b) La declaración de lesividad de actos nulos de pleno derecho y su impugnación en vía contencioso-administrativa. c) La revocación. d) La rectificación de errores y la devolución de ingresos indebidos.

16.- Señale la respuesta correcta, en relación con el hecho imponible de las tasas determinado en el artículo 20.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: a) Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio privado local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. b) Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. c) Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local o no, que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. d) Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a las Entidades locales.

17.- Conforme a lo establecido en el artículo 20.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no podrá exigirse una tasa por la prestación de un servicio o la realización de una actividad administrativa en régimen de derecho púbico de competencia local, cuando: a) Venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias. b) Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante. c) Cuando se presten o realicen por sector privado. d) Todas las respuestas son correctas.

18.- De lo previsto en el artículo 20.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, las Entidades locales podrán establecer en todo caso: a) Tasas. b) Impuestos. c) Contribuciones especiales. d) Todas las respuestas son correctas, pues todos son recursos tributarios.

19.- Entre los supuestos determinados en el artículo 20.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por el que las Entidades locales podrán exigir tasas, no figura: a) La ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas. b) Entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. c) Ocupación de terrenos de uso privado con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos, con finalidad lucrativa. d) Instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.

20.- Determina el artículo 20.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por la prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado 4 de este artículo, realizada de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta, tendrán la condición de: a) Tasas. b) Contribuciones especiales. c) Prestaciones patrimoniales públicas tributarias. d) Prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario.

21.- Entre los servicios por el que las Entidades locales no podrán exigir tasas, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 21.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no figura: a) El alumbrado de vías públicas. b) La vigilancia pública en general. c) La prevención y extinción de incendios. d) Limpieza de la vía pública.

22.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las tasas por la prestación de servicios no excluyen la exacción por el establecimiento o ampliación de aquéllos, mediante: a) Contribuciones especiales. b) Impuestos. c) Precios públicos. d) Todas las respuestas son correctas.

23.- De conformidad con lo señalado en el artículo 23.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente en las tasas por servicios o actividades que beneficien o afecten a los ocupantes de viviendas o locales: a) Los beneficiarios de dichos inmuebles. b) Los propietarios de dichos inmuebles. c) Los poseedores de dichos inmuebles. d) Los arrendatarios de dichos inmuebles.

24.- La cuota tributaria de la tasa consistirá, según disponga la correspondiente ordenanza fiscal, en virtud de lo establecido en el artículo 24.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en: a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa. b) Una cantidad fija señalada al efecto. c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos. d) Todas las respuestas son correctas.

25.- Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios, como determina el artículo 25 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán adoptarse a la vista de: a) Informes administrativos. b) Informes de auditoría. c) Informes técnico-económicos. d) Ninguna respuesta es correcta.

26.- Señala el artículo 26 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que las tasas podrán devengarse según la naturaleza de su hecho imponible y conforme determine la respectiva ordenanza fiscal: a) Cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial del dominio público local. b) Cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad por parte de la Entidad local. c) Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente. d) Todas las respuestas son correctas.

27.- De acuerdo con lo señalado en el artículo 27.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ¿podrían las Entidades locales exigir tasas en régimen de autoliquidación?: a) En ningún caso. b) Solo las relativas al aprovechamiento especial del dominio público local. c) En cualquier caso. d) Solo las relativas a la prestación de servicios o realización de actividades administrativas.

28.- En virtud de lo preceptuado en el artículo 28 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales: a) La obtención por el sujeto pasivo de un beneficio como consecuencia de la realización de obras públicas. b) La obtención por el sujeto pasivo de un aumento del valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas. c) La obtención por el sujeto pasivo de un aumento del valor de sus bienes como consecuencia del establecimiento o ampliación de servicios públicos. d) Todas las respuestas son correctas.

29.- De conformidad con lo establecido en el artículo 29.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las cantidades recaudadas por contribuciones especiales: a) Podrán destinarse a sufragar cualquier gasto de la Entidad local que la haya establecido. b) Podrán destinarse a sufragar solo gastos de inversiones de la Entidad local que la haya establecido. c) Solo podrán destinarse a sufragar los gastos de la obra o del servicio por cuya razón se hubiesen exigidos. d) Podrán destinarse a sufragar los gastos de cualquier obra o servicios que la Entidad local considere oportunos.

30.- En relación con los sujetos pasivos de las contribuciones especiales determinados en el artículo 30 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que se consideran personas especialmente beneficiadas por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios locales, señale la respuesta incorrecta: a) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, sus propietarios. b) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o ampliación de servicios a consecuencia de explotaciones empresariales, las personas o entidades que sean clientes directos de aquéllas. c) En las contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de los servicios de extinción de incendios, además de los propietarios de los bienes afectados, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo, en el término municipal correspondiente. d) En las contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas, las empresas suministradoras que deban utilizarlas.

31.- Determina el artículo 31.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que la base imponible de las contribuciones especiales está constituida, respecto al coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios, como máximo por el: a) 90%. b) 80%. c) 50%. d) 100%.

32.- Dispone el artículo 32.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que la base imponible de las contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos pasivos, teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras y servicios, con sujeción a una serie de reglas. Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente como módulos de reparto: a) Los metros lineales de fachada de los inmuebles. b) La superficie de los inmuebles. c) El volumen edificable de los inmuebles y su valor catastral a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. d) Todas las respuestas son correctas.

33.- De conformidad con lo establecido en el artículo 33.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las contribuciones especiales se devengan: a) En el momento del acuerdo de imposición mediante la ordenanza fiscal correspondiente. b) En el momento en que las obras se hayan ejecutado o el servicio haya comenzado a prestarse. c) En el momento previo al comienzo de las obras o prestación del servicio. d) En el momento en que el Ayuntamiento acuerda la realización de las obras o la prestación del servicio.

34.- De los citados a continuación, señale el impuesto que tenga carácter obligatorio, conforme a lo dispuesto en el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: a) El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. b) El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. c) El impuesto sobre cotos de caza y pesca. d) El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

35.- No requieren de acuerdo de imposición, en virtud de lo preceptuado en el artículo 15.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: a) Las tasas. b) Las contribuciones especiales. c) Los impuestos voluntarios. d) Los impuestos obligatorios.

36.- Conforme a lo determinado en el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, señale el orden correcto de realización del hecho imponible en el impuesto sobre bienes inmuebles, en relación con la titularidad de derechos sobre los bienes inmuebles: a) Superficie, usufructo, propiedad y concesión administrativa. b) Usufructo, propiedad, superficie y concesión administrativa. c) Concesión administrativa, superficie, usufructo y propiedad. d) Propiedad, superficie, concesión administrativa y usufructo.

37.- En virtud de lo establecido en el artículo 61.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a los efectos de este impuesto, tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en: a) Las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. b) El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. c) Las normas reglamentarias del municipio de que se trate. d) Ninguna respuesta es correcta.

38.- De los supuestos de no sujeción al impuesto sobre bienes inmuebles, enumerados en el artículo 61.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, señale el que sea correcto: a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito para los usuarios. b) Los bienes inmuebles de dominio público propiedad de la Comunidad Autónoma respectiva. c) Los bienes inmuebles de dominio público propiedad del Estado. d) Los bienes patrimoniales cedidos a terceros mediante contraprestación.

39.- Entre los supuestos de exención en el impuesto sobre bienes inmuebles determinados en el artículo 62.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no figura correctamente: a) Los que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana, y a los servicios educativos y penitenciarios, y los del Estado afectos a la defensa nacional. b) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento, cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho. c) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. d) Los declarados monumentos o jardín histórico de interés cultural en zonas arqueológicas o conjuntos históricos, afectos a explotaciones económicas.

40.- Determina el artículo 63.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que son sujetos pasivos del impuesto sobre bienes inmuebles: a) Los propietarios. b) Los usufructuarios. c) Los que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible. d) Los concesionarios.

41.- Dispone el artículo 65 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que la base imponible del IBI estará constituida por el: a) Valor de mercado de los bienes inmuebles. b) Valor de adquisición de los bienes inmuebles. c) Valor catastral de los bienes inmueble. d) Valor de transmisión de los bienes inmuebles.

42.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el tipo de gravamen máximo que pueden fijar los municipios en el impuesto sobre bienes cuando se trate de bienes inmueble urbanos, será del: a) 0,40%. b) 1,10%. c) 0,90%. d) 0,60%.

43.- De las bonificaciones obligatorias en la cuota íntegra del impuesto sobre bienes inmuebles enumeradas en el artículo 73 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, señale la que sea correcta: a) Los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria: entre el 50% y el 90% de la cuota íntegra. b) Las viviendas de protección oficial y las equiparables a éstas: 50% de la cuota íntegra. c) Los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra: 95% de la cuota íntegra. d) Todas las bonificaciones anteriores son correctas.

44.- El impuesto sobre bienes inmuebles, conforme a lo dispuesto en el artículo 75.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se devenga: a) El último día del período impositivo. b) El primer día del período impositivo. c) Durante todo el año natural. d) Ninguna respuesta es correcta, pues al tratarse de un impuesto con período impositivo, no requiere devengo alguno.

45.- Conforme a lo señalado en el artículo 77.5 el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Dirección General del Catastro, deberá remitir el Padrón catastral a los respectivos municipios antes del: a) 1 de marzo de cada año. b) 1 de abril de cada año. c) 1 de enero de cada año. d) 1 de febrero de cada año.

46.- De acuerdo con lo determinado en el artículo 78.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el hecho imponible del impuesto sobre actividades económicas, es: a) El ejercicio de cualquier actividad económica en territorio nacional especificada en las tarifas del impuesto. b) El mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas especificadas en las tarifas del impuesto. c) El mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas especificadas o no en las tarifas del impuesto, se ejerzan o no en local determinado. d) El mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas especificadas o no en las tarifas del impuesto.

47.- En relación con los supuestos que no constituyen hecho imponible del impuesto sobre actividades económicas enumerados en el artículo 81 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, señale el que no figure entre ellos: a) La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas que hubieran figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado con más de dos años de antelación a la fecha de transmitirse. b) La venta de los productos que se recibe en pago de trabajos personales o servicios profesionales. c) La exposición de artículos para regalo a los clientes. d) La realización de un solo acto u operación aislada de venta al por menor.

48.- De los supuestos de exención en el impuesto sobre actividades económicas previstos en el artículo 82.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, señale el que no sea correcto: a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, así como los organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de las entidades locales. b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los dos primeros períodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle aquella. c) Las personas físicas, sean o no residentes en territorio español. d) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 500.000 euros.

49.- Según lo establecido en el artículo 89.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando el día de comienzo de la actividad no coincida con el año natural, las cuotas del impuesto sobre actividades económicas se calcularán: a) Por todo el año natural completo. b) Proporcionalmente al número de trimestres naturales que restan para finalizar el año, incluido el del comienzo del ejercicio de la actividad. c) Proporcionalmente al número de trimestres naturales que restan para finalizar el año, excluido el del comienzo del ejercicio de la actividad. d) Por los meses naturales que queden desde el día de comienzo de la actividad hasta final de año.

50.- Según lo establecido en el artículo 89.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas del impuesto sobre actividades económicas: a) No serán prorrateables. b) Serán prorrateables por trimestres naturales, excluido aquél en el que se produzca dicho cese. c) Serán prorrateables por trimestres naturales, incluido aquél en el que se produzca dicho cese. d) Se calcularán en función de los meses naturales que queden desde el día de la baja de la actividad hasta el final de año.

51.- En virtud de lo establecido en el artículo 91.1 el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la formación de la matrícula del impuesto: a) Se llevará a cabo por la Administración tributaria del Estado. b) Tratándose de cuotas municipales, podrá ser llevada a cabo por los ayuntamientos por delegación de la Administración tributaria del Estado. c) Se llevará a cabo por los ayuntamientos en todo caso. d) Las respuestas a) y b) son correctas.

52.- Respecto a lo establecido en el artículo 92 en referencia al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, señale la respuesta incorrecta: a) Es un tributo directo que grava la titularidad de los vehículos de tracción mecánica, aptos para circular por las vías públicas. b) Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en éstos. c) No está sujeto al impuesto los vehículos que habiendo sido dados de baja en los Registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza. d) No estarán sujetos al impuesto los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil sea superior a 750 kilogramos.

53.- No estarán exentos al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93.1 de la Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: a) Los vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana. b) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios internacionales. c) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos. d) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que no exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.

54.- Es sujeto pasivo del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, en virtud de lo señalado en el artículo 94 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: a) La persona a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación. b) La persona dueña del vehículo. c) La persona titular del vehículo. d) La persona a cuyo nombre conste el vehículo en el carnet de conducir.

55.- Determina el artículo 95.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que las cuotas fijadas en el apartado 1 de este artículo para cada clase de vehículo, podrán ser incrementadas por los ayuntamientos mediante la aplicación de un coeficiente, que no podrá ser superior a: a) 2. b) 1,5. c) 1,2. d) Ninguna respuesta es correcta, puesto que los ayuntamientos no tienen facultad para incrementar las cuotas fijadas en el citado apartado 1 del artículo 95.

56.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 96.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, respecto al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: a) El período impositivo coincide con el año natural en todo caso. b) El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición. c) El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de baja definitiva del vehículo. d) El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de baja temporal por sustracción o robo del vehículo.

57.- De conformidad con lo señalado en el artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: a) El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en el caso de primera adquisición. b) El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en el caso de baja definitiva del vehículo. c) El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en el caso de baja temporal por sustracción o robo del vehículo. d) Todas las respuestas son correctas.

58.- Establece el artículo 97 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que la gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, corresponde al ayuntamiento del domicilio: a) Donde se matriculó el vehículo. b) De la persona titular del vehículo. c) Que conste en el permiso de circulación del vehículo. d) De la persona dueña del vehículo.

59.- Señale la respuesta correcta, en relación con lo determinado por el artículo 100.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, respecto al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras: a) Es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición. b) Es un tributo directo cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición. c) Es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija o no la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición. d) Es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, siempre que se haya obtenido dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición.

60.- El artículo 101.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que es sujeto pasivo de este impuesto, a título de contribuyentes: a) Quiénes sean los titulares de la licencia de la construcción, instalación u obra oportuna, sean o no propietarios del inmueble sobre los que se realice aquélla. b) Quiénes sean los dueños de construcción, instalación u obra oportuna, sean o no propietarios del inmueble sobre los que se realice aquélla. c) Quiénes realicen las obras, sean o no propietarios del inmueble sobre los que se realice aquélla. d) Quiénes sean los propietarios del inmueble sobre los que se realiza la construcción, instalación u obra.

61.- Determina el artículo 101.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que quien soporte los gastos o el coste que comporte la realización de la construcción, instalación u obra, tendrá la consideración a efectos del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras de: a) Titular de la construcción, instalación u obra. b) Dueño de la construcción, instalación u obra. c) Responsable de la construcción, instalación u obra. d) Ninguna respuesta es correcta.

62.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 102.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la base imponible del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, estará constituida por: a) El coste total de la construcción, instalación u obra. b) El coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra. c) El coste de la ejecución material de la construcción, instalación u obra. d) Las respuestas b) y c) son correctas.

63.- Formarán parte de la base imponible del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, en virtud de lo preceptuado en el artículo 102.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: a) El impuesto sobre el valor añadido. b) Las tasas que pudieran devengarse como consecuencia de la construcción, instalación u obra. c) Los honorarios profesionales. d) Ninguna respuesta es correcta.

64.- Establece el artículo 102.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que el tipo de gravamen del ICIO será fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo puede exceder del: a) 2%. b) 5%. c) 4%. d) 3%.

65.- El impuesto de construcciones, instalaciones y obras, según lo dispuesto en el artículo 102.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se devenga: a) En el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra. b) En el momento de terminación de la construcción, instalación u obra. c) En el momento de concesión de la oportuna licencia de construcción, instalación u obra. d) En el momento de la solicitud de la oportuna licencia de construcción, instalación u obra.

66.- El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, según señala el artículo 104 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, grava el incremento de valor que experimenten: a) Los terrenos de naturaleza urbana. b) Los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales. c) Los terrenos de naturaleza rústica. d) Las respuestas a) y b) son correctas.

67.- De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 104.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, si se constata la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores del terreno en la fecha de transmisión y adquisición, respecto al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana: a) No se producirá la sujeción al impuesto. b) Se producirá la exención del impuesto. c) Se producirá la bonificación del impuesto. d) Se tomará como base imponible del impuesto el importe del decremento de valor obtenido.

68.- En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, conforme determina el artículo 106 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, será sujeto pasivo del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana: a) La persona que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. b) La persona que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate. c) La persona que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España. d) Las respuestas b) y c) son correctas.

69.- Establece el artículo 107.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que la base imponible del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana está constituida por: a) El incremento del valor de los terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo mínimo de veinte años. b) El incremento del valor de los terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de quince años. c) El incremento del valor de los terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años. d) El incremento del valor de los terrenos y de las construcciones puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años.

70.- En virtud de lo señalado en el artículo 107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el cómputo del número de años transcurridos al objeto de determinar el período de generación del incremento de valor, a efectos del cálculo de la base imponible del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, se tomarán: a) Años completos, sin tener en cuenta las fracciones de años. b) Años completos, teniendo en cuenta las fracciones de años. c) Tantas fracciones por cada año transcurrido. d) Ninguna respuesta es correcta.

71.- Conforme a lo establecido en el artículo 107.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, respecto al cálculo del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, se constante que el importe del incremento de valor producido es inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo a los dispuesto en el apartado 1 de este artículo: a) Se podrá tomar cualquiera de dichos importes como base imponible. b) Se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor. c) Se tomará como base imponible la calculada conforme a lo dispuesto en el artículo 107.1 sí así lo determina la Administración tributaria municipal. d) No se producirá la sujeción al impuesto.

72.- El tipo de gravamen del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, en virtud de lo preceptuado en el artículo 108.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, será fijado por cada ayuntamiento, sin que pueda exceder del: a) 20%. b) 25%. c) 30%. d) 15%.

73.- Señala el artículo 109.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, se devenga: a) Cuando se transmita la propiedad del terreno a título oneroso en la fecha de la transmisión. b) Cuando se transmita la propiedad del terreno a título gratuito en la fecha de la transmisión. c) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. d) Todas las respuestas son correctas.

74.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el responsable de ejercer como propias las competencias que la Administración Tributaria local en los municipios de gran población, sería el/la: a) Órgano de gestión económico-financiera. b) Órgano de gestión económica-presupuestaria. c) Intervención General. d) Órgano de gestión tributaria.

75.- Determina el artículo 41 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que las entidades locales podrán establecer precios públicos por: a) La prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia de la entidad local, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias especificadas en el artículo 20.1.B) de esta ley. b) La prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia de la entidad local, siempre que concurra alguna de las circunstancias especificadas en el artículo 20.1.B) de esta ley. c) El aprovechamiento especial o la utilización privativa del dominio público local. d) Las respuestas b) y c) son correctas.

76.- De acuerdo con lo determinado en el artículo 44 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el importe de los precios públicos: a) Deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada. b) No podrá cubrir el coste mínimo del servicio prestado o de la actividad realizada. c) Podrá no cubrir el coste mínimo del servicio prestado o de la actividad realizada en el caso de que existan razones sociales, benéficas culturales o de interés público que lo aconsejen. d) Las respuestas a) y c) son correctas.

77.- Disponible artículo 46 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que la obligación de pagar el precio público nace desde que: a) Se inicie la prestación del servicio. b) Se inicie la realización de la actividad. c) Haya sido realizada la prestación del servicio o la realización de la actividad. d) Las respuestas a) y b) son correctas.

78.- De acuerdo con lo determinado en el artículo 46.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ¿podrán exigirse por el procedimiento de apremio las deudas por precios públicos?: a) En ningún caso, pues no son ingresos tributarios. b) En cualquier caso. c) Solo cuando se trate de precios públicos por la prestación de servicios. d) Solo cuando se trate de precios públicos por la realización de actividades.

79.- El establecimiento o modificación de los precios públicos, conforme a lo dispuesto en el artículo 47.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, corresponderá: a) Al Pleno de la Corporación. b) A la Junta de Gobierno Local. c) Al Alcalde. d) Al Órgano de Gestión Tributaria en los municipios de gran población.

80.- No es una diferencia existente entre las tasas y los precios públicos, en virtud de su regulación en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que: a) La tasa tiene naturaleza tributaria y el precio público no. b) La tasa se exige como contraprestación por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia local cuando se produzca alguna de las circunstancias previstas en el artículo 20.1.B, y los precios públicos no. c) La cuantía de las tasas no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio prestado, mientras que el precio público deberá cubrir, como regla general, el coste del servicio prestado o de la actividad realizada. d) La tasa es un ingreso de derecho público y el precio público no.

81.- Según lo dispuesto en el artículo 12.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las entidades locales podrán adaptar la normativa estatal aplicable a la gestión, liquidación, inspección y recaudación de sus tributos locales al régimen de organización y funcionamiento interno propio de cada una de ellas, a través de sus: a) Ordenanzas fiscales. b) Reglamentos orgánicos. c) Reglamentos tributarios. d) Reglamentos.

82.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.1 del Real Decreto Legislativo2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las entidades locales deberán acordar la imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras: a) De todos sus tributos. b) De todos sus impuestos. c) De todos sus tributos, salvo en el caso de los impuestos obligatorios. d) De las tasas y contribuciones especiales, solamente.

83.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 15.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el caso en que un ayuntamiento decida hacer uso de las facultades que les confiere esta ley en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de las respectivas cuotas de sus impuestos obligatorios: a) Deberán aprobar las oportunas ordenanzas fiscales. b) Podrán hacerlo sin aprobar al efecto ordenanza fiscal alguna. c) Deberán solicitar autorización al Ministerio competente en materia de Hacienda. d) Ninguna respuesta es correcta.

84.- Entre el contenido mínimo exigido que deben tener las ordenanzas fiscales que aprueben los ayuntamientos para acordar la imposición y supresión de sus tributos propios, según establece el artículo 16.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no figura: a) La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo y devengo. b) Los regímenes de declaración y de ingreso. c) Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación. d) Todo lo relacionado en las anteriores respuestas deben formar parte del contenido mínimo de las ordenanzas fiscales.

85.- Señala el artículo 135.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que en los municipios de gran población la elaboración del proyecto de Ordenanza fiscal o modificación de la misma corresponderá: a) Al Pleno. b) Al Alcalde. c) A la Junta de Gobierno Local. d) Al Órgano de Gestión Tributaria, si existiere.

86.- Determina el artículo 127.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que en los municipios de gran población la aprobación del proyecto de Ordenanza fiscal o modificación de la misma corresponderá: a) Al Pleno. b) Al Alcalde. c) A la Junta de Gobierno Local. d) Al Órgano de Gestión Tributaria, si existiere.

87.- Dispone el artículo 137.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que en los municipios de gran población el dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fiscales corresponde emitirlo: a) Al Órgano de Gestión Económica-Financiera. b) Al Órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas. c) A la Junta de Gobierno Local. d) Al Órgano de Gestión Tributaria, si existiere.

88.- Establece el artículo 123.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que en los municipios de gran población la aprobación y modificación de las ordenanzas fiscales es competencia del/de la: a) Órgano de Gestión Tributaria. b) Alcalde. c) Junta de Gobierno Local. d) Pleno.

89.- De conformidad con lo preceptuado en el artículo 17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales, se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad, como mínimo durante: a) Quince días. b) Treinta días. c) Diez días. d) No será necesario un plazo de información pública para el acuerdo provisional de ordenanzas fiscales, sino para el acuerdo definitivo.

90.- En relación con la publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales, determina el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que: a) Las entidades locales publicarán, en todo caso, los anuncios de exposición en el boletín oficial de la provincia. b) Las entidades locales publicarán, en todo caso, los anuncios de exposición en el boletín oficial de la comunidad autónoma respectiva. c) Las diputaciones provinciales, los órganos de gobierno de las entidades supramunicipales y los ayuntamientos de población superior a 10.000 habitantes deberán publicarlos, además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia. d) Las respuestas a) y c) son correctas.

91.- Los acuerdos de aprobación de las ordenanzas fiscales por el Pleno de los municipios, conforme a lo preceptuado en el artículo 47 la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, requiere: a) Mayoría simple de sus miembros presentes. b) Mayoría absoluta del número legal de sus miembros. c) Mayoría de dos tercios del número legal de sus miembros. d) Ninguna respuesta es correcta, pues la competencia de aprobación de las ordenanzas fiscales es de la Junta de Gobierno Local.

92.- Si no se hubieran presentado reclamaciones al acuerdo provisional de las ordenanzas fiscales una vez finalizado el período de exposición pública, dispone el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que: a) Se someterán a su aprobación definitiva por el Pleno. b) Se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional. c) Se someterán a su aprobación definitiva por la Junta de Gobierno Local. d) Entrarán en vigor.

93.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los acuerdos definitivos de las ordenanzas fiscales, incluyendo los provisionales elevados automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones: a) Habrán publicarse en todo caso en el boletín oficial de la provincia. b) No será necesario publicarlos en el boletín oficial de la provincia puesto que ya fueron sometidos a un período de información pública durante un plazo de treinta días. c) Podrán publicarse en el boletín oficial de la provincia. d) Solo es preceptiva la publicación de los acuerdos definitivos de las ordenanzas fiscales, pero no el de los acuerdos provisionales elevados automáticamente a tal categoría.

94.- Señala el artículo 17.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que dentro del primer cuatrimestre del ejercicio económico correspondiente, deberán editar el texto íntegro de las ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos, las diputaciones provinciales, consejos, cabildos insulares y, en todo caso, las demás entidades locales cuando su población sea superior a: a) 10.000 habitantes. b) 15.000 habitantes. c) 20.000 habitantes. d) Ninguna respuesta es correcta, pues no es necesario dicho requisito.

95.- No tienen la condición de interesados a efectos de reclamar contra los acuerdos provisionales de las ordenanzas fiscales, en virtud de lo determinado en el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: a) Los que tuvieran un interés directo. b) Los que resulten afectados por tales acuerdos. c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por los intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios. d) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por los intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando actúen en defensa de los que no les son propios.

96.- Determina el artículo 19.1 del que las ordenanzas fiscales de las entidades locales regirán durante el plazo previsto en ellas, siendo éste: a) Determinado. b) Indefinido. c) Limitado a un año. d) Las respuestas a) y b) son correctas.

97.- Contra la aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales de las entidades locales, según lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, podrá interponerse: a) El recurso de reposición. b) La reclamación económico administrativa en el caso de los municipios de gran población. c) El recuro económico administrativo contra disposiciones de carácter general. d) El recurso contencioso-administrativo.

98.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 19.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, si por resolución judicial firme resultaren anulados o modificados los acuerdos locales o el texto de las ordenanzas fiscales, la entidad: a) La entidad vendrá obligada a adecuar a los términos de la sentencia todas las actuaciones que haya llevado a cabo con anterioridad a la fecha en que aquélla le sea notificada. b) Salvo que expresamente lo prohibiera la sentencia, se mantendrán los actos firmes o consentidos dictados al amparo de la ordenanza que posteriormente resulte anulada o modificada. c) No se mantendrán, en ningún caso, los actos firmes o consentidos dictados al amparo de la ordenanza que posteriormente resulte anulada o modificada. d) Se mantendrán en todo caso, los actos firmes o consentidos dictados al amparo de la ordenanza que posteriormente resulte anulada o modificada.

99.- Determina el artículo 79.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico: a) En cualquier caso. b) Cuando así lo determine la Agencia Estatal de Administración Tributaria. c) Cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. d) Cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos sin la finalidad de intervención en la producción o distribución de bienes o servicios.

100.- En virtud de lo establecido en el artículo 45 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ¿pueden las entidades locales exigir los precios en régimen de autoliquidación?: a) No, solo pueden exigirse mediante autoliquidación los impuestos. b) Sí, así como también las tasas. c) No, solo pueden exigirse mediante autoliquidación las tasas. d) Sí, así como también las tasas y determinados impuestos.

33.- El art. 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, respecto a la publicación de las ordenanzas fiscales: A) Las diputaciones provinciales, los órganos de gobierno de las entidades supramunicipales y los ayuntamientos de población superior a 20.000 habitantes deberán publicarlos, además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia, o de la comunidad autónoma uniprovincial. B) Las diputaciones provinciales, los órganos de gobierno de las entidades supramunicipales y los ayuntamientos de población superior a 15.000 habitantes deberán publicarlos, además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia, o de la comunidad autónoma uniprovincial. C) Las diputaciones provinciales, los órganos de gobierno de las entidades supramunicipales y los ayuntamientos de población superior a 5.000 habitantes deberán publicarlos, además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia, o de la comunidad autónoma uniprovincial. D) Ninguna es correcta.

44.- De acuerdo con el artículo 78 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se puede afirmar en relación al Impuesto sobre Actividades Económicas: A) La actividad ganadera dependiente se considera, a los efectos de este impuesto, actividad empresarial. B) Es un tributo directo de carácter personal. C) Su hecho imponible está constituido por el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, que se ejerzan, en todo caso, en local determinado y se hallen especificadas en las tarifas del impuesto. D) Es actividad ganadera independiente, aquella en la que el conjunto de cabezas de ganado se alimenta fundamentalmente con piensos no producidos en la finca en que se críe.

36. Según el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las ordenanzas fiscales de las entidades locales se podrá interponer: a. Recurso potestativo de reposición. b. Recurso contencioso-administrativo. c. Recurso de alzada. d. Ninguna es correcta.

37. De conformidad con el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las diputaciones provinciales, consejos, cabildos insulares y, en todo caso, las demás entidades locales cuando su población sea superior a 20.000 habitantes, editarán el texto íntegro de las ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos: a. Dentro del primer cuatrimestre del ejercicio económico correspondiente. b Dentro del primer trimestre del ejercicio económico correspondiente. c. Dentro del primer semestre del ejercicio económico correspondiente. d. Dentro del segundo trimestre del ejercicio económico correspondiente.

38. Según el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las entidades locales no podrán exigir tasas por los servicios siguientes: a. Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público local. b. Instalación de quioscos en la vía pública. c. Protección civil. d. Portadas, escaparates y vitrinas.

39. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no están sujetos al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: a. Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos. b. Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 650 kilogramos. c. Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 850 kilogramos. d. Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 950 kilogramos.

65. Según establece el artículo 33 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el devengo de las contribuciones especiales se produce: a. En el momento de iniciarse la ejecución de las obras. b. En el momento en que las obras se hayan ejecutado. c. En el momento en que el servicio deje de prestarse. d. En el momento en que hay un acuerdo.

66. Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo previsto por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para que los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, presenten la declaración con los elementos imprescindibles para practicar la liquidación procedente es de: a. Treinta días naturales. b. Treinta días hábiles. c. Un mes. d. Dos meses.

20. El principio de tributación local, que impide el sometimiento a gravamen de los bienes situados, actividades desarrolladas, rendimientos originados o gastos realizados fuera del territorio de la respectiva entidad, se predica en el artículo 6 de la Ley de Haciendas Locales respecto de: a) Las tasas. b) Los impuestos. c) Los precios públicos. d) Ninguno de los anteriores.

21. Indica el artículo 16.1 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales que los acuerdos de aprobación de ordenanzas fiscales…. a) Deben adoptarse con carácter previo a los acuerdos de imposición de los respectivos tributos. b) Deben adoptarse con carácter posterior a los acuerdos de imposición de los respectivos tributos. c) Deben adoptarse simultáneamente a los acuerdos de imposición de los respectivos tributos. d) El artículo sólo indica que deben adoptarse ambos acuerdos sin especificar orden alguno.

22. Tiene consideración de ingresos de derecho privado al amparo de lo previsto en el artículo 3 de la Ley de Haciendas Locales: a) Adquisiciones a título de legado. b) El producto de las operaciones de crédito. c) Las multas y sanciones. d) Los rendimientos derivados de la prestación de servicios públicos.

23. Las Administraciones tributarias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales se facilitarán toda la información que mutuamente se soliciten. Ésta es una particularidad del principio regulado en el artículo 8 de la Ley de Haciendas Locales bajo la denominación: a) Cooperación. b) Colaboración. c) Cohesión. d) Asistencia Mutua.

40. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local así como 7 de la Ley de Haciendas Locales, las entidades locales podrán delegar las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaria: a) En ningún caso. b) En el Estado. c) En cualquier otra entidad local. d) En la Comunidad Autónoma.

41. Dispone el artículo 9 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales respecto de los beneficios fiscales: a) No podrán reconocerse en los tributos locales otros que no sean los previstos por las normas con rango de ley orgánica. b) No podrán reconocerse otros que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales. c) No podrán reconocerse otros que los expresamente legislados por la propia entidad local. d) No podrán reconocerse otros que los expresamente legislados por la propia entidad local en sus Ordenanzas Fiscales y normativa autonómica acorde.

24- El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, enumera los recursos de las entidades locales en el: a. Artículo 2. b. Artículo 4. c. Artículo 6. d. Artículo 8.

25- Según el artículo 59, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuál de los siguientes impuestos tiene carácter potestativo: a. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. b. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. c. El Impuesto sobre Actividades Económicas. d. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

26- Según el artículo 102, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el tipo de gravamen del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, no podrá exceder del: a. 2,50%. b. 3,60%. c. 4,00%. d. 5,00%.

63- De los siguientes tipos de ingresos, ¿cuál constituye un ingreso de derecho privado de conformidad con el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales?. a. Tasa por recogida de basuras. b. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. c. Adquisiciones a título de herencia. d. Tasa por utilización de pistas deportivas.

8- ¿Qué tipo de ingreso público es una subvención?. a. Impuesto. b. Recurso no tributario. c. Tasa. d. Precio público.

11. Los bienes patrimoniales se rigen por su legislación específica y, en su defecto, por: a. Las normas del Derecho Administrativo. b. Las normas del Derecho Privado. c. Las normas del Derecho Penal.

13. La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria se ejerce mediante: a. Precios públicos. b. Ordenanzas fiscales. c. Ambas son correctas.

48. El artículo 17 de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales regula: a. Imposición de sus tributos a través de ordenanzas fiscales. b. Elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales. c. Contenido de las ordenanzas fiscales.

50. No es un ingreso de las entidades locales: a. El procedente de multas y otras sanciones pecuniarias. b. La participación en los tributos del Estado y de las CC.AA. c. El derivado del Fondo de Compensación Interterritorial.

35. Según el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, en relación con las Ordenanzas Fiscales: a. Las entidades locales publicarán en todo caso los anuncios de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia, o, en su caso, en el de la Comunidad Autónoma Uniprovincial. b. Las Diputaciones provinciales, consejos, cabildos insulares y, en todo caso, las demás entidades locales cuando su población sea superior a 10.000 habitantes, editarán el texto íntegro de las ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos dentro del primer cuatrimestre del ejercicio económico correspondiente. c. Las Diputaciones provinciales, los órganos de gobierno de las entidades supramunicipales y los ayuntamientos de población superior a 20.000 habitantes deberán publicarlos en un diario de los de mayor difusión de la provincia, o de la comunidad autónoma uniprovincial. d. Todas las anteriores son correctas.

44. Tienen la consideración de Tributos propios de los Municipios: a) Tasas e Impuestos. b) Tasas, Contribuciones Especiales e Impuestos. c) Tasas, Precios Públicos e Impuestos.

60. ¿Qué norma regula las Haciendas Locales?: b) Ley 2/2004 de 5 de marzo. c) Real Decreto-Ley 2/2004, de 5 de marzo. a) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

98. Constituyen ingresos de derecho privado de las entidades locales los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio, así como las adquisiciones a título de herencia, legado o donación. a) A estos efectos, no se considerará patrimonio de las entidades locales el constituido por los bienes de su propiedad, así como por los derechos reales o personales, de que sean propietarios, susceptibles de valoración económica, siempre que unos y otros no se hallen afectos al servicio público. b) En ningún caso tendrán la consideración de ingresos de derecho privado los que procedan, por cualquier concepto, de los bienes de dominio público local. c) Tendrán también la consideración de ingresos de derecho público el importe obtenido en la enajenación de bienes integrantes del patrimonio de las entidades locales como consecuencia de su afectación como bienes de dominio público y posterior venta, aunque hasta entonces estuvieran sujetos a concesión administrativa. En tales casos, salvo que la legislación de desarrollo de las comunidades autónomas prevea otra cosa, quien fuera el último concesionario antes de la desafectación tendrá derecho preferente de adquisición directa de los bienes sin necesidad de subasta pública.

20.- En relación al art. 17 de la Ley Reguladora de las Haciendas locales: a) Finalizado el periodo de exposición pública las corporaciones locales adoptarán los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. b) En el caso que no se hubieran presentado reclamaciones, se elevará a definitivo el acuerdo hasta entonces provisional, mediante acuerdo plenario. c) En todo caso los acuerdos definitivos, excluyendo los provisionales elevados automáticamente a tal categoría, serán publicados en el boletín oficial estado. d) Todas son ciertas.

21.- Según art. 72 de la Ley Reguladora de las Haciendas locales, en caso de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados carácter permanente: a) Deberán los ayuntamientos exigir un recargo de hasta el 50% de la cuota liquida. b) Podrán los ayuntamientos exigir un recargo de hasta el 50% de la cuota integra. c) Deberán los ayuntamientos exigir un recargo de hasta el 50% de la cuota integra. d) Podrán los ayuntamientos exigir un recargo de hasta el 50% de la cuota liquida.

22.- Según dispone el art. 14. 2 de la Ley Reguladora de las Haciendas locales contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos: a) Solo podrá interponerse recurso de reposición. b) Recurso contencioso administrativo directamente. c) No cabe recurso vía administrativa. d) Son correctas a y b.

23.- Entre los servicios por el que las entidades locales no podrán exigir tasas de acuerdo con lo preceptuado en el art 21.1 de la Ley Reguladora de las Haciendas locales NO figura: a) Alumbrado vías públicas. b) Vigilancia publica general. c) Prevención y extinción de incendios. d) Enseñanza en los niveles obligatoria.

19. ¿Tienen las Entidades Locales potestad tributaria?. a) Sí, de carácter secundario. b) Solo la tiene el estado. c) Sí, de carácter primario. d) No.

46. La principal fuente de financiación de las haciendas locales son los/las: a) Tributos propios. b) Créditos obtenidos de las instituciones financieras. c) Ingresos de derecho privado. d) Prestaciones personales de los vecinos.

30. Señale en qué título del Real Decreto Legislativo, 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se regulan los recursos de los Municipios: a. Título I. b. Título II. c. Título III. d. Título IV.

31. El Real Decreto Legislativo, 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de derecho público de las entidades locales, sólo podrá interponerse: a. Recurso potestativo de reposición. b. Recurso de reposición. c. Recurso de alzada. d. Recurso extraordinario de revisión.

32. De los que se indican a continuación, señale cuál NO se considera un tributo propio de la hacienda de las entidades locales a tenor del Real Decreto Legislativo, 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: a. Tasas. b. Precios públicos. c. Impuestos. d. Contribuciones especiales.

33. Según el Real Decreto Legislativo, 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el Impuesto sobre Actividades Económicas, indique la respuesta correcta: a. A los efectos de la fijación del coeficiente de situación, el número de categorías de calles que debe establecer cada municipio no podrá ser inferior a 2 ni superior a 7. b. A los efectos de la fijación del coeficiente de situación, el número de categorías de calles que debe establecer cada municipio no podrá ser inferior a 2 ni superior a 9. c. A los efectos de la fijación del coeficiente de situación, el número de categorías de calles que debe establecer cada municipio no podrá ser inferior a 3 ni superior a 9. d. A los efectos de la fijación del coeficiente de situación, el número de categorías de calles que debe establecer cada municipio no podrá ser inferior a 3 ni superior a 7.

34. De acuerdo con el artículo 3, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se considera ingreso de carácter privado de una Entidad Local, el que procede de: a. Los tributos en general. b. Los tributos del Estado. c. Del patrimonio. d. De los precios públicos.

4.- El artículo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local que reconoce a los municipios, provincias y las islas, así como a otras entidades locales la potestad tributaria, es el: a) 1. b) 11. c) 34. d) 4.

5.- Conforme a lo determinado en el artículo 106.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la potestad reglamentaria de las Entidades locales en materia tributaria se ejercerá a través de: a) Las Ordenanzas Fiscales reguladoras de sus tributos. b) Las Ordenanzas Generales de Gestión, Recaudación e Inspección. c) Los Reglamentos Orgánicos Generales. d) Las respuestas a) y b) son correctas.

12.- La reclamación económico-administrativa, en virtud de lo preceptuado en el artículo 137.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, podrá interponerse contra los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos e ingresos de derecho público, de: a) Las Entidades locales. b) Los municipios de gran población. c) Los municipios de régimen común. d) Ninguna respuesta es correcta.

13.- En relación con el régimen de recursos contra los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos e ingresos de derecho público de las entidades locales, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 137 de la Ley 7/1985, de 2 de abril regulador de las Bases del Régimen Local, señale la respuesta correcta: a) En todas las Entidades locales podrá interponerse el recurso de reposición, si bien tendrá carácter potestativo solo en los municipios de gran población. b) La reclamación económico-administrativa podrá interponerse solo en todos los municipios, pero no el resto de Entidades locales. c) En los municipios de régimen común, el recurso de reposición tiene carácter potestativo. d) En los municipios de gran población deberá interponerse primero el recurso de reposición que tiene carácter preceptivo, y posteriormente, la reclamación económico-administrativa.

83. Respecto a las Ordenanzas Fiscales. a) Finalizado el período de exposición pública, las corporaciones locales adoptarán los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. Dando traslado a la Comunidad Autónoma en el plazo de 15 días. b) El texto íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones, habrán de ser publicados en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación. c) Las diputaciones provinciales, consejos, cabildos insulares y, en todo caso, las demás entidades locales cuando su población sea superior a 20.000 habitantes, editarán el texto íntegro de las ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos dentro del primer trimestre del ejercicio económico correspondiente.

4. RESERVA 4. Conforme al artículo 17 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo: a) Finalizado el período de exposición pública, las corporaciones locales adoptarán los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. b) En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se elevará a definitivo el acuerdo, hasta entonces provisional, mediante acuerdo plenario. c) En todo caso, los acuerdos definitivos, salvo los provisionales elevados automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de las ordenanzas con sus modificaciones, habrán de ser publicados en el boletín oficial del Estado.

32. De conformidad con el artículo 15 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo: a) Salvo en los supuestos previstos en dicha ley, las entidades locales deberán acordar la imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos. b) Los ayuntamientos que decidan hacer uso de las facultades que les confiere esta ley en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de los respectivos tributos, deberán acordar el ejercicio de tales facultades, y aprobar las oportunas cuotas tributarias. c) En todo caso será necesaria la aprobación de ordenanzas fiscales específicamente reguladoras de la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales.

53. De conformidad con el artículo 16 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las ordenanzas fiscales, a que se refiere el artículo 15.1 de la dicha ley, contendrán, al menos: a) La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo y devengo. b) Los regímenes de gestión y de liquidación. c) Las fechas de su declaración y del comienzo de ingreso.

29. Indique cuál de los siguientes tributos no tiene el Ayuntamiento la obligación de exigirlo: a) El impuesto sobre Bienes Inmuebles. b) El impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. c) El impuesto sobre Actividades económicas. d) El impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

32. El plazo de exposición pública de las ordenanzas fiscales es de: a) 30 días hábiles. b) 15 días naturales. c) 30 días naturales. d) 15 días hábiles.

33. Las entidades locales no podrán delegar en la Comunidad autónoma o en otras entidades locales, la siguiente facultad tributaria: a) Recaudación. b) Gestión. c) Imposición. d) Liquidación.

36. Cuál de los siguientes tipos de vehículos no está exento del impuesto de vehículos de tracción mecánica: a) Las ambulancias. b) Los tractores provistos de cartilla agrícola. c) Los vehículos con una antigüedad de mínima 25 años. d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. Todos están exentos.

38. En la exacción de los tributos locales se podrá no exigir intereses de demora: a) En cualquier tributo siempre que se solicite en periodo voluntario. b) En los aplazamientos y fraccionamientos de cualquier tributo solicitados en periodo voluntario que no superen el plazo de doce meses. c) En ningún caso se podrá eximir del cobro de los intereses de demora. d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

13. Los recursos de las Entidades locales estarán constituidos por: a. Las subvenciones. b. Los percibidos en concepto de precios públicos. c. El producto de las operaciones de crédito. d. Todas las respuestas son correctas.

96. Señale cual de los siguientes no es un recurso de la Hacienda Pública Local, según el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: a) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado. b) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales. c) Las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas. d) Los Ingresos por los Montes Vecinales en mano común titularidad del municipio.

97. Señale cual de los siguientes no es un recurso de la Hacienda Pública Local, según el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: a) Las subvenciones. b) Los percibidos en concepto de precios públicos. c) Las prestaciones pecuniarias a favor de los obligados tributarios de la Entidad Local. d) El producto de las operaciones de crédito.

98. Según el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, constituyen ingresos de derecho privado: a) El Patrimonio de las entidades Locales que sea susceptible de generar beneficio monetario. b) Los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio, así como las adquisiciones a título de herencia, legado o donación. c) Los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio. d) Ninguna de las anteriores.

18.- Las Entidades Locales participarán en los tributos del Estado: a) En la cuantía y según los criterios que se establecen en la Ley de Haciendas Locales. b) En la cuantía que establezca el Ministerio de Hacienda. c) En la forma y cuantía que se determine por las Leyes de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas. d) En la cuantía que establezca el Pleno de la Corporación.

19.- Las tasas podrán devengarse, según la naturaleza de su hecho imponible y conforme determine la respectiva ordenanza fiscal: a) Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. b) Cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial. c) Cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

20.- El tipo de gravamen del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras será el fijado por cada Ayuntamiento, sin que en ningún caso, dicho tipo pueda exceder: a) del 2 por 100. b) del 4 por 100. c) del 3 por 100. d) del 10 por 100.

89. Respecto de las haciendas municipales, elija la opción correcta: a. Todos los impuestos, tasas y contribuciones especiales previstas en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas locales son de imposición obligatoria para todos los municipios. b. Los municipios pueden establecer tasas por el servicio de limpieza viaria. c. El impuesto sobre construcciones y el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana son de imposición voluntaria para los municipios. d. Los municipios pueden establecer contribuciones especiales sin precisar acuerdo de imposición.

92. El importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad: a. Se tomará de referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización. b. En general, podrá exceder en su conjunto del coste real o previsible del servicio o actividad que se trate. c. En general podrá exceder del coste real del servicio cuando justifique en el expediente. d. En general podrá exceder del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate cuando se destine a fines sociales.

96. Señala la afirmación correcta, las Ordenanzas fiscales de los municipios: a. Se aprueban mediante Decretos de los respectivos Gobiernos autonómicos. b. Se aprueban mediante Decretos de los Alcaldes. c. Prevén un plazo de exposición pública. d. Siempre entran en vigor el 1 de enero del año siguiente al que se aprueben.

99. El impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: a. Es un tributo obligatorio. b. Es un tributo indirecto. c. Es un tributo de exacción obligatoria. d. Se devenga en el momento de finalizar la construcción, instalación u obra.

4. En un Ayuntamiento en el que la gestión censal del Impuesto de Actividades Económicas se ejerce por la Administración Tributaria del Estado, la concesión o denegación de las exenciones en dicho Impuesto le corresponde: A) A la Administración Tributaria del Estado. B) Al Ministerio de Hacienda. C) A la Agencia Estatal de Administración Tributaria. D) Al propio Ayuntamiento.

19. En cuál de los siguientes supuestos no procederá el prorrateo de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica?. A) Alta por primera adquisición del vehículo. B) Alta por transferencia del vehículo. C) Baja definitiva del vehículo. D) Baja temporal por sustracción del vehículo.

20. El devengo de las contribuciones especiales se produce: A) En el momento de iniciarse la ejecución de las obras. B) Al día siguiente de la publicación de la Ordenanza reguladora de las mismas. C) Con un año de antelación a la finalización de la ejecución de las obras. D) En el momento en que las obras se hayan ejecutado o el servicio haya comenzado a prestarse.

38. La base imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, Instalación u obra. ¿En qué momento se determinará el coste real y efectivo?: A) Cuando se solicita la licencia urbanística. B) Cuando se inicia la construcción, instalación u obra. C) Cuando finaliza la construcción, instalación u obra. D) Cuando el Ayuntamiento concede la licencia urbanística.

39. En el supuesto de que un Ayuntamiento no tenga aprobada la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, con relación con el mismo, el Ayuntamiento: A) No podrá cobrar este Impuesto. B) Podrá cobrar este Impuesto aplicando el coeficiente 2. C) Podrá cobrar este Impuesto por sus tarifas mínimas. D) Podrá cobrar este Impuesto con aplicación del coeficiente que desee.

41. ¿Cuál es el tipo de gravamen correspondiente a los bienes inmuebles urbanos en el impuesto sobre bienes inmuebles?. A) El tipo de gravamen mínimo y supletorio será el 0,4% y el máximo será el 0,9%. B) El tipo de gravamen mínimo y supletorio será el 0,3% y el máximo será el 1,10%. C) El tipo de gravamen mínimo y supletoria será el 0,3% y el máximo será el 0,9%. D) El tipo de gravamen mínimo y supletorio será el 0,4% y el máximo será el 1,10%.

42 ¿Cuál de las siguientes características es propia y predicable de las contribuciones especiales?. A) Se exige como consecuencia de la utilización privativa del dominio público. B) Se exige como contrapartida por la prestación de un servicio. C) Su exigencia no tiene contraprestación para la Administración. D) Supone la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes.

43. En la constitución de una Comunidad de bienes sobre un terreno de naturaleza urbana: A) Deben pagar el Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana cada uno de los integrantes de la Comunidad de Bienes. B) Debe pagar el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana la Comunidad de Bienes en cuanto Entidad con personalidad jurídica propia. C) Debe pagar el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana la Comunidad de Bienes en cuanto Entidad con Patrimonio separada. D) No está sujeta al Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana.

46. En el supuesto de contribuciones especiales por realización de una obra, un Ayuntamiento deberá cobrar la cuota correspondiente al sujeto pasivo que: A) Sea propietario en el momento de aprobación del expediente. B) Sea propietario tras la publicación de la ordenanza reguladora. C) Sea propietario en el momento de inicio de las obras. D) Sea propietario en el momento de finalización de las obras.

13.- Una condición para considerar de carácter privado los ingresos derivados de un derecho real a favor de una Entidad es que: a) Sean Tributarios. b) Dicho derecho real no se halle afecto a un uso o servicio público. c) No posea este tipo de derecho la susceptibilidad de valoración económica. d) Todo lo anterior es correcto.

83. Indique la respuesta incorrecta. Según lo previsto en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de prestación de servicios o de realización de actividades administrativas de competencia local, y en particular por los siguientes: a) Cementerios locales, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local. b) Asistencias y estancias en hogares y residencias de ancianos, guarderías infantiles, albergues y otros establecimientos de naturaleza análoga. c) Tránsito de ganados sobre vías públicas o terrenos de dominio público local.

84. En materia de impuestos, es cierto que: a) El tipo de gravamen del impuesto sobre Construcciones Instalaciones y obras será el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda exceder del dos por cien. b) En el caso del Impuesto sobre Actividades Económicas, los municipios deberán acordar su imposición y supresión, así como aprobar la correspondiente ordenanza fiscal reguladora. c) No están sujetos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles los inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados y se encuentren afectos a un servicio público gestionado directamente por el ayuntamiento, salvo cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.

87. Las contribuciones especiales: a) Se devengan en el momento en que las obras se hayan ejecutado o el servicio haya comenzado a prestarse. Si las obras fueran fraccionables, el devengo se producirá para cada uno de los sujetos pasivos desde que se hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo o fracción de la obra. b) Una vez aprobado el acuerdo concreto de imposición y ordenación, la entidad local en ningún caso podrá exigir por anticipado el pago de las contribuciones especiales en función del importe del coste previsto para el año siguiente. c) Podrá exigirse el anticipo de una nueva anualidad sin que hayan sido ejecutadas las obras para las cuales se exigió el correspondiente anticipo.

94. El IBI es: a) Un tributo indirecto de carácter real que recae sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos, y los bienes de características especiales. b) Un tributo directo de carácter personal que recae sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos, y los bienes de características especiales. c) Un tributo de carácter real que recae sobre bienes inmuebles rústicos y urbanos, y los bienes de características especiales.

98. Tienen la consideración de Recursos tributarios: a) Sanciones. b) Precios Públicos. c) Impuestos.

103. Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el establecimiento, supresión y ordenación de tributos, se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante: a) Treinta días, como mínimo. b) Treinta días, como máximo. c) Quince días, como mínimo.

34. Constituyen recursos de la Hacienda de las Entidades locales: a. Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos. b. Los alquileres de viviendas públicas municipales. c. Las dos anteriores respuestas son correctas.

80. Contra las Ordenanzas Fiscales de las entidades locales se podrá interponer: a. Recurso contencioso administrativo desde su publicación. b. Recurso contencioso administrativo desde su aprobación definitiva. c. Recurso contencioso administrativo desde su aprobación provisional.

23.-El artículo 44 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley Regulador de las Haciendas Locales, establece que el importe de los precios públicos: a) Podrá ascender como máximo al coste del servicio prestado. b) Deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado. c) Ha de ajustarse a los porcentajes establecidos en la Ley para cada tipo de servicio.

9- La principal fuente de financiación de las Haciendas Locales son los: a. Créditos obtenidos de las instituciones financieras. b. Ingresos de Derecho Privado. c. Tributos propios.

24- La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria se ejerce mediante…(señalar la que proceda). a. Precios Públicos. b. Leyes de Policía. c. Ordenanzas Fiscales.

26- Los bienes patrimoniales se rigen por su legislación específica, y en su defecto, por las normas de …(señalar la que proceda). a. Derecho Administrativo. b. Derecho Privado. c. Derecho Tributario.

1- La aprobación y modificación de las ordenanzas fiscales se someterán a información pública y audiencia de los interesados por el plazo mínimo de: a. Veinte días. b. Quince días. c. Treinta días.

11.- No está sujeto al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, según establece el artículo 92.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Hacienda Locales: a) Los vehículos que habiendo sido dados de alta en los Registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza. b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos. c) Los vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana. d) Las respuestas a y b son correctas.

12.- Las Ordenanzas fiscales podrán recoger bonificaciones al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, según establece el artículo 95.6 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Hacienda Locales. Indique cual de las siguientes bonificaciones no es correcta: a) Una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de la clase de carburante que consuma el vehículo, en razón a la incidencia de la combustión de dicho carburante en el medio ambiente. b) Una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de las características de los motores de los vehículos y su incidencia en el medio ambiente. c) Una bonificación de hasta el 100 por cien para los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar. d) Una bonificación de hasta el 100 por cien para las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

14.- La base imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles estará constituida por: a) El valor del inmueble en el mercado. b) El precio de la última compra del inmueble. c) El precio que tase el Tesorero Municipal. d) El valor catastral del Bien Inmueble.

15.- ¿Qué es la base imponible?. a) Es la magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o valoración del hecho imponible. b) Es la cuota íntegra. c) Es la deuda tributaria. d) Es la base liquidable.

17.- Indique cuál de los siguientes ingresos no es de derecho privado: a) Rentas patrimoniales. b) Contribuciones especiales. c) Cánones concesionales. d) Los derivados de la venta de energía eléctrica.

18.- Señale la deuda de vencimiento periódico y notificación colectiva: a) Multa por sanción de tráfico. b) Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. c) Alta de vehículo nuevo en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. d) Recibo del ejercicio corriente del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (incluido en lista cobratoria en ejercicios anteriores).

19.- ¿Cuándo comienza el período ejecutivo de recaudación de una deuda liquidada por la administración?. a) Al final del ejercicio. b) Al día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso. c) Al comienzo del ejercicio. d) Desde el día siguiente a la notificación de la providencia de apremio.

20.- Indique cuál de los siguientes impuestos no es de obligatoria imposición: a) Impuesto de Bienes Inmuebles. b) Impuesto de Actividades Económicas. c) Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. d) Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

21.- A la muerte de los obligados tributarios (personas físicas), ¿cuál de estas afirmaciones es cierta?: a) Los herederos no están obligados al pago. b) Los herederos están obligados solamente al pago de las sanciones derivadas si las hubiese. c) Mientras la herencia se encuentre yacente, el cumplimiento de las obligaciones tributarias del causante corresponderá al representante de la herencia yacente. d) Solamente los familiares son los obligados al pago.

22.- En condición de sujetos pasivos del IVTM actúan las personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad: a) A cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación el 31 de diciembre de cada año. b) A cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación en el momento del devengo. c) Que sean poseedoras del vehículo en el momento del devengo. d) Ninguna es correcta.

23.- El IVTM es: a) Un impuesto directo, de carácter obligatorio, con el que anualmente se grava la titularidad de los vehículos de tracción mecánica aptos para circular. b) Un impuesto indirecto, de carácter obligatorio, con el que anualmente se grava la titularidad de los vehículos de tracción mecánica aptos para circular. c) Un impuesto directo, de carácter potestativo, con el que anualmente se grava la titularidad de los vehículos de tracción mecánica aptos para circular. d) Ninguna es correcta.

24.- La base imponible de las contribuciones especiales está constituida: a) Como máximo, por el 10% del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. b) Como máximo, por el 90 % del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. c) Como mínimo, el Ayuntamiento deberá financiar un 90% de la ejecución. d) Ninguna es correcta.

25.- Los Ayuntamientos exigirán obligatoriamente los impuestos sobre: a) Bienes Inmuebles, Actividades Económicas y Vehículos de Tracción Mecánica. b) Bienes Inmuebles y Construcciones, Instalaciones y Obras. c) Bienes Inmuebles, Vehículos de Tracción Mecánica y Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. d) Bienes Inmuebles, Actividades Económicas, Vehículos de Tracción Mecánica y Construcciones, Instalaciones y Obras.

26.- La cuota tributaria de una tasa consistirá en: a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa. b) Una cantidad fija señalada al efecto. c) La cantidad resultante de aplicar conjuntamente los procedimientos señalados en las respuestas a y b. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

27.- Un bien inmueble de titularidad municipal afecto a un uso público: a) Está sujeto y exento en el IBI. b) Está sujeto y no exento si bien no tributaria dado que la condición de acreedor y deudor recaería en el mismo municipio. c) Es un supuesto de no sujeción. d) Está sujeto si bien la cuota se vería bonificada.

28.- Señala cual de las siguientes respuestas corresponde a la definición del hecho imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, de acuerdo con el artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales: a) El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda al ayuntamiento de la imposición. b) El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, y sea cual sea la administración a la que corresponda la expedición de la licencia. c) El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término territorial del Ente Local que lo recaude, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia. d) Todas son correctas.

29.- Una condición para considerar de carácter privado los ingresos derivados de un derecho real a favor de una Entidad es que: a) Sean tributarios. b) Dicho derecho real no se halle afecto a un uso o servicio público. c) No posea este tipo de derecho la susceptibilidad de valoración económica. d) Todo lo anterior es correcto.

30.- Indicar cual de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con los ingresos de Derecho Privado de las Entidades Locales: a) Constituyen ingresos de Derecho Privado de las Entidades Locales los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio, así como las adquisiciones a título de herencia, legado o donación. b) A efectos de los ingresos de Derecho Privado, se considerará patrimonio de las Entidades Locales el constituido por los bienes de su propiedad, así como por los derechos reales o personales de que sean titulares, susceptibles de valoración económica siempre que unos y otros no se hallen afectos al uso o servicio público. c) En ningún caso tendrán la consideración de derecho privado los que procedan, por cualquier concepto, de los bienes de dominio público local. d) Todas las respuestas son correctas.

33.- Indique que recargo es compatible con la exigencia de interés de demora: a) el recargo ejecutivo. b) el recargo de apremio reducido. c) el recargo de apremio ordinario. d) todos los recargos son compatibles con la exigencia de interés de demora.

¿Qué tributos son exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible esta constituido por un negocio que pone de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo como consecuencia de la posesión de un patrimonio?. Las contribuciones especiales. Los impuestos. Las tasas. Los precios públicos.

¿Cómo se denomina el tributo cuyo hecho imponible esta constituido por el beneficio de un aumento de valor de los bienes de un sujeto pasivo a raíz de una actuación pública?. Tasa. Contribución especial. Impuesto. Precio público.

¿Cuál de los siguientes no es un tributo?. Las tasas. Los impuestos. Los precios públicos. Las contribuciones especiales.

¿A quien le corresponde la facultad originaria para establecer tributos?. Al Estado. Al Estado y a las Comunidades Autónomas. Al Estado y a los entes territoriales. A los entes territoriales.

¿Qué tipo de potestad tributaria tienen las corporaciones locales?. Primaria. Originaria. Derivada. Común.

¿Cuál de los siguientes no se considera recurso para las haciendas locales?. Una subvención. Los ingresos percibidos en concepto de precios públicos. Las participaciones en los tributos de la Comunidad Autónoma. La prestación personal en todos los municipios.

¿Cuál es el máximo de la base imponible de las contribuciones especiales?. El 70% del coste que la entidad soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de servicios. El 80% del coste que la entidad soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de servicios. El 90% del coste que la entidad soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de servicios. El 100% del coste que la entidad soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de servicios.

¿Qué municipios pueden imponer una prestación personal a sus vecinos?. Todos. Los que cuenten con menos de 5.000 habitantes. Los que cuenten con menos de 50.000 habitantes. Los que cuenten con menos de 500 habitantes.

¿Cómo se denominan las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de un servicio en el que no concurren las circunstancias especiales del art. 20.1 de la ley reguladora de las Haciendas locales?. Tasas. Impuestos. Contribuciones especiales. Precios públicos.

¿Qué articulo del Texto refundido de la Ley de Haciendas locales establece el concepto de precio público?. El artículo 41. El artículo 42. El artículo 43. El artículo 44.

¿Quién establece la imposición de precios públicos?. El Alcalde. El Pleno. La Comisión de Gobierno. La Comunidad Autónoma.

Las Corporaciones Locales pueden exigir tributos, a tenor del artículo 133 de la Constitución: De acuerdo con las leyes. De acuerdo con la Constitución y las leyes. De acuerdo con la Constitución. De acuerdo con el ordenamiento jurídico.

¿Quién puede acordar operaciones de crédito en un municipio de régimen común?. El Pleno o Alcalde, según su competencia. El Alcalde. El Pleno. El Secretario.

¿Cuál de los siguientes tributos puede formar parte de los recursos de una comarca?. Recargo sobre el IBI. Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Contribuciones especiales. Impuesto sobre Actividades Económicas.

¿Qué tipo de ingresos son los tributos?. De derecho privado. De derecho público. De derecho común. De derecho especial.

¿Que articulo del Texto refundido de la Ley de haciendas locales establece los tipos de recursos que integran las haciendas locales?. El artículo 2. El artículo 4. El artículo 6. El artículo 7.

¿Cuál de los siguientes tributos no puede formar parte de los recursos de un área metropolitana?. Recargo sobre el IBI. Subvenciones específicas. Contribuciones especiales. Impuesto sobre Actividades Económicas.

¿Cuál de los siguientes impuestos tiene carácter optativo?. EI IBI. ΕΙ ΙΑΕ. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El Impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras.

La potestad reglamentaria de las entidades locales se ejerce a través de: Las ordenanzas fiscales. Las ordenanzas tributarias. Las ordenanzas presupuestarias. Las ordenanzas económicas.

Dentro de la estructura estatal, ¿Qué órgano cuenta con potestad para establecer tributos?. El Gobierno. El Congreso de los Diputados. El Senado. Las Cortes Generales.

¿Cuál de los siguientes tributos puede formar parte de los recursos de una mancomunidad?. Recargo sobre el IAE. Recargo sobre el IBI. Contribuciones especiales. Impuesto sobre Actividades Económicas.

Las ordenanzas fiscales se aprobaran por mayoría?. Simple en los municipios de régimen común. Absoluta en los municipios de gran población. Simple en cualquier municipio. Mayoría de 3/5 en cualquier municipio.

Según el artículo 78 de la LHL: El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen especificadas en las tarifas del impuesto. El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas siempre que se ejerzan en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto. El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto. El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible esta constituido por el mero ejercicio, en territorio nacional o internacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto.

Según el artículo 78 de la LHL: Se consideran, a los efectos de este impuesto, actividades empresariales las ganaderas, cuando tengan carácter dependiente, las mineras, industriales, comerciales y de servicios. Se consideran, a los efectos de este impuesto, actividades empresariales las ganaderas, cuando tengan carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales y de servicios. Se consideran, a los efectos de este impuesto, actividades profesionales las ganaderas, cuando tengan carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales y de servicios. Se consideran, a los efectos de este impuesto, actividades empresariales las ganaderas, cuando tengan carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales y turísticas.

Según el artículo 78 de la LHL: No tienen la consideración de actividades empresariales las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras, no constituyendo hecho imponible por el impuesto ninguna de ellas. Tienen la consideración de actividades empresariales las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras, constituyendo hecho imponible por el impuesto cada una de ellas. No tienen la consideración de actividades empresariales las actividades agrícolas, las ganaderas independientes, las forestales y las pesqueras, no constituyendo hecho imponible por el impuesto ninguna de ellas. No tienen la consideración de actividades empresariales las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras, constituyendo hecho imponible por el impuesto cada una de ellas.

Según el artículo 78 de la LHL, tendrá la consideración de ganadería independiente el conjunto de cabezas de ganado que se encuentre comprendido en alguno de los casos siguientes: Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no sean explotadas agrícola o forestalmente por el dueño del ganado. El estabulado fuera de las fincas rusticas y el trashumante o trasterminante. Aquel que se alimente fundamentalmente con piensos no producidos en la finca en que se crie. Todas son correctas.

Según el artículo 79 de la LHL, se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico, cuando: Suponga la ordenación por cuenta ajena de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. Suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. Suponga la ordenación por cuenta propia o ajena de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. Suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción y distribución de bienes o servicios.

Según el artículo 81 de la ley de Haciendas Locales. No constituye hecho imponible del IAE el ejercicio de las siguientes actividades: La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas que hubieran figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado con más de dos años de antelación a la fecha de transmitirse, y la venta de bienes de uso particular y privado del vendedor siempre que los hubiese utilizado durante cuatro años de antelación. La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas que hubieran figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado con más de un año de antelación a la fecha de transmitirse, y la venta de bienes de uso particular y privado del vendedor siempre que los hubiese utilizado durante igual período de tiempo. La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas que hubieran figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado con más de tres años de antelación a la fecha de transmitirse, y la venta de bienes de uso particular y privado del vendedor siempre que los hubiese utilizado durante igual período de tiempo. La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas que hubieran figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado con mas de dos anos de antelación a la fecha de transmitirse, y la venta de bienes de uso particular y privado del vendedor siempre que los hubiese utilizado durante igual período de tiempo.

Según el artículo 81 de la ley de Haciendas Locales. No constituye hecho imponible del IAE el ejercicio de las siguientes actividades: La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del establecimiento. La exposición de artículos para regalo a los clientes. La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del establecimiento y la exposición de artículos para regalo a los clientes. Ni la exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del establecimiento ni la exposición de artículos para regalo a los clientes.

Según la literalidad del artículo 81 de la LHL no constituye hecho imponible del IAE el ejercicio de las siguientes actividades: La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos profesionales o servicios personales. La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios profesionales. La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales y servicios profesionales. La venta de los servicios que se reciben en pago de trabajos personales o servicios profesionales.

Están exentos del impuesto sobre actividades económicas: La Cruz Roja Española. Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de tratados o convenios internacionales. Las personas físicas, sean o no residentes en territorio español. Todas son correctas.

La empresa X empieza su actividad de venta de productos de papelería en España el 30 de noviembre de 2023. ¿Hasta que fecha podrá gozar de la exención del IAE por inicio de actividad?. Hasta el 30 de noviembre de 2025. Hasta el 30 de noviembre de 2024. Hasta el 31 de diciembre de 2025. Hasta el 31 de diciembre de 2024.

La empresa X empieza su actividad de venta de productos de papelería en España el 1 de enero de 2015 en un local de Barcelona. El 1 de enero de 2024 abre otro local en Málaga capital donde realiza la actividad de venta de productos de papelería. ¿Hasta que fecha podrá gozar de la exención de inicio de actividad por el segundo local?. Hasta el 1 de enero de 2026. Hasta el 31 de diciembre de 2025. Hasta el 1 de enero de 2025. La empresa X no podrá gozar de dicha exención por el local de Málaga.

Don Jacinto Pérez es autónomo y se dedica a prestar servicios de asesoría fiscal. ¿Estará sujeto Don Jacinto al Impuesto sobre actividades económicas?. Sí, estará sujeto y no exento. Sí, estará sujeto pero está exento. No, no está sujeto. Sí, está sujeto pero podrá aplicarse la bonificación obligatoria por ser persona física.

La empresa X se dedica a la compra-venta de viviendas. ¿Estará sujeta al IBI por las viviendas objeto de venta?. Sí, ya que ostenta el derecho de propiedad sobre éstas, siempre y cuando figure como propietaria de cada una de ellas a fecha 1 de enero de cada año. No, ya que es el objeto de su actividad económica. Estaría por lo tanto, solo sujeta al Impuesto sobre Actividades Económicas, pero no al IBI. No, ya que la empresa X, no ostenta ningún derecho sobre dichas viviendas, ya que no forman parte del inmovilizado. Ninguna es correcta.

Las ordenanzas fiscales de las Entidades locales: Reproducen a escala local la legislación tributaria del Estado. Son el correlato, en el ámbito municipal, de la legislación autonómica correspondiente. Son válidas para el sistema tributario de la Corporación Local respectiva. Son la manifestación de la potestad normativa de las Entidades Locales pero referida a sus propios tributos.

Los tributos: Son ingresos de derecho público. Se obtienen por los Entes Públicos. Se obtienen en virtud de la potestad de imposición. Todas son correctas.

Los municipios pueden disponer de un recurso por medio de los recargos establecidos sobre los impuestos de: La respectiva Comunidad Autónoma. Cualquier provincia. Las Entidades Locales menores que tenga a su cargo. Todas son correctas.

Las aportaciones de los cónyuges a la sociedad conyugal, en relación al Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana: Son operaciones exentas. No están sujetas a este tributo. Son operaciones deducibles. Están sujetas a este tributo.

¿Cuál de las siguientes características no es propia de las tasas ?: Es un ingreso de derecho público. Se devengan con la utilización privativa del dominio público local. Es necesario que el particular solicite la prestación del servicio o la utilización del dominio público. Es necesario que exista una necesidad individualizable atendida solo por el sector público.

Las ordenanzas de gestión, recaudación o inspección son todas ellas ordenanzas: Fiscales. Generales. Especiales. De actividades y servicios locales.

En el Impuesto sobre Construcción, Instalaciones y Obras, ¿Quién fija el tipo de gravamen a aplicar a la base imponible?: La Administración Tributaria del Estado. El Ayuntamiento. La Consejería competente en materia de Hacienda de la Comunidad Autónoma. La Dirección General del Catastro.

Está sujeto al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: Un vehículo matriculado en el registro público correspondiente. Un remolque arrastrado por vehículo de tracción mecánica con carga de 750 kilogramos. Un vehículo dado de baja en el registro que circula excepcionalmente en un certamen. Un semirremolque con carga inferior a 750 kilogramos.

Según el artículo 44 de LHL. El importe de los precios públicos: Deberá cubrir, como mínimo, el coste del servicio prestado o de la actividad realizada. No podrá exceder del coste del servicio prestado o de la actividad realizada. No podrá exigirse en régimen de autoliquidación. Deberá cubrir, como mínimo, la mitad del coste del servicio prestado o de la actividad realizada.

En el impuesto de bienes inmuebles, el hecho imponible debe tener en cuenta los siguientes derechos: El derecho de posesión. El derecho real de usufructo. El derecho real de arrendamiento. Ninguna es correcta.

Es sujeto pasivo del impuesto de bienes inmuebles: Las personas naturales. Las entidades a que se refiere el art. 35.7 de la LGT. Las entidades a que se refiere el art. 34.2 de la LGT. Las personas naturales y las entidades a que se refiere el art. 35.7 de la LGT.

Según el artículo 16 de LHL. Las ordenanzas fiscales de los tributos locales de exacción obligatoria contendrán, además de los elementos necesarios para la determinación de la cuota tributaria de los respectivos impuestos: La fecha de modificación. La fecha de comienzo de su aplicación. La fecha de publicación. La fecha de finalización de su vigencia.

Los principios constitucionales que rigen en relación con las Haciendas Locales son: Igualdad y progresividad. Eficiencia y economía. Suficiencia y autonomía. Autonomía y solidaridad.

La principal fuente de financiación de las Haciendas Locales son: Los ingresos de Derecho privado. Los Tributos propios. Los créditos obtenidos de las instituciones financieras. Prestaciones personales de los vecinos.

La potestad tributaria de las Entidades Locales: No tiene base legal alguna. Es de carácter derivado. Es de carácter originario. En su territorio, tiene mayor valor que la propia del Estado.

Las Entidades Locales podrán dictar normas en relación a su potestad tributaria a través de: Ley. Reglamento General. Bando. Ordenanza Fiscal.

Los recursos de la Hacienda de las Entidades Locales han de estar previstos, previa y originariamente en un/una: Ley de las Cortes Generales. Ley del Parlamento Autonómico correspondiente. Ordenanza fiscal de la propia Entidad. Reglamento de carácter general.

EI Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, es de fecha: 5 de marzo de 2004. 5 de mayo de 2004. 8 de abril de 2004. 8 de mayo de 2004.

Respecto de los tributos previamente creados por una ley estatal como propios de las Entidades Locales, éstas tienen: Autonomía para establecerlos y exigirlos. Que delegar en el Estado su gestión y recaudación. Actuar al dictado de lo que señalen las Comunidades Autónomas respectivas. Que ceder su aprovechamiento al propio Estado.

En relación con la gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, las entidades Locales pueden: Descentralizarlas en Entidades inferiores. Concederlas a un particular o empresa privada con personalidad jurídica. Desconcentrarlas en otra Administración Pública. Delegarlas en otra Entidad Local.

La adquisición de un bien donado por un particular se considera: Ingreso de dominio público local. Ingreso de Derecho Público. Ingreso de Derecho Privado. Contribución especial.

Por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, las Entidades Locales podrán establecer: Tasas. Tributos. Contribución especial. Recargo.

Las Entidades Locales no podrán exigir tasas por: Servicios de prevención y extinción de incendios. Servicio de desinfectación y/o desinsectación prestados a domicilio. Abastecimiento de aguas en fuentes públicas. Visitas a museos y bibliotecas.

Cuando una Entidad Local realiza una obra pública, en virtud de la cual un ciudadano experimenta un incremento de valor en sus bienes, puede exigirle el pago de: Impuesto. Contribución especial. Tasa. Precio Público.

Son recursos de las Haciendas de las Entidades Locales: Los ingresos procedentes de su patrimonio. Las subvenciones. EI producto de las operaciones de crédito. Todas las respuestas anteriores son correctas.

¿Qué artículo del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales enumera los recursos de las Entidades Locales?: 2. 4. 6. 11.

EI importe de los precios públicos deberá cubrir: EI coste del servicio prestado o de la actividad realizada, como máximo. EI coste del servicio prestado o de la actividad realizada, como mínimo. EI coste del servicio prestado más los intereses. EI coste de la actividad realizada más los intereses.

¿Qué artículo de la Constitución establece que las haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y que las mismas se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas?: EI artículo 140. EI artículo 142. EI artículo 150. EI artículo 145.

En ningún caso tendrán la consideración de ingresos de Derecho privado los que procedan de: Bienes de dominio público local. Bienes propiedad de la entidad local. Derechos reales o personales. Importe de la enajenación de bienes integrantes de su patrimonio.

¿Cuál es el total de artículos que conforman el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales?: 169. 200. 214. 223.

Para la financiación de sus inversiones, las Entidades Locales tendrán que acudir a: Contratación de operaciones preexistentes. Emisión de créditos. Contratación de préstamos. Sustitución de deuda pública.

EI crédito podrá instrumentarse mediante: Emisión pública de deuda. Cualquier otra apelación al crédito público o privada. Contratación de préstamos o crédito. Todas las respuestas anteriores son correctas.

¿QUÉ TIPO DE TRIBUTO ES EL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. NATURAL. PERSONAL. PERIODICO. DIRECTO.

¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES TRIBUTOS PUEDE FORMAR PARTE DE LOS RECURSOS DE UNA COMARCA?. SUBVENCIONES ESPECÍFICAS. RECARGO SOBRE EL IBI. CONTRIBUCIONES ESPECIALES. IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

CONFORME AL ARTÍCULO 142 DE LA CONSTITUCIÓN, LAS HACIENDAS LOCALES SE NUTRIRÁN FUNDAMENTALMENTE: DE SUS TRIBUTOS PROPIOS. DE SUS TRIBUTOS PROPIOS, DE SU PARTICIPACIÓN EN LOS DEL ESTADO Y EN LOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. DE SUS TRIBUTOS PROPIOS, Y DE SU PARTICIPACIÓN EXCLUSIVAMENTE EN LOS DEL ESTADO. DE SU PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO Y EN LOS TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS ESTÁN EXENTOS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA?. LOS VEHÍCULOS AGRÍCOLAS. LOS VEHÍCULOS CON ANTIGÜEDAD DE MÁS DE 20 AÑOS. LOS REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA CUYA CARGA ÚTIL SEA SUPERIOR A 750 KILOGRAMOS. LOS REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA CUYA CARGA ÚTIL NO SEA SUPERIOR A 750 KILOGRAMOS.

¿CUAL ES EL PORCENTAJE LIMITE DEL TIPO DE GRAVAMEN DEL IMPUESTO SOBRE INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS?. 2,40%. 3,20%. 3,60%. 4%.

CONFORME AL ARTÍCULO 133 C.E., ¿A QUIÉN LE CORRESPONDE LA POTESTAD ORIGINARIA PARA ESTABLECER TRIBUTOS?. AL ESTADO. A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. A LAS CORPORACIONES LOCALES. LAS RESPUESTAS A Y B SON CORRECTAS.

¿QUÉ TRIBUTOS SON EXIGIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN CUYO HECHO IMPONIBLE ESTÁ CONSTITUIDO POR NEGOCIOS, ACTOS O HECHOS DE NATURALEZA JURÍDlCA O ECONÓMICA, QUE PONEN DE MANIFIESTO LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DEL SUJETO PASIVO, COMO CONSECUENCIA DE LA POSESIÓN DE UN PATRIMONIO, LA CIRCULACIÓN DE LOS BIENES O LA ADQUISICIÓN O GASTO DE LA RENTA?. LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES. LOS IMPUESTOS. LOS PRECIOS PÚBLICOS. LAS TASAS.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN, ¿QUIÉN PODRÁ ESTABLECER Y EXIGIR TRIBUTOS DE ACUERDO CON LA CONSTITUCIÓN Y CON LAS LEYES?. A. LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. B. LAS CORPORACIONES LOCALES. C. EL ESTADO EXCLUSIVAMENTE. D. LAS RESPUESTAS A Y B SON CORRECTAS.

¿EL IMPORTE OBTENIDO EN LA ENAJENACIÓN DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES LOCALES COMO CONSECUENCIA DE SIJ DESAFECTACIÓN COMO BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y POSTERIOR VENTA, TENDRÁN LA CONSIDERACIÓN DE?. INGRESOS DE DERECHO PRIVADO. INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO. IMPUESTOS. TASAS.

¿QUÉ TIPO DE INGRESOS SON LOS TRIBUTOS?. DE DERECHO ESPECIAL. DE DERECHO PÚBLICO. DE DERECHO PRIVADO. DE DERECHO COMÚN.

DENTRO DE LA ESTRUCTURA ESTATAL ¿QUÉ ÓRGANO CUENTA CON POTESTAD PARA ESTABLECER TRIBUTOS?. EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. EL SENADO. EL GOBIERNO. LAS CORTES GENERALES.

¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES IMPUESTOS TIENE CARÁCTER POTESTATIVO?. EL IMPUESTO SOBRE INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES Y OBRAS. EL IBI. EL IAE. EL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.

¿QUIÉN PUEDE ACORDAR OPERACIONES DE CRÉDITO EN UN AYUNTAMIENTO DE GRAN POBLACIÓN?. A. EL ALCALDE. B. EL PLENO. C. A O B SEGÚN LOS CASOS. D. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

EL TRIBUTO DIRECTO QUE GRAVA EL INCREMENTO DE VALOR QUE EXPERIMENTEN DICHOS TERRENOS Y SE PONGA DE MANIFIESTO A CONSECUENCIA DE LA TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD DE LOS MISMOS POR CUALQUIER TÍTULO O DE LA CONSTITUCIÓN O TRANSMISIÓN DE CUALQUIER DERECHO REAL DE GOCE, LIMITATIVO DEL DOMINIO, SOBRE LOS REFERIDOS TERRENOS, ES: EL IBI. EL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. EL ICIO. EL IAE.

¿CUÁL ES EL MÁXIMO DE LA BASE IMPONIBLE DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES?. EL 80% DEL COSTE QUE LA ENTIDAD SOPORTE POR LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS O POR EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS. EL 100% DEL COSTE QUE LA ENTIDAD SOPORTE POR LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS O POR EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS. EL 90% DEL COSTE QUE LA ENTIDAD SOPORTE POR LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS O POR EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS. EL 70% DEL COSTE QUE LA ENTIDAD SOPORTE POR LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS O POR EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS.

¿QUÉ TIPO DE TRIBUTO ES EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS?. INMEDIATO. REAL. INDIRECTO. SOCIAL.

¿CÓMO SE DENOMINAN LAS CONTRAPRESTACIONES PECUNIARIAS QUE SE SATISFAGAN POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO EN EL QUE NO CONCURREN LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DE LAS TASAS?. PRECIOS PÚBLICOS. IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES ESPECIALES. NINGUNA ES CORRECTA.

¿QUÉ BENEFICIO FISCAL RESPECTO A LA CUOTA, PUEDEN OBTENER LOS SUJETOS PASIVOS QUE DOMICILIEN SUS DEUDAS DE VENCIMIENTO PERIÓDICO EN UNA ENTIDAD FINANCIERA, ANTICIPEN PAGOS O REALICEN ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN COLABORACIÓN EN LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS?. 2%. 5%. 4%. 3%.

¿QUÉ TIPO DE BENEFICIO FISCAL TIENEN EN EL IVTM LOS VEHÍCULOS PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA?. UNA EXENCIÓN DE OFICIO. UNA BONIFICACIÓN DEL 100%. UNA EXENCIÓN A SOLICITUD DEL INTERESADO. UNA BONIFICACIÓN DE HASTA EL 100%.

¿QUÉ NOMBRE RECIBE EL INGRESO QUE OBTIENEN LOS ENTES LOCALES EN VIRTUD DE SU PODER DE IMPOSICIÓN?. TRIBUTO. TASA. IMPUESTO. MULTA.

LA BASE IMPONIBLE EN EL SISTEMA DE CÁLCULO DE LA NUEVA PLUSVALÍA MUNICIPAL, POR EL MÉTODO OBJETIVO, ESTARÁ CONSTITUIDA: POR EL VALOR CATASTRAL DEL TERRENO EN EL MOMENTO DEL DEVENGO DEL IMPUESTO. POR EL VALOR CATASTRAL DEL TERRENO EN EL MOMENTO DEL DEVENGO DEL IMPUESTO, MULTIPLICADO POR LOS COEFICIENTES DEL ART. 107.4 DE LA LHL. POR EL INCREMENTO DE VALOR DEL TERRENO, CONFORME A LO CALCULADO EN EL ART. 104.5. POR EL VALOR CATASTRAL DEL TERRENO EN LA FECHA DE ADQUISIÓN Y DE TRANSMISIÓN, MULTIPLICADO POR LOS COEFICIENTES DEL ART. 107.4 EN BASE A LOS AÑOS QUE SE HA TENIDO EN PROPIEDAD EL INMUEBLE.

LOS TRIBUTOS SE CLASIFICAN EN: TASAS E IMPUESTOS. TASAS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES E IMPUESTOS. CONTRIBUCIONES ESPECIALES E IMPUESTOS. INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO.

SEGÚN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY REGULADORA DE LAS BASES DE RÉGIMEN LOCAL, LAS ORDENANZAS QUE REGULEN TRIBUTOS LOCALES COMIENZAN A APLICARSE: EL MISMO DÍA DE SU PUBLICACIÓN. EN EL MOMENTO DE SU PUBLICACIÓN DEFINITIVA EN EL BOLETÍN OFICIAL CORRESPONDIENTE. A LOS DOS MESES DE SU PUBLICACIÓN. AL AÑO SIGUIENTE SU PUBLICACIÓN.

¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES NO ES UN TRIBUTO?. LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES. LAS TASAS. LOS IMPUESTOS. LOS PRECIOS PÚBLICOS.

¿QUÉ DÍA SE DEVENGA EL IBI?. EL DÉCIMO DÍA HÁBIL DEL PERIODO IMPOSITIVO. EL TERCER DÍA HÁBIL DEL PERIODO IMPOSITIVO. EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO IMPOSITIVO. EL PRIMER DÍA DEL PERIODO IMPOSITIVO.

¿QUÉ TIPO DE TRIBUTO ES EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES?. INMEDIATO. SOCIAL. REAL. INDIRECTO.

¿QUIÉN ESTABLECE LA IMPOSICIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS?. EL ALCALDE. LA COMISIÓN DE GOBIERNO. LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. EL PLENO.

CONFORME AL ART. 134 DE LA LRBL, EN LOS MUNICIPIOS DE GRAN POBLACIÓN, LAS FUNCIONES DE PRESUPUESTACIÓN, CONTABILIDAD, TESORERÍA Y RECAUDACIÓN SERÁN EJERCIDAS POR EL ÓRGANO U ÓRGANOS QUE SE DETERMINEN: POR EL PLENO. POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. POR EL ALCALDE. POR EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA CORPORACIÓN.

La base imponible del IBI es: EI valor catastral del suelo. EI valor catastral del suelo y de la construcción. EI valor catastral de la construcción. EI valor catastral del suelo o de la construcción.

La base liquidable del IBI se calcula: Restándole las bonificaciones a la base imponible. Restándole las excenciones a la base imponible. Restándole las excepciones a la base imponible. Restándole las reducciones a la base imponible.

EI IBI se devenga... EI 1 de enero de cada año, excepto para adquisiciones, que será la fecha de la adquisición. EI 1 de enero de cada año, sin excepciones. EI 1 de enero de cada año, salvo que la vivienda esté desocupada, en cuyo caso el devengo es el 31 de diciembre. EI 1 de enero de cada año, excepto en el caso de transmisiones mortis causa, que será la fecha del fallecimiento del sujeto pasivo.

La cuota líquida del IBI se obtiene: Al multiplicar el tipo de gravamen por la base imponible. Al multiplicar el tipo de gravamen por la base líquida. Al multiplicar las bonificaciones por la base liquidable. Ninguna es correcta.

¿Cuál de los siguientes derechos sobre bienes inmuebles no da lugar al hecho imponible del IBI?. EI derecho real de superficie. EI derecho real de uso. EI derecho real de usufructo. Todos dan lugar al hecho imponible.

María es usufructuaria temporal de la vivienda X. Pedro es el nudo propietario. ¿Quién es el sujeto pasivo a efectos del IBI?. María. Pedro. María y Pedro. María o Pedro.

EI IBI es... Un impuesto obligatorio, municipal, personal, directo y de gestión compartida con el Estado. Un impuesto obligatorio, estatal, real, directo y de gestión compartida con las Entidades Locales. Un impuesto obligatorio, municipal, real, directo y de gestión compartida con el Estado. Un impuesto obligatorio, municipal, objetivo, directo y de gestión compartida con el Estado.

EI periodo impositivo del IBI... Coincide con el año natural siempre. Coincide a veces con el año natural. Coincide con el año natural siempre que no haya cambio de sujeto pasivo. Ninguna es correcta.

EI tipo de gravamen supletorio del IBI en el caso de los BICEs es: 60%. 0,6%. 0,06%. 1,6%.

EI tipo de gravamen máximo del IBI en el caso de los BICEs es de: 0,9%. 1,1%. 1,3%. 0,8%.

El tipo de gravamen mínimo del IBI en el caso de los Bienes Inmuebles rústicos es de: 0,7%. 0,03%. 0,9%. Ninguna es correcta.

Los bienes inmuebles propiedad de la Cruz Roja Española... Están exentos. Están bonificados. Están sujetos y no están exentos. No están sujetos al IBI.

Las viviendas declaradas VPO... Están exentas del IBI. Están sujetas al IBI y pueden gozar de una bonificación de hasta el 50% una vez que hayan transcurrido 3 periodos impositivos desde la declaración como VPO por un periodo máximo de 3 años. Están sujetas al IBI y pueden gozar de una exención de hasta el 50% una vez que hayan transcurrido 3 periodos impositivos desde la declaración como VPO por un periodo máximo de 3 años. Están sujetas al IBI y gozan de una exención del 50% una vez que hayan transcurrido 3 periodos impositivos desde la declaración como VPO por un periodo máximo de 3 años.

Los montes vecinales en mano común en relación con el IBI: Están sujetos y no exentos. Están sujetos y exentos. Están sujetos y bonificados. Están sujetos pudiendo estar bonificados.

Los bienes comunales en relación con el IBI: Están sujetos y no exentos. Están sujetos y exentos. Están sujetos y bonificados. Están sujetos pudiendo estar bonificados.

Los bienes inmuebles de organismos públicos de investigación y los de enseñanza universitaria, en relación con el IBI: Están sujetos pero exentos. Están sujetos, no exentos, pudiendo ser bonificados. No están sujetos. No están sujetos.

Señala el enunciado correcto en relación con el IBI: Tendrán derecho a una bonificación del 95 por ciento de la cuota integra y, en su caso, del recargo del impuesto a que se refiere el artículo 150 de esta ley, los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. Tendrán derecho a una bonificación del 95 por ciento de la cuota integra y, en su caso, del recargo del impuesto a que se refiere el articulo 152 de esta ley, los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 19/1990, de 20 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. Tendrán derecho a una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del impuesto a que se refiere el artículo 153 de esta ley, los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. Tendrán derecho a una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del impuesto a que se refiere el articulo 154 de esta ley, los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 9 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

En relación con el IBI, señala el enunciado correcto: Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordara, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el 90 por ciento de la cuota integra del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota integra del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad pública por concurrir circunstancias económicas, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota integra del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad publica por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoríaabsoluta.

Constituye eI hecho imponible del IBI, el siguiente derecho sobre los bienes inmuebles: Derecho real de uso. Derecho real de habitación. Derecho real de usufructo. Derecho real de construcción.

Están exentos al IBI: Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito para los usuarios. Los de dominio público afectos a uso público. Los bienes patrimoniales, exceptuados los cedidos a terceros mediante contraprestación. Ninguna es correcta.

Los recursos con que cuenten las Haciendas Locales: Deben tener carácter Tributario. Han de ser suficientes para el cumplimiento de los fines de las Entidades Locales. Solo deben gestionarse por las propias Haciendas Locales.

Los recursos de naturaleza tributaria han de estar previstos, previa y originariamente, en una: Ordenanza Fiscal de la propia Entidad. Ley ordinaria de las Cortes Generales. Ley ordinaria de los Parlamentos Autonómicos.

Los beneficios fiscales en los tributos locales han de estar reconocidos originariamente: Por el Pleno de la Corporación. Por una ley estatal. En la correspondiente Ordenanza Fiscal.

De los siguientes ingresos, han de destinarse a los fines concretos para los que se establecen los/las: Impuestos. Las respuestas a y b son ciertas. Contribuciones especiales.

EI recurso de reposición contra una Ordenanza Fiscal: Es inadmisible. Puede interponerse desde el momento mismo de la aprobación definitiva de dicha Ordenanza. Ha de interponerse a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial.

No se consideras tributos los/las: Impuestos. Tasas. Precios públicos.

Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente: A. En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien afecten a los ocupantes de viviendas o locales, los ocupantes de dichos inmuebles. B. En las tasas establecidas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial por entradas de vehículos o carruajes a través de las aceras y por su construcción, mantenimiento, modificación o supresión, los propietarios de las fincas y locales a que den acceso dichas entradas de vehículos. C. Las respuestas a y b son correctas.

EI importe de los precios públicos: A. Cubrirá como máximo el coste del servicio o actividades. B. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite previsto en el apartado anterior. C. Las respuestas a y b son correctas.

La obligación de pagar el precio público nace: Desde que se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad, si bien las entidades podrán exigir el depósito previo de su importe total o parcial. Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

La base imponible de las Contribuciones Especiales no podrá exceder del.. 100 por 100 del coste que la Entidad Local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. 90 por 100 del coste que la Entidad Local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. 75 por 100 del coste que la Entidad Local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.

La exacción de las contribuciones especiales precisará: A. La previa adopción del acuerdo de imposición en cada caso concreto. B. EI acuerdo de ordenación será de inexcusable adopción y contendrá la determinación del coste previsto de las obras y servicios, de la cantidad a repartir entre los beneficiarios y de los criterios de reparto. En su caso, el acuerdo de ordenación concreto podrá remitirse a la ordenanza general de contribuciones especiales, si la hubiera. C. Las respuestas a y b son correctas.

La elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales se regula en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en el: Artículo 15. Artículo 17. Artículo 20.

Señale la incorrecta. EI Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales fija para el Impuesto sobre Bienes Inmuebles: Un tipo de gravamen mínimo y supletorio y uno máximo por tipo de naturaleza del bien inmueble. La posibilidad que el ayuntamiento establezca tipos de gravamen reducidos. Un recargo obligatorio para inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente.

Como supuestos de no sujeción en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles están: Los bienes que sean propiedad del Estado, de las CCAA y EELL que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana. Las carreteras, los caminos y las demás vías terrestres. Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.

EI período impositivo no coincide con el año natural para el siguiente impuesto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

EI Impuesto sobre Actividades Económicas es: Un tributo directo de carácter real, periódico y de imposición obligatoria. Un tributo indirecto de carácter real, periódico y de imposición obligatoria. Un tributo directo de carácter real, instantáneo y de imposición potestativa.

Están exentos del Impuesto sobre Actividades Económicas los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a: 1.000.000 euros. 500.000 euros. 2.000.000 euros.

Son sujetos pasivos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica las personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica: A cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación en el momento del devengo. Que sean poseedoras del vehículo en el momento del devengo. A cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación el 31 de diciembre de cada año.

La cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica está fijada mediante: Un tipo impositivo sobre la base imponible fijada en el artículo 95 del RDL 2/2004, que podrá ser modificada por los ayuntamientos mediante la aplicación sobre ellas de un coeficiente. Una tarifa establecida artículo 95 del RDL 2/2004, que podrá ser modificada por los ayuntamientos mediante la aplicación sobre ellas de un coeficiente. Una tarifa establecida artículo 95 del RDL 2/2004, que podrá ser incrementada por los ayuntamientos mediante la aplicación sobre ellas de un coeficiente.

EI Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es: Un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa. Un tributo directo cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa. Un tributo cuyo hecho imponible está constituido por la expedición de la licencia de cualquier construcción, instalación u obra o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa.

EI Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se devenga: En el momento de obtener la licencia de construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya iniciado la obra. En el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. En el momento de solicitar la licencia aun cuando posteriormente no se inicie la obra.

La declaración del Impuesto sobre eI Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana deberá presentarse, a contar desde la fecha del devengo: En un plazo de 15 días si se trata de un acto inter vivos. En un plazo de 30 días cuando se trata de actos por causa de muerte. En un plazo de seis meses cuando se trata de actos por causa de muerte, prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

No estará sujeto al Impuesto sobre eI Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana el incremento de valor como consecuencia de : La herencia de un local comercial por fallecimiento. La venta de un terreno rústico. EI usufructo de una vivienda obtenido por herencia.

Estará exento del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: La constitución y transmisión de derechos de servidumbre. Las transmisiones de bienes rústicos. La transmisión de bienes inmuebles entre cónyuges como consecuencia del cumplimiento de una sentencia de divorcio matrimonial.

¿Cuál de los siguientes tributos puede formar parte de los recursos del Cabildo?. EI Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y obras. Contribuciones especiales. EI Impuesto sobre Actividades Económicas.

Con relación a los tributos potestativos de las Entidades Locales, éstas tienen: Autonomía para establecerlos y exigirlos. Que delegar en el Estado su gestión y recaudación. Actuar al dictado de lo que señalen las Comunidades Autónomas respectivas.

No procede el prorrateo en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: En los casos de primera adquisición o baja definitiva. En los supuestos de baja temporal por sustracción o robo. En los casos de transmisión.

Las ambulancias y otros vehículos destinados a la asistencia sanitaria: No estarán exentos del pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Estarán exentos del pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Soportarán una cuota reducida del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

¿Qué tipo de tributo es el Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana?. Indirecto. Directo. Natural. Periódico.

¿Cuál es el porcentaje máximo de bonificación que puede aplicarse al Impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras?. 50%. 40%. 95%. 90%.

¿Cuál de los siguientes vecinos estará exento de realizar prestaciones personales?. Una persona de 45 años. Una persona de 50 años. Una persona de 56 años. Una persona de 54 años.

¿Cuál es el tiempo máximo de prestación personal al año?. Diez días. Ocho días. Quince días. Veinte días.

¿Cuál es el porcentaje límite del tipo de gravamen del IIVTNU?. 29%. 30%. 3%. ,9%.

¿Qué municipios pueden imponer una prestación personal a sus vecinos?. Todos. Los que cuenten con menos de 5.000 habitantes. Los que cuenten con menos de 500 habitantes. Los que cuenten con menos de 500 habitantes.

¿Qué artículo del Texto refundido de la Ley de Haciendas locales establece el concepto de precio público?. EI artículo 41. EI artículo 42. EI artículo 43. EI artículo 44.

¿Cual es el límite general del IBI de bienes urbanos, que puede aplicarse en un municipio que sea capital de Comunidad Autónoma?. 0,05%. 0,07%. 1%. 1,05%.

¿Son compatibles entre sí la prestación personal y la de transportes?. En ningún caso. En casos excepcionales. Sí pero no se pueden aplicar simultáneamente. Sí y se pueden aplicar simultáneamente.

¿Cuál puede ser el tipo máximo del recargo sobre la base imponible del IBI en un área metropolitana?. Las áreas metropolitanas no pueden imponer ese tipo de recargo. EI 0,2%. EI 0,1%. EI 0,5%.

¿Quién puede acordar operaciones de crédito en un municipio de régimen común?. EI Pleno o Alcalde, según su competencia. EI Alcalde. EI Pleno. EI Secretario.

¿Cuál de los siguientes tributos puede formar parte de los recursos de una comarca?. Recargo sobre el IBI. Subvenciones específicas. Contribuciones especiales. Impuesto sobre Actividades Económicas.

¿Cuál es el tipo de gravamen máximo para el IBI de los BICEs?. 1,3%. 0,9%. 1,1%. 0,6%.

¿Cuántos días consecutivos como máximo se debe realizar una prestación personal?. Dos días. Tres días. Cinco días. Siete días.

¿Cuál de los siguientes organismos no está exento del pago del Impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica?. Cruz Roja. Las instituciones benéficas. Los vehículos de personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33%. Los vehículos de la Administración Estatal destinados a la seguridad ciudadana.

1. ¿Cuál de los siguientes tributos no puede formar parte de los recursos de un área metropolitana?. Recargo sobre el IBI. Subvenciones específicas. Contribuciones especiales. Impuesto sobre Actividades Económicas.

1. La potestad reglamentaria de las entidades locales se ejerce a través de: Las ordenanzas fiscales. Las ordenanzas tributarias. Las ordenanzas presupuestarias. Las ordenanzas económicas.

Dentro de la estructura estatal ¿qué órgano cuenta con potestad para establecer tributos?. EI Gobierno. EI Congreso de los Diputados. EI Senado. Las Cortes Generales.

¿Cuál de los siguientes tributos puede formar parte de los recursos de una mancomunidad?. Recargo sobre el IAE. Subvenciones finalistas. Contribuciones especiales. Impuesto sobre Actividades Económicas.

En el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, las ordenanzas fiscales podrán regular, sobre la cuota del impuesto, las siguientes bonificaciones: Una bonificación de hasta el 50 por ciento en función de la clase de carburante que consuma el vehículo, en razón a la incidencia de la combustión de dicho carburante en el medio ambiente. Una bonificación de hasta el 50 por ciento en función de las características de los motores de los vehículos y su incidencia en el medio ambiente. Una bonificación de hasta el 75 por ciento para los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad de veinticinco años. Ninguna de las anteriores.

En el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, los ayuntamientos podrán incrementar las cuotas establecidas en el cuadro de tarifas del Impuesto, mediante: La aplicación sobre ellas de un coeficiente, el cual no podrá ser superior a 1,5. La aplicación sobre ellas de un coeficiente, el cual no podrá ser superior a 2. La aplicación sobre ellas de un coeficiente, el cual no podrá ser superior a 2,5. No podrán ser incrementadas por los ayuntamientos.

Las Ordenanzas fiscales a que se refiere el artículo 15.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contendrán entre otros, al menos: La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo y devengo. La fecha de su publicación y del comienzo de su aplicación. La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo y devengo. Ninguna es correcta.

Los ayuntamientos exigirán, aunque no se haya aprobado su respectiva ordenanza fiscal, los siguientes tributos: Impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto sobre actividades económicas, impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto sobre actividades económicas, impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto sobre actividades económicas y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Impuesto sobre bienes inmuebles e impuesto sobre actividades económicas.

En eI Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el impuesto se exigirá con arreglo a un cuadro de tarifas. Dicho cuadro podrá ser modificado por: Decreto del alcalde. Ordenanza municipal. Ley de Presupuestos Generales del Estado. No se puede modificar.

Según el artículo 17.2 de la Ley de Haciendas Locales, ¿a partir de qué número de habitantes de un municipio es obligatorio que el Ayuntamiento publique el anuncio de exposición al público de una ordenanza fiscal en un diario de los de mayor difusión de la provincia, o de la comunidad autónoma uniprovincial?. Más de 20.000 habitantes. Más de 15.000 habitantes. Más de 10.000 habitantes. Más de 25.000 habitantes.

Según el artículo 105.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se dotará a las Haciendas locales de: A) Recursos propios suficientes para financiar exclusivamente los servicios mínimos obligatorios. B) Recursos suficientes para el cumplimiento de los fines de las Entidades locales. C) Tributos propios suficientes para el ejercicio de las competencias delegadas. D) Participaciones suficientes en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Según el artículo 106.2 de la Ley 7/1985 (LBRL), las Corporaciones locales podrán emanar: A) Disposiciones reglamentarias con rango de ley para desarrollar sus tributos. B) Disposiciones interpretativas y aclaratorias de las ordenanzas fiscales y generales. C) Instrucciones vinculantes para modificar los elementos esenciales de los tributos. D) Disposiciones interpretativas únicamente previa autorización de la Comunidad Autónoma.

¿Qué afirmación se corresponde con el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, respecto de las fórmulas de colaboración en materia tributaria?. A. Pueden articularse con otras Entidades locales, Comunidades Autónomas o el Estado. B. Sustituyen necesariamente la competencia local sobre los tributos propios. C. Requieren que la gestión tributaria haya sido delegada previamente al Estado. D. Se permiten únicamente entre Entidades locales pertenecientes a una misma provincia.

De acuerdo con el artículo 133.4 de la Constitución Española, las Administraciones públicas solo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos: A. Con autorización previa de las Cortes Generales en cada ejercicio. B. Con cargo a los recursos tributarios previamente recaudados. C. De acuerdo con las leyes. D. De acuerdo con las leyes y los reglamentos presupuestarios aplicables.

Sobre el ámbito territorial y las salvedades de aplicación de la ley, señale la afirmación correcta (arts. 1.2 y 1.3): Se aplica en todo el territorio nacional, sin perjuicio de los regímenes financieros forales de los Territorios Históricos del País Vasco y Navarra, y prevalece sobre los tratados y convenios internacionales. Se aplica en el territorio de las comunidades autónomas de régimen común, quedando excluidos País Vasco, Navarra, Canarias, Ceuta y Melilla. Se aplica en todo el territorio nacional, sin perjuicio de los regímenes financieros forales del País Vasco, Navarra y Canarias, y de los tratados y convenios internacionales. Se aplica en todo el territorio nacional, sin perjuicio de los regímenes financieros forales de los Territorios Históricos del País Vasco y Navarra, y de los tratados y convenios internacionales.

Respecto de la cobranza de ingresos de derecho público como las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, los precios públicos y las multas y sanciones pecuniarias, el art. 2.2 dispone que la hacienda de las entidades locales: Carecerá de prerrogativas propias y deberá acudir a la vía judicial civil para su cobro. Ostentará las prerrogativas establecidas legalmente para la hacienda del Estado y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos administrativos correspondientes. Ostentará las prerrogativas que establezca cada comunidad autónoma mediante su legislación de régimen local. Ostentará las prerrogativas del Estado solo para los tributos; para el resto de ingresos de derecho público actuará conforme al derecho privado.

Según el art. 3.2, ¿qué se considera patrimonio de las entidades locales a efectos de los ingresos de derecho privado?. Los bienes y derechos reales o personales susceptibles de valoración económica, siempre que no estén afectos al servicio público, aunque lo estén al uso público. Los bienes de su propiedad, con independencia de que estén afectos al uso o servicio público. Los bienes de su propiedad y los derechos reales o personales de que sean titulares, susceptibles de valoración económica, siempre que no estén afectos al uso o servicio público. Solo los bienes de su propiedad y los derechos reales, susceptibles de valoración económica y no afectos al uso o servicio público.

Un ayuntamiento desafecta un bien de dominio público que estaba sujeto a concesión administrativa y lo vende. Conforme al art. 3.4, ¿qué es correcto?. El importe es ingreso de derecho público por proceder de un bien de dominio público y la venta debe hacerse en subasta pública. El importe es ingreso de derecho privado y, salvo que la legislación de desarrollo de las comunidades autónomas prevea otra cosa, el último concesionario tiene derecho preferente de adquisición directa sin necesidad de subasta pública. El importe es ingreso de derecho privado y el último concesionario tiene un derecho de tanteo, previa subasta pública. El importe es ingreso de derecho privado y el último concesionario tiene derecho preferente de adquisición directa sin subasta, sin que la legislación autonómica pueda disponer otra cosa.

El art. 4 dispone que la efectividad de los derechos de la hacienda local comprendidos en el Capítulo II (ingresos de derecho privado) se llevará a cabo con sujeción a: El procedimiento administrativo de apremio, por ser la entidad local una Administración pública. Las normas y procedimientos del derecho privado. Las normas del derecho privado, pero con las prerrogativas de la hacienda del Estado para su cobranza. Las normas del derecho privado para su nacimiento y las del derecho administrativo para su cobro.

El art. 5 prohíbe destinar a gastos corrientes los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos patrimoniales, salvo que se trate de: Parcelas edificables sobrantes de vías públicas y efectos no utilizables en servicios municipales. Parcelas sobrantes de vías públicas no edificables o de efectos no utilizables en servicios municipales o provinciales. Bienes desafectados del dominio público y efectos no utilizables en servicios municipales, provinciales o insulares. Parcelas sobrantes de vías públicas no edificables o de cualquier bien patrimonial de escaso valor.

Conforme al art. 7.1 del TRLRHL, las entidades locales podrán delegar las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias que la ley les atribuye en: La comunidad autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio estén integradas. Únicamente la comunidad autónoma, sin que quepa la delegación en otras entidades locales. Cualquier otra entidad local, esté o no integrada en su mismo territorio, siempre que lo acepte. La Administración tributaria del Estado o de la comunidad autónoma, a elección de la entidad local.

Respecto del acuerdo de delegación del art. 7.2, señale la afirmación correcta: Lo adopta la Junta de Gobierno Local, fijando el alcance y contenido de la delegación, y se publica en el boletín de la comunidad autónoma. Lo adopta el Pleno, que fija el alcance y contenido de la delegación, y se publica, una vez aceptada, en los Boletines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autónoma. Lo adopta el alcalde o presidente de la corporación, y se publica en el boletín oficial de la provincia. Lo adopta el Pleno y se publica en el boletín oficial de la provincia antes de su aceptación, para que los interesados puedan alegar.

Según el art. 7.3, el ejercicio de las facultades delegadas se ajustará a los procedimientos de la ley y, supletoriamente, a la Ley General Tributaria. ¿Cómo son impugnables los actos de gestión dictados en ejercicio de la delegación?. Con arreglo al procedimiento que corresponda a la entidad delegante y, en último término, ante la Jurisdicción Civil. Con arreglo al procedimiento que corresponda al ente gestor y, en último término, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Exclusivamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin recurso administrativo previo. Ante la entidad local delegante, mediante recurso de reposición, y después ante los tribunales económico-administrativos.

Las entidades que hayan asumido por delegación facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos o recursos de derecho público de una entidad local, según el art. 7.4, podrán ejercerlas: En el territorio de las entidades locales delegantes y en el de otras solo si media convenio de colaboración. En todo su ámbito territorial e incluso en el de otras entidades locales que no le hayan delegado tales facultades. Solo en el territorio de las entidades locales que se las hayan delegado. En todo su ámbito territorial, pero no en el de otras entidades locales que no se las hayan delegado, salvo autorización de la comunidad autónoma.

Señale la afirmación INCORRECTA sobre la colaboración entre Administraciones tributarias recogida en el art. 8.2: Se prestarán recíprocamente, en la forma que reglamentariamente se determine, la asistencia que interese a los efectos de sus respectivos cometidos. Deberán elaborar planes de inspección conjunta o coordinada sobre objetivos, sectores y procedimientos selectivos. Se comunicarán inmediatamente, en la forma que reglamentariamente se establezca, los hechos con trascendencia tributaria que descubran sus servicios de inspección. Se facilitarán toda la información que mutuamente se soliciten, estableciendo la intercomunicación técnica precisa a través de los respectivos centros de informática.

Conforme al art. 8.3, las actuaciones de inspección o recaudación ejecutiva que deban efectuarse fuera del territorio de la entidad local en relación con sus ingresos de derecho público propios serán practicadas: En todo caso por los órganos competentes del Estado, previa solicitud del presidente de la corporación. Por los órganos competentes de la comunidad autónoma cuando deban realizarse en su ámbito territorial, y por los del Estado en otro caso, previa solicitud del presidente de la corporación. Por los órganos competentes de la comunidad autónoma en todo caso, y supletoriamente por los del Estado. Por los órganos competentes de la comunidad autónoma o del Estado, previa solicitud acordada por el Pleno.

Según el art. 9.3, cuando el Estado otorgue moratorias o aplazamientos en el pago de tributos locales a alguna persona o entidad: Deberá compensar a la entidad local solo si esta lo solicita mediante acuerdo del Pleno. Quedará obligado a arbitrar las fórmulas de compensación o anticipo que procedan a favor de la entidad local respectiva. Podrá, si lo estima oportuno, arbitrar fórmulas de compensación a favor de la entidad local. Quedará obligado a compensar únicamente las moratorias, no los aplazamientos.

El art. 10 permite que las ordenanzas fiscales prevean que no se exija interés de demora en los acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento de pago, siempre que: Se refieran a deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, con independencia del período en que se solicite y del momento del pago total. Hayan sido solicitados en período voluntario o ejecutivo, y el pago total se produzca antes de finalizar el ejercicio siguiente. Hayan sido solicitados en período voluntario, se refieran a cualquier deuda tributaria local, y el pago total se produzca en el mismo ejercicio que el de su devengo. Hayan sido solicitados en período voluntario, se refieran a deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, y el pago total se produzca en el mismo ejercicio que el de su devengo.

En materia de infracciones y sanciones tributarias locales, el art. 11 dispone que se aplicará: El régimen de la Ley General Tributaria y sus disposiciones complementarias y de desarrollo, con las especificaciones de la ley y de las ordenanzas fiscales dictadas a su amparo. El régimen de la Ley General Tributaria, sin que las ordenanzas fiscales puedan introducir especificación alguna. El régimen que establezca cada ordenanza fiscal, aplicándose la Ley General Tributaria solo supletoriamente. El régimen sancionador general de las Administraciones públicas, con las especificaciones que establezcan las ordenanzas fiscales.

Según el art. 1.1 del TRLRHL, ¿qué pareja de preceptos constitucionales es la correcta respecto del fundamento de los preceptos de la ley?. Sistema tributario local: art. 142 CE; participaciones en tributos del Estado: art. 133 CE. Sistema tributario local: art. 133 CE; participaciones en tributos del Estado: art. 142 CE. Sistema tributario local: art. 133 CE; participaciones en tributos del Estado: art. 149.1.14.ª CE. Sistema tributario local: art. 149.1.18.ª CE; participaciones en tributos del Estado: art. 142 CE.

Según el art. 14.1.a) del TRLRHL, la devolución de ingresos indebidos y la rectificación de errores materiales en el ámbito de los tributos locales se ajustarán a lo dispuesto en los siguientes artículos de la Ley General Tributaria: Los artículos 32 y 220. Los artículos 31 y 220. Los artículos 221 y 222. Los artículos 32 y 219.

Cuando la ley prevé la posibilidad de formular reclamación económico-administrativa contra actos de gestión de tributos locales dictados por una entidad local, el recurso de reposición del art. 14.2.a) es: Previo a la reclamación económico-administrativa. Potestativo y compatible con la reclamación, que podrá interponerse simultáneamente. Posterior a la reclamación, como recurso de alzada ante el mismo tribunal. Alternativo a la reclamación, a elección del interesado.

¿Cuál es el plazo de interposición del recurso de reposición y desde cuándo se cuenta (art. 14.2.c)?. Dos meses desde el día siguiente a la notificación expresa del acto, sin cómputo especial alguno para los padrones o matrículas. Un mes desde el día siguiente a la notificación expresa o al de finalización de la exposición pública de padrones o matrículas. Quince días hábiles desde el día siguiente a la notificación del acto o al de finalización de la exposición pública de los padrones o matrículas. Un mes desde la fecha en que se dictó el acto, con independencia de la fecha de su notificación al interesado.

Sobre la legitimación para interponer el recurso de reposición (art. 14.2.d), señale la opción correcta: Los sujetos pasivos y, en su caso, los responsables, los obligados al ingreso de derecho público de que se trate y cualquier otra persona cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados por el acto. Solo los sujetos pasivos y, en su caso, los responsables de los tributos, sin que quepa la legitimación de terceros afectados. Los sujetos pasivos, los responsables y el Ministerio Fiscal, en defensa de la legalidad en materia tributaria local. Los sujetos pasivos, los responsables y cualquier persona con un interés legítimo, aunque no sea directo, afectado por el acto de gestión, incluidas las asociaciones representativas.

En cuanto a la representación y dirección técnica en el recurso de reposición (art. 14.2.e): Pueden comparecer por sí mismos o por medio de representante, sin que sea preceptiva la intervención de abogado ni procurador. Solo pueden comparecer por medio de representante con poder notarial o apoderamiento otorgado apud acta ante el órgano. Deben comparecer por medio de procurador y con dirección de abogado cuando la cuantía de la deuda impugnada exceda del límite que fije la ordenanza fiscal. Pueden comparecer por sí mismos, pero solo con asistencia de abogado cuando el recurso se interponga contra sanciones tributarias.

Señale cuál NO es uno de los extremos que debe hacer constar el escrito de interposición del recurso de reposición según el art. 14.2.f): El órgano ante quien se formula el recurso. El domicilio que señale el recurrente a efectos de notificaciones. La cuantía de la deuda tributaria impugnada. El lugar y la fecha de interposición del recurso.

Si el interesado precisa el expediente de gestión o las actuaciones administrativas para formular sus alegaciones, según el art. 14.2.g) deberá comparecer ante la oficina gestora: Una vez interpuesto el recurso y dentro de los cinco días siguientes a su presentación, ante el órgano competente para resolver. A partir del día siguiente a la notificación del acto y antes de que finalice el plazo de interposición del recurso. Únicamente durante el plazo de alegaciones que se conceda a los otros interesados. En cualquier momento anterior a la resolución del recurso, ante el órgano al que corresponda resolverlo.

¿Dónde se presenta el escrito de interposición del recurso de reposición conforme al art. 14.2.h)?. En el registro del tribunal económico-administrativo, que lo remitirá al órgano de la entidad local que dictó el acto. En la sede del órgano de la comunidad autónoma competente en tutela financiera o, en su defecto, en las oficinas de Correos. En la sede del órgano de la entidad local que dictó el acto o, en su defecto, en las dependencias del art. 38.4 de la Ley 30/1992. Exclusivamente en el registro del órgano que deba resolver el recurso, sin posibilidad de presentarlo en otras dependencias.

¿Qué efecto tiene la interposición del recurso de reposición sobre la ejecución del acto impugnado (art. 14.2.i)?. La suspende automáticamente en todo caso, incluida la recaudación de cuotas, intereses y recargos, hasta su resolución. No la suspende, salvo respecto de las sanciones tributarias, que quedan automáticamente suspendidas. Solo suspende la recaudación de las cuotas, pero no la de los intereses y recargos liquidados. No la suspende; podrá acordarse su suspensión si se aportan garantías, sin excepciones para las sanciones, que requieren siempre garantía.

Sobre las especialidades de la solicitud de suspensión del art. 14.2.i), señale la afirmación correcta: La resuelve el tribunal económico-administrativo, y su denegación es recurrible en alzada. La resuelve el órgano de la entidad local que dictó el acto, y su denegación solo es impugnable en vía contencioso-administrativa. La resuelve el órgano de la entidad local que dictó el acto, y su denegación es recurrible en reposición. Interpuesto el contencioso, la suspensión administrativa decae automáticamente, con independencia de la garantía.

¿Qué plazo concede el órgano (a) a otros interesados distintos del recurrente (art. 14.2.j) y (b) a los personados cuando pretende examinar cuestiones no planteadas (art. 14.2.k)?. Cinco días en ambos casos. Diez días en ambos casos. Cinco días para otros interesados y diez días para las cuestiones no planteadas. Diez días para otros interesados y cinco días para las cuestiones no planteadas.

El recurso de reposición deberá ser resuelto, con carácter general, en el plazo de: A. Tres meses contados desde la notificación del acto impugnado. B. Un mes contado desde el mismo día de su presentación. C. Tres meses contados desde el día siguiente al de su presentación. D. Un mes contado desde el día siguiente al de su presentación.

Según el artículo 14.2.m) del TRLRHL, la resolución expresa del recurso de reposición: A. Podrá limitarse a confirmar el acto sin expresar sus razones. B. Deberá ser escrita, pero no necesitará motivación. C. Deberá producirse siempre por escrito y ser motivada. D. Podrá ser verbal cuando el expediente no presente especial complejidad.

Contra la resolución del recurso de reposición regulado en el artículo 14.2 del TRLRHL: A. Podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio de los supuestos legalmente previstos de reclamación económico-administrativa. B. No cabrá ninguna otra vía de impugnación administrativa o judicial. C. Podrá interponerse un nuevo recurso de reposición ante el mismo órgano. D. Deberá interponerse siempre recurso de alzada antes de acudir a la vía judicial.

Si se solicita la suspensión del acto impugnado, ¿qué órgano será competente para tramitar y resolver dicha solicitud?. A. El órgano superior jerárquico del que dictó el acto. B. La oficina de recaudación de la entidad local. C. El órgano judicial contencioso-administrativo competente. D. El órgano de la entidad local que dictó el acto.

La resolución expresa del recurso de reposición se notifica al recurrente y a los demás interesados, si los hubiera, en el plazo máximo de: A. Quince días desde la firma de la resolución. B. Diez días desde que se produzca la resolución. C. Cinco días desde que se dicte. D. Un mes desde la presentación del recurso.

Un Ayuntamiento aprueba una ordenanza fiscal al amparo del artículo 15.2 del TRLRHL. Según el artículo 16.2, además de los elementos necesarios para determinar las cuotas tributarias, deberá contener: A. La fecha de publicación y el plazo de exposición pública. B. La identificación de todos los sujetos pasivos del municipio. C. El informe técnico-económico y la memoria presupuestaria. D. Las fechas de su aprobación y el comienzo de su aplicación.

Según el art. 17.1 del TRLRHL, los acuerdos provisionales de establecimiento, supresión y ordenación de tributos, y las aprobaciones y modificaciones de ordenanzas fiscales, se exponen al público durante: Quince días hábiles en el tablón de anuncios de la Entidad, para que los interesados examinen el expediente y presenten reclamaciones. Veinte días, como mínimo, en el tablón de anuncios de la Entidad y en su sede electrónica. Treinta días hábiles en el boletín oficial de la provincia, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones. Treinta días, como mínimo, en el tablón de anuncios de la Entidad.

Finalizado el período de exposición pública, según el art. 17.3, las corporaciones locales: Someten de nuevo a exposición pública durante quince días el texto resultante de resolver las reclamaciones, antes de aprobarlo definitivamente. Elevan automáticamente a definitivos los acuerdos provisionales y resuelven después las reclamaciones por la vía del recurso de reposición, sin nuevo acuerdo. Adoptan los acuerdos definitivos, resolviendo las reclamaciones y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o sus modificaciones. Remiten el expediente a la comunidad autónoma para que apruebe definitivamente la ordenanza, resolviendo las reclamaciones presentadas.

En relación con los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las ordenanzas fiscales o de sus modificaciones, el art. 17.4 dispone que: Entran en vigor a los veinte días de su publicación en el boletín oficial de la provincia, salvo previsión distinta de la propia ordenanza. Se publican en el boletín oficial de la provincia o de la comunidad autónoma uniprovincial, sin que entren en vigor hasta entonces. Entran en vigor al día siguiente de finalizar la exposición pública si no hubo reclamaciones, y la publicación en el boletín tiene efectos meramente informativos. Se publican en el tablón de anuncios de la entidad y entran en vigor al día siguiente de su exposición, sin necesidad de publicación en boletín.

Según el art. 17.5, ¿qué entidades editan el texto íntegro de las ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos?. Las diputaciones provinciales, consejos, cabildos insulares y, en todo caso, las demás entidades locales con población superior a 20.000 habitantes. Las diputaciones provinciales, consejos y cabildos insulares y las demás entidades con población igual o superior a 20.000 habitantes. Las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de población superior a 10.000 habitantes. Todas las entidades locales, con independencia de su población, junto con las diputaciones provinciales.

¿Qué obligación impone el art. 17.5, párrafo segundo, a las entidades locales respecto de las ordenanzas fiscales publicadas?. Únicamente las entidades de más de 20.000 habitantes, que editan el texto íntegro cada ejercicio. Solo a quienes acrediten un interés legítimo y directo en el contenido de la ordenanza. Expedir copias solo del acuerdo definitivo, previa solicitud por escrito y pago de la tasa que corresponda. Expedir copias de las ordenanzas fiscales publicadas a quienes las demanden, en todo caso.

¿A partir de cuándo puede interponerse el recurso contencioso-administrativo contra una ordenanza fiscal según el art. 19.1?. Desde la finalización del período de exposición pública de los acuerdos provisionales. Desde su publicación en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial. Desde la aprobación definitiva por el Pleno, sin esperar a su publicación. Desde su entrada en vigor, treinta días después de su publicación en el boletín.

Si por resolución judicial firme resultan anulados o modificados los acuerdos locales o el texto de una ordenanza fiscal, la entidad local debe adecuar a los términos de la sentencia (art. 19.2): Todas las actuaciones posteriores a la fecha en que la sentencia le sea notificada. Únicamente las liquidaciones que estén pendientes de recurso en vía administrativa en ese momento. Todas las actuaciones realizadas desde la publicación de la ordenanza anulada, con efectos retroactivos. Solo las actuaciones posteriores a la fecha en que la sentencia adquiera firmeza, aunque aún no se haya notificado.

¿Qué ocurre, según el art. 19.2, con los actos dictados al amparo de una ordenanza fiscal que posteriormente resulta anulada o modificada por sentencia firme?. Se mantienen los actos firmes o consentidos, salvo que la sentencia lo prohíba expresamente. Quedan anulados todos los actos dictados al amparo de la ordenanza anulada, aunque sean firmes. Se mantienen solo los actos consentidos, pero no los firmes, que deben revisarse de oficio. Se mantienen los actos firmes o consentidos en todo caso, aun cuando la sentencia lo prohíba expresamente.

Fuera de los supuestos expresamente previstos en la ley, el art. 38.2 permite a las entidades locales establecer: Recargos sobre impuestos propios de la comunidad autónoma y de otras entidades locales, en los casos previstos expresamente en las leyes autonómicas. Recargos sobre cualquier impuesto, sin necesidad de previsión legal, mediante la correspondiente ordenanza fiscal. Recargos sobre los impuestos del Estado, cuando lo acuerde el Pleno, en los casos que prevea la ley estatal. Recargos solo sobre los impuestos de otras entidades locales, sin que quepan sobre los de la comunidad autónoma.

Respecto de las comunidades autónomas, el art. 39.2 dispone que las entidades locales participarán en: Los tributos propios de las comunidades autónomas, en la cuantía que acuerden las conferencias sectoriales con las entidades locales. Los tributos cedidos por el Estado a las comunidades autónomas, en los términos de la ley estatal de cesión. Todos los ingresos de las comunidades autónomas, en la cuantía que fije el Estado. Los tributos propios de las comunidades autónomas, en la forma y cuantía que determinen las leyes de sus respectivos Parlamentos.

El art. 40.1 prohíbe aplicar las subvenciones a atenciones distintas de aquellas para las que fueron otorgadas, salvo: Las subvenciones de capital, que pueden aplicarse a gastos corrientes con autorización del otorgante. Los remanentes reintegrables, previa autorización del Pleno de la entidad local. Los sobrantes no reintegrables cuya utilización no estuviese prevista en la concesión. Los sobrantes no reintegrables, en todo caso, sin que importe lo previsto en la concesión.

Según el art. 40.2, para garantizar el cumplimiento de la limitación de destino de las subvenciones: El Tribunal de Cuentas, en todo caso, previa solicitud de la entidad pública otorgante de la subvención. Las entidades públicas otorgantes podrán verificar el destino dado a las subvenciones. La Intervención de la entidad local beneficiaria deberá verificar anualmente el destino dado a las subvenciones recibidas. Las entidades públicas otorgantes deberán verificar el destino dado a las subvenciones en el plazo de un año desde su concesión.

Si tras las actuaciones de verificación resulta que la subvención no se destinó a los fines para los que se concedió, la entidad otorgante, conforme al art. 40.2: La entidad otorgante podrá exigir el reintegro, pero en ningún caso compensarlo con otras subvenciones o transferencias. Se compensará automáticamente con otras subvenciones o transferencias, sin exigir reintegro ni otras responsabilidades. Se exigirá el reintegro o podrá compensarse con otras subvenciones o transferencias, con independencia de las responsabilidades a que haya lugar. Se exigirá el reintegro de su importe, quedando extinguida cualquier otra responsabilidad de la entidad afectada.

Un ayuntamiento recibe una subvención para una obra y, terminada esta, queda un sobrante no reintegrable cuya utilización no estaba prevista en la concesión. ¿Puede aplicarlo a otra atención según el art. 40.1?. No, las subvenciones no pueden aplicarse en ningún caso a atenciones distintas de aquellas para las que fueron otorgadas. Sí, el art. 40.1 exceptúa los sobrantes no reintegrables cuya utilización no estuviese prevista en la concesión. Sí, pero solo con autorización expresa de la entidad pública otorgante y acuerdo del Pleno. Sí, pero únicamente si el sobrante se destina a gastos corrientes de la misma obra o servicio.

Según el art. 38.1, las entidades locales exigen los impuestos previstos en la ley sin acuerdo de imposición; el acuerdo solo será necesario en los casos en que lo requiera: El Pleno, cuando el tipo de gravamen propuesto supere el mínimo legal. La propia ley reguladora de las haciendas locales. La legislación de la comunidad autónoma correspondiente. La ordenanza fiscal general de la entidad local.

Conforme al art. 39.1, las entidades locales participarán en los tributos del Estado: En la cuantía que determine cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estado, sin criterios legales de distribución. En la cuantía que se acuerde en convenio entre el Estado y la Federación de Municipios, según los criterios que fije el convenio. En la cuantía y según los criterios que se establecen en la propia ley. En la forma y cuantía que determinen las leyes de los Parlamentos de las comunidades autónomas.

Según el art. 48, ¿quiénes pueden concertar operaciones de crédito, en los términos previstos en la ley?. Las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes. Las entidades locales y sus organismos autónomos, quedando excluidos los entes y sociedades mercantiles dependientes. Únicamente las entidades locales, sin que puedan hacerlo sus organismos autónomos ni sociedades dependientes. Las entidades locales y las sociedades mercantiles dependientes con participación local mayoritaria únicamente.

Según el art. 48 bis.1, ¿qué se entiende por prudencia financiera?. El conjunto de límites de endeudamiento que garantizan el cumplimiento de la regla de gasto de la entidad. El conjunto de condiciones que deben cumplir las operaciones financieras para maximizar su rentabilidad y minimizar su plazo. El conjunto de condiciones que deben cumplir las operaciones financieras para minimizar su riesgo y coste. El requisito de que toda operación financiera cuente con informe previo de la Intervención y autorización de la tutela financiera.

¿Qué operaciones están sujetas al principio de prudencia financiera conforme al art. 48 bis.1?. Todas las operaciones financieras que suscriban las Corporaciones Locales. Solo las operaciones de crédito a largo plazo suscritas con entidades financieras privadas. Las operaciones financieras cuyo importe supere el porcentaje de ingresos corrientes que fije la tutela financiera. Las operaciones de endeudamiento y los avales, pero no los instrumentos de capital ni los derivados.

Según el art. 48 bis.2.b), se incluyen entre los pasivos financieros: Las deudas representadas en valores, las operaciones de crédito, las operaciones de derivados y cualquier otra obligación exigible e incondicional de entregar efectivo u otro activo financiero. Los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otras entidades y los derechos a recibir efectivo de un tercero en condiciones favorables. Las operaciones de crédito y las deudas con proveedores pendientes de pago, pero no las operaciones de derivados ni las deudas en valores. La concesión de avales, reavales u otra clase de garantías públicas o medidas de apoyo extrapresupuestario, junto con las operaciones de crédito.

Un ayuntamiento pretende conceder un aval cuyas condiciones no se ajustan a las del principio de prudencia financiera. ¿Qué exige el art. 48 bis.5?. Basta el acuerdo del Pleno, sin intervención de ninguna otra Administración. Autorización del Ministerio de Hacienda en todo caso, aunque la comunidad autónoma tenga atribuida la tutela financiera. Autorización del órgano competente de la Administración Pública que tenga atribuida la tutela financiera. Informe favorable de la Intervención municipal y comunicación posterior a la Secretaría General del Tesoro.

Según el artículo 48 del TRLRHL, las operaciones de crédito podrán concertarse: A. En todas sus modalidades, tanto a corto como a largo plazo. B. Únicamente a largo plazo y para financiar inversiones. C. A corto plazo, pero no mediante operaciones financieras de cobertura. D. Solo mediante préstamos concertados con entidades bancarias.

¿Qué órgano establecerá las condiciones que deben cumplir las operaciones financieras relativas a los pasivos financieros de la letra b) del artículo 48 bis.2?. A. La Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. B. La Intervención General de la Administración del Estado. D. La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. C. El órgano de tutela financiera de cada entidad local.

Según el artículo 48 bis.2, las condiciones de las operaciones financieras relativas a activos financieros y a la concesión de garantías públicas serán establecidas por resolución de: A. La Intervención General de la Administración del Estado. B. La Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. C. El Ministerio de Política Territorial mediante orden ministerial. D. La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.

Según el artículo 49.1 del TRLRHL, las entidades locales podrán acudir al crédito público y privado a largo plazo para financiar sus inversiones y: A. La financiación ordinaria de cualquier gasto corriente. B. La sustitución total o parcial de operaciones preexistentes. C. La cobertura de cualquier déficit presupuestario sin limitación. D. La concesión de subvenciones a otras Administraciones.

Como regla general, el artículo 50 del TRLRHL exige que la entidad local disponga de: A. Un plan económico-financiero aprobado por la entidad financiera. B. Un presupuesto prorrogado con autorización de la Intervención. C. Un presupuesto aprobado definitivamente para el ejercicio en curso. D. Un presupuesto inicialmente aprobado para el ejercicio siguiente.

Una entidad local necesita atender necesidades transitorias de tesorería. Según el artículo 51 del TRLRHL, las operaciones de crédito a corto plazo no podrán exceder de: A. Seis meses. B. Un año. C. Dieciocho meses. D. Dos años.

Con carácter general, las operaciones de crédito a corto plazo no podrán superar, en su conjunto, el siguiente porcentaje de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior: A. El 30 por ciento. B. El 25 por ciento. C. El 20 por ciento. D. El 15 por ciento.

Si una operación de crédito a corto plazo debe realizarse durante el primer semestre del año y todavía no se ha producido la liquidación del presupuesto de ese ejercicio, para calcular el límite del artículo 51 se tomará como referencia: A. La liquidación del ejercicio anterior a este último. B. La media de las liquidaciones de los dos últimos ejercicios. D. El presupuesto inicial del ejercicio en curso. C. La liquidación del ejercicio inmediatamente anterior, en todo caso.

Según el artículo 52.2 del TRLRHL, antes de acordar la concertación o modificación de cualquier operación de crédito deberá emitirse: A. Un informe de la Secretaría sobre la legalidad del contrato. B. Una autorización previa de la entidad financiera elegida. C. Un informe del órgano autonómico de tutela financiera en todos los casos. D. Un informe de la Intervención sobre la capacidad de la entidad para atender sus obligaciones.

Con arreglo al artículo 52.2 del TRLRHL, los presidentes de las Corporaciones Locales podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo previstas en el presupuesto cuando su importe acumulado en el ejercicio no supere: A. El 10 por ciento de los recursos de carácter ordinario previstos en dicho presupuesto. B. El 30 por ciento de los recursos ordinarios previstos en el presupuesto. C. El 20 por ciento de los ingresos corrientes del ejercicio anterior. D. El 15 por ciento de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio anterior.

Según el artículo 49.1 del TRLRHL, ¿qué entidades pueden acudir al crédito público y privado a largo plazo para financiar inversiones y sustituir operaciones preexistentes?. A. Las entidades locales, organismos autónomos y entes dependientes que se financien mayoritariamente con ingresos de mercado. B. Cualquier entidad pública, aunque no dependa de una entidad local. C. Las entidades locales, sus organismos autónomos y entes dependientes que no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado. D. Todas las sociedades mercantiles en las que participe una entidad local.

De acuerdo con el artículo 49.3 del TRLRHL, la deuda pública de las entidades locales y los títulos-valores equivalentes emitidos por ellas gozarán de: A. Un régimen de garantías aprobado individualmente por cada entidad financiera. B. Una exención general de todas las obligaciones tributarias locales. C. Los mismos beneficios y condiciones que la deuda pública emitida por el Estado. D. Los mismos beneficios fiscales que la deuda emitida por las comunidades autónomas.

Para garantizar una operación de crédito a largo plazo, el artículo 49.5.B).c) permite afectar ingresos procedentes de contribuciones especiales, tasas y precios públicos siempre que: A. La entidad local tenga aprobado un plan económico-financiero. B. Los ingresos procedan exclusivamente del ejercicio anterior. C. Exista una relación directa entre dichos recursos y el gasto que se financiará. D. El Pleno acuerde por mayoría absoluta la afectación de esos ingresos.

251.- Señale cuál de los siguientes no es un principio general de la acción preventiva: a) Evitar los riesgos. b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. c) Tener en cuenta la evolución de la técnica. d) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.

252.- ¿Cuál es la definición legal de accidente de trabajo?. a) Toda lesión corporal que sufre un trabajador. b) Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión, o a consecuencia, del trabajo que ejecute por cuenta ajena. c) Toda enfermedad contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena. d) Toda enfermedad que sufra el trabajador mientras trabaja.

253.- ¿Quién debe facilitar el Libro de Incidencias?. a) La Inspección de Trabajo a solicitud del Coordinador de Seguridad y Salud. b) El colegio profesional del técnico que haya aprobado el Plan. c) El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. d) Cualquier persona que está en la obra.

254.- Señale, de las cuatro siguientes, cual es la norma legal más importante sobre seguridad y salud en el trabajo es: a) Reglamento de los Servicios de Prevención. b) Ley General de la Seguridad Social. c) Ley General de Sanidad. d) Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

255.- ¿Qué órgano de la Administración vigila el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en las empresas españolas?. a) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. b) Inspección de Industria. c) Inspección de Trabajo y Seguridad Social. d) Autoridades sanitarias.

256.- ¿Cuál de los siguientes órganos de la Administración puede ordenar la paralización de los trabajos en los que exista riesgo grave o inminente?. a) Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. b) Inspección de Trabajo y Seguridad Social. c) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. d) Autoridades sanitarias.

273.- ¿Qué entendemos como “Peligro” desde la prevención de riesgos?. a) Agente biológico que pueda causar daño para la salud. b) Agente físico que pueda causar daño para la salud. c) Agente químico que pueda causar daño para la salud. d) Agente biológico, químico o físico que pueda causar un daño para la salud.

46. Según el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá como «condición de trabajo»: a. La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. b. Cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. c. Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. d. El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

47. Conforme al artículo 13 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, es el órgano colegiado asesor de las Administraciones públicas en la formulación de las políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo: a. Inspección de Trabajo y Seguridad Social. b. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. c. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. d. Ninguna es correcta.

48. Según el artículo 2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de: a. Derecho necesario máximo indisponible. b. Derecho necesario mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos. c. Derecho necesario mínimo indisponible, no pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos. d. Ninguna es correcta.

32. Indica el artículo 6.1 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, que los procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores se regularán por el Gobierno…. a) Mediante Ley. b) Mediante Ley, previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. c) Mediante normas reglamentarias, previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. d) Mediante reglamentos.

33. El órgano colegiado asesor de las Administraciones públicas en la formulación de las políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo es, según el artículo 13 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales…. a) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. b) Las Administraciones públicas competentes en materia laboral. c) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. d) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

34. Forma parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz frente a los riesgos laborales, según el artículo 14 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales…. a) La formación en materia preventiva. b) El derecho de información, consulta y participación. c) La paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente. d) Todas son correctas.

35. Indica el artículo 19 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales que el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación como cuando se produzcan, entre otras circunstancias, cambios en las funciones que desempeñe. Ello supone el cumplimiento de: a) El deber de prevención. b) El deber de protección. c) El deber de información y actualización. d) El deber de evaluación del puesto.

36. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrolle actividades trabajadoras de dos o más empresas, éstas deben cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención. A ello lo denomina del artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales: a) Coordinación de actividad preventiva. b) Coordinación de actividades empresariales. c) Cooperación en actividades preventivas. d) Cooperación interadministrativa en materia de seguridad y salud.

37. Según el artículo 31.4 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, la formación, especialidad, dedicación y número de componentes de los servicios de prevención (entre otros), vendrá determinado por: a) El número de trabajadores de la empresa, según los tramos que señala el artículo. b) Los tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los trabajadores. c) El sector empresarial en el que se desempeñe la actividad, según lo establecido en el propio artículo. d) Todas son correctas.

38. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Según el artículo 35.2 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en una empresa de 501 a 1.000 trabajadores serán: a) 4. b) 5. c) 6. d) 7.

39. ¿Cómo denomina el artículo 38 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales al órgano paritario y colegido de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos?. a) Comisión de Seguridad e Higiene. b) Comisión de Seguridad y Riesgos. c) Comité de Seguridad y Salud. d) Comité de Seguridad y Seguimiento.

49. ¿Cuál es el objeto de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en virtud de su artículo 2?. a. Promover la seguridad y la salud del conjunto de los ciudadanos mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. b. Promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. c. Promover la seguridad e higiene de los trabajadores mediante el estudio de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. d. Promover la seguridad de los trabajadores mediante la aplicación de medidas correctoras para reducir la siniestralidad laboral.

50. ¿Cómo se denomina el órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo y mejora de las mismas?. a. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. b. Consejo Nacional de Prevención de Riesgos Laborales. c. Instituto Nacional de Seguridad y Salud de los Trabajadores. d. Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral.

36- Según el artículo 38.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿qué empresas tienen obligación de contar con un Comité de Seguridad y Salud?. a. Las que tengan 30 o más trabajadores. b. Las que tengan 50 o más trabajadores. c. Las que tengan 40 o más trabajadores. d. Ninguna es correcta.

37- Según el artículo 35.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en las empresas de hasta 30 trabajadores: a. El empresario asumirá la posición del delegado de prevención. b. El delegado de prevención será designado por el propio empresario. c. El delegado de prevención será el delegado de personal. d. No será preciso delegado de prevención.

33. Conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales en cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales el empresario: a. Según las circunstancias de la empresa podrá asumir personalmente las funciones de prevención de riesgos laborales o concertar dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. b. Según las circunstancias de la empresa podrá asumir personalmente las funciones de prevención de riesgos laborales, designar uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituir un servicio de prevención o concertar dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. c. Según las circunstancias de la empresa podrá asumir personalmente las funciones de prevención de riesgos laborales o constituir un servicio de prevención.

15. Corresponde a los Delegados de Personal la representación de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo que tenga: a) Menos de 50 y más de 10 trabajadores. b) Menos de 50 y más de 6 trabajadores. c) Menos de 50 y más de 8 trabajadores.

71. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funcines públicas.. Señala la respuesta incorrecta. a) policía y seguridad. b) servicios operativos de protección civil y peritaje forense en cualquier caso. c) fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil.

105. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, entiende por riesgo laboral grave e inminente: a) aquél que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. b) aquél que resulte cierto racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. c) las dos respuestas anteriores son correctas.

22. Según el artículo 2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales, entre otros, establecidos en dicha Ley son: a) Los de promover la seguridad y salud de los trabajadores. b) Los relativos a la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la citada norma. c) Los de promover la mejora de las condiciones de trabajo dirigidas a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.

26. Conforme al artículo 3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, cuando en dicha ley se hace referencia a trabajadores y empresarios, se entenderán también comprendidos en dichos términos, respectivamente,. a) Los trabajadores autónomos, los exportadores y los suministradores en los términos expresados en la disposición adicional cuarta de dicha Ley. b) De una parte, el personal con relación de carácter administrativo o estatutario y la Administración pública para la que presta servicios, en los términos expresados en la disposición adicional tercera de dicha Ley y, de otra, los socios de las cooperativas a que se refiere el párrafo anterior y las sociedades cooperativas para las que prestan sus servicios. c) El personal eventual y la Administración para la prestan sus servicios en los términos expresados en la disposición adicional cuarta de dicha Ley.

46. Según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá por "prevención": a) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en aquellas fases de actividad más peligrosas de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. b) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. c) El conjunto de procesos adoptados o previstos anticipadamente en algunas de las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

38. En una entidad con 503 empleados públicos existirán: a. 3 Delegados de Prevención. b. 4 Delegados de Prevención. c. 5 Delegados de Prevención.

45. Cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador, se conoce como: a. Riesgo laboral. b. Incidente. c. Condición de trabajo.

39.- ¿Qué órgano fomenta la participación de los trabajadores/as en prevención?. a) La Mesa general de negociación. b) El Comité de Seguridad y Salud. c) La Junta de Gobierno Local. d) El Servicio de Recursos Humanos.

40.- ¿Qué se entiende por accidente de trabajo?. a) La posibilidad de que un trabajador/a sufra un determinado daño derivado del trabajo. b) Toda lesión corporal que el trabajador/a sufre con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. c) Características del trabajo que pueden incrementar la posibilidad de que se produzca accidentes o afecciones para la salud de los trabajadores/as. d) Todo incidente que ocurre en el trabajo con daños materiales.

41.- ¿Qué se considera accidente "in itinere"?. a) El ocurrido en el centro de trabajo. b) El sufrido en desplazamientos laborales. c) El sufrido entre el domicilio y el trabajo. d) El causado por imprudencia.

42.- ¿Qué debe garantizar el empresario según el artículo 22 de la Ley 31/19952. a) Formación continua. b) Vigilancia de la salud. c) Evaluación de riesgos. d) Equipos de protección.

45.- ¿Qué artículo de la Ley regula la formación de los trabajadores/as?. a) Artículo 38. b) Artículo 15. c) Artículo 22. d) Artículo 19.

3. Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los Delegados de Prevención serán: a. Designados por y entre los representantes del personal. b. Nombrados entre los trabajadores con titulación de técnico básico en prevención de riesgos laborales. c. Elegidos por la empresa para dicho cargo. d. Serán trabajadores fijos de la empresa.

34. Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales: a) No se aplica a las administraciones públicas. b) Sólo se aplica al personal laboral de las administraciones públicas. c) No se aplica a la policía local. d) Se aplica a todo el personal laboral y estatutario de las administraciones públicas.

27. Conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la función de la vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales corresponde a: a. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. b. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. c. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. d. El Comité de Seguridad y Salud.

28. En una empresa con 2.500 trabajadores se elegirán: a. Dos Delegados de Prevención. b. Cinco Delegados de Prevención. c. Seis Delegados de Prevención. d. Siete Delegados de Prevención.

46. Se entiende por riesgo laboral grave e inminente: a) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. b) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. c) En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la salud de los trabajadores, se considerará que existe un riesgo grave e inminente cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando éstos no se manifiesten de forma inmediata. d) Las opciones b y c son correctas.

47. ¿Qué se entiende por prevención de riesgos laborales?. a) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. b) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de eliminar los riesgos derivados del trabajo. c) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en determinadas fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. d) Ninguna es correcta.

2. Señale cuales de las siguientes son obligaciones de los trabajadores en materia de prevención riesgos laborales. a) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. b) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. c) Velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. d) Todas las anteriores son correctas.

36. El artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, establece que: a) Los trabajadores tienen derecho a una protección opcional en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio. b) Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección no constituye un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio. c) Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio. d) Los trabajadores tienen derecho a una protección opcional en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho no supone la existencia de un deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este derecho sí constituye un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio.

46. Según el artículo 3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, esta Ley será de aplicación: a) En el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con las peculiaridades que, en este caso, se contemplan en la presente Ley o en sus normas de desarrollo. b) En el ámbito de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, sin excepción. c) En los centros y establecimientos militares, con las particularidades previstas en su normativa específica. d) Todas las anteriores son correctas.

21.- El trabajador está obligado a: a) Poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad existentes en los medios relacionados en su actividad. b) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por los partidos políticos con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores. c) Cooperar con la Delegación de Prevención de Riesgos Laborales de su provincia para que esta pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras. d) Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.

44.- El Plan de Prevención de Riesgos Laborales deberá incluir: a) La estructura organizativa. b) Los procesos y recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa. c) Las prácticas para realizar la prevención de riesgos en la empresa. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

76. Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿cuántos delegados de prevención deberán ser nombrados en un Ayuntamiento con una plantilla anual de 500 empleados municipales?. 2. 3. 4. No es obligatorio nombrar a ningún delegado de prevención, al tratarse de una Administración Pública.

25. Según el artículo 13 de la Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, el órgano colegiado asesor de las Administraciones Públicas en la formulación de las políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud con el trabajo es: a) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. b) El Consejo Nacional de Políticas de Prevención. c) El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

46. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos con el trabajo y serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los órganos de representación provistos en las normas de aplicación, con arreglo a la siguiente escala: a) De 50 a 80 trabajadores: 2 Delegados de Prevención. b) De 4.001 en adelante: 8 Delegados de Prevención. c) En las empresas de hasta cuarenta trabajadores el Delegado de Prevención será eI Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.

76. En las empresas de 31 a 49 trabajadores, según la Ley 31/4995 de 8 do noviembre, habrá: a) Un delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal. b) Dos delegados de Prevención que serán elegidos por y entre los Delegados de Personal. c) En estas empresas el Delegado de Prevención es cualquiera de los trabajadores elegidos directamente por los otros trabajadores.

29.- Según la Ley de Prevención de Riesgos laborales, el plan de prevención de riesgos laborales de una empresa, deberá incluir: a). La estructura organizativa, las responsabilidades y las funciones. b). Las prácticas, los procedimientos y los procesos. c). Todas las respuestas anteriores son correctas.

30.- Ante un accidente, la actitud correcta es: a). Llamar al 112 y socorrer a los lesionados. b). Activar el sistema de emergencias PAS: Proteger, Avisar, Socorrer. c). Pedir ayuda, llamar al 112 y socorrer a los accidentados.

8.- Conforme a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, el Comité de Seguridad y Salud: a) Se constituirá en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. b) Se constituirá en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 500 o más trabajadores. c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

71.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, ¿qué son los Delegados de Prevención?: a) Son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. b) Son representantes de los sindicatos con formación en prevención de riesgos laborales. c) Son funcionarios de las unidades de recursos humanos con formación en Prevención de Riesgos Laborales.

El artículo 2 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, dice que esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para: La protección de la seguridad y la salud. La eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo. La información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva. Todas son correctas.

Cuál es el Órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado, que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo: Agencia Científico Técnica de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Sociedad Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Instituto Científico Técnico de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

6. Según el artículo 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo se denominan: a) Consejeros de prevención. b) Delegados de prevención. c) Representantes de prevención. d) Asistentes de prevención.

34. Según lo establecido en el art. 22. Vigilancia de la salud, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales, indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. El acceso a la información médica de carácter personal se facilitará íntegramente al empresario y mandos intermedios, sin necesidad de que el trabajador preste su consentimiento, en cumplimiento de su deber de vigilancia. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio, la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

38. El derecho básico reconocido a los trabajadores por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, es: a) La vigilancia de su estado de salud. b) Una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. c) La formación en materia preventiva. d) La información, consulta y participación.

39. Entre las obligaciones de los trabajadores recogidas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, no figura: a) Informar directamente al empresario de cualquier situación que entrañe riesgo para la seguridad o salud de los trabajadores. b) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. c) Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. d) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.

54.- Una empresa dispone de un único centro de trabajo y cuenta con 2 Delegados de Prevención. Por lo tanto, aplicando el contenido del art. 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, su plantilla tiene que ser de: a) 70 trabajadores. b) 199 trabajadores. c) 140 trabajadores. d) 200 trabajadores.

36.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas deberá adoptar: a) Las medidas de emergencia. b) Las correspondientes medidas de prevención de riesgos laborales. c) El estudio de seguridad de las instalaciones. d) La formación e información que necesariamente ha de facilitar a sus trabajadores.

21. El Comité de Seguridad y Salud de conformidad con el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 25 o más trabajadores. El Comité estará formado por los delegados de Prevención. Es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. El Comité estará formado por los delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa.

13.- El artículo 5 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales regula el ámbito de aplicación. En el ámbito concreto de las Administraciones públicas, para llevar a cabo la implantación de la prevención de riesgos laborales. ¿Cuál de los siguientes objetivos en materia de política de PRL, ha de ser tenido en cuenta?. a) La elaboración de la política preventiva se llevará a cabo con la participación de los empresarios y de los trabajadores a través de sus organizaciones empresariales y sindicales más representativas. b) La política en materia de prevención de riesgos laborales deberá promover la integración eficaz de la prevención de riesgos laborales en el sistema de gestión de la empresa. c) Las Administraciones públicas promoverán la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, (…) en materia de prevención de riesgos laborales, con el objetivo de detectar y prevenir posibles situaciones en las que los daños derivados del trabajo puedan aparecer vinculados con el sexo de los trabajadores. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

22. Según con lo reconocido en el artículo 26.2 de Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo ……………………………….., en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. (RESPONDER LA FRASE A INCLUIR EN LA LÍNEA DE PUNTOS). a) Certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o cualquier Servicio Médico Privado. b) Certifique la Sección de Prevención de la empresa de la trabajadora. c) Certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas. d) Certifiquen las Mutuas o un Servicio Médico Privado.

9. En relación con lo reconocido en el artículo 20 de Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, el/la empresario/a, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de: a) Primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los/las trabajadores/as. b) Primeros auxilios, reorganización de los/las empleados/as y evacuación de estos/as. c) Reorganización de los/las empleados/as, evacuación de estos/as, primeros auxilios e higienización de las zonas de trabajo. d) Ninguna respuesta es correcta.

Prevención de Riesgos Laborales, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo: a) Es un órgano colegiado asesor de las Administraciones Públicas en la formulación de las políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo. b) Estará integrada por un Presidente, un representante de cada una de las Comunidades Autónomas, un representante de la Administración General del Estado y por representantes de los sindicatos. c) Estará integrada por un representante de cada una de las Comunidades Autónomas y por igual número de representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

25.- ¿ Según lo previsto en el artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que se entiende por Equipo de Protección Individual?. a) Cualquier característica del trabajo que pueda tener influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador. b) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. c) Conjunto de medios y actividades, o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

26.- De conformidad con lo señalado en el artículo 36 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, en las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél serán ejercidas: a) Los Delegados Sindicales. b) Los Técnicos de Prevención. c) Los Delegados de Prevención.

32. Dentro de los principios de la acción preventiva, según el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿qué criterio debe seguir el empresario respecto a las medidas de protección?. a) Debe anteponer siempre la protección individual del trabajador a la protección colectiva. b) Debe evaluar únicamente los riesgos que no se puedan evitar de ninguna forma. c) Debe adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. d) Debe sustituir lo peligroso por cualquier otra alternativa, aunque esta última sea desconocida o no probada.

33. De acuerdo con la escala establecida en el artículo 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿cuántos Delegados de Prevención corresponden a una empresa que tiene entre 50 y 100 trabajadores?. a) 1 Delegado de Prevención. b) 2 Delegados de Prevención. c) 3 Delegados de Prevención. d) 4 Delegados de Prevención.

43.- Según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, respecto al derecho a la protección frente a los riesgos laborales: a) Los empresarios tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. b) El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo podrá recaer sobre los trabajadores. c) El empresario no está obligado a realizar una actividad preventiva en la empresa. d) El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

27. El artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es fundamental para conocer: a) Los derechos de los trabajadores. b) Las obligaciones de los trabajadores. c) Las responsabilidades de los delegados de prevención. d) Las competencias y facultades de los miembros de los Comités de Seguridad y Salud.

Conforme al artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorará conjuntamente: a. Las condiciones del centro de trabajo. b. Las condiciones personales del trabajador. c. La probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. d. La existencia de actividades, procesos, equipos o productos potencialmente peligrosos y las medidas preventivas adoptadas.

Según el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿cuál de los siguientes no es un principio de la acción preventiva?: Evitar los riesgos. Evitar los ruidos. Combatir los riesgos en su origen. Tener en cuenta la evolución de la técnica.

Según el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿qué deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa?: Plan de evacuación. Plan de protección contra incendios. Plan de prevención de riesgos laborales. Plan de prevención de enfermedades laborales.

8.- El art. 28.1 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, establece que un trabajador contratado por empresas de trabajo temporal: a) Deberá disfrutar del mismo nivel de protección sólo en materia de seguridad que los restantes trabajadores. b) Deberá disfrutar del mismo nivel de protección sólo en materia de salud que los restantes trabajadores. c) Deberá disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores. d) Deberá disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad o salud, a su criterio.

43.- De entre los principios de la acción preventiva regulados en el art. 15 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. (SEÑALE LA INCORRECTA). a) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. b) El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo, no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores. c) Evitar los riesgos. d) Tener en cuenta la evolución de la técnica.

42.- En las empresas de hasta 30 trabajadores el Delegado de Prevención será: a) El Delegado de Personal. b) El Comité de Seguridad y Salud. c) El empresario si está capacitado.

44.- La probabilidad racional de que el riesgo se materialice en un futuro inmediato se denomina: a) Riesgo laboral. b) Prevención. c) Riesgo laboral grave.

80.- La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales: a) Constituye legislación laboral dictada al amparo del artículo 149.1.7 de la Constitución Española. b) Constituye legislación laboral dictada al amparo del artículo 149.1.22 de la Constitución Española. c) Constituye legislación laboral dictada al amparo del artículo 149.1.16 de la Constitución Española.

34.- Según el artículo 4.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se entiende por "equipo de trabajo": Los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo. Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo. Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. El grupo de trabajadores que desarrollan conjunta o simultáneamente un mismo proceso.

41.- Según el artículo 8.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas es. a) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. b) El Instituto Nacional de Prevención de Riesgos Laborales e Higiene en el Trabajo. c) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. d) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

59.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación con el derecho a la protección frente a los riesgos laborales es la correcta?: Los trabajadores tienen derecho a una protección básica en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye igualmente un deber de las Administraciones Públicas respecto a la población en general. Los trabajadores tienen derecho a ser atendidos en materia de seguridad y salud en el trabajo.

29.- Según el artículo 8 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo tiene la siguiente función: a) Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en las demandas deducidas ante los mismos en los procedimientos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. b) Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los servicios de prevención establecidos en la Ley. c) Apoyo técnico especializado en materia de certificación, ensayo y acreditación. d) Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, así como de las normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de trabajo en materia de prevención.

47.- Según el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, se entenderá por «equipo de protección individual»: a) Aquel que, en ausencia de aparatos preventivos específicas, den protección a la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan. b) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. c) Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. d) Los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo.

65.- Según el artículo 21 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo el empresario estará obligado a: a) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. b) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. c) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. d) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo o, en su caso, servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

15.- ¿En qué casos no es de aplicación la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?. a) La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es de aplicación en todas y cada una de las relaciones laborales. b) Resguardo aduanero. c) Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. d) Personal Interino.

17) Según el artículo 38 de la Ley 31/1955, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, el Comité de Seguridad y Salud se reunirá: a) Trimestralmente. b) Mensualmente. c) Quincenalmente. d) Anualmente.

26) Tal y como indica el artículo 18 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, cuál de las siguientes informaciones debe recibir directamente cada trabajador, incluso existiendo representantes de los trabajadores: a) Las medidas generales de emergencia de la empresa. b) Los riesgos específicos de su puesto y las medidas preventivas aplicables. c) Todas las decisiones del empresario en materia preventiva. d) Las propuestas realizadas por los órganos de representación.

21) Los delegados de prevención, según el artículo 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, serán designados por y entre los representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala: a) De 50 a 100 trabajadores: 2 delegados. b) De 1000 a 2000 Trabajadores: 5 delegados. c) De 4.000 en adelante: 8 delegados. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

No es correcto: Esta Ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección de la seguridad y la salud en el ámbito de las Fuerzas Armadas. En los establecimientos penitenciarios será de aplicación lo dispuesto en la presente Ley, con las particularidades previstas en su normativa específica. Esta Ley será de aplicación en todo caso en el ámbito de las funciones públicas de servicios operativos de protección civil. Esta Ley será aplicable a las sociedades cooperativas, constituidas de acuerdo con la legislación que les sea de aplicación, en las que existan socios cuya actividad consista en la prestación de un trabajo personal, con las peculiaridades derivadas de su normativa específica.

Se considerara riesgo grave e inminente cuando la exposición a agentes susceptibles de causar danos graves a la salud: Sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato de la que puedan derivarse daños graves para la salud, siempre que éstos se manifiesten de forma inmediata. Sea cierto racionalmente que se materialice en un futuro inmediato de la que puedan derivarse daños graves para la salud, siempre que éstos se manifiesten de forma inmediata. Sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato de la que puedan derivarse daños graves para la salud, siempre que éstos no se manifiesten de forma inmediata. Sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato de la que puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando éstos no se manifiesten de forma inmediata.

Se consideran como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos potencialmente peligrosos aquellos que: Originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan, aunque existan medidas preventivas generales. Originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan, en ausencia de medidas preventivas específicas. Originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utiliza, aunque existan medidas preventivas específicas. Originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan, en ausencia de medidas preventivas generales o específicas.

Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valoraran conjuntamente: Las características del centro de trabajo y las condiciones personales del trabajador. La probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. La existencia de procesos, actividades, operaciones, equipos o productos «potencialmente peligrosos» y con las medidas preventivas adoptadas. El tipo de riesgo y el número de posibles afectados.

Se consideraran como daños derivados del trabajo: Los accidentes y enfermedades que pueda sufrir un trabajador. Enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Cualquier lesión que sufra el trabajador en su vida diaria. Enfermedades profesionales y riesgos no laborales.

Esta Ley y sus normas de desarrollo no serán de aplicación: En el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En el ámbito de las relaciones de carácter administrativo del personal al servicio de las Administraciones Públicas. A las actividades de las Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. En el ámbito de las relaciones de carácter estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de: Derecho necesario máximo disponible. Derecho necesario mínimo indisponible. Derecho necesario máximo indisponible. Derecho necesario mínimo disponible.

De conformidad con el articulo 3 de La Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales será de aplicación a: Únicamente en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el Estatuto de los Trabajadores. Únicamente en las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Tanto en las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con las peculiaridades que, en este caso, se contemplan en la presente Ley o en sus normas de desarrollo. A todas las relaciones de carácter administrativo incluidos los servicios operativos de protección civil y peritaje forense.

Según el articulo 4.3 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, se considerara "daños derivados del trabajo": Las enfermedades sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Las patologías sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Las lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Todas son correctas.

Según determina el art. 14 de Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo: Deberá ser compartido entre la empresa y los trabajadores. Deberá ser compartido entre la empresa y la Administración. No deberá recaer sobre ninguno de los trabajadores. Ninguna es correcta.

Según el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las Administraciones Públicas tienen el: Derecho de proteger a sus trabajadores, frente a los riesgos laborales. Deber de protección del personal a su servicio, frente a los riesgos laborales. Derecho de prevención de sus trabajadores, frente a los riesgos laborales. Ninguna es correcta.

Conforme a lo regulado en el art 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el primer principio de acción preventiva es: Evitar los riesgos. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. Combatir los riesgos en su origen. Tener en cuenta la evolución de la técnica.

En relación a los equipos de protección individual el articulo 17 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales señala que: Los equipos de protección individual se utilizarán de forma prioritaria frente a las medidas colectivas. Los equipos de protección individual se utilizarán cuando los riesgos se puedan evitar. El citado precepto no regula nada referente a los equipos de protección individual. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

De acuerdo con el articulo 19 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, la formación de los trabajadores y trabajadoras: Deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo. Siempre habrá de impartirse fuera de la jornada de trabajo y serán compensadas por el empresario. Siempre será en modalidad online. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Indique la respuesta INCORRECTA. Determina la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el art 28 que los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los contratados por empresas de trabajo temporal: Deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios. Tendrán derecho a una vigilancia periódica de su estado de salud, en los términos establecidos en el art 22 de esta ley y en sus normas de desarrollo. Recibirán, en todo caso, una formación suficiente y adecuada a las características del puesto de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vayan a estar expuestos. Podrán exigir del empresario la aplicación de las medidas que antepongan la protección individual a la colectiva que integran el deber general de prevención.

En el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, la función de elaborar los informes solicitados por los Juzgados de los Social en las demandas deducidas ante los mismos en los procedimientos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, corresponde a: El Consejo Nacional de Prevención y Seguridad en el Trabajo. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

¿Qué articulo de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, regula la protección de la maternidad?. 26. 14. 1. Disposición Adicional cuarta.

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se reunirá al menos: Semanalmente. Trimestralmente. Mensualmente. Semestralmente.

Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿con que periodicidad desarrollara el empresario el seguimiento de la actividad preventiva?. Anualmente. Semestralmente. Mensualmente. Permanentemente.

Según lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, el empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones. ¿Quién deberá velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios?. El comité de empresa. Los delegados de prevención. El trabajador, ya que es éste el que lo utiliza. El empresario.

Según lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, una empresa con 1.500 trabajadores, ¿con cuantos Delegados de Prevención ha de contar?. Tres. Cuatro. Cinco. Seis.

De acuerdo con el articulo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por: El Servicio de Salud contratado por la empresa expresamente para ello. Personal cualificado con conocimientos en medicina y prevención de la salud, siguiendo las instrucciones del Comité de Seguridad y Salud de la empresa. Personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. Por el propio trabajador afectado, siempre que su enfermedad suponga un riesgo grave e inminente para el resto de los trabajadores.

¿Cuándo se aprobó la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales?. 8 noviembre de 1995. 8 de diciembre de 1995. 30 de noviembre de 1995. 18 de noviembre de 1995.

¿Qué artículo de la Constitución Española se desarrolla con la Ley 31/1995?. Art 40.2. Art 42. Art 4.2. Ninguna es correcta.

Para el cumplimiento de los fines de la Ley 31/1995, esta ley regula las actuaciones a desarrollar por: Las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los autónomos y sus respectivas organizaciones representativas. Las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas. Las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores por cuenta propia y sus respectivas organizaciones representativas. Las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los autónomos y sus asociaciones representativas de derechos colectivos.

Según la Ley 31/1995, ¿Qué norma será de aplicación en materia de Prevención de Riesgos Laborales en los centros y establecimientos militares?. Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, con las particularidades previstas en su normativa específica. Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, exclusivamente. Su normativa específica exclusivamente. Será de aplicación la ley 7/1990, de 19 de julio sobre negociación colectiva y participación en la determinación de los puestos de trabajo de los empleados públicos.

¿Se aplica la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales a los empleados públicos?. Sí, con las peculiaridades que se contemplan en esta ley o en sus normas de desarrollo. No. Sí, a excepción de lo dispuesto en el Capítulo V. Sí, a excepción de lo dispuesto en el Título V.

Según la Ley 31/1995. Queda específicamente incluido en la definición de "condición de trabajo": Las características de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo. Los procedimientos para la utilización de los agentes físicos, químicos y biológicos en la generación de los riesgos mencionados. La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. Todos las respuestas son correctas.

¿Por qué normas está constituida la normativa sobre prevención de riesgos laborales según dispone el artículo 1 de la Ley 31/1995?. La normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida por la Ley 31/1995, sus disposiciones de desarrollo y complementarias y cuantas otras normas, legales y convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito. La normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida por la Ley 31/1995, sus disposiciones de desarrollo y complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito. La normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida por la Ley 31/1995, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito. La normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida por la Ley 31/1995, sus disposiciones de desarrollo o complementarias o cuantas otras normas, legales y convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito.

Según el art 6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, ¿Qué materias regulará el Gobierno?. Requisitos mínimos que deben reunir las condiciones de trabajo para la protección de la seguridad o la salud de los trabajadores. Limitaciones o prohibiciones que afectarán a las operaciones, los procesos y las exposiciones laborales a agentes que entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. Limitaciones y prohibiciones que afectarán a las operaciones, los procesos y las exposiciones laborales a agentes que no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. Ninguna es correcta.

Según el art 6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, ¿Cómo se regularán las materias a las que se refiere dicho artículo?. Mediante ley sin consulta previa a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Mediante ley y previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Mediante reglamento y previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Mediante decretos legislativos sin consulta previa a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

Según el art 7 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, las Administraciones públicas competentes en materia laboral desarrollarán funciones de: Promoción de la prevención. Asesoramiento técnico. Vigilancia y control del cumplimiento por los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales. Todas son correctas.

Según la Ley 31/1995 ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo?. Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el desarrollo de la normalización, tanto a nivel nacional como internacional. Sancionar el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada. Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en las demandas deducidas ante los mismos en los procedimientos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Según el art 12 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, ¿A través de qué medios se realizará la participación de empresarios y trabajadores en lo que respecta a la protección de la seguridad y salud de los trabajadores?. A través de todas las organizaciones empresariales y sindicales. A través de las organizaciones profesionales y sindicales más representativas. A través de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. A través de las asociaciones empresariales y sindicales más representativas.

Según el art 12 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, ¿a quién corresponde desarrollar el principio básico de la política de prevención de riesgos laborales?. A la Administración General del Estado. A la Administración de las Comunidades Autónomas. A las Administraciones públicas competentes en los distintos niveles territoriales. Ninguna es correcta.

Según la Ley 31/1995 ¿Qué tipo de órgano es la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo?. Es un órgano colegiado asesor de las Administraciones públicas en la formulación de las políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es un órgano colegiado de confianza de las Administraciones públicas en la formulación de las políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de seguridad y sanidad en el trabajo. Es un órgano colegiado de confianza de la Administración General del Estado en la formulación de las políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es un órgano colegiado asesor de la Administración General del Estado en la formulación de las políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo.

¿Por quién estará integrada la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo según lo dispuesto en el artículo 13 de la LPRL?. Por un representante de cada una de las Comunidades Autónomas y por igual número de miembros de la Administración General del Estado y, paritariamente con todos los anteriores, por representantes de las asociaciones empresariales y sindicales más representativas. Por un representante de cada una de las Entidades Locales y por igual número de miembros de la Administración General del Estado y, paritariamente con todos los anteriores, por representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Por un representante de cada una de las Comunidades Autónomas y por igual número de miembros de la Administración General del Estado y, paritariamente con todos los anteriores, por representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Por un representante de cada una de las Entidades Locales y por igual número de miembros de cada una de las Comunidades Autónomas y, paritariamente con todos los anteriores, por representantes de las asociaciones empresariales y sindicales más representativas.

¿A quién corresponderá la Secretaría de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo?. Recaerá en la Secretaría del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Recaerá en la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Recaerá en la Dirección de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Recaerá en la Secretaría de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Según la Ley 31/1995 ¿Cómo funcionará la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo?. En Pleno, en Comisión Permanente o en Grupos de Trabajo, conforme a la normativa que establezca el Reglamento interno que elaborará el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. En Pleno o en Grupos de Trabajo, conforme a la normativa que establezca el Reglamento interno que elaborará la propia Comisión. En Pleno, en Comisión Especiales o en Grupos de Trabajo, conforme a la normativa que establezca el Reglamento interno que elaborará la propia Comisión. En Pleno, en Comisión Permanente o en Grupos de Trabajo, conforme a la normativa que establezca el Reglamento interno que elaborará la propia Comisión.

Según el art 14 de la LPRL, ¿a qué tienen derecho los trabajadores?. A una protección eficiente en materia de seguridad y salud en el trabajo. A una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. A una protección eficiente en materia de vigilancia y salud en el trabajo. A una protección eficaz en materia de vigilancia y salud en el trabajo.

Según el art 6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, ¿Qué materias regulará el Gobierno?. Condiciones o requisitos esenciales para cualquiera de los supuestos contemplados en el apartado anterior, tales como la exigencia de un adiestramiento o formación previa e inmediata o la elaboración de un plan en el que se contengan las medidas preventivas a adoptar. Procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores, normalización de metodologías y guías de actuación preventiva. Velar por el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales mediante las actuaciones de vigilancia y control. A estos efectos, prestarán el asesoramiento y la asistencia técnica necesarios para el mejor cumplimiento de dicha normativa y desarrollarán programas específicos dirigidos a lograr una mayor eficacia en el control. Sancionar el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley, con arreglo a lo previsto en el capítulo VII de la misma.

Según la Ley de PRL, ¿Qué se tendrá en cuenta en la evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores?. Con carácter excepcional, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que puedan desempeñarlos. Con carácter general, la naturaleza de las tareas que podrán desarrollarse, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Con carácter especial, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos.

Según la Ley 31/1995 ¿En qué casos deberán utilizarse lo equipos de protección individual?. Cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. Cuando los riesgos se puedan evitar o puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección individual o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. Cuando los riesgos se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. Cuando los riesgos no se puedan evitar o puedan limitarse generalmente por medios técnicos de protección individual o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

Según la Ley 31/1995, a fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente ley, el empresario adoptara las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con: Los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función. Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en esta Ley. Las medidas o actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en esta Ley. Ninguna son correctas.

Según la Ley 31/1995. La formación en materia de riesgos laborales, se impartirá.. Siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero sin el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. En todo caso se impartirá dentro de la jornada de trabajo. Siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. En ningún caso se impartirá dentro de la jornada de trabajo.

Según la Ley 31/1995. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a: Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección. Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente. Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la empresa, esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro. Todas son correctas.

Según el artículo 21.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, cuando considere que su actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud, el trabajador ¿tiene derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario ?: No. Sí. Sólo si cuenta con la aprobación del Comité de Seguridad y Salud. Sólo si cuenta con la aprobación de los Delegados de Prevención.

Señálese cuáles de las siguientes, son funciones del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (actual INSST), en aplicación del articulo 8 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre: Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el desarrollo de la normalización, tanto a nivel nacional como internacional. Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en las demandas deducidas ante los mismos en los procedimientos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando se advierta la existencia de riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores. Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los servicios de prevención.

Según el art 22 de la LPRL, el empresario: Garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia de su estado de salud anualmente. Garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud. Garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia permanente de su estado de salud. Ninguna es correcta.

Según la Ley 31/1995 ¿Cómo se llevaran a cabo las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores?. Respetando siempre que sea posible el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. Respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. Respetando siempre que sea posible el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. Respetando siempre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.

¿Quién o quienes serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño de su puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar medidas de protección y prevención (art 22 LPRL): El empresario y el trabajador. Las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención. El empresario y las personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención. Todas son correctas.

Según el art 23 de la LPRL, el empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación (seleccionar la incorrecta): Plan de prevención de riesgos laborales conforme a lo establecido en el art 16.1 de esta ley. Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo el resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores. Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. Relación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral de al menos tres días de trabajo.

¿A quien deberá notificar el empresario y como de los danos para la salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo, según lo dispuesto en el art 23 de la LPRL?. A la autoridad laboral, por escrito y conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente. A la autoridad laboral, por escrito y por medios electrónicos y conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente. Al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por escrito y por medios electrónicos y conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente. Al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, por escrito y por medios electrónicos y conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente.

Según la Ley 31/1995, en el caso que en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o mas empresas, ¿quién deberá adoptar las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondiente, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores?. El empresario titular del centro de trabajo. El empresario de cada centro de trabajo se hará responsable de la adopción de dichas medidas. Los trabajadores de cada centro de trabajo se harán responsables cada uno de la adopción de dichas medidas. La autoridad laboral.

Según el art 26 de la LPRL, las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a: Ausentarse del trabajo, con deducción proporcional de sus haberes, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo. Ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo. Ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, sin necesidad de previo aviso al empresario. Ausentarse del trabajo, sin derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, sin necesidad de justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.

Conforme a lo dispuesto en el art 26 de la LPR, cuando la adaptación de las condiciones o el tiempo de trabajo no fuera posible para la trabajadora embarazada, se procederá a: La suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo. Destinar a la trabajadora a otra localidad. Al desempeño por la trabajadora de un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. Al despido de la trabajadora.

Según el art 27 de la LPR, ¿Qué deberá hacerse antes de la incorporación al trabajo de menores de 18 años?. El empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos a desempeñar por los mismos a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición. La autoridad laboral deberá efectuar una evaluación de los puestos a desempeñar por los mismos a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición. El Gobierno deberá efectuar una evaluación de los puestos a desempeñar por los mismos a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición. El Ministerio de Trabajo deberá efectuar una evaluación de los puestos a desempeñar por los mismos a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición.

En relación con la protección de los menores, según lo dispuesto en el art 27 de la LPRL, el Gobierno: Establecerá las limitaciones a la contratación de jóvenes menores de dieciocho años en trabajos que presenten riesgos genéricos. Establecerá las limitaciones a la contratación de jóvenes menores de dieciocho años en trabajos que presenten riesgos generales. Establecerá las limitaciones a la contratación de jóvenes menores de dieciocho anos en trabajos que presenten riesgos especiales. Establecerá las limitaciones a la contratación de jóvenes menores de dieciocho años en trabajos que presenten riesgos específicos.

Según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, es obligación del trabajador: a. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. b. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que esta tenga lugar. c. A y B son correctas. d. a cada trabajador velar, según sus responsabilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

Conforme a lo establecido en el artículo 37.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en relación a los Delegados de Prevención señale la afirmación correcta: El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente, en todo caso. El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su coste deberá recaer sobre los Delegados de Prevención. El empresario podrá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.

4.- Según el art. 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas podrá interponerse recurso de alzada y potestativo de revisión a los actos de trámite siempre que: A) Decidan directamente sobre el fondo del asunto. B) Decidan indirectamente sobre el fondo del asunto. C) Las respuestas A y B son correctas. D) Ninguna es correcta.

6.- Según el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la notificación del acto administrativo deberá contener (señale la INCORRECTA): A) Su texto íntegro. B) Los recursos que contra el mismo procedan. C) Los motivos en que se basa la decisión. D) El plazo de interposición de los recursos.

8.- De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se consideran anulables los actos que incurran en: A) Cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder. B) Defecto de forma, cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. C) La realización de actuaciones fuera del tiempo establecido para ellas, cuando la naturaleza del término o plazo lo imponga. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

11.- En relación a los recursos administrativos, señale la respuesta INCORRECTA: A) El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. B) Los vicios y defectos que hagan anulable un acto podrán ser alegados por quienes los hubieran causado. C) La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. D) Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa.

13.- En cuanto al funcionamiento de los registros electrónicos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?: A) Se permitirá la presentación de documentos sólo los días hábiles del año durante las veinticuatro horas. B) La presentación en un día inhábil, se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. C) El inicio del cómputo de los plazos que haya de cumplir las Administraciones vendrá determinado por la fecha de presentación en el registro electrónico. D) La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos.

16.- Formulada una solicitud en el supuesto de que no se cumplan con los requisitos exigidos, ¿qué obligación tendrá la Administración para con el interesado?. A) Ninguna. B) Se tramitará conforme a lo solicitado. C) Se le requerirá para subsanación de deficiencias. D) Se le tendrá como desistido.

18.- En que Título y Capítulo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se recogen los recursos administrativos: A) Título IV, Capítulo II. B) Título V, Capítulo II. C) Título VII, Capítulo I. D) Título VI, Capítulo II.

23.- Según el art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración (señale la INCORRECTA): A) Las entidades sin personalidad jurídica. B) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. C) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. D) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

30.- Según el art. 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas sujetas al Derecho Administrativo se presumen válidos y producirán efectos: A) Desde la fecha en que se dicten siempre. B) Desde la fecha en que se notifique. C) Desde la fecha en que se publique. D) Ninguna es correcta.

45.- Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuál de los siguientes serán considerados interesados en un procedimiento administrativo: A) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte siempre que se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. B) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución siempre que se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. C) A) y B) son correctas. D) A) y B) son incorrectas.

2. Respecto de la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración Pública, según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, señale la respuesta correcta: a) Es obligatorio para las personas físicas y jurídicas. b) Es obligatorio para las personas jurídicas y potestativo para las entidades sin personalidad jurídica. c) Ninguna de las anteriores es correcta.

3. En procedimientos iniciados a solicitud del interesado el silencio tiene carácter: a) Desestimatorio, en todo caso. b) Estimatorio, en todo caso. c) Desestimatorio en los procedimientos relativos al derecho de petición del artículo 29 de la Constitución.

4. Cuando la revisión de oficio se inicia a instancia de parte, el trascurso de seis meses sin resolver producirá: a) La caducidad del procedimiento. b) La prescripción del procedimiento. c) La desestimación por silencio administrativo.

6. Si un interesado no comparece en el trámite de información pública, según la Ley 39/2015, implica: a) La pérdida de la condición de interesado. b) No impedirá interponer los recursos pertinentes contra la resolución definitiva. c) Impedirá interponer los recursos pertinentes contra la resolución definitiva.

7. Señale la respuesta incorrecta respecto del recurso extraordinario de revisión. a) Cabe contra actos firmes en vía administrativa. b) Se interpondrán ante el órgano que los dictó. c) El silencio es siempre positivo.

10. En el procedimiento sancionador, la presentación de una denuncia: a) No confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. b) Confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. c) Nunca confiere la condición de interesado en el procedimiento.

18. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, el derecho a reclamar prescribirá: a) A los 6 meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. b) Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. c) A los 3 meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.

1.- En los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable: a) La Administración no está obligada a dictar resolución expresa y notificarla. b) La Administración está obligada a dictar resolución expresa. c) La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla. d) La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

2.- La incoación de expediente sancionador se comunicará al denunciante: a) Cuando las normas reguladoras del procedimiento así lo prevean. b) En todos los casos en que medie denuncia. c) En ningún caso, ya que iría contra la Ley de Protección de Datos. d) En los casos en que el denunciante solicite dicha comunicación.

8.- Se consideran interesados en el procedimiento administrativo, entre otros: a) Quienes hayan iniciado el procedimiento aunque no tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. c) Quien lo promueva como titular de derechos o intereses no legítimos individuales o colectivos. d) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en cualquier fase del mismo.

9,- Para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas: a) Las personas jurídicas, pero no las entidades sin personalidad jurídica. b) Las entidades sin personalidad jurídica y los empleados públicos, pero no las personas físicas aunque ejerzan una actividad profesional de colegiación obligatoria. c) Las personas físicas que tengan acceso a los medios electrónicos. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.

10.- Los actos administrativos deberán publicarse: a) Cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, no siendo necesario, en este caso, la notificación individual. b) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas. c) Cuando se trate de actos que vengan recogidos en el artículo 40.2 de la Ley 39/2015. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

11.- En un procedimiento administrativo, cuando el interesado rechace la notificación de una actuación: a) Se intentará por segunda vez con acuse de recibo. b) Se hará pública en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de su domicilio. c) Se repetirá por una sola vez dentro de los tres días siguientes. d) Se hará constar en el expediente y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento.

13.- El inicio de un procedimiento a propia iniciativa lo llevará a cabo: a) El órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación, a consecuencia de la orden emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación de procedimiento. b) El órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación por la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento. c) Las dos respuestas anteriores son correctas. d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

14.- Los interesados podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio: a) En todo momento previo a la resolución expresa del expediente administrativo. b) Exclusivamente dentro del plazo concedido para presentar alegaciones y aportar documentos. c) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

15.- El recurso extraordinario de revisión procederá: a) Contra los actos firmes en vía administrativa si concurre alguna de las circunstancias previstas en el art. 125.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas. b) Contra todos los actos firmes en vía administrativa. c) Contra la resolución del recurso de alzada y el de reposición. d) El recurso extraordinario de revisión no procede contra los actos administrativos.

16.- Ponen fin a la vía administrativa: a) Las resoluciones de los recursos de alzada. b) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. c) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

17.- Se podrá prescindir del trámite de audiencia en un procedimiento administrativo: a) En ningún caso se podrá prescindir del trámite de audiencia. b) Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. c) En los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el artículo 32.9 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. d) En el caso de que el órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, acuerde un período de información pública.

18.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. a) El acto administrativo forma parte del ordenamiento jurídico. b) El acto administrativo puede ser dictado por cualquier órgano Administrativo. c) El acto administrativo, una vez aplicado, no se extingue. d) La contradicción de un acto administrativo con otro anterior siempre conllevará su ilegalidad.

30.- Contra la resolución de un recurso de alzada: a) únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo. b) cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso potestativo de reposición, en los casos establecidos en el artículo 123. c) no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1. d) no cabrá ningún otro recurso administrativo.

31.- El plazo para la interposición del recurso de reposición si el acto fuera expreso será: a) cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. b) 1 mes. c) 2 meses. d) 3 meses.

32.- Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer: a) Solo ante la Administración. b) Ante cualquier persona física o entidad privada. c) Ante la Administración y ante cualquier persona o entidad pública. d) Ante la Administración y ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada.

35.- La demora en la eficacia del acto administrativo puede originarse: a) porque así lo exija la naturaleza del acto. b) porque el contenido accidental que incluya una condición suspensiva o término inicial así lo establezca. c) porque la eficacia quede supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. d) Todas las anteriores son correctas.

37.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre de Procedimiento Administrativo Común, cuál de las siguientes respuestas no es correcta: “La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios: a) Apremio sobre el patrimonio. b) Ejecución subsidiaria. c) Multa coercitiva. d) Ocupación directa de bienes.

38.- Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando (señala la incorrecta): a) Así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. b) El acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas. c) La Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, no siendo necesaria en este caso la notificación individualizada. d) Se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo.

1.- Según el Artículo 47 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son nulos de pleno derecho los actos que: a) Incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. b) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. c) Los que sean constitutivos de infracción administrativa o se dicten como consecuencia de esta. d) Los dictados prescindiendo parcial y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

2.- En la instrucción del procedimiento, según recoge el artículo 82 la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas relativo al trámite de audiencia, el plazo para alegar y presentar los documentos y justificaciones que el interesado considere pertinentes será de: a) No inferior a quince días ni superior a veinte. b) No inferior a diez días ni superior a veinte. c) No superior a diez días ni inferior a quince. d) No inferior a diez días ni superior a quince.

Serán motivados (art 35 de Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos siguientes: a) Los actos que limiten derechos objetivos o intereses legítimos. b) Los actos que admitan pruebas propuestas por los interesados. c) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, ampliación de plazos y actuaciones complementarias. d) Los actos que sigan el criterio de actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.

4.- El artículo 42 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas recoge que: "Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, si no se halla éste presente en el momento de entrega de la notificación...". a) Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio. b) Cualquier persona mayor de dieciséis años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. c) Podrá hacerse cargo cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio y que haga constar su identidad. d) Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.

5.- Los informes emitidos (artículo 80 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) serán: a) Salvo disposición expresa en contrario, facultativos y vinculantes. b) Salvo disposición expresa a favor, facultativos y no vinculantes. c) Salvo disposición expresa en contrario, preceptivos y no vinculantes. d) Salvo disposición expresa en contrario, facultativos y no vinculantes.

6.- Según el artículo 77.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un periodo de prueba por un plazo de: a) No superior a veinte días ni inferior a diez. b) No superior a treinta días ni inferior a diez. c) El instructor podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo no superior a diez días, cuando lo considere necesario, a petición de los interesados. d) b) y c) son correctas.

14.- Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas pondrán fin al procedimiento administrativo: a) La resolución. b) El desistimiento. c) La declaración de caducidad. d) Todas son correctas.

15. Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas el plazo para la interposición del recurso de alzada si el acto fuera expreso será de: a) De 15 días. b) De un mes. c) De tres meses. d) Ninguna es correcta.

18.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, tiene por objeto regular (señala la incorrecta): a) Los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos. b) El procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas. c) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. d) Los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.

19.- Una vez vencido el plazo para dictar y notificar resolución, en procedimientos iniciados de oficio de los que pudiera derivarse el reconocimiento o la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables: a) Los interesados que hubieren comparecido podrán entender estimadas sus pretensiones por silencio administrativo. b) Los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. c) Se producirá la caducidad. d) Se producirá la prescripción.

20.- Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes (señala la incorrecta): a) Los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. c) Los que tengan un contenido imposible. d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

21.- En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de: a) Legalidad, eficacia, celeridad, contradicción, transparencia, e igualdad. b) Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. c) Legalidad, eficacia, proporcionalidad, contradicción, transparencia, y eficiencia. d) Legalidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, publicidad y transparencia.

22.- Transcurrido el plazo para la interposición del recurso de reposición: a) Únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo. b) Únicamente podrá interponerse recurso extraordinario de revisión, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia de alzada. c) Únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión. d) Únicamente podrá interponerse recurso de alzada.

1. Según el art.36 de la Ley 39/2015, ¿Cómo debe actuarse cuando los órganos administrativos dicten resoluciones de forma verbal?. a) El titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya de forma verbal, con expresión de su contenido. b) La constancia escrita de la resolución, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente. c) La constancia de la resolución, cuando sea necesaria y firmará por el titular del órgano superior jerárquico. d) El titular de la competencia podrá autorizar una relación de las que puedan dictarse verbalmente, con expresión de su contenido.

2. El artículo 106.5 de la Ley 39/2015, establece que cuando el procedimiento de revisión de un acto nulo se hubiera iniciado a solicitud del interesado: a) El transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producir a la caducidad del mismo. b) Transcurrido el plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo. c) El transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. d) Transcurrido el plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución, se podrá entender desestimada por silencio administrativo.

3. La Ley 39/2015, recoge en su artículo 109, que las Administraciones Públicas podrán revocar sus actos: a) En cualquier momento para los actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o el ordenamiento jurídico. b) Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción para cualquier acto siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. c) Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción para actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. d) Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción para cualquier acto siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, de legalidad o al ordenamiento jurídico.

4. El artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no establece que serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derechos: a) Los actos que acuerden el desistimiento por la Administración procedimientos iniciados a solicitud de los interesados. b) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales. c) Los acuerdos de realización de actuaciones complementarias. d) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.

5. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 2.2 establece que las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas: a) No están integradas en el sector público institucional y se regirán por su normativa especifica. b) Están integradas en el sector público institucional y están sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. c) No están integradas en el sector público institucional pero están sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. d) Están integradas en el sector público institucional pero se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por ley o delegadas.

6. La Ley 39/2015, en su artículo 6 indica que los poderes inscritos en los registros electrónicos de apoderamiento tendrán una validez máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción, que se podrán prorrogar con una validez máxima: a) De cinco años a contar desde la finalización de la validez de la inscripción inicial. b) De tres años a contar desde la finalización de validez de la inscripción inicial. c) De cinco años a contar desde la fecha de inscripción de la prórroga. d) De tres años a contar desde la fecha de inscripción de la prórroga.

7. La Ley 39/2015, establece en su artículo 9.2 que las Administraciones Públicas podrán establecer sistemas de identificación de los interesados que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa: a) Comunicación a la Secretaria General de Administración Digital. b) Autorización por la Secretaria General Administración Digital. c) Comunicación a la Dirección General de Función Pública. d) Autorización por la Secretaria General de Función Pública.

8. De acuerdo a lo establecido en el artículo 53 de la Ley 39/2015,de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados en un procedimiento administrativo no tienen derecho: a) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. b) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. c) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tenga la condición de interesado, así como el sentido del silencio que corresponda en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo. d) Todas las anteriores son incorrectas.

9. De acuerdo a lo establecido en el artículo 16.8 de la Ley 39/2015, ¿qué ocurre si se presentan documentos o información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación?. a) Que deben digitalizarse para incorporarse al expediente administrativo. b) Que no se tendrán por presentados en el registro. c) Que deben normalizarse de acuerdo a su régimen especial. d) Que deben aceptarse y requerir al interesado para subsanación.

10. Según la Ley 39/2015, 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto del calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazo en las Entidades Locales: a) El calendario aprobado por las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades Locales correspondientes a su ámbito territorial, a las que será de aplicación. b) Las Entidades Locales con sujeción al calendario laboral oficial aprobarán, en su respectivo ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazo. c) La Administración General del Estado determinará los días inhábiles de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales con sujeción al calendario laboral oficial, que serán de aplicación en sus respectivos ámbitos competenciales. d) Las Entidades Locales con sujeción al calendario laboral oficial y previa autorización de la Comunidad Autónoma aprobarán, en su respectivo ámbito territorial, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazo.

11. Señale cuál no es una medida provisional de las recogidas en el artículo 56.3 de la Ley 39/2015, de la LPACAP: a) Prestación de fianzas. b) Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por aplicación de precios ciertos. c) Suspensión definitiva de actividades. d) La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Públicas.

12. Según el artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si en un procedimiento concreto, la administración establece expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes: a) Estos no permitirán la descarga automática de la información a los interesados. b) Estos contemplarán medidas complementarias de garantía de confidencialidad. c) Estos serán de uso obligatorio por los interesados. d) Estos serán de uso facultativo por los interesados pudiendo verificar la información aportada respecto de datos almacenados.

13. De acuerdo con el artículo 69.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿desde cuándo permite una comunicación el reconocimiento o ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad?. a) Desde el día de su presentación en todo caso. b) A partir del día siguiente a su presentación. c) Desde el día en que la administración realice las comprobaciones de cumplimiento de los requisitos necesarios. d) Desde el día de su presentación o con anterioridad a la presentación cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente.

14. El artículo 75.2 de la Ley 39/2015,de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que las aplicaciones y sistemas de información que se utilicen para la instrucción de los procedimientos deberán garantizar: a) El control de los tiempos y plazos, la responsabilidad de los órganos competentes y la tramitación ordenada de los expedientes, así como facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos. b) El cumplimiento de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables y la eficacia en la tramitación de los expedientes, así como facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos. c) El control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables y la tramitación ordenada de los expedientes, así como facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos. d) El cumplimiento de los tiempos y plazos, la responsabilidad de los órganos competentes y la tramitación ordenada de los expedientes, así como facilitar el acceso al procedimiento de los interesados.

15. Según el artículo 77.2 de la Ley 39/2015,de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la decisión de la apertura de un periodo extraordinario de prueba le corresponde: a) Al instructor, a petición de los interesados, por un plazo no superior a diez días. b) Al instructor, a petición de los interesados, por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez. c) Al órgano competente para resolver, de oficio o a petición de los interesados, por un plazo no superior a diez días. d) Al órgano competente para resolver, a petición de los interesados, por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez.

16. De acuerdo a lo recogido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del procedimiento, este plazo no podrá exceder de tres meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. b) Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web y en el diario oficial que corresponda, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia. c) El órgano competente para resolver o el superior jerárquico de este, podrá habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo en determinados supuestos. d) Se exceptúan de la obligación de dictar resolución expresa y notificarla, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, la renuncia del derecho, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.

17. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 22.2 establece los supuestos en los que en todo caso se suspenderá el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución, entre los que se encuentra: a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios. b) Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de las previstas en el artículo 87 de esta ley. c) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio en los términos previstos en el artículo 86 de esta ley. d) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración.

18. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cómo y en qué plazo se expide el certificado acreditativo del silencio administrativo?. a) De oficio por el órgano competente para instruir el procedimiento en el plazo de 20 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. b) De oficio por el órgano instructor en el plazo de 15 días hábiles desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. c) De oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de 20 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. d) A petición del interesado, en el plazo de 15 días contados desde el día siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración y Organismo competente para resolver.

19. Según el artículo 117.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el boletín oficial de la provincia en que aquél se insertó. b) Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el tablón de edictos en que aquél se insertó. c) Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial en que aquél se insertó. d) Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado en que aquél se insertó.

20. Según el artículo 121.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de cinco días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente. b) Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de quince días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente. c) Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de veinte días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente. d) Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.

21. Según el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de derecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean anteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de resolución administrativa firme.

22. Según el artículo 4.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales: a) Serán titulares de intereses legítimos individuales y colectivos en los términos que la Ley reconozca. b) Serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que reglamentariamente se reconozca. c) Serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca. d) Serán titulares de intereses legítimos individuales y colectivos en los términos que reglamentariamente se reconozca.

23. Según el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quienes de conformidad con el artículo 3 tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: a) ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. b) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el resto del Ordenamiento Jurídico. c) A exigir siempre las responsabilidades de las Administraciones Publicas y autoridades. d) A la obtención y utilización de los medios de identificación y sello electrónico contemplados en esta Ley.

24. Según el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los efectos previstos en esta Ley, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas mercantiles. b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. c) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades con personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. d) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades con personalidad jurídica y los patrimonios dependientes de las mismas.

31. Según el artículo 16.7 de la Ley 39/2015,de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación de los registros electrónicos de apoderamientos para la presentación electrónica de documentos. b) Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación presencial de documentos. c) Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos. d) Las Administraciones Públicas podrán hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos.

32. Según el artículo 26.2 de la Ley 39/2015,de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán: a) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico. b) Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido notificados. c) Incorporar los metadatos máximos exigidos. d) Incorporar los certificados electrónicos cualificados de sello electrónico que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.

33. Según el artículo 28.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Las copias que aporten los interesados al procedimiento administrativo tendrán eficacia, exclusivamente en el ámbito de las potestades sancionadoras o de inspección de las Administraciones Públicas. b) Las copias que aporten los interesados al procedimiento administrativo tendrán eficacia, exclusivamente en el ámbito de la actividad de las Administraciones Públicas. c) Las copias que aporten los interesados al procedimiento administrativo tendrán eficacia, exclusivamente cuando la normativa reguladora aplicable lo establezca. d) Las copias que aporten los interesados al procedimiento administrativo tendrán validez, exclusivamente en el ámbito de las potestades sancionadoras o de inspección de las Administraciones Públicas.

67. Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá: a) Al año de producido el hecho o se manifiesta su efecto lesivo. b) Al año desde que se determine el alcance de las secuelas. c) Al año desde que se publique la resolución administrativa en el caso de anulación en vía administrativa de un acto. d) Al año de haberse notificado la sentencia definitiva en caso de anulación en vía contencioso-administrativa.

69. De conformidad con el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando el infractor reconoce su responsabilidad y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario: a) El órgano instructor del procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. b) El órgano instructor del procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. Pudiendo ser incrementado este porcentaje reglamentariamente. c) El órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. El porcentaje de reducción previsto en este apartado podrá ser incrementado reglamentariamente. d) El órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones del 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, no siendo éstos acumulables entre si.

17. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son nulos de pleno derecho: a) Las disposiciones administrativas que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras favorables. b) Los actos dictados por órgano manifiestamente competente por razón de la materia o del territorio. c) Los actos que tengan un contenido imposible. d) Las disposiciones administrativas que vulneren otras disposiciones administrativas de rango inferior.

19. Con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, ¿en qué tiempo deberán ser resueltos los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada?. a) Diez días, a contar desde la notificación al interesado del acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. b) Treinta días, a contar desde la notificación al interesado del acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. c) Diez días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. d) Treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.

20. Conforme a lo señalado en el artículo 74 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las cuestiones incidentales que se susciten en un procedimiento: a) Suspenderán la tramitación del procedimiento, salvo la recusación, que no lo suspenderá. b) Suspenderán la tramitación del procedimiento. c) No suspenderán la tramitación del procedimiento en ningún caso. d) No suspenderán la tramitación del procedimiento, salvo la recusación.

2. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que las notificaciones: a) Se practicarán, en todo caso, por medios electrónicos. b) Se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. c) Se podrán practicar por medios electrónicos las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques. d) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido tres días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

5. En función de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que lo dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Que al dictarlo se hubiera incurrido en error de hecho o de derecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente únicamente con posterioridad a la incoación del expediente. b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. c) Que en la resolución hayan influido parcialmente documentos o testimonios declarados falsos por auto judicial, anterior a aquella resolución. d) Que la resolución administrativa haya sido emitida con omisión del procedimiento legalmente establecido.

4. Según lo establecido en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido: a) 10 días hábiles. b) 10 días naturales. c) 15 días hábiles. d) 15 días naturales.

9. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, aquellas personas que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte: a) No se les considerará interesados a no ser que soliciten justificadamente tal condición. b) Se considerarán interesados en el procedimiento. c) No se les considerará interesados, pero podrán impugnar la apertura del procedimiento. d) Se considerarán interesados en el procedimiento siempre y cuando presenten el correspondiente recurso de revisión previo a la iniciación de las actuaciones.

20. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa: a) La notificación se hará por medio de anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. b) La notificación se hará por medio de anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su domicilio. c) Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento. d) Habrá de intentarse una segunda notificación en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.

5. Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, uno de los siguientes actos administrativos NO tiene que ser obligatoriamente motivado: a) Los actos que confirmen el criterio seguido en actuaciones precedentes. b) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. c) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias. d) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial.

14. De conformidad con el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuáles de los siguientes actos NO son actos nulos de pleno derecho: a) Los actos que incurran en desviación de poder. b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. c) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. d) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

29. De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos sancionadores se pueden iniciar: a) De oficio, a petición de parte interesada, o por denuncia. b) Siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente. c) Por denuncia o de oficio, por acuerdo del órgano competente. d) Únicamente por denuncia.

3. Iniciado el procedimiento de revisión de oficio al que se refieren los artículos 106 y 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad, podrá suspender la ejecución del acto: a) Cuando resulte contrario al derecho de los particulares o a las leyes. b) Cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. c) Cuando así lo acuerden todas las partes personadas en la ejecución. d) En los casos en que la Ley lo ordene de modo expreso.

11. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cómo se deben anotar los asientos en el Registro Electrónico General de cada Administración?. a) Por orden alfabético de los documentos para facilitar su localización y consulta. b) Respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos e indicando la fecha del día en que se produzcan. c) Agrupados por nivel jerárquico del órgano receptor o emisor de los documentos, indicando la fecha de entrada o salida según corresponda. d) Por la fecha del documento a registrar.

16. En relación con la práctica de las notificaciones en papel, el artículo 42 de la Ley 39/2015 establece que: a) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 12 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. b) Si nadie se hace cargo de la notificación en el domicilio del interesado, se hará constar esta circunstancia en el expediente, con el día y la hora en que se intentó la notificación, y se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los 5 días hábiles siguientes. c) En caso de que el primer intento de notificación en el domicilio del interesado se haya realizado antes de las 17 horas, el segundo intento deberá realizarse después de las 17 horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de 3 horas entre ambos intentos de notificación. d) Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder a su contenido de forma voluntaria.

17. Según la Ley 39/2015, ¿es posible que el órgano competente para la revisión de oficio de un acto o disposición nulos de la Administración General del Estado inadmita a trámite las solicitudes formuladas por los interesados sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado?. a) No. El Dictamen del Consejo de Estado es requisito imprescindible para la revisión de oficio de actos o disposiciones nulos, de acuerdo con el artículo 106 de la Ley 39/2015. b) Sí, cuando las solicitudes de revisión no se basen en alguna causa de nulidad de pleno derecho o carezcan de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. c) Sí, pero si no acude al Consejo de Estado debe impugnar la solicitud en vía contencioso-administrativa. d) Sí, pero debe hacerlo en el plazo de 6 meses o se producirá la caducidad del procedimiento y, en ese caso, deberá acudir bien al Consejo de Estado o bien a la Jurisdicción contencioso-administrativa para impugnar la solicitud del interesado.

21. Según la Ley 39/2015, en materia de responsabilidad patrimonial, el plazo máximo de que dispone la Administración para resolver la reclamación y notificar la resolución expresa es de: a) Tres meses y si la Administración no resolviese en plazo, se producirá la caducidad del procedimiento y el archivo de actuaciones. b) Seis meses y si la Administración no resolviese en plazo, se entenderá estimada la reclamación. c) Seis meses y si la Administración no resolviese en plazo, se entenderá desestimada la reclamación. d) Tres meses, puesto que la norma reguladora del procedimiento no fija un plazo máximo.

40. Señale la respuesta INCORRECTA en relación con la presentación de documentación en un Registro: a) Las Administraciones deberán hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas en las que la documentación a registrar únicamente podrá presentarse de forma presencial en atención a los colectivos que carecen de acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. b) Las Administraciones podrán establecer la obligación de presentar determinados documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas que, por su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. c) Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones deberán ser digitalizados, según la normativa aplicable. d) Se podrá llevar a cabo la presentación de una solicitud en el registro electrónico todos los días del año durante las veinticuatro horas.

2. Según el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, concluido el trámite del registro, ¿en qué plazo serán cursados los documentos?. a) En el plazo de tres días hábiles. b) En el plazo de cinco días hábiles. c) Sin dilación. d) Al día siguiente de su recepción en el registro.

3. De acuerdo con la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿las resoluciones de los recursos de alzada?. a) NO ponen fin a la vía administrativa. b) Pueden ser recurridas en reposición. c) Ponen fin a la vía administrativa. d) No pueden ser objeto de ningún otro recurso administrativo.

5. Según lo establecido en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido desde la disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido: a) 10 días hábiles. b) 10 días naturales. c) 15 días hábiles. d) 15 días naturales.

6. De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta en relación con la convalidación de actos: a) Los actos anulables que, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste. b) La Administración podrá convalidar los actos nulos, subsanando los vicios de los que adolezcan. c) El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, en todo caso. d) Si el vicio consistiese en falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.

15. Según lo establecido en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará: a) Por escrito a través de medios electrónicos. b) Desde el Punto de Acceso General Electrónico de la Administración. c) Por el medio señalado al efecto por aquel. d) En el domicilio del interesado.

21. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, aquellas personas que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte: a) No se les considerará interesados a no ser que soliciten justificadamente tal condición. b) Se considerarán interesados en el procedimiento. c) No se les considerará interesados, pero podrán impugnar la apertura del procedimiento. d) Se considerarán interesados en el procedimiento siempre y cuando presenten el correspondiente recurso de revisión previo a la iniciación de las actuaciones.

34. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa de un procedimiento: a) Será de tres meses. b) Será de seis meses, ampliables una sola vez por tres meses más. c) Será de seis meses. d) No podrá exceder de seis meses.

39. Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, uno de los siguientes actos administrativos NO tiene que ser obligatoriamente motivado: a) Los actos que confirmen el criterio seguido en actuaciones precedentes. b) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. c) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias. d) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial.

40. De conformidad con el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa: a) La notificación se hará por medio de anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. b) La notificación se hará por medio de anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su domicilio. c) Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento. d) Habrá de intentarse una segunda notificación en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.

43. Señale la respuesta correcta en relación con la validez de los actos administrativos: a) La nulidad o anulabilidad de un acto implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. b) La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. c) Son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que establezcan la irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. d) Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente, que podrá ser superior jerárquico del que dictó el acto viciado.

2. De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos sancionadores se pueden iniciar: a) De oficio, a petición de parte interesada, o por denuncia. b) Siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente. c) Por denuncia o de oficio, por acuerdo del órgano competente. d) Únicamente por denuncia.

3. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, los defectos de forma en un acto administrativo, que den lugar a indefensión de los interesados: a) Provocan la nulidad de pleno derecho del acto administrativo. b) Provocan la inexistencia del acto administrativo. c) Provocan una irregularidad no invalidante. d) Provocan la anulabilidad del acto administrativo.

2. Según el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en un procedimiento de revisión de disposiciones y actos nulos iniciado de oficio, de no dictarse resolución en el transcurso de seis meses desde su inicio se producirá: a) La suspensión de las actuaciones. b) La prescripción del procedimiento. c) La caducidad del procedimiento. d) La desestimación por silencio administrativo de las pretensiones.

3. Indique la opción correcta en relación con las declaraciones responsables y las comunicaciones, de acuerdo con el artículo 69 de la Ley 39/2015: a) Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día siguiente al de su presentación. b) La comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente. c) Para iniciar una actividad u obtener el reconocimiento de un derecho o facultad para su ejercicio podrá exigirse una declaración responsable o una comunicación, siendo posible también la exigencia de ambas acumulativamente. d) Es potestativo para las Administraciones públicas la publicación y actualización de los modelos de declaración responsable y de comunicación.

4. Señale la respuesta correcta en relación con los casos de terminación del procedimiento administrativo por pacto o convenio, de acuerdo con la Ley 39/2015: a) La resolución de los procedimientos terminados por pacto o convenio consistirá en la declaración de esta circunstancia, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. b) Sea cual sea la forma de iniciación del procedimiento que ha terminado por pacto o convenio, la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla. c) La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en los procedimientos terminados por pacto o convenio únicamente si se han iniciado a solicitud del interesado. d) Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio se exceptúan de la obligación de dictar resolución expresa.

5. En relación con la instrucción del procedimiento administrativo, de acuerdo con la Ley 39/2015, los interesados: a) Únicamente podrán alegar defectos de tramitación durante el trámite de audiencia. b) Podrán alegar defectos de tramitación en todo momento. c) Únicamente podrán alegar defectos de tramitación en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. d) Únicamente podrán alegar defectos de tramitación en el trámite de audiencia y después de este trámite.

6. De acuerdo con la Ley 39/2015, ¿cabe recurso contra el acuerdo de acumulación de un procedimiento administrativo?. a) No procede recurso alguno. b) Sí, cabe recurso. c) Procede solo cuando se hayan acordado medidas provisionales. d) Procede solo en los procedimientos iniciados a instancia de parte.

7. Según el artículo 36 de la Ley 39/2015, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, los actos administrativos se producirán: a) Por escrito a través de medios electrónicos. b) De forma verbal. c) Por escrito en soporte papel. d) Por escrito en soporte papel o a través de medios electrónicos, según acuerde el titular de la competencia.

10. De conformidad con el artículo 24 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la desestimación por silencio administrativo: a) Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. b) Se podrá hacer valer sólo ante la Administración. c) Implica que la resolución expresa posterior deba dictarse en el mismo sentido desestimatorio. d) Permite a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.

11. Según el artículo 107 de la Ley 39/2015, la declaración de lesividad de actos anulables NO podrá adoptarse una vez transcurridos: a) Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. b) Tres años desde que se dictó el acto administrativo. c) Dos años desde que se dictó el acto administrativo. d) Un año desde que se dictó el acto administrativo.

2. De conformidad con el artículo 106.5 de la Ley 39/2015, si un procedimiento de revisión de oficio se hubiera iniciado a solicitud de interesado, transcurrido el plazo máximo sin dictarse resolución: a) Se producirá la invalidez del procedimiento. b) Se podrá entender la solicitud estimada por silencio administrativo. c) Se podrá entender la solicitud desestimada por silencio administrativo. d) Se producirá la caducidad del procedimiento.

4. De conformidad con el artículo 81 de la Ley 39/2015, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial en la Administración General del Estado será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a: a) 40.000 euros. b) 150.000 euros. c) 50.000 euros. d) 100.000 euros.

11- De acuerdo con el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el sentido del silencio administrativo en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas será: a. Estimatorio. b. Desestimatorio. c. Inexistente. d. De oficio.

12- Según el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son nulos de pleno derecho los siguientes actos administrativos: a. Los que tengan defectos de forma leves. b. Los que incurran en desviación de poder. c. Los que tengan un contenido imposible. d. Las declaraciones responsables.

13- ¿En qué momento se entienden practicadas las notificaciones por medios electrónicos en virtud del artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. a. En el momento en que se produzca el acceso a su contenido. b. Al día siguiente hábil del momento en que se produzca el acceso a su contenido. c. Las notificaciones electrónicas no son válidas según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. d. A los 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación.

46- De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los reglamentos y disposiciones administrativas: a. Podrán vulnerar la Constitución según el caso. b. Podrán establecer penas o sanciones. c. Podrán regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. d. No podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas.

48- De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son anulables los actos de las Administraciones Públicas: a. Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. b. Que tengan un contenido imposible. c. Que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. d. Que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

49- De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si el acto fuera expreso el plazo para la interposición del recurso de alzada será de: a. Diez días. b. Un mes. c. Dos meses. d. Tres meses.

50- Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial, serán: a. Complementarios. b. Interesados. c. Presuntos. d. Motivados.

52- ¿Cuál es el plazo general para reclamar por responsabilidad patrimonial frente a la Administración?. a. 1 año desde que se produjo el hecho o se manifestó su efecto lesivo. b. 6 meses desde que se dictó el acto. c. 3 meses desde el acto administrativo. d. 4 años desde el acto causante.

95- ¿Qué efectos tiene la presentación de una declaración responsable acompañada de la documentación requerida?. a. Permite realizar la actuación desde el día de su presentación. b. Permite iniciar la actuación en el plazo de 15 días. c. Permite iniciar la actuación previa autorización expresa de la administración. d. Obliga a esperar la inspección municipal previa.

4- De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora las actuaciones previas se orientarán a: a. Su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. b. Asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. c. Determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros. d. Garantizar orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia.

4. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. En particular, serán admitidos, los sistemas siguientes: a) Sistemas basados en certificados digitales reconocidos o cualificados de firma analógica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». c) Sistemas de clave privada y personal y ningún otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan.

13. La interposición de cualquier recurso: a) Suspenderá la ejecución del acto impugnado en todo caso. b) Excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. c) Excepto en los casos en que una disposición establezca lo contario, suspenderá la ejecución del acto impugnado.

16. De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con la solicitud de inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial: a) el derecho a reclamar prescribirá a los cinco años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. b) el derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. c) el derecho a reclamar prescibirá siempre a los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización.

20. Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo: a) Los empleados de las Administraciones Públicas para cualquiera trámites y actuaciones que realicen con ellas, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. b) Las entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En ningún caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.

31. La resolución del recurso administrativo: a) Estimará o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión. b) Estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión y decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. c) Estimará en todo o en parte o desestimará las fundamentaciones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión.

33. La interposición del recurso administrativo deberá expresar (indique la incorrecta): a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo, las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas. b) El procedimiento administrativo que se recurre y la razón de su impugnación. c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones; órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación.

42. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos: a) Iniciados a solicitud del interesado. b) Cualquiera que sea su forma de iniciación. c) Salvo caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud.

49. Quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, del derecho: (señala la incorrecta). a) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma. b) Al acceso a la información pública, archivos y registros. c) A no ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

53. Las notificaciones de actos y resoluciones deberán ser cursadas: a) A partir del día siguiente desde que se dictan por el órgano correspondiente. b) Dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en el que el acto hay sido dictado. c) Cómo máximo, en el plazo de un mes a partir de la fecha en el que el acto haya sido dictado.

73. Según dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, uno de los casos de actos de las Administraciones Públicas nulos de pleno derecho es el siguiente: a) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. b) los Actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. c) las dos respuestas anteriores son correctas.

74. Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas (señale la incorrecta): a) Que vulneren la Constitución. b) Que vulneren las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior. c) Que establezca la irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

81. Respecto al inicio del procedimiento de responsabilidad de la Administración: a) El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de quince días naturales para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. b) El procedimiento iniciado se instruirá aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido. c) El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de dos días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo.

90. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que podrán ejercer la iniciativa legislativa prevista en la Constitución: a) el Gobierno de la Nación. b) el Gobierno de la Nación y los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas. c) el Gobierno de la Nación, los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y los órganos de gobierno de los Ayuntamientos y de las Diputaciones.

1. Contra las disposiciones administrativas de carácter general: a. Sólo cabrá recurso en vía administrativa fundado en causa de nulidad de la disposición impugnada. b. Sólo procederá recurso extraordinario de revisión en los términos del artículo 125 de la Ley 39/2015. c. No cabrá recurso contencioso-administrativo sin haberse resuelto previamente el recurso en vía administrativa. d. Ninguna es correcta.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Ley 39/2015, la ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida: a. Desde que se hubiera interpuesto el correspondiente recurso administrativo. b. Solo previa caución o garantía suficiente para responder de los perjuicios que de la suspensión pudieran derivarse. c. Cuando la suspensión de su eficacia se hubiera publicado en periódico oficial. d. Si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el Registro de la Administración, el órgano a quien competa resolver el recurso no haya dictado y notificado resolución expresa.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67.1 de la Ley 39/2015, los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial cuando: a. La solicitud vaya acompañada de los documentos e informaciones oportunos. b. Se hayan especificado y valorado las lesiones o daños producidos. c. No haya prescrito su derecho a reclamar. d. Hayan establecido previamente la presunta relación de causalidad entre las lesiones sufridas y el funcionamiento del servicio público.

4. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, el vencimiento del plazo máximo de duración del procedimiento, sin que la Administración haya dictado resolución expresa: a. Legitima al interesado para entender estimada su solicitud. b. El silencio tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. c. No permite al interesado hacer valer ante la Administración o cualquier persona el acto administrativo producido por silencio. d. El sentido del silencio es desestimatorio.

6. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial se entenderán producidos los efectos del silencio administrativo. a. Transcurridos tres meses desde que se hubiera iniciado el procedimiento sin que haya recaído y se haya notificado resolución expresaexpresa. b. Transcurridos tres meses desde que se hubiera iniciado el procedimiento sin que haya recaído resolución expresa. c. Transcurridos seis meses desde que se hubiera iniciado el procedimiento sin que haya recaído resolución expresa. d. Transcurridos seis meses desde que se hubiera iniciado el procedimiento sin que haya recaído y se haya notificado resolución expresa.

10. Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente: a. Por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior. b. Todas son correctas. c. A petición razonada de otros órganos. d. Por denuncia.

11. El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y: a. A través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad. b. A través de medios electrónicos, respetando los principios de buena administración y lealtad institucional. c. A través de medios no electrónicos, respetando los principios de transparencia, publicidad y lealtad institucional. d. Ninguna es correcta.

20. En relación con el cómputo de plazo, la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que: a. Cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles. b. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. c. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso. d. Todas las anteriores son correctas.

21. Respecto a la ampliación de plazos, la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, no establece que: a. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. b. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. c. La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a aquellos que, sustanciándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España. d. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido, los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación serán susceptibles de recurso sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.

32. De acuerdo con el art. 131 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con la publicidad de las normas podemos afirmar que: a. Las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. b. La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la Administración, Órgano, Organismo público o Entidad competente tendrá, en las condiciones y con las garantías que cada Administración Pública determine, los mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa. c. La publicación del Boletín Oficial del Estado en la sede electrónica del Organismo competente tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se determinen reglamentariamente, derivándose de dicha publicación los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil y en las restantes normas aplicables. d. Todas las anteriores son correctas.

33. Según el art. 128 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde a: a. Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos. b. El Gobierno de la Nación. c. Órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. d. Todas las anteriores son correctas.

51. A los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tendrán capacidad de obrar: a. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. b. Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades con personalidad jurídica y los patrimonios independientes autónomos. c. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico con la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad. d. Son correctas las tres respuestas anteriores.

52. De conformidad con el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas: a. Cualquier persona física o jurídica. b. Las personas físicas, en cualquier caso y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos. c. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, en cualquier caso. d. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos.

53. Según establece el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición: a. Si el procedimiento no ha alcanzado la fase de instrucción. b. Si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de información pública. c. Cualquiera que sea el estado del procedimiento. d. Si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de audiencia.

69. ¿Es obligada la asistencia al interesado en el uso de medios electrónicos?. a. No, los interesados deberán relacionarse a través de medios electrónicos desde la entrada en vigor de la Ley 39/2015. b. Sólo en aquellos casos que así lo determine la propia Administración. c. Sí, las personas tienen derecho a ser asistidas en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones. d. Sólo cuando los interesados acrediten la imposibilidad de relacionarse electrónicamente.

70. Si algún interesado no dispone de medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por: a. Un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. b. La firma electrónica no puede ser válidamente realizada por nadie más que el propio interesado. c. Un empleado público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. d. Ninguna de las respuestas es correcta.

77. Se entiende por expediente administrativo: a. El conjunto ordenado de documentos que sirven de antecedente y fundamento a la instrucción del procedimiento, así como las diligencias encaminadas a ejecutarlo. b. El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. c. El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de fundamento a la instrucción del procedimiento, así como las diligencias encaminadas a ejecutarlo. d. El conjunto ordenado de documentos que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.

15. Cuál es la forma normal de terminación del procedimiento: a. El silencio administrativo. b. La resolución. c. La terminación convencional.

16. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa es de: a. 15 días. b. El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. c. 20 días.

17. ¿Cuándo se iniciarán de oficio los procedimientos?: a. Por denuncia. b. Por acuerdo del órgano competente. c. Ambas son correctas.

24. ¿Puede la Administración Pública obligar a ciertas personas físicas a relacionarse con ellas a través de medios electrónicos?. a. No, ya que las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones por medios electrónicos o no. b. No, ya que, solo las personas jurídicas son las que están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. c. Sí, si se acredita que disponen de medios y solo para determinados procedimientos.

25. ¿Tienen los interesados en un procedimiento la obligación de facilitar datos a la administración actuante para la identificación de otros interesados que no hayan comparecido?. a. Pueden elegir si facilitar o no esa información a la Administración. b. Sí, tienen que facilitar la información obligatoriamente porque es un deber. c. No se obliga a los interesados a facilitar datos de otros interesados, ya que, implicaría infringir la Ley Orgánica de Protección de datos de carácter personal.

26. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos (señale la incorrecta): a. Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la UE que condicione directamente el contenido de la resolución que se trate. b. Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición y la recepción del informe, que no podrá exceder nunca de los 6 meses. c. Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados.

27. Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán: a. Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico en cualquier formato susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. b. Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido recibidos. c. Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.

28. En cuanto a los documentos aportados por los interesados en el procedimiento: a. Los interesados siempre deberán aportar los documentos originales, ya sea en formato papel o en formato electrónico. b. Los interesados deberán aportar al procedimiento los datos y documentos exigidos por las Administraciones Públicas. c. Los interesados estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la presentación de los citados documentos tenga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento.

29. Los actos administrativos que serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho son: (señale la incorrecta). a. Los acuerdos provisionales y definitivos de suspensión de actos, por motivos de nulidad de pleno derecho, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 57. b. Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. c. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

30. ¿Qué actos administrativos tienen eficacia retroactiva?. a. En todo caso, cuando se dicten en sustitución de actos anulados. b. Los actos administrativos no tienen eficacia retroactiva. c. Cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho existieran ya en la fecha a que se retrotraiga el acto y no se lesionen los derechos de terceros.

31. Las medidas provisionales adoptadas antes de la iniciación del procedimiento deberán ser confirmadas, levantadas o modificadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento que deberá adoptarse en el plazo: a. De quince días. b. De diez días. c. De un mes.

1. El acto que da fin a un expediente administrativo es un/una: a) Propuesta. b) Acto definitivo. c) Informe con propuesta de resolución. d) Acto trámite.

3. Cuando una persona interpone un recurso de alzada denominándolo como recurso de revisión: a) Deberá desestimarse el recurso por improcedente. b) Deberá resolverse, si del propio recurso se deduce su carácter. c) No se admitirá el recurso. d) Deberá notificársele el error para que lo subsane.

13. En la notificación de todo acto administrativo no es necesario que conste siempre: a) Los motivos en que se basa la decisión. b) Los recursos que contra el mismo procedan. c) Su texto íntegro. d) El plazo de interposición de los recursos.

16. Cuando se produzcan una renuncia a continuar un procedimiento por parte de un interesado: a) Ninguna de las otras respuestas es correcta. b) Se continuará el mismo, en cualquier caso. c) Debe ratificarse por el resto de los interesados para que se acepte. d) La Administración Pública deberá aceptarla.

20. ¿Cuál es el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa?. a) El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. b) Veinte días. c) Un mes. d) Quince días.

21. No tienen por qué motivarse los actos que: a) Se separen del dictamen de órganos consultivos. b) Resuelvan recursos. c) Todos los mencionados deben motivarse. d) Limiten derechos subjetivos.

22. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio, haga constar su identidad y sea: a) Mayor de dieciocho años. b) Mayor de dieciséis años. c) Mayor de veintiún años. d) Mayor de catorce años.

24. ¿Qué recurso cabe contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos?. a) Recurso extraordinario de revisión. b) Ningún recurso. c) Recurso de reposición, en el plazo de un mes. d) Recurso de alzada.

29. No es una forma de terminación del procedimiento: a) El desistimiento. b) La resolución. c) La declaración de caducidad. d) El archivo.

31. ¿Cuándo podrán los administrados conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados?. a) En cualquier momento. b) Solo en la fase de instrucción. c) Tan solo en la fase de prueba. d) Únicamente en la fase de alegaciones.

32. El registro electrónico permite la presentación de documentos: a) De lunes a viernes de 8 a 15 horas. b) Todos los días del año de 8 a 21 horas. c) Todos los días del año durante las veinticuatro horas. d) De lunes a viernes de 8 a 21 horas.

33. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que se producirá la caducidad del procedimiento, transcurrido: a) Tres meses. b) Un mes. c) Un año. d) Seis meses.

36. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes, por un plazo: a) No superior a treinta días ni inferior a quince. b) No superior a treinta días ni inferior a diez. c) No superior a veinte días ni inferior a diez. d) No superior a veinte días ni inferior a cinco.

44. Las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria son: a) Nulas. b) Temporalmente válidas. c) Válidas. d) Anulables.

48. Para que un acto tenga eficacia retroactiva es necesario que: a) Limite derechos de los particulares. b) Imponga deberes u obligaciones. c) Restrinja el ejercicio de facultades de los particulares. d) No se lesionen derechos de otras personas.

49. Los terceros interesados pueden oponerse a la renuncia de otro interesado: a) En el plazo de información pública que se abre tras la formulación de esta renuncia. b) En ningún momento. c) Cuando la Administración Pública declare concluso el procedimiento. d) En los diez días siguientes a la notificación de la renuncia.

53. ¿Quién puede obtener copias de documentos contenidos en un procedimiento que se esté tramitando?. a) Solo los interesados en él. b) Nadie. c) Solo otro órgano administrativo. d) Cualquier ciudadano.

6. En virtud de lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se debe solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía: a) Superior a 60.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. b) Superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. c) Igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. d) Igual o superior a 60.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.

20. Indica el artículo 3.c) de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que, cuando la Ley así lo declare expresamente, gozarán de capacidad de obrar: a) Los grupos de afectados. b) Las uniones y entidades sin personalidad jurídica. c) Los patrimonios independientes o autónomos. d) Todas son correctas.

21. Respecto de los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, regulados en el Título II, Capítulo I de la Ley 39/2015, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?: a) Son titulares de estos derechos quienes, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tienen capacidad de obrar. b) Se regulan en el artículo 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el Capítulo I del Título IV denominado “Garantías del Procedimiento”. c) Se regulan en el artículo 13 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el primero de ellos el de conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga la condición de interesado. d) Se regulan en el artículo 13 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el primero el de acceso a la información pública y buen gobierno.

22. Indique cuál de estas afirmaciones es cierta respecto de la forma de los actos administrativos expresada por el artículo 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Los actos administrativos se producirán por escrito. b) Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos. c) Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. d) Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, expresando la autoridad de la que procede y firmándose por el órgano inferior de éste.

23. Según el artículo 70 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué se entiende por el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla?. a) Inderogabilidad singular. b) Ordenación del procedimiento. c) Procedimiento electrónico. d) Expediente administrativo.

24. En virtud de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿se puede prescindir del trámite de audiencia?. a) Sí. b) Sí, cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. c) No. d) No, cuando la naturaleza de la resolución que vaya a recaer en el procedimiento no lo requiera.

25. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Manifiesta el artículo 21.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que este plazo no podrá exceder: a) 6 meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. b) 3 meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. c) 1 año, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. d) Ninguna es correcta.

26. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 39/2015, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa comienza a contar en los procedimientos iniciados de oficio: a) Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el correspondiente registro. b) Desde la fecha en la que el preceptivo requerimiento haya tenido salida en el correspondiente registro. c) Desde la fecha del acuerdo de iniciación. d) Desde la fecha de notificación del acuerdo de iniciación.

28. ¿Qué recurso es conocido por el órgano superior jerárquico del que dictó el acto administrativo recurrido, según el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?: a) Alzada. b) Reposición. c) Alzada y reposición. d) Extraordinario de revisión.

55. Según el artículo 125 de la Ley de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso extraordinario de revisión se interpondrá en el plazo de: a) Un mes. b) Tres meses, a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. c) Cuando se trate de la causa a) del artículo 125.1 de la misma Ley, dentro del plazo de cinco años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. d) Ninguna de las anteriores es correcta.

8. El artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece: a) Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cuatro años desde la fecha de la solicitud. b) El poderdante podrá prorrogar el poder una vez finalizado el plazo para el que fue otorgado. c) El apoderamiento “apud acta” solo se podrá otorgar mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros. d) Las prórrogas otorgadas por el poderdante al registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción.

11. De acuerdo con la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo para el trámite de audiencia es: a) 10 días. b) No inferior a 10 ni superior a 15 días. c) 15 días. d) No superior a 10 días.

12. De acuerdo con la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde: a) La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. b) La fecha en que se notifiquen. c) La fecha que elija el interesado. d) La fecha en que se publiquen en el DOCM.

18. De acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si un recurso de alzada se interpone ante el órgano que dictó el acto impugnado, este deberá remitirlo al órgano competente en un plazo de: a) Un mes. b) Quince días. c) Diez días. d) Veinte días.

23. Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación, excepto: a) En los casos de caducidad del procedimiento. b) En los casos de desistimiento de la solicitud. c) En los casos de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento. d) En los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio.

27. De acuerdo con la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso contra una resolución que causa indefensión, que no pone fin a la vía administrativa y que puede ser recurrida ante el órgano superior jerárquico del que la dictó, se denomina: a) Recurso de reposición. b) Reclamación extraordinaria de revisión. c) Recurso de lesividad. d) Recurso de alzada.

28. De acuerdo con la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, ¿qué sucede si una persona recurre un acto administrativo, pero al interponer el recurso comete el error de no calificarlo o denominarlo como tal?: a) Será inadmitido por el órgano receptor del escrito. b) No será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. c) Será desestimado por el órgano competente para resolver. d) No se puede resolver hasta que lo denomine correctamente, concediendo al interesado un plazo de subsanación para ello.

31. De acuerdo con la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, el derecho a solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial prescribe: a) A los 24 meses. b) Al año. c) A los 3 meses. d) A los 5 meses.

33. De acuerdo con la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas los actos administrativos se producirán: a) En papel, en un único acto. b) Por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. c) De forma verbal siempre. d) Según decida discrecionalmente la Administración.

34. Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos que tengan un contenido imposible:. a) Son actos anulables. b) Son actos susceptibles de convalidación. c) Son actos nulos de pleno derecho. d) Constituye un supuesto de desviación de poder.

11. Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué actos administrativos serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho?. a) Los actos que limiten deberes subjetivos o intereses ilegítimos. b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión. c) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen del órgano consultivo. d) Las respuestas b y c son correctas.

12. Según el tenor literal del artículo 42.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación: a) Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. b) Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de dieciséis años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. c) Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. d) Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.

13. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las disposiciones administrativas que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales serán: a) Nulas de pleno derecho o anulable, según se den los supuestos del artículo 47.1 o del artículo 48 de la dicha Ley. b) Nulas de pleno derecho. c) Anulable y convalidable. d) Anulable.

14. Según el artículo 100.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de: a) Responsabilidad. b) Proporcionalidad. c) Racionalidad. d) Todas las respuestas son correctas.

15. Según el artículo 116 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entre otras, será causa de inadmisión: a) Tratarse de un acto susceptible de recurso. b) Haber transcurrido el plazo para la resolución del recurso. c) Carecer el acto manifiestamente de fundamento. d) Todas las respuestas son incorrectas.

16. Según el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido cinco días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. b) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido cinco días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. c) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. d) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

17. Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) La lista de obligados a relacionarse por medios electrónicos que recoge el apartado segundo de dicho artículo es taxativa. b) La lista de obligados a relacionarse por medios electrónicos que recoge el apartado segundo de dicho artículo es ampliable a otros sujetos mediante norma de rango legal para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. c) La lista de obligados a relacionarse por medios electrónicos que recoge el apartado segundo de dicho artículo es ampliable a otros sujetos mediante norma de rango reglamentario para cualquier procedimiento y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. d) La lista de obligados a relacionarse por medios electrónicos que recoge el apartado segundo de dicho artículo es ampliable a otros sujetos mediante norma de rango reglamentario para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

18. El artículo 98.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que cuando de una resolución administrativa, o de cualquier otra forma de finalización del procedimiento administrativo prevista en esta ley, nazca una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, multa o cualquier otro derecho que haya de abonarse a la Hacienda pública, éste se efectuará preferentemente, salvo que se justifique la imposibilidad de hacerlo, utilizando alguno de los medios siguientes: a) Tarjeta de crédito y débito, transferencia bancaria, domiciliación bancaria o cualesquiera otros que se autoricen. b) Tarjeta de crédito y débito, transferencia bancaria, efectivo, domiciliación bancaria o cualesquiera otros que se autoricen. c) Tarjeta de crédito y débito, transferencia bancaria, domiciliación bancaria, cheque o cualesquiera otros que se autoricen. d) Todas las respuestas son incorrectas.

19. Según lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición transitoria primera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) En ningún caso, los documentos en papel asociados a procedimientos administrativos finalizados antes de la entrada en vigor de esta Ley, deberán digitalizarse de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa reguladora aplicable. b) Siempre que sea posible, los documentos en papel asociados a procedimientos administrativos finalizados antes de la entrada en vigor de esta Ley, deberán digitalizarse de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa reguladora aplicable. c) En cualquier caso, los documentos en papel asociados a procedimientos administrativos finalizados antes de la entrada en vigor de esta Ley, deberán digitalizarse de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa reguladora aplicable. d) Todas las respuestas son incorrectas.

20. Según lo dispuesto en la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del día 2 de abril de 2019. b) La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del día 2 de abril de 2020. c) La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del día 2 de abril de 2021. d) La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del día 2 de abril de 2022.

41. Según el artículo 62.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el caso de inicio del procedimiento por denuncia, cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros infractores el órgano competente para resolver el procedimiento: a) Podrá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado. b) Deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado. c) Deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado. d) Podrá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado.

Según el artículo 43.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuándo se entenderá cumplida la obligación de la notificación electrónica de una resolución o un acto?. Con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de cualquier Administración. Cuando se practique la notificación presencial en el domicilio del interesado. Con la puesta a disposición de la notificación en la oficina de Correos correspondiente. Con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada única.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, requerirán de firma electrónica: Los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas que se publiquen con carácter meramente informativo. Los documentos electrónicos que no formen parte de un expediente administrativo. Los documentos que no sean trasladados a un tercero a través de medios electrónicos. Los documentos de desistimiento de acciones.

De acuerdo con el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, señale la respuesta correcta en relación con el inicio de un procedimiento administrativo por denuncia: No cabe en el ordenamiento administrativo español. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona pero su presentación no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. Las denuncias serán anónimas pero su presentación no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona y su presentación confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos: a) No existe un plazo máximo para adoptar dicha declaración. b) Un año desde que se dictó el acto administrativo. c) Dos años desde que se dictó el acto administrativo. d) Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.

32. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando: a) Así está previsto en una norma con rango de reglamento. b) En todo caso. c) Así esté previsto en una norma con rango de ley. d) Así lo determinen las autoridades y personal al servicio de las Administración General del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en un procedimiento administrativo cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene: a) Carácter preceptivo. b) Carácter preceptivo y vinculante. c) Carácter potestativo y no vinculante. d) Carácter vinculante.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de: a) Diez días hábiles a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. b) Quince días hábiles a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. c) Diez días naturales a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. d) Quince días naturales a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos: a) Serán motivados bastando una referencia a los fundamentos de derecho. b) Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho. c) Su motivación será potestativa. d) No deberán ser motivados.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, señale la respuesta correcta: La desestimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. EI silencio tendrá efecto estimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo producen efectos desde que se expida el certificado acreditativo del mismo.

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 39/2015 de de octubre, ¿cuál es el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa en un procedimiento?. a) 1 mes. b) 2 meses. c) 15 días. d) EI que fije la norma reguladora del correspondiente procedimiento.

De acuerdo con el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada: a) Será de un mes. c) Será de tres meses. b) Será de dos meses. d) Será de quince días.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria serán: Anulables. Nulas. Producirán efectos desde la fecha en que se subsanen. Válidas y producirán efectos desde la fecha en que se dicten.

De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, señale la respuesta correcta en relación con los procedimientos de responsabilidad patrimonial: En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial se podrá solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable. Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía superior a 30.000 euros será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado. En caso de emitirse, el dictamen del Consejo de Estado se emitirá en el plazo de dos meses y se pronunciará únicamente sobre la existencia o no de relación de causalidad. En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los procedimientos iniciados de oficio en que la Administración ejercite potestades sancionadoras, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa produce: La prescripción de la actuación. La caducidad del procedimiento. La estimación de las pretensiones por silencio administrativo. La desestimación de las pretensiones por silencio administrativo.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho se denomina: Declaración responsable. Comunicación. Solicitud de iniciación del procedimiento. Denuncia.

Segun la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Públicas: Los asientos se anotaran respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos, e indicaran la fecha del día en que se produzcan. Concluido el tramite de registro, los documentos serán cursados en el plazo de 3 días hábiles a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes. Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración deberán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende. El Registro Electrónico General será único para todas las Administraciones.

Según el artículo 17 de la Ley 39/2015: Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como la consulta durante un plazo de 20 años. El número y objeto de cada uno de los archivos electrónicos será determinado por el titular del Departamento ministerial. Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico de los documentos electrónicos que correspondan a todo procedimiento especial.

Respecto de la forma de los actos administrativos, señale la respuesta correcta de acuerdo con la Ley 39/2015: Los actos administrativos como nombramientos, concesiones o licencias no podrán refundirse en un único acto, debiendo individualizarse los efectos para cada interesado en un acto independiente. Cuando los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano superior. Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, no pudiéndose ejercerse las competencias de forma verbal.

De acuerdo con la Ley 39/2015, son actos anulables: Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos, cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Los actos de la Administración que incurran en desviación de poder. Los que tengan un contenido imposible. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

Sobre los documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo, el articulo 28 de la Ley 39/2015, establece que: Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, salvo se trate de documentos que tengan carácter facultativo en el procedimiento de que se trate. Las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. De manera ordinaria las Administraciones podrán solicitar el cotejo de las copias aportadas por el interesado, para lo que podrán requerir la exhibición del documento o de la información original. Las copias que aporten los interesados al procedimiento administrativo tendrán eficacia en el ámbito de sus relaciones con otros particulares.

En los procedimientos de responsabilidad patrimonial iniciados por un interesado, de acuerdo con lo contenido en la Ley 39/2015, el plazo de prescripción del derecho a reclamar es de: Un año. Seis meses naturales. Es un derecho que no prescribe. Dos años.

El artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que las notificaciones NO se podrán efectuar en ningún caso mediante medios electrónicos cuando: Se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento. Para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante. Contengan medios de pago a favor de los obligados. Se envíe un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico que el interesado haya comunicado.

¿Cuál de los siguientes actos podría ser considerado como nulo de pleno derecho conforme al artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre?. Los que establezca expresamente una disposición con rango inferior a ley. Los que lesionen cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución. Los que tengan un contenido imposible. Los dictados por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia, del territorio o de la jerarquía.

De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, NO deberá acreditarse la representación del interesado para: Formular solicitudes. Desistir de acciones. Proponer pruebas. Interponer recursos.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las actuaciones previas: Se deben realizar solo en los procedimientos sancionadores. Se deben realizar siempre que el procedimiento se inicia a instancia de parte. Se pueden realizar para conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia de iniciar un procedimiento. Se pueden realizar siempre que el órgano sea autorizado por un superior jerárquico.

De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el recurso de alzada es correcta?. El plazo máximo para dictar y notificar resolución será de un mes. Transcurrido el plazo máximo para dictar y notificar la resolución sin que se haya producido, se podrá entender estimado el recurso, en todos los casos. Transcurrido el plazo máximo para dictar y notificar la resolución sin que se haya producido, se podrá entender desestimado el recurso en todos los casos. Contra la resolución del recurso de alzada no cabrá ningún recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos previstos en la Ley 39/2015.

Conforme al artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la inderogabilidad singular significa que: Son anulables las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general. Son nulas las resoluciones administrativas que van contra otros resoluciones anteriores del mismo órgano. Son anulables las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una resolución de un órgano superior.

Conforme al artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administrativos serán objeto de publicación: Cuando afecten a derechos e intereses legítimos de los interesados. Cuando vayan destinados a una pluralidad indeterminada de personas. Cuando sean desfavorables a los interesados. Cuando resulten de un procedimiento de responsabilidad patrimonial.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas regula el trámite de audiencia en el procedimiento administrativo y establece que: Los interesados, en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 30, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Antes del vencimiento del plazo, el órgano competente puede tener por realizado el trámite si considera, en resolución motivada, que los interesados no podrán efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones. No se podrá prescindir del trámite de audiencia aun cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. Será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso que éstos formaran parte del procedimiento.

De acuerdo con la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta en cuanto a los medios y periodos de prueba en el procedimiento administrativo: El instructor del procedimiento podrá rechazar cualquiera de las pruebas propuestas por los interesados mediante resolución motivada. Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter facultativo. Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución. Todo documento formalizado por funcionarios en el que se recoja los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario.

En relación con la iniciación de un procedimiento administrativo, la Ley 39/2015 establece que: Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán de oficio o a solicitud de parte interesada. Podrá formular el interesado recurso administrativo contra la decisión de acumulación a otros procedimientos con los que guarde identidad sustancial o intima conexión. En el inicio de un procedimiento por denuncia, cuando esta invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas, la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada. En los procedimientos de naturaleza sancionadora la petición razonada de otros órganos vincula al órgano competente para la iniciación del correspondiente procedimiento.

De acuerdo con la Ley 39/2015, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial iniciados por un interesado, en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo para ejercer el derecho a reclamar empezará a computarse: Desde el momento en el que se produjo el hecho causante. Desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. El derecho a reclamar no prescribe. Transcurrido un mes desde el hecho causante.

En los procedimientos sancionadores, el artículo 85 de la Ley 39/2015 establece que si el infractor reconoce su responsabilidad se podrá aplicar reducciones de, al menos, el: 10 % sobre el importe de la sanción pecuniaria propuesta. 15 % sobre el importe de la sanción pecuniaria propuesta. 20 % sobre el importe de la sanción pecuniaria propuesta. 25 % sobre el importe de la sanción pecuniaria propuesta.

Según el artículo 71 de la Ley 39/2015, el impulso del procedimiento tendrá lugar respetando: Los principios de jerarquía y celeridad. Los principios de eficacia e irretroactividad. Los principios de simplicidad y urgencia. Los principios de transparencia y publicidad.

En relación con la emisión de informes, la Ley 39/2015 señala que: Si un informe se emite fuera de plazo, podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán preceptivos y no vinculantes. Los informes serán emitidos en papel, salvo que una norma exija que sea a través de medios electrónicos. El procedimiento queda paralizado hasta que no se recaben todos los informes que deban emitirse.

De acuerdo con la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta sobre el expediente administrativo: Un mismo documento administrativo sólo puede formar parte de un expediente electrónico. Cuando haya que remitir el expediente a otro órgano se incluirá un índice autentificado de los documentos que contiene. Si el titular del órgano administrativo lo estima oportuno, el expediente contendrá copia electrónica certificada de la resolución adoptada. En el expediente debe constar el borrador de la resolución adoptada y un breve resumen de la misma.

De acuerdo con la Ley 39/2015, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa NO podrá exceder de: 2 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. 3 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. 5 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. 6 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

De acuerdo con la Ley 39/2015, el plazo para la interposición del recurso de alzada será de: 1 mes, si el acto fuera expreso. 2 meses, si el acto fuera expreso. 3 meses, si el acto fuera expreso. 4 meses, si el acto fuera expreso.

En relación con el recurso extraordinario de revisión, la Ley 39/2015 indica que: Se puede acordar motivadamente la inadmisión a trámite cuando se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales, previo dictamen del Consejo de Estado. El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse sobre la procedencia del recurso, y en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido. Transcurrido el plazo de 3 meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá estimado. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano superior jerárquico al que lo dictó, que también será el competente para su resolución.

La Ley 39/2015, en relación con el recurso de reposición, indica que: Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso. Se interpone ante el órgano superior jerárquico que hubiera dictado el acto que se recurre. Se puede interponer simultáneamente el recurso de reposición y el recurso contencioso-administrativo. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de dos meses.

En relación con la convalidación de los actos administrativos, la Ley 39/2015, dispone que: La Administración podrá convalidar los actos nulos de pleno derecho y los anulables. El acto de convalidación producirá efecto desde su notificación al interesado. Si el vicio consiste en la falta de alguna autorización, se puede convalidar mediante su otorgamiento por el órgano competente. Si el vicio consistiera en incompetencia, el acto no podrá ser convalidado.

Indique, de conformidad con el artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la respuesta correcta sobre la convalidación de actos: Cuando el vicio consista en incompetencia determinante de nulidad, podrá convalidarse por el órgano superior jerárquico del que dictó el acto viciado. La Administración podrá convalidar los actos nulos de pleno derecho, subsanando los vicios de que adolezcan. Como regla general, la convalidación producirá efecto desde la fecha en que fue dictado el acto convalidado. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, se podrá convalidar el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.

De conformidad con el articulo 109 de la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas podrán revocar sus actos de gravamen o desfavorables: Incluso cuando haya transcurrido el plazo de prescripción, siempre que ello no constituya dispensa o exención no permitidas por la ley, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Siempre, incluso cuando haya transcurrido el plazo de prescripción y eso suponga una dispensa o exención de las no permitidas por la ley, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Si ha transcurrido el plazo de prescripción y es solicitada únicamente a instancias del interesado y es debido a un error material o de hecho existente en sus actos. Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

Indique qué acto administrativo debe ser objeto de motivación según el artículo 35 de la Ley 39/2015: El requerimiento de subsanación de una solicitud presentada por el interesado. Un acto de trámite que no se separe del criterio seguido en actuaciones precedentes. El acto por el que se acuerda la admisión de pruebas propuestas por el interesado. La propuesta de resolución en un procedimiento sancionador.

Según el principlo de inderogabilidad singular de los reglamentos recogido en la Ley 39/2015: Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Las resoluciones administrativas de carácter particular pueden contradecir lo establecido en una disposición de carácter general cuando procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Las resoluciones administrativas de carácter particular sólo pueden vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general cuando procedan de un órgano superior. Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general si proviene de un órgano de igual jerarquía al que dictó la disposición general.

La Ley 39/2015 indica que el inicio del procedimiento de naturaleza sancionadora se caracteriza por lo siguiente: Se podrá imponer una sanción económica con carácter previo al inicio del procedimiento. Si el inculpado al inicio del procedimiento presenta un pliego de cargos, la posible multa se le reduce a la mitad. Se encomiendan a distintos órganos la fase instructora y la fase sancionadora. Se iniciará de oficio o a instancia de parte por acuerdo del órgano competente.

Respecto a la acumulación de procedimientos, la Ley 39/2015 establece que: El acuerdo de acumulación puede ser objeto de recurso de reposición ante el órgano que decretó la acumulación. Si un interesado está inmerso en una pluralidad de procedimientos ante distintos órganos, es posible acumularlos para que los resuelva un único órgano. La acumulación puede decretarse por el órgano administrativo tanto de oficio como a instancia de parte. La acumulación tiene lugar en los procedimientos en los que un órgano tramita y su superior jerárquico es el encargado de resolver.

Un Ayuntamiento ha cometido un error aritmético en un acto administrativo. Señale la respuesta correcta conforme a la Ley 39/2015: El plazo máximo para rectificar es de 3 meses desde que se dictó el acto. Para realizar la rectificación es necesario recabar el consentimiento del interesado afectado por el acto. La rectificación puede ser a instancia de los interesados o del propio Ayuntamiento. Para realizar la rectificación es necesario recabar el dictamen favorable del Consejo de Estado.

De acuerdo con el articulo 96 de la Ley 39/2015, señale el plazo en que los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán estar resueltos: Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, en sesenta días a contar desde el día siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. En sesenta días a contar desde el día siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, en treinta días a contar desde el día siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. En treinta días a contar desde el día siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.

De conformidad con el articulo 56 de la ley 39/2015, NO es una de las medidas provisionales que puede acordarse en el procedimiento administrativo: El depósito, retención o inmovilización de cosa mueble. La consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen. La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Públicas. Las que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados.

Según lo dispuesto en la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta en relación con la práctica de las notificaciones en papel: Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 13 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de las 48 horas siguientes. Si la notificación resulta infructuosa, se entenderá que la misma ha sido rechazada, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento. Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.

En relación con el recurso de alzada regulado en la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta: El órgano competente para su resolución se lo podrá suspender el acto impugnado en el supuesto de que una disposición expresamente lo permita o cuando el recurso se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho. Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. Contra la resolución de un recurso de alzada cabe recurso de reposición con carácter potestativo. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes.

En relación con el articulo 47 de la Ley 39/2015, señale qué actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en todo caso: Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, inciuso la desviación de poder. Los que sean dictados faltando alguna autorización. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Los dictados con defectos de forma que den lugar a la indefensión de los interesados.

4 .- Según el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. c) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. d) Todos ellos son correctos.

6 .- Según el artículo 35 de la Ley de Procedimiento administrativo, deberán ser motivados con sucinta referencia de hechos de fundamentos de derechos: a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión. c) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. d) Todas las respuestas son correctas.

7 .- El artículo 39.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que: a) Los actos de la Administraciones Públicas sujetos a Derecho Administrativo producirán efectos al día siguiente de la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. b) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos a Derecho Administrativo producirán efectos a los 30 días de la fecha en que se dicten. c) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. d) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo producirán efectos a los 3 días a partir de la fecha en que se dicten salvo que en ellos se disponga lo contrario.

8 .- El artículo 40.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que: a) Las Administraciones Públicas podrán adoptar las medidas que consideren necesarias para la protección de los datos personales que consten en las resoluciones y actos administrativos, cuando éstos tengan por destinatarios a más de un interesado. b) Las Administraciones Públicas podrán adoptar las medidas que consideren necesarias para la protección de los datos personales que consten en las resoluciones y actos administrativos, cuando éstos tengan por destinatarios a más de un interesado cuando estos lo hayan manifestado expresamente. c) Las Administraciones Públicas no deberán adoptar medidas especiales para la protección de los datos personales que consten en las resoluciones y actos administrativos, en tanto en cuanto se supone la publicidad de los actos administrativos. d) Administraciones Públicas no deberá adoptar especiales medidas de protección de datos personales en las resoluciones y actos administrativos en aras a velar por la transparencia de los actos.

9 .- Según el artículo 47 de la Ley de Procedimiento administrativo, son nulos de pleno derecho: a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. c) Los que tengan un contenido imposible. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

22 .- El plazo para reclamar un daño a una administración pública es: a) De cinco años, por ser un crédito contra una administración. b) Un plazo de caducidad de un año. c) Un plazo de prescripción de un año. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

17. Conforme a lo dispuesto en el articulo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los reglamentos y disposiciones administrativas: a) No podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. b) Podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público d conformidad con la ley. c) Se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. No podrán vulnerar los preceptos de otra norma de rango superior o similar si es anterior.

2. Conforme a lo dispuesto en el articulo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde: a) La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. b) El día siguiente a la fecha en que se dicten, en cualquier caso. c) El día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

3. Conforme a lo dispuesto en La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, (Art. 87) en un procedimiento administrativo, antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento, que deberán practicarse en un plazo: a) No superior a 10 días. b) No superior a 15 días. c) No superior a 20 días.

4. A los efectos de lo preceptuado en el articulo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entiende por comparecencia en la sede electrónica: a) El acceso por el interesado o su representante debidamente acreditado a la oficina virtual del organismo administrativo. b) El acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación. c) El acceso por el interesado o su representante debidamente identificado a la sede electrónica del órgano administrativo.

8. El plazo de prescripción para iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial es de: a) Seis meses de producido el hecho o el acto que motiva la indemnización, salvo en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas. b) Un año de producido el hecho o el acto que motiva la indemnización, salvo en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas. c) Tres meses de producido el hecho o el acto que motiva la indemnización, salvo en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas.

13. Conforme a lo preceptuado en el artículo 14.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Publicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no: a) Salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. b) Salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios no electrónicos con las Administraciones Públicas. c) No pudiendo estar obligadas a relacionarse a través de unos medios u otros con las Administraciones Publicas.

14. Según lo dispuesto en el artículo 16.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:. a) Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan. b) Concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados en el plazo de diez días a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas. c) Las respuestas a) y b) son incorrectas.

15. Conforme a lo dispuesto en el articulo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, toda notificación deberá ser cursada: a) Inmediatamente. b) Dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. c) Dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

19. Conforme a lo dispuesto en el articulo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, no se exige la motivacion de los actos que: a) Rechacen pruebas propuestas por los interesados. b) Se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales. c) Limiten intereses subjetivos.

27. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, (Art. 114) ponen fin a la vía administrativa, entre otros: a) Las resoluciones de los recursos de alzada. b) Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 142.2. c) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de continuadores del procedimiento.

29. Conforme a lo dispuesto en el articulo 57 de la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, contra el acuerdo de acumulación a que se refiere el párrafo primero de dicho artículo: a) Podrá interponerse recurso de alzada. b) No procederá recurso alguno. c) Podrá interponerse recurso de reposición.

30. Dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, (Art. 82) que durante la tramitación de un procedimiento administrativo el trámite de audiencia se realiza: a) Inmediatamente antes del acuerdo de iniciación del procedimiento. b) Inmediatamente antes de la información pública. c) Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución.

34. Conforme a lo dispuesto en el articulo 79 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que: a) Sean solicitados por los interesados. b) Se juzguen necesarios para resolver fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos. c) Sean facultativos y no vinculantes.

37. RESERVA 1. Señale el titulo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, que regula los recursos administrativos: a) Titulo II. b) Título IV. c) Título V.

39. RESERVA 2. Según lo dispuesto en el articulo 17.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable. b) Cada Administración podrá optar por mantener un archivo electrónico o un archivo general de procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable. c) Cada Administración deberá informatizar el archivo de documentos electrónicos y en papel en sus archivos generales.

44. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, (Art. 73) en un procedimiento administrativo, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto, los tramites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de: a) 10 días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. b) 15 días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. c) 10 días a partir del día de la notificación del correspondiente acto.

45. En relación a la regulación del recurso extraordinario de revisión, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 125 dispone que será competente para la resolución del acto impugnado: a) El órgano superior jerárquico del que lo dictó. b) El órgano administrativo que lo dictó. c) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

46. Según lo dispuesto en el articulo 6.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, los poderes inscritos en los registros electrónicos de apoderamientos podrán ser revocados o prorrogados por: a) El poderdante en cualquier momento antes de la finalización del plazo de validez del poder. b) El apoderado una vez finalizado el plazo mínimo de validez del poder. c) La Administración en cualquier momento antes de la finalización del plazo de validez del poder.

48. En relación a la regulación del recurso de reposición, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone en su artículo 124 que: a) Se resolverá por el superior jerárquico del que dictara el acto impugnado. b) Se deberá dictar resolución en tres meses. c) Contra su resolución no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.

49. Según lo dispuesto en el articulo 16.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración: a) Deberán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico de la Administración General del Estado. b) Podrán disponer de su propio registro electrónico operable y conectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende. c) Podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende.

1 .- Cuando se solicitan informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, el plazo máximo para resolver un procedimiento y notificar una resolución: a) Queda suspendido de forma automática hasta la recepción del informe. b) La solicitud de informe no afecta al plazo máximo para resolver un procedimiento y notificar una resolución. c) Podrá ser suspendido. d) Ninguna de las anteriores es la correcta.

2 .- En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Publicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: a) Las personas físicas y sus representantes. b) Las entidades con personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que no se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. d) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

3 .- Excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles a los que se refiere el apartado 5 del artículo 21, el órgano competente para resolver, a propuesta, en su caso, del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación: a) Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno. b) Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, cabrá recurso administrativo. c) Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que no deberá ser notificado a los interesados, cabrá recurso administrativo. d) Todas las respuestas son incorrectas.

4 .- Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararan de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo: a) En los supuestos previstos en el art. 47.1 de la Ley 39/2015. b) En los supuestos previstos en el art. 47.1 y 2 de la Ley 39/2015. c) En los supuestos previstos en el art. 47 y 48 de la Ley 39/2015. d) Todas son correctas.

5 .- Contra las disposiciones administrativas de carácter general: a) Cabrá recurso en vía administrativa. b) No cabrá recurso en vía administrativa. c) Sólo cabe recurso extraordinario de revisión. d) Todas son incorrectas.

8 .- Si alguno de los sujetos a los que hace referencia el articulo 14.2 y 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, presenta su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán al interesado para: a) Para que subsane a través de su presentación electrónica, no obstante, a estos efectos, se considerará como fecha de presentación el de la solicitud presencial. b) No cabe subsanación de las solicitudes presentadas presencialmente. c) Para que subsane a través de su presentación electrónica, a estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación. d) La Administración tienen la obligación de tramitar la solicitud desde la fecha de su presentación en cualquier registro, con independencia de si ha sido presentada de forma presencial o electrónicamente.

10 .- Las notificaciones que se practiquen en papel: a) Deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. b) Deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma obligatoria. c) Deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas siempre y cuando lo solicite expresamente. d) Todas son incorrectas.

13 .- Conforme con lo previsto en el articulo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tendrán capacidad de obrar: a) Los patrimonios independientes o autónomos, cuando así lo declare expresamente una ley. b) Los grupos de afectados, cuando lo declare expresamente una norma legal o reglamentaria. c) Las personas jurídicas cuando la ley así lo declare expresamente. d) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico con la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

14 .- De acuerdo con el articulo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes supuestos NO podrá ser, en ningún caso, objeto de notificación electrónica?: a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento. b) Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico. c) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante. d) La ley no recoge ninguna limitación a la notificación por medios electrónicos de cualquier tipo de acto administrativo por parte de la Administración.

10. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, se consideran interesados en el procedimiento: a. Quienes lo promuevan como titulares de derechos e intereses legítimos individuales o colectivos. b. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. c. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

15. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, la representación deberá acreditarse: a) Para interponer recursos. b) Para los actos y gestiones de mero trámite. d) Las respuestas a y c son correctas. c) Para presentar declaraciones responsables o comunicaciones.

16. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, señale la respuesta correcta: a. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. b. Las resoluciones administrativas de carácter general no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter particular, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. c. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o inferior jerarquía al que dictó la disposición general. d. Las resoluciones administrativas de carácter general no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter particular, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o inferior jerarquía al que dicto la disposición general.

17. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos: a. Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. b. Desde el día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. c. Desde la fecha de su publicación, salvo que en ellos se disponga otra cosa. d. Desde el día siguiente a la fecha de su publicación, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

48. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, las disposiciones de creación de registros electrónicos se publicarán: a. En el diario oficial correspondiente. b. En el tablón oficial correspondiente. c. Únicamente en la página web correspondiente. d. No necesita publicación.

55. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo para la interposición del recurso de alzada, si el acto fuera expreso, será de: a. 1 mes. b. 3 meses. c. 20 días. d. 2 meses.

56. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, la Administración podrá convalidar: a. Los actos nulos, subsanando los errores de que adolezcan. b. Los actos nulos que se establezcan expresamente en una disposición con rango de Ley. c. Los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

57. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso potestativo de reposición es de: a. Un mes. b. Tres meses. c. Quince días. d. Dos meses.

67. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, toda notificación del acto administrativo deberá ser cursada a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado: a. De forma inmediata. b. En el plazo de quince días. c. Dentro del plazo de diez días. d. En el plazo de un mes.

82. De acuerdo con Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas: a. Dictados prescindiendo parcialmente del procedimiento legalmente establecido. b. Que incurran en desviación de poder. c. Que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. d. Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de reglamento orgánico.

1. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, ¿cuál de los siguientes actos NO tiene que ser motivado?. a. Los acuerdos de suspensión de actos. b. Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. c. Las propuestas de resolución en procedimientos sancionadores. d. Todos los anteriores actos deben ser motivados.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, en relación con la eficacia del acto: a. La eficacia del acto siempre queda demorada. b. La eficacia del acto no puede quedar demorada en ningún caso. c. La eficacia del acto quedará demorada cuando esté supeditada a publicación. d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

9. Los actos administrativos producirán efectos desde: a. La publicación en el diario o boletín oficial correspondiente. b. La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. c. El día siguiente al de su notificación a los interesados. d. El día siguiente al de la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

10. Los interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio: a. En cualquier momento del procedimiento. b. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. c. En cualquier momento del procedimiento anterior a la resolución. d. En cualquier momento del procedimiento, previa autorización del órgano instructor.

11. Durante el trámite de audiencia, los interesados podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en un plazo: a. No inferior a diez días ni superior a veinte. b. No inferior a quince días ni superior a veinte. c. No inferior a diez días ni superior a quince. d. Ninguna es correcta.

18. Según artículo 41 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones: a. Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico. b. Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques. c. Ambas respuestas son correctas. d. Ninguna respuesta es correcta.

29. Dentro de la Ley 39/2015, (LPACAP) ¿Dónde viene regulada la materia concerniente a los recursos administrativos?. a. Capítulo II, Título V, arts. 112 a 126. b. Capítulo l, Titulo V, arts 106 a 111. c. Capítulo II, Titulo IV, arts 54 a 69. d. Capítulo III, Titulo IV, arts 70 a 74.

30. Conforme al art. 115.2 de la LPACAP, ¿el error o la ausencia de calificación de un recurso por parte del recurrente será un obstáculo para su tramitación?: a. Si, en todo caso. b. No, en ningún caso. c. No, siempre que se deduzca su verdadero carácter. d. Si, toda vez que rige el principio de calificación.

31. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes conforme al art. 122 LPACAP. ¿Qué ocurre si, transcurrido ese plazo, no se ha interpuesto el recurso ?: a. Podrá interponerse el correspondiente recurso de reposición. b. Podrá interponerse de nuevo el recurso de alzada. c. La resolución será firme a todos los efectos. d. Regirá el régimen de silencio administrativo.

33. Conforme al art. 116 LPACAP, serán causas de inadmisión de los recursos administrativos: a. Carecer de legitimación el recurrente. b. Carecer el recurso manifiestamente de fundamento. c. Contener el recurso un error en su calificación. d. A y B son correctas.

36. Conforme al art. 131 LPACAP, además de publicarse las Ordenanzas y Reglamentos en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos, ¿pueden, adicionalmente, las Administraciones Públicas, establecer otros medios de publicidad complementarios ?: a. No, en ningún caso. b. Únicamente cuando el Consejo de Estado lo habilite. c. Sí, así lo afirma el artículo mencionado. d. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

17.- Si se produce una actuación administrativa fuera de tiempo dará lugar: a) A la anulabilidad, cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. b) A la nulidad, cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. c) Exclusivamente a la irregularidad de dicho acto. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

23.- ¿Cuál de los siguientes actos deberá ser motivado?. a) Los actos que admitan pruebas propuestas por los interesados. b) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. c) Los actos que admitan pruebas que afecten a derechos fundamentales. d) Los actos que rechacen pruebas que afecten a derechos fundamentales.

26.- Las copias auténticas: a) No tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales. b) Tendrán exclusivamente la misma validez que los documentos originales. c) Tendrán exclusivamente la misma eficacia que los documentos originales. d) Tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales.

42.- ¿En qué supuestos se podrán sustituir el recurso de alzada por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones Específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas?. a) En ningún caso. b) Siempre que el legislador lo estime oportuno. c) En supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique. d) Cuando la regulación contenida en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre no se acomode a las necesidades de cada órgano o servicio administrativo.

3 El Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas comprende los artículos: 66 a 100. 53 a 105. 49 a 107.

Podrán realizar copias autenticas mediante funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada: La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. Las Entidades locales. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales.

5. El recurso de alzada podrá interponerse (art 121 L39/2015): Ante el organo que dicto el acto que se impugna. Ante el órgano competente para resolver el acto que se impugna. Ante el órgano que dicto el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.

6. Las Administraciones publicas podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el art. 47.2 Ley 39/2015: De oficio o a solicitud del interesado, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere. De oficio, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere. De oficio, o a solicitud del interesado, previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere.

La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas según el art. 48.3 de la ley 39/2015, solo implicará: A) La anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. B) La suspensión del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. C) La nulidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

28. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho (señala la incorrecta): Los acuerdos de aplicación de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias. Los actos que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados a instancia del interesado. Los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial.

39. Los plazos expresados por horas no podrán tener una duración (art 30 L39/2015): Inferior a 1 hora, en cuyo caso se expresarán en minutos. Superior a 24 horas, en cuyo caso se expresarán en días. Inferior a 2 horas, en cuyo caso se expresaran en minutos.

42. Respecto a la practica de las notificaciones a través de medios electrónicos, los interesados podrán acceder a las notificaciones desde: El Punto de Acceso General electrónico de la Administración, que funcionará como un Portal de acceso. La página inicial de la Web de la Administración electrónica, que funcionará como un Portal de acceso. La oficina de la Administración virtual, que funcionará como un Portal de acceso.

Según el articulo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, ¿Qué Administraciones Públicas dispondrán de un registro electrónico de apoderamiento?. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Únicamente, la Administración General del Estado, que será el Registro único de todas las demás Administraciones Públicas. El Registro Electrónico de apoderamiento viene regulado en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

46. Para subsanar la falta o insuficiente acreditación de la representación de un interesado en el procedimiento se concederá: A) Un plazo de 10 días para subsanarla. B) Un plazo de 15 días para subsanarla. C) Un plazo de 20 días para subsanarla.

47. En los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas (art 56 L39/2015): A) El órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio, iniciado el procedimiento administrativo. B) El órgano competente para resolver el procedimiento, de oficio, antes de la iniciación del procedimiento administrativo. C) El órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, antes de la iniciación del procedimiento administrativo.

Los poderes inscritos en el registro según el art. 6 Ley 39/2015 tendrán una validez determinada: Mínima de 5 años a contar desde la fecha de inscripción. Máxima de 10 años a contar desde la fecha de inscripción. Máxima de 5 anos a contar desde la fecha de inscripción.

53. Será competente para la resolución del recurso extraordinario de revisión: A) El órgano superior jerárquico del que los dictó. B) El órgano administrativo que los dictó. C) Ninguna es correcta.

352.- El plazo máximo de realización de la prueba en el procedimiento es de: a) Quince días. b) Diez días. c) Treinta días. d) Veinte días.

354.- No debe constar en el escrito de interposición de un recurso administrativo: a) El nombre del recurrente. b) La firma del recurrente. c) El teléfono personal del recurrente. d) El acto que se recurre.

355.- ¿Cuál de los siguientes no tiene capacidad para presentar una solicitud? : a) Un penado de prisión. b) Un menor de edad. c) Un funcionario inhabilitado para ejercer funciones públicas. d) Una persona declarada incapaz para ello por sentencia judicial firme.

356.- El plazo máximo para la resolución del recurso potestativo de reposición es de: a) Un mes. b) Veinte días. c) Tres meses. d) Dos meses.

358.- En caso de que en la resolución de un acto administrativo hayan influido testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme ¿cuál es el plazo de interposición del recurso extraordinario de revisión?: a) Un mes. b) Cuatro años. c) Quince días. d) Tres meses.

359.- Definimos el procedimiento administrativo como: a) El cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación administrativa para la realización de un objeto. b) El cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación administrativa para la adecuación a un fin. c) El cauce material de la serie de actos en que se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin. d) El cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin.

360.- No es una fase del procedimiento administrativo: a) Conclusión. b) Iniciación. c) Instrucción. d) Ordenación.

361.- Puede ser recurrido mediante la interposición de un recurso potestativo de reposición: a) Un acto que no incurra en una causa de nulidad. b) Un acto que no ponga fin a la vía administrativa. c) Un acto que no incurra en causa de anulabilidad. d) Un acto que ponga fin a la vía administrativa.

362.- No es un modo de terminación del procedimiento administrativo común: a) La resolución. b) La renuncia. c) La caducidad. d) El allanamiento.

364.- ¿Cuál de los siguientes actos puede ser recurrido mediante la interposición de un recurso de alzada?: a) Un acto que ponga fin a la vía administrativa. b) Un acto que no incurra en una causa de nulidad. c) Un acto que no ponga fin a la vía administrativa. d) Un acto que no incurra en causa de anulabilidad.

365.- El recurso potestativo de reposición se interpone: a) Ante el órgano que dictó el acto impugnado en cualquier caso. b) Ante el órgano que instruyó el acto recurrido. c) Ante el órgano que dictó el acto impugnado o ante su superior jerárquico. d) Ante el órgano que inició el procedimiento por el que se dicto el acto que se impugna.

366.- El plazo de interposición del recurso potestativo de reposición interpuesto contra un acto administrativo presunto es de: a) Tres meses. b) Un mes. c) Veinte días. d) Treinta días.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (LPAC), señale la respuesta incorrecta: a) Se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo. b) En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento. c) Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente. d) Establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos.

8. En base a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre (LPAC), se entenderá por declaración responsable: a) Aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. b) Aquel documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio. d) Aquel documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que ya ha pasado todos los controles exigidos en la normativa para el ejercicio de una actividad. c) Aquel documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que ha adquirido todos los derechos necesarios para el ejercicio de una actividad.

31. Indique la respuesta incorrecta (art. 30 de la ley 39/2015). a) Si el plazo se fija en meses o años concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. b) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. c) Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles. d) Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.

32. Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente: a) Por propia iniciativa. b) Como consecuencia de orden superior. c) Por denuncia. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

36. De acuerdo con el artículo 106.5 de la Ley 39/2015, ¿Cuáles son los efectos del transcurso de seis meses desde el inicio del procedimiento de revisión de oficio sin haberse dictado resolución?. a) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio se producirá la caducidad del procedimiento. b) El procedimiento se archiva definitivamente, impidiendo su nueva tramitación por parte de la Administración. c) Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se entenderá estimado por silencio administrativo. d) A y C son correctas.

59. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta sobre la eficacia del acto administrativo?. a) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. b) La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. c) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados. d) Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, siempre y cuando dependan jerárquicamente de éstos.

60. Según el artículo 12.3 de la Ley 39/2015, ¿Qué requisitos deben cumplir los registros de empleados públicos habilitados?. a) Estar coordinados por la Administración General del Estado y contener la relación de funcionarios autorizados para la representación electrónica de los interesados. b) Recoger los funcionarios designados para la asistencia de los interesados que no dispongan de los medios electrónicos necesarios. c) Ser único para todo el territorio nacional y gestionado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. d) Ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas.

1. De conformidad con el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso específico y electrónico de la Administración. b) A ser asistido en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones públicas y privadas. c) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente. d) Las respuestas a), b) y c), son correctas.

2. En un procedimiento administrativo en virtud del artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no se consideran interesados: a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. d) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución siempre que se personen en el procedimiento durante el trámite de audiencia.

21. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial iniciados de oficio el acuerdo de iniciación se notificará a los particulares presuntamente lesionados: a) Concediéndoles un plazo de siete días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. b) Concediéndoles un plazo de cinco días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. c) Concediéndoles un plazo de diez días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. d) Concediéndoles un plazo de quince días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo.

22. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que: a) Transcurridos dos meses, se producirá la caducidad del procedimiento. b) Transcurridos tres meses, se le tendrá por desistido de su solicitud. c) Transcurridos dos meses, se entenderá que ha renunciado a su derecho. d) Transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento.

23. ¿En cuál de los siguientes supuestos podría concurrir anulabilidad?. a) Cuando haya un defecto de forma y el acto no carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin ni dé lugar a la indefensión de los interesados. b) Cuando el acto se haya dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. c) La desviación de poder. d) Cuando haya una a irregularidad no invalidante.

24. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la resolución de un procedimiento sancionador se podrá suspender cautelarmente: a) Cuando haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso-administrativo. b) Cuando se haya interpuesto recurso contencioso-administrativo y no se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución impugnada. c) Cuando el interesado manifieste a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. d) Cuando el interesado pueda interponer recurso ordinario en vía administrativa.

27. Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados y no hayan señalado a ningún interesado o representante: a) Las actuaciones a que den lugar se efectuarán con todos los interesados. b) Las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el que figure en primer lugar. c) Se les requerirá la subsanación de la solicitud, escrito o comunicación. d) Las actuaciones a que den lugar se efectuarán con cualquiera de los interesados.

28. Se exceptúan de la obligación de resolver: a) Los supuestos de renuncia del derecho del interesado. b) Los supuestos de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento. c) Los supuestos de pacto o convenio. d) Los supuestos de suspensión por más de seis meses.

29. El período extraordinario de prueba no podrá ser superior a: a) Quince días. b) Cinco días. c) Diez días. d) Siete días.

30. ¿Cuándo pueden revocarse los actos de gravamen o desfavorables?: a) En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados. b) Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. c) En cualquier momento en que los interesados soliciten la revocación. d) En cualquier momento siempre que se revoquen de oficio.

31. En la regulación del trámite de audiencia de los interesados en los recursos administrativos, tienen el carácter de documentos nuevos: a) Los informes. b) El recurso. c) Las propuestas. d) Los no recogidos en el expediente originario.

32. ¿Cuándo se puede interponer el recurso extraordinario de revisión, si al dictar el acto se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente?: a) En los tres meses siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. b) En los cuatro años siguientes a la fecha en que se conocieron los documentos. c) En los cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. d) En los tres meses siguientes a la fecha en que se conocieron los documentos.

50. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de: a) 5 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. b) 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. c) 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. d) 20 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

51. Podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado, cuando deba dictarse una serie de actos administrativas de la misma naturaleza, tales como: a) Nombramientos. b) Concesiones. c) Licencias. d) Todas son correctas.

52. Las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria: a) Son nulas. b) Son anulables. c) Son válidas. d) No son susceptibles de recurso administrativo.

53. La desviación de poder significa que: a) Un acto administrativo se dicta sin obedecer a una causa justa. b) Un acto administrativo se dicta para un fin distinto al de la satisfacción de las necesidades colectivas o intereses públicos. c) Un acto administrativo no ha sido creado por el procedimiento legamente establecido. d) Un acto resulta ser indeterminado o ilícito.

54. Como regla general, los actos administrativos se presumen válidos, y tienen efectos desde, tal y como establece la Ley del Procedimientos Administrativo Común: a) La fecha de publicación. b) La fecha en que se dicten. c) La fecha de notificación. d) La fecha que el propio acto recoja.

55. La eficacia de los actos de las Administraciones Públicas, sujetos a derecho administrativo: a) Son válidos y eficaces siempre. b) La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. c) Se presumen válidos, y producen efectos cuando se cumple el contenido del acto administrativo. d) Validez y eficacia son conceptos jurídicos sinónimos.

56. Según la Ley 39/2015, excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos: a) Cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto. b) Cuando produzcan efectos desfavorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios no existieran en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto. c) Cuando produzcan efectos desfavorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto. d) Cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios no existieran en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto.

57. Según la Ley 39/2015, si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación: a) Intento que se repetirá una sola vez y en una hora distinta dentro de los dos días siguientes. b) Intento que se repetirá dos veces y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. c) Intento que se repetirá una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. d) Intento que se repetirá dos veces y en una hora distinta dentro de los dos días siguientes.

58. De conformidad con la Ley 39/2015, la notificación se practica por medio de anuncios publicados en el Boletín Oficial del Estado: a) Cuando los interesados en el procedimiento sean desconocidos. b) Cuando se ignore el lugar de la notificación. c) Cuando, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar. d) Todas son correctas.

59. De conformidad con la Ley 39/2015, para que surta efecto una notificación defectuosa: a) Basta con que transcurra el plazo de recurso del acto a que se refiere. b) El interesado ha de realizar actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda. c) La Administración Pública ha de demostrar que se hizo. d) En ninguno de los tres caos anteriores se subsana.

4. El plazo máximo para notificar la resolución de un recurso de alzada es de: a) Veinte días. b) Un mes. c) Dos meses. d) Tres meses.

5. La declaración de lesividad no podrá adoptarse: a) Una vez transcurridos 3 años desde que se dictó el acto administrativo. b) Una vez transcurridos 6 meses desde que se dictó el acto administrativo. c) Una vez transcurrido 1 año desde que se dictó el acto administrativo. d) Una vez transcurridos 4 años desde que se dictó el acto administrativo.

6. Salvo precepto en contrario, la ampliación de los plazos establecidos no podrá ser superior a: a) Tres meses. b) Quince días. c) La mitad de los mismos. d) Cinco días.

1.- El plazo de audiencia previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas es de: a) No inferior a 10 días ni superior a 15. b) De 10 días máximo. c) Al menos, de 15 días. d) No se señala ningún plazo concreto.

2.- Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿quiénes pueden considerarse interesados en un procedimiento administrativo?. a) Los que lo hayan promovido, en todo caso. b) Los que, sin haberlo iniciado, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que se adopte. c) Los que se personen en el mismo, en todo caso. d) Todos los anteriores.

11.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como regla general los documentos presentados en un registro de una Administración: a) Se devolverán los originales al interesado. b) Se devolverán las copias al interesado. c) No se devolverán los originales al interesado. d) Ninguna de las anteriores.

12.- ¿Cuál de las siguientes personas está obligada a relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite administrativo?. a) Los Notarios. b) Los empleados públicos para los trámites relacionados con su condición de empleado. c) Las personas jurídicas. d) Todas las anteriores.

17.- El plazo de interposición de un recurso de reposición contra un acto administrativo es de: a) Un mes. b) Dos meses. c) Tres meses. d) Cuatro meses.

18.- Son actos anulables: a) Los que lesionan los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. b) Los que sean de contenido imposible. c) Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico e incluso la desviación de poder. d) Los dictados prescindiendo total o absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

19.- No constituye un medio administrativo de ejecución forzosa: a) El apremio sobre el patrimonio. b) La ejecución subsidiaria. c) La compulsión sobre las personas. d) La expropiación forzosa.

20.- Contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento administrativo: a) Cabe recurso de alzada. b) Cabe recurso de reposición. c) Cabe recurso extraordinario de revisión. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

21.- En la práctica de notificaciones en papel, cuando se practique la misma en el domicilio del interesado, para su correcta notificación resulta: a) Que puede hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. b) Que puede hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio siempre que acredite relación de parentesco. c) Que puede hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 18 años que se encuentre en el domicilio. d) Que puede hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.

22.- Respecto a la notificación electrónica, indique cuál de las siguientes opciones es correcta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter voluntario, o no haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. b) Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. c) Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en el que se pongan a disposición del interesado en el Punto General de Acceso electrónico de la Administración. d) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

40.- ¿Podrán las Administraciones establecer la obligación de presentar determinados documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas?: a) No, no están previstas excepciones al régimen general de presentación de documentos. b) Sí, mediante ley. c) Sí, reglamentariamente. d) Sí, mediante disposición administrativa del órgano responsable de la gestión del registro.

42.- De acuerdo con el artículo 44 de la Ley 39/15 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar. a) La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado». b) La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» y en la sede electrónica del Ayuntamiento. c) La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. d) La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.

6.- Cuál es la forma normal de terminación del procedimiento: El silencio administrativo. La resolución. La terminación convencional. Las tres son formas normales de terminación del procedimiento administrativo.

7.- Señale la incorrecta: el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos: Relativos al ejercicio del derecho de petición. Cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros, facultades relativas al dominio público o al servicio público. De responsabilidad civil de las Administraciones Públicas. Que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente.

8.- Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los siguientes recursos que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: De alzada y preceptivo de reposición. De alzada y potestativo de reposición. Únicamente de reposición. Únicamente de alzada.

9.- No es una causa de inadmisión de un recurso administrativo: Carecer de legitimación el recurrente. Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. Carecer el escrito de interposición de los fundamentos legales concretos en que se base el recurso. Ninguna es correcta.

10.- Las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria: a) son nulas. b) son anulables. c) no son recurribles. d) no son ejecutivas.

La Ley 39/2015 dispone que "los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa". Excepcionalmente: A .- Podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos nulos o anulados. B .- Podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos nulos. C .- Podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados. D .- Podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de cualquier tipo de acto.

24 .- De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 39/2015, serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los acuerdos de realización de actuaciones complementarias. Los actos que limiten derechos objetivos. Los actos que no se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Los actos que acepten pruebas propuestas por los interesados.

Según la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, el recurso potestativo de reposición: Cabe contra las solicitudes que no pongan fin a la vía administrativa y se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto. Cabe interponerlo contra resoluciones que no pongan fin a la vía administrativa y se resuelve por el superior jerárquico del órgano que dictó el acto . Cabe contra las resoluciones que ponen fin a la vía administrativa y se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto. Cabe contra los actos firmes en vía administrativa y se interpone ante el órgano que dictó el acto.

Iniciado el procedimiento, ¿qué órgano podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello?: EI órgano administrativo competente para resolver o el órgano competente para iniciar el procedimiento, indistintamente. EI órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento. EI órgano competente de gobierno. EI órgano administrativo competente para resolver,.

De conformidad con lo establecido en el art. 13 de la Ley 39/2015, ¿Cuál de los siguientes no es un derecho reconocido a los ciudadanos en el ámbito de la relación electrónica con la administración pública?. A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley. A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. A que se les facilite gratuitamente un asesor, cuando lo consideren conveniente, en defensa de sus intereses.

39 - De conformidad con el artículo 70 de la Ley 39/2015, se entiende por expediente administrativo: EI conjunto ordenado de datos e informes que sirven de antecedente y fundamento a la notificación administrativa, así como las actuaciones encaminadas a ejecutarla. EI conjunto ordenado de antecedentes que sirven de argumento jurídico a la diligencia administrativa. EI conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. EI conjunto ordenado de antecedentes e informes que sirven de base a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a notificarla.

43. De conformidad con lo dispuesto en el art. 43 de la Ley 39/2015, ¿qué se entiende por comparecencia en la sede electrónica?. La personación espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro electrónico. La puesta a disposición del interesado de la notificación en la sede electrónica de la administración. EI aviso enviado al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación. EI acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación.

Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento: Suspenderán la tramitación del mismo, en todo caso. No suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación. Suspenderán la tramitación del mismo únicamente cuando se refieran a asuntos formales. Suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación.

20. Según el artículo 128.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. b) El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación exclusivamente. c) El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación y a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos. d) El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

23. Señala uno de los derechos que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, reconoce a quienes tengan capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: a) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. b) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. c) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. d) Todas las respuestas son correctas.

24. Según el artículo 128.2 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes. Sólo podrán regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. b) Los reglamentos y disposiciones administrativas sólo podrán vulnerar la Constitución en caso de estar habilitados por una Directiva de la Unión Europea. c) Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. d) Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

25. El Reglamento: a) Es toda norma con rango de ley dictada por el Gobierno. b) Es una disposición normativa que sólo tiene valor frente a la Administración Pública. c) Es toda disposición jurídica de carácter general dictada por una Administración Pública y con valor subordinado a la Ley. d) Es un acto normativo dictado por la Administración en ejercicio de una competencia delegada.

28. Las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán: a) La fecha y hora oficial. b) El órgano o unidad responsable de su gestión. c) Los días declarados como inhábiles. d) Todas las respuestas son correctas.

29. Los plazos máximos en los que se deberá notificar la resolución expresa en los procedimientos iniciados de oficio se contarán: a) Desde el día siguiente a la fecha del acuerdo de iniciación. b) Desde la fecha de la notificación del acuerdo de iniciación. c) Desde la fecha del acuerdo de iniciación. d) Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico del Organismo.

30. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado el silencio administrativo tendrá efecto desestimatorio en los supuestos: a) En que así se establezca en una norma con rango de ley. b) En los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. c) Que impliquen el ejercicio de actividades que puedan modificar el medio ambiente. d) Todas son correctas.

31. En los casos de desestimación de una solicitud por silencio administrativo la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo: a) Solo podrá ser estimatoria. b) Se adoptará sin vinculación alguna al sentido del silencio administrativo. c) Será nula de pleno derecho. d) Será anulable.

32. Los interesados en un procedimiento administrativo tienen entre otros: a) Derecho a actuar asistidos de asesor. b) Derecho a formular alegaciones. c) Derecho a aportar documentos. d) Todas las respuestas son correctas.

34. Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo: a) La resolución. b) La revocación. c) La renuncia. d) La recusación.

35. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos administrativos que: a) Se dicten en el ejercicio de potestades de arbitrariedad. b) Limiten deberes. c) Se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes. d) Acepten pruebas propuestas por los interesados.

36. En relación con la forma de los actos administrativos, en los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal: . a) La constancia escrita del acto, se firmará por el titular del órgano superior o funcionario que lo reciba oralmente. b) La constancia escrita del acto será necesaria en todo caso. c) La constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que lo reciba oralmente. d) Ninguna es correcta.

37. Los actos de la Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde: a) Desde la publicación en el diario o boletín correspondiente, o desde el día siguiente a su notificación. b) La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. c) Desde el mismo día de su notificación a los interesados. d) Desde el día siguiente a la fecha en que fueron dictados, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

38. ¿En qué plazo máximo deberá ser notificado al interesado un acto administrativo, para que este adquiera eficacia?. a) 10 días a partir de que el acto se publicó. b) 10 días a partir de que el acto haya sido dictado. c) 30 días a partir de que fue dictado. d) 5 días a partir de su publicación.

39. Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico son: a) Anulables, excepto las que incurran en la desviación de poder. b) Nulas de pleno derecho, excepto las que incurran en la desviación de poder. c) Anulables, incluso las que incurran en la desviación de poder. d) Nulas de pleno derecho, incluso las que incurran en la desviación de poder.

40. ¿Qué plazo debe transcurrir para declarar la caducidad en un procedimiento de revisión de disposiciones y actos nulos iniciado de oficio por la Administración?. a) Un mes. b) Dos meses. c) Tres meses. d) Seis meses.

41. Contra las disposiciones administrativas de carácter general: a) No cabrá recurso en vía alguna. b) No cabrá recurso en vía administrativa. c) Cabrá recurso de alzada. d) Cabrá recurso extraordinario de revisión.

42. En relación a los actos firmes, indique qué recursos administrativos se pueden interponer: a) Recurso de alzada. b) Recurso de alzada y potestativo de reposición. c) Recurso extraordinario de revisión. d) Recurso de alzada y extraordinario de revisión.

43. Las resoluciones de los recursos de alzada: a) Pueden poner o no fin a la vía administrativa según los casos. b) No ponen fin a la vía administrativa. c) No ponen fin a la vía administrativa si así lo decide motivadamente el superior jerárquico del órgano que dictó la resolución. d) No cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión.

45. Los actos administrativos que pongan a la vía administrativa podrán se recurridos potestativamente en reposición ante: a) Cualquier órgano, ya sea el órgano que dicto el acto o ante el órgano superior jerárquico del que lo dicto. b) El órgano superior jerárquico del que lo dictó. c) El mismo órgano que lo hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden contencioso-administrativo. d) Ninguna respuesta es correcta.

46. ¿Puede ampliarse el plazo máximo para resolver un procedimiento administrativo?. a) Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo motivadamente. b) No, el plazo máximo para resolver no puede ampliarse. c) Siempre, cuando el órgano competente lo considere necesario. d) Solo en los procedimientos de materia sancionadora.

86. Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán contener, señale la respuesta incorrecta: a) Incorporar los metadatos mínimos exigidos. b) Incorporar las firmas electrónicas que correspondan. c) Incorporar una referencia permanente del momento en que han sido emitidos. d) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización.

87. En cuanto a la práctica de las notificaciones en papel, en el caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse: a) Después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de dos horas entre ambos intentos de notificación. b) Después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación. c) Después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de una hora entre ambos intentos de notificación. d) Después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de cuatro horas entre ambos intentos de notificación.

88. El registro electrónico de cada Administración u Organismo garantizará la constancia, en cada asiento que se practique: a) Identificación del interesado. b) Fecha y hora de su presentación. c) Persona u órgano administrativo al que se envía. d) Todas son correctas.

89. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido: a) Veinte días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. b) Diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. c) Veinte días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. d) Diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

90. Como señala el artículo 16.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán: a) La fecha y hora oficial. b) Los días declarados como inhábiles. c) El órgano o unidad responsable de su gestión. d) Todas son correctas.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son nulos de pleno derecho los actos administrativos: a) Que tengan un contenido imposible. b) Que razonablemente sean lesivos para los derechos de los interesados, previo dictamen favorable del Consejo de Cuentas. c) Que sean dictados por un órgano administrativo no manifiestamente incompetente.

2. El artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, referente a los derechos del interesado en el procedimiento administrativo reconoce: a) El derecho de los interesados a actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. b) A la participación de los interesados en los procesos selectivos de promoción interna que se convoquen en el ámbito de las Administraciones Públicas. c) A la identificación y, en su caso, remoción de los titulares de las Consejerías y Organismos Autónomos de la correspondiente Administración Pública donde se instruya el procedimiento de referencia.

3. Durante la instrucción del procedimiento administrativo se puede prescindir del trámite de audiencia en el siguiente caso: a) Cuando el órgano instructor considere que ya existen suficientes elementos de juicio para adoptar una decisión fundada en derecho. b) Cuando la duración del procedimiento haya resultado muy larga y ello pudiera incidir en la satisfacción del interés público concurrente. c) Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

15. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el Registro electrónico podrá realizarse: a) De lunes a viernes durante las veinticuatro horas del día. b) De lunes a sábado durante las veinticuatro horas del día. c) Todos los días del año durante las veinticuatro horas del día.

16. ¿Las copias auténticas tienen la misma validez que los documentos originales?. a) Sí, cuando ha sido realizada por los órganos competentes de las Administraciones públicas, aunque no se garantice su contenido. b) Sí, si queda garantizada la identidad del órgano que realiza la copia auténtica, además de su contenido. c) En ningún caso tienen la misma validez que los documentos originales.

61. Salvo disposición expresa en contrario, los informes en los procedimientos administrativos son: a) Facultativos y no vinculantes. b) Facultativos y vinculantes. c) Preceptivos y orientativos.

63. Cuando se habla de identificación y firma electrónica, ¿estamos hablando de los mismos conceptos?. a) Sí, porque ambos están recogidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. b) Depende del tipo de certificado electrónico que se utilice. c) Hay diferencia entre ambos, puesto que identificación electrónica hace referencia a la acreditación de la personalidad de la persona que interviene, mientras que la firma electrónica además de lo anterior garantiza la integridad de documento firmado.

2. Contra los actos firmes en vía administrativa cabe: a) Recurso de alzada. b) Recurso potestativo de reposición. c) Recurso de súplica. d) Recurso extraordinario de revisión.

4. EI defecto de forma en un acto administrativo determina: a) La anulabilidad del acto, en todo caso. b) La nulidad de pleno derecho. c) La rectificación. d) La anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados.

Las solicitudes de iniciación de un procedimiento que se formulen deberán contener: a) Identificación del medio electrónico en que desea que se practique la notificación. b) Identificación mediante certificación de firma digital autorizada. c) Identificación del medio o dispositivo de acceso a los avisos de notificación. d) Presencia del interesado ante la Administración.

15. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas, los siguientes sujetos: a) Las personas jurídicas. b) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. c) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con elles por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

16. ¿Qué actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo los efectos de notificación?. a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas. b) Cuando se trate de actos integrantes de un proceso selectivo o de concurrencia competitiva. c) a y b son correctas. d) La publicación nunca tiene efecto de notificación.

De acuerdo con el artículo 44 de la Ley 39/15 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar: a) La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado»,. b) La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» y en la sede electrónica del Ayuntamiento. c) La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. d) La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.

31. EI defecto de forma en un acto administrativo determina: a) La anulabilidad del acto, en todo caso. b) La nulidad de pleno derecho. c) La rectificación. d) La anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales para alcanzar su fin o de lugar a le indefensión de los interesados.

32. ¿Cómo deben practicarse las notificaciones?. a) De manera directa. b) De manera indirecta. c) Siempre por escrito. d) De cualquier forma que permita tener constancia de su recepción.

38. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo: a) Serán ejecutivos. b) Serán eficaces desde su notificación. c) Son vinculantes. d) En ningún caso serán ejecutivos.

39. EI contenido de un acto administrativo ha de ser: a) Ilícito y determinado. b) Posible y lícito. c) Determinado o determinable e ilícito. d) Imposible y lícito.

42. Son modos de terminación de un procedimiento según la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) La resolución expresa, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, la declaración de caducidad y le prescripción. b) La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, y la declaración de caducidad. c) La resolución, el desistimiento, la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas y la declaración de los efectos del silencio administrativo. d) Ninguna es correcta.

58. Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente: a) Por propia iniciativa o corno consecuencia de orden superior. b) A petición razonada de otros órganos. c) Por denuncia. d) Todas las respuestas son correctas.

60. Los actos administrativos se rigen: Por la Constitución Española. Por el Código Civil. Por el derecho administrativo. Por el derecho mercantil.

83. Los actos de instrucción de un procedimiento necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución: a) Se realizarán de oficio o a instancia de parte y a través de medios electrónicos. b) Se realizarán a instancia de parte y por cualquier medio necesario. c) Se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos. d) Se realizarán de oficio y de modo presencial.

97. Señale la respuesta incorrecta el procedimiento administrativo se puede iniciar: a) De oficio. b) Como consecuencia de orden superior. c) Por denuncia. d) Por iniciativa popular.

10. Según el artículo 16.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿los organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración deberán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende?: a) Sí. b) Sí, salvo que una norma con rango legal disponga otra cosa. c) No. d) No, salvo que una disposición con rango legal disponga otra cosa.

13. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los/las interesados/as podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través, entre otros, del sistema siguiente: a) Sistemas basados en certificados, digital o físico, cualificados de firma expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. b) Sistemas basados en certificados, digital o físico, cualificados de firma expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista nacional de certificadores”. c) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’’. d) Sistemas basados en certificados, digital o físico, cualificados expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista nacional de certificadores”.

14. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas sólo requerirán a los/as interesados/as el uso obligatorio de firma para: (Señalar la respuesta INCORRECTA). a) Formular solicitudes. b) Abonar Tasas, Impuestos o Contribuciones Especiales. c) Desistir de acciones. d) Renunciar a derechos.

18. Según lo dispuesto en el artículo 65.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial será necesario: a) Que el/a interesado/a lo haya solicitado previamente a la Administración. b) Que el/a interesado/a haya acreditado documentalmente los fundamentos que justifican el inicio del procedimiento. c) Que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado/a. d) Ninguna respuesta es correcta.

46. El artículo 45 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señala que los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. En todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación, en los siguientes casos: a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad determinada de personas. b) Cuando lo acuerde autoridad competente. c) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento especial dificultad. d) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo.

47. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas (artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas): a) A los 15 días de cuando se ponga al alcance del interesado el contenido de la notificación. b) A los 10 días de cuando se ponga al alcance del interesado el contenido de la notificación. c) En el momento que se ponga al alcance del interesado el contenido de la notificación. d) En el momento en que se produzca el acceso a su contenido.

48. ¿Cuándo podrán las Administraciones Públicas rectificar los errores materiales de un acto administrativo? (artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas): a) En el plazo de diez días desde que fuere dictado. b) En el plazo de un mes desde que fuere dictado. c) En el plazo de tres meses desde que fuere dictado. d) En cualquier momento.

49. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de reposición será de: a) 2 meses. b) 1 mes. c) 3 meses. d) 6 meses.

50. De conformidad con el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿quién acuerda la acumulación de un procedimiento a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión?: a) El/la funcionario/a instructor/a del procedimiento. b) La unidad administrativa que propone la resolución del procedimiento. c) El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento. d) El órgano superior del que inicie o tramite un procedimiento.

52. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado/a (artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este plazo sin que el/la particular requerido/a realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo/a al interesado/a. Contra la resolución que declare la caducidad: a) No cabrá recurso alguno. b) Únicamente procede recurso contencioso-administrativo. c) Procederán los recursos pertinentes. d) Ninguna respuesta es correcta.

54. El acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora, de conformidad con el artículo 64 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Se comunicará al instructor/a del procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto. b) No se notificará a los/las interesados/as, ni a los inculpados/as. c) Se comunicará al órgano encargado de resolver el procedimiento. d) Únicamente se comunicará al denunciante, en tanto no recaiga resolución en el mismo.

55. En los procedimientos de carácter sancionador (artículo 89 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), el órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción del procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias: a) La existencia de hechos que pudieran constituir la infracción. b) Cuando los hechos resulten acreditados. c) Cuando los hechos probados constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa. d) Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción.

62. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de información pública. A tal efecto, se publicará un anuncio en el Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde. El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente, y determinará el plazo para formular alegaciones (artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas): a) No superior a veinte días. b) Que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días. c) Que en ningún caso podrá ser inferior a quince días. d) No podrá ser inferior a veinte días, salvo que las normas del procedimiento indiquen otro distinto.

5. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza (artículo 36 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas): a) Deberán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente. b) Podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente. c) Podrán refundirse en un único acto, a instancia de los/las interesados/as. d) Se deberán dictar actos individuales.

13. En atención a lo reconocido en el artículo 65.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el acuerdo de iniciación del procedimiento de responsabilidad patrimonial se notificará a los/las particulares presuntamente lesionados/as, concediéndoles un plazo de ………………………. días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. (COMPLETAR EL ENUNCIADO CON LA OPCIÓN CORRECTA). a) Cinco. b) Diez. c) Quince. d) Veinte.

17. Una vez acordada la tramitación simplificada del procedimiento (artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria: a) En cualquier momento del procedimiento. b) En cualquier momento del procedimiento anterior a su instrucción. c) En cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución. d) En cualquier momento del procedimiento anterior a su elevación al órgano superior.

18. Si el recurso de alzada se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado (artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), este: a) Declarará su inadmisión en el plazo de un mes. b) Lo desestimará en el plazo de 15 días. c) Lo resolverá el mismo en el plazo de 3 meses. d) Este deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.

25. Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse: a) Dentro de los diez días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. b) Dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. c) Dentro de los veinte días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. d) Dentro de los treinta días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.

31. El plazo para interponer el recurso extraordinario de revisión cuando la resolución impugnada se hubiere dictado como consecuencia de delito de prevaricación, (artículo 125 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) será de: a) 4 años desde la sentencia judicial que declaró firme el delito. b) 3 meses desde la sentencia judicial que declaró firme el delito. c) 2 meses desde la sentencia judicial que declaró firme el delito. d) 5 años desde la sentencia judicial que declaró firme el delito.

34. De conformidad con el artículo 75.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cualquier caso, ¿quién adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento?. a) El órgano que inicia el expediente. b) El órgano inspector. c) El órgano instructor. d) El órgano encargado de resolver.

35. En atención a lo dispuesto en el arículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: (Señalar la respuesta INCORRECTA). a) Los menores de edad incapacitados para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela, cuando la extensión de la incapacitación no afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. b) Las personas físicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. c) Las personas jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. d) Cuando una disposición legal o reglamentaria así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.

40. Según el artículo 90 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que versa sobre las especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores, la resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva: a) Cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa o judicial, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado. b) Cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado. c) Cuando no quepa contra ella ningún recurso extraordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado. d) Cuando quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado.

47. De acuerdo con lo establecido en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración queda exceptuada de la obligación a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación, en los supuestos de: (Señalar la respuesta INCORRECTA). a) Terminación del procedimiento por pacto. b) Terminación de procedimientos por imposibilidad sobrevenida de continuar los mismos. c) Terminación del procedimiento por convenio. d) Procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.

19 .- Si se ignora el lugar de notificación de un interesado en un procedimiento administrativo que tramita nuestro Ayuntamiento: a .- La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en la sede electrónica municipal de nuestro Ayuntamiento y en la del Ayuntamiento del último domicilio conocido, si bien previamente y con carácter facultativo se puede publicar en otros medios que detalla la Ley 39/2015 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. b .- La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, si bien previamente y con carácter facultativo se puede publicar en otros medios que detalla la Ley 39/2015 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. c .- La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado, si bien previamente y con carácter facultativo se puede publicar en otros medios que detalla la Ley 39/2015 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Señale la respuesta correcta. De acuerdo a lo recogido en el artículo 30.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. b. Cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá prorrogado al primer día natural siguiente. c. Los plazos expresados en días se contarán a partir del mismo día en el que tenga lugar la notificación o publicación del acto administrativo. d. Se entenderán como días hábiles todos los días excluyendo los domingos y festivos.

4. Según el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la Administración requiera al interesado para subsanar su solicitud por no reunir los requisitos ¿de qué plazo dispone el interesado?. a. Cinco días, con apercibimiento de tenerle por desistido de su petición. b. Veinte días, con apercibimiento de archivo de la solicitud. c. Quince días, con apercibimiento de tenerle por desistido de su petición. d. Diez días, con apercibimiento de tenerle por desistido de su petición.

7. Según lo recogido en el artículo 121.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso de alzada podrá ser interpuesto ante: a. El órgano que dictó el acto impugnado o ante el competente para resolverlo. b. El órgano que inició el procedimiento. c. El órgano que instruyó el procedimiento. d. Exclusivamente ante el órgano que dictó el acto impugnado.

17. Conforme al artículo 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: a. Formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos. b. Formular solicitudes, presentar declaraciones o comunicaciones, desistir de recursos, interponer acciones y renunciar a privilegios. c. Formular solicitudes, presentar declaraciones o comunicaciones, interponer acciones y renunciar a privilegios. d. Formulas solicitudes, interponer recursos y renunciar a acciones.

7 .- Según establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá en los siguientes casos: a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, por el del plazo concedido. b) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado. c) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente. d) Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los interesados, hasta que la Administración tenga constancia del mismo, lo que también deberá serles comunicado.

9 .- Según establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas siguientes (señala la respuesta incorrecta): a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. c) Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

10 .- Según establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ponen fin a la vía administrativa (señala la respuesta incorrecta): a) Las resoluciones de los recursos de alzada. b) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive. c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, en cualquier caso. d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

12- Según establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son causas de inadmisión de los recursos administrativos (señala la respuesta incorrecta): a) Carecer de legitimación el recurrente. b) Ser incompetente el órgano administrativo al que va dirigido el recurso, cuando el competente pertenezca a la misma Administración Pública. c) Tratarse de un acto no susceptible de recurso. d) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.

23 .- ¿En qué se diferencia la potestad de actuación por medios electrónicos del principio de validez de los actos administrativos?. a) La potestad de actuación por medios electrónicos es un principio de actuación, mientras que la validez de los actos es una cuestión de legalidad. b) La potestad de actuación por medios electrónicos establece la obligatoriedad de la actuación electrónica, mientras que la validez de los actos afecta a la legalidad de los mismos. c) La potestad de actuación por medios electrónicos puede ser obligatoria en ciertos casos, mientras que los actos administrativos deben ser válidos para ser efectivos. d) La potestad de actuación por medios electrónicos se refiere a la forma en que se realizan los trámites, mientras que la validez de los actos se refiere a si el contenido del acto es legal.

24 .- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Art°. 41). a) Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, no podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración Pública que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos. c) Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, no se hará constar en el expediente. b) En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las notificaciones que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques. d) Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en último lugar.

25 .- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Art°. 16.4). Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: a) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. b) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. c) En las oficinas de asistencia en materia de registros. d) A) B) y C) son correctas.

2 .- Según establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el cómputo de plazos: a) Los plazos expresados en días se contarán a partir del mismo día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. b) Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del mismo día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. c) Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones. d) Todas son correctas.

58.- La representación en un procedimiento administrativo, según el artículo 5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones Públicas: a) Puede asumirse por cualquier persona que designe el interesado. b) Habrá de acreditarse siempre que la Administración lo requiera. c) Habrá de ostentarla un Gestor Administrativo en todo caso. d) Se presume para los actos de mero trámite.

62.- Según se dispone en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de: a) 20 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. b) 15 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. c) 10 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. d) 5 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.

63.- ¿Quiénes dispondrán de un Registro electrónico de apoderamiento según dispone el artículo 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. a) La Administración General del Estado. b) Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. c) Todas las Entidades que integran el Sector Público. d) La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

64.- Respecto a la tramitación de urgencia regulada en el art. 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento. b) Cabrá recurso contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento, así como contra la resolución que ponga fin al procedimiento. c) Sólo de oficio podrá acordarse la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia. d) En la tramitación de urgencia se reducirán a la mitad todos los plazos establecidos para el procedimiento ordinario.

69.- Respecto de la obligación de resolver regulada en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) En todos los procedimientos y supuestos, la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla. b) El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, el cual no podrá exceder de 3 meses. c) Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de tres meses. d) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el plazo se contará desde la fecha del acuerdo de iniciación.

70.- El calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos, según dispone el art. 30 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Deberá publicarse en el primer trimestre de cada año en el diario oficial que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado. b) Deberá publicarse en el primer mes de cada año en el diario oficial que corresponda. c) Deberá publicarse en el primer trimestre de cada año en el diario oficial que corresponda. d) Deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado.

71.- Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramita el procedimiento, éstos deberán ser remitidos en el plazo de: a) 10 días a contar desde su solicitud. b) 15 días a contar desde su solicitud. c) 20 días a contar desde su solicitud. d) 30 días a contar desde su solicitud.

72.- Según lo dispuesto en el art. 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles: a) Salvo que reglamentariamente se disponga otro cómputo. b) Salvo que en las normas que regulan el procedimiento se disponga otro cómputo. c) Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo. d) Salvo que una norma con rango de ley o una norma con rango de ley de Derecho internacional disponga otro cómputo.

73.- Según el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Son hábiles las horas comprendidas entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche del día. b) Las horas comprendidas entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche de un día hábil. c) Todas las horas del día que formen parte del día natural. d) Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.

76.- ¿En qué casos se puede suspender el plazo máximo legal para resolver tal y como establece el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. a) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y no preceptivo de un órgano de la Unión Europea. b) Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate. c) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los órganos competentes. d) Cuando para la resolución del procedimiento sea conveniente la obtención de un preceptivo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional.

77.- Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, según dispone el art. 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) No cabrá recurso alguno. b) Procederá el recurso de alzada. c) Procederá el recurso extraordinario de revisión. d) Procederá el recurso potestativo de reposición.

79.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el contenido de los actos se ajustará: a) A lo dispuesto por el Ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos. b) Exclusivamente a lo dispuesto por la presente ley y será determinado y adecuado a los fines del ordenamiento jurídico. c) A lo dispuesto por el Ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de la presente ley. d) Exclusivamente a lo dispuesto por la presente ley y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos.

87.- Según el artículo 35.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: ¿En qué procedimientos la motivación de los actos se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte?. a) En todos los actos de los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva. b) En los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva. c) En todos los actos que pongan fin a un procedimiento administrativo. d) En los actos que cada órgano competente estime convenientes, informando previamente a los interesados.

91.- Según el artículo 41.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces: a) Se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en último lugar. b) Se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar. c) Se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en papel. d) Se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producida por vía electrónica.

93.- ¿Qué regula la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sobre la motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva?. a) No precisarán de motivación. b) La motivación se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. c) La motivación se realizará de conformidad con lo que disponga la presente ley. d) La motivación se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, sin necesidad de que queden acreditadas en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

95.- Según el artículo 40.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notificará a los interesados: a) Toda resolución o acto administrativo, afecte o no a sus derechos e intereses legítimos. b) Únicamente las resoluciones que afecten a sus intereses. c) Las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses. d) Únicamente los actos que afecten a sus intereses.

99.- Respecto a la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos, los interesados podrán acceder a las notificaciones desde: a) El Punto de Acceso General electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso. b) La página inicial de la Web de la Administración electrónica, que funcionará como un portal de acceso. c) La oficina de la Administración virtual, que funcionará como un portal de acceso. d) El Portal de Aplicaciones Informáticas, que funcionará como un portal de acceso.

102.- Según el artículo 12.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos: a) A los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14, de la citada Ley, que así lo soliciten. b) A todos los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14, de la citada Ley. c) A los interesados incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14, de la citada Ley, que así lo soliciten. d) A todos los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14, de la citada Ley.

103.- A tenor del artículo 12.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, su algunos de los interesados, con derecho a ser asistidos en el uso de medios electrónicos no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo: a) No podrá ser realizado por funcionario público. b) Podrá ser válidamente realizada por un funcionario público. c) Se tramitará por cualquier funcionario público un sistema válido de identificación o firma electrónica. d) Será sustituida por su firma presencial, mediante escrito dirigido al órgano encargado de tramitar el procedimiento administrativo.

27.- Un procedimiento administrativo puede iniciarse: a) A instancia del interesado exclusivamente. b) De oficio o a solicitud del interesado, pudiendo el órgano competente abrir un periodo de información o actuaciones previas, con anterioridad al inicio del procedimiento. c) De oficio, a solicitud del interesado o mediante denuncia ante la jurisdicción competente. d) De oficio o a solicitud del interesado, pudiendo el órgano competente abrir un periodo de información o actuaciones previas si existen terceros que tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

28.- EI procedimiento iniciado de oficio podrá iniciarse: a) Por acuerdo del órgano competente, por iniciativa propia o por delegación, por petición razonada de otros órganos superiores o por denuncia. b) Por petición razonada o denuncia exclusivamente, sin perjuicio de la posible comparecencia de interesados en tanto no haya recaído resolución definitiva. c) Por acuerdo del órgano competente, por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, por petición razonada de otros órganos o por denuncia. d) Por acuerdo del órgano competente, de oficio o por propia iniciativa, por petición razonada de otros órganos superiores o por denuncia.

29 .- Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución: a) Se realizarán de oficio o a instancia de los interesados y a través de medios electrónicos, por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos. b) Se realizarán de oficio o a instancia de los interesados, de manera presencial o electrónica, por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos. c) Se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos, por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos. d) Se realizarán de oficio o a instancia de los interesados, de manera presencial o electrónica, por el órgano que tramite el procedimiento, siempre que se trate de actos necesarios para la determinación y comprobación del hecho imponible en que se base la resolución.

32.- La Administración está obligada: a) A dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, siempre que se trate de procedimientos iniciados de oficio. b) A dictar resolución solo cuando lo solicite el interesado y no haya desistido del procedimiento. c) A dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. d) A dictar resolución expresa y notificada en todos los procedimientos, salvo que se trate de procedimientos sancionadores o restrictivos de derechos individuales.

33 .- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el silencio administrativo: a) Será siempre negativo, salvo que una norma con rango de ley o norma de Derecho de la Unión Europea o internacional aplicable en España establezca lo contrario. b) Tendrá sentido positivo únicamente en procedimientos sancionadores y tributarios, salvo que la norma de Derecho de la Unión Europea o internacional aplicable en España establezca lo contrario. c) Tendrá sentido positivo, salvo que una norma con rango de ley o norma de Derecho de la Unión Europea o internacional aplicable en España establezca lo contrario. d) Será positivo exclusivamente si se prevé en el Reglamento Orgánico o en un Bando del alcalde.

56 .- En cuanto a lo dispuesto sobre la inderogabilidad singular en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. b) Las resoluciones administrativas de carácter general no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter particular, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. c) Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. d) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, salvo que aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.

6. El artículo 2.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que tienen, entre otras, la consideración de Administraciones Públicas: a) La Administración General del Estado y las administraciones de las Comunidades Autónomas. b) Las entidades que integran la Administración Local. c) Las dos anteriores.

18.- El artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señala respecto al cumplimiento de trámites: a) Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de cinco días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto. b) Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto. c) Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de quince días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.

12.- Según el artículo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los reglamentos: a) No podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. b) No podrán tipificar delitos, o faltas administrativas, ni establecer penas o sanciones. c) No podrán establecer penas o sanciones, ni exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. d) No podrán establecer penas o sanciones, ni tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público.

28.- Los interesados en un procedimiento administrativo tiene los siguientes derechos (señale la opción incorrecta): a) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. b) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste. c) Nunca pueden actuar asistidos de asesor. d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.

31.- Según dispone el artículo 65.2 de la Ley 39/2015, cuando la Administración acuerde de oficio el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, notificará a los: a) Particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de diez días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. b) Particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo entre, cinco y quince días, para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. c) Interesados, concediéndoles un plazo de diez días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. d) Interesados, concediéndoles un plazo entre, cinco y quince días, para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo.

32.- Según el tenor literal del artículo 67 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, ¿cuándo prescribe el derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial en los casos recogidos en el artículo 32 apartados 4 y 5 de la Ley 40/2015?. a) Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización. b) Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización, o se manifieste su efecto lesivo. c) Al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva. d) Al año de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.

33.- ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta en virtud del tenor literal del artículo 67.2 de la Ley 39/2015?. a) Además de lo previsto en el artículo 66, en la solicitud que realicen los interesados se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante. b) Además de lo previsto en el artículo 65, en la solicitud que realicen los interesados se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante. c) Además de lo previsto en el artículo 66, en la solicitud que realicen los interesados se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante. d) Además de lo previsto en el artículo 65, en la solicitud que realicen los interesados se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante.

34.- En el supuesto de ser preceptivo en un expediente de responsabilidad patrimonial la emisión del dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma; ¿Qué plazo tienen para emitir el citado dictamen según dispone el artículo 81.2 de la Ley 39/2015?. a) 1 mes. b) 2 meses. c) 6 meses. d) 10 días.

35.- En virtud de lo preceptuado en el artículo 82.5 de la Ley 39/2015, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el artículo 32.9 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, será necesario en todo caso dar audiencia a: a) Interesados. b) Contratista. c) Particulares presuntamente lesionados. d) Particulares presuntamente interesados y contratista.

38.- Según dispone el artículo 112.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre: a) Las leyes podrán sustituir el recurso de reposición, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo. En las mismas condiciones, el recurso de alzada podrá ser sustituido por los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, respetando su carácter potestativo para el interesado. b) Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo. En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, respetando su carácter potestativo para el interesado. c) Las leyes podrán sustituir cualquier tipo de recurso administrativo, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo. En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, sin respetar su carácter potestativo para el interesado. d) Las leyes no podrán sustituir el recurso de alzada en ningún caso.

25.- Atendiendo al artículo 117.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida: a) Si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. b) Si transcurridos 60 días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. c) Si transcurridos 90 días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. d) Si transcurridos 15 días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto.

26.- Respecto a la convalidación de los actos administrativos, no es correcto, según lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. b) El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la retroactividad de los actos administrativos. c) Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. d) Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente siempre que no sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.

30.- En relación con la forma de los actos administrativo, en los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, ¿qué dispone el artículo 36.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. a) Si se trata de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido. b) Si se trata de notificaciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido. c) Si se trata de resoluciones, el titular deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma escrita, con expresión de su contenido. d) Si se trata de notificaciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma escrita, con expresión de su contenido.

31.- Dispone el artículo 39.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de sus competencias, un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una Administración Pública distinta y aquélla entienda que es ilegal, podrá requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto y, de rechazar el requerimiento, podrá interponer: a) Recurso extraordinario de revisión. b) Recurso de alzada. c) Recurso contencioso- administrativo. d) Recurso potestativo de reposición.

32.- Respecto a la ejecutividad regulada en el artículo 38 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley. b) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa. c) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en la Constitución Española. d) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

33.- Dispone el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que ponen fin a la vía administrativa: a) Los acuerdos y contratos financieros que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. b) Las demás resoluciones de Administraciones Públicas cuando una disposición así lo establezca. c) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. d) Los pactos y convenios cuando una disposición reglamentaria así lo establezca.

42.- La revisión de los actos nulos, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, puede tener lugar: a) Sólo a instancia del interesado. b) Dentro de los cuatro años siguientes a la notificación del acto. c) En cualquier momento. d) Sólo por propia iniciativa.

43.- Las Administraciones Públicas declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, por iniciativa propia, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere. b) En cualquier momento, a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad autónoma, si lo hubiere. c) En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere. d) En cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere.

50.- Respecto al inicio del procedimiento de oficio al que se refiere la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en el artículo 62, ¿qué se entiende por denuncia?. a) El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. b) La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objetos del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación. c) La propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento. d) La orden emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento.

51.- Según el artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios: a) Apremio sobre el patrimonio, ejecución solidaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas. b) Apremio sobre las personas, ejecución solidaria, multa coercitiva y compulsión sobre el patrimonio. c) Apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas. d) Apremio sobre las personas, ejecución solidaria, multa coercitiva y compulsión sobre el patrimonio.

52.- Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, en los términos que previene el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las medidas provisionales que estime oportunas si lo hace: a) De oficio. b) De oficio o a instancia de parte. c) De oficio o a instancia de parte y de forma motivada. d) De manera electrónica.

53.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su Título IV, distingue los siguientes capítulos sobre el procedimiento administrativo común: a) Iniciación, Instrucción y Finalización. b) Iniciación, Ordenación, Instrucción, Finalización y Reclamación. c) Iniciación, Instrucción, Finalización y Ejecución. d) Garantías, Iniciación, Ordenación, Instrucción, Finalización, tramitación Simplificada y Ejecución.

55.- Respecto al inicio del procedimiento a solicitud del interesado, según se refiere el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no es correcto afirmar lo siguiente: a) Las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar a los interesados el código de identificación si el interesado lo desconoce. b) Las Administraciones Públicas deberán mantener y actualizar en la sede electrónica correspondiente un listado con los códigos de identificación vigentes. c) Cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, serán en todo caso formuladas en una única solicitud. d) De las solicitudes, comunicaciones y escritos que se presenten electrónicamente o en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración, podrán éstos exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación.

56.- Según el artículo 103.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando así lo autorice una disposición administrativa, y en la forma y cuantía que éstas determine, las Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos: a) Actos personalísimos en que proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado. b) Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente. c) Actos cuya ejecución no pueda el obligado encargar a otra persona. d) Actos que impongan una obligación personalísima de no hacer.

59.- Respecto a la práctica de la prueba regulada en el artículo 78 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración comunicará a los interesados el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas: a) Con 24 horas de antelación. b) Con 48 horas de antelación. c) Con 72 horas de antelación. d) Con antelación suficiente.

60.- Según el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. Ahora bien, cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados: a) El órgano competente no podrá pronunciarse sobre las mismas. b) El órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas. c) El órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un plazo no superior a 15 días. d) El órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un plazo no superior a un mes.

63.- Se podrán adoptar medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer (artículo 56 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas): a) Antes de iniciar el procedimiento, el órgano administrativo competente para iniciar o instruir, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada. b) Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada. c) Antes de iniciar el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada. d) Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para iniciar o instruir, de oficio y de forma motivada.

66.- Dispone el artículo 76 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que los interesados podrán alegar los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto: a) En todo momento. b) En cualquier momento del procedimiento anterior al acuerdo de iniciación. c) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. d) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de información pública.

67.- La multa coercitiva es, según se regula en el artículo 103 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Dependiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter e incompatible con ellas. b) Independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas. c) Dependiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas. d) Independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter e incompatible con ellas.

68.- A los interesados que no cumplan lo dispuesto en cuanto al cumplimiento de trámites se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente. No obstante, se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales, si se produjera: a) Antes del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo. (Art. 73.1 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). b) Antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo. (Art. 73.3 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). c) Hasta 24 horas después del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo. (Art.73.1 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). d) Hasta 48 horas después del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo. (Art. 73.3 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

69.- De acuerdo con el artículo 72 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el principio de simplificación administrativa implica: a) Se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y sea obligado su cumplimiento sucesivo. b) Se acordarán en sucesivos actos todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo. c) Se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo. d) Se acordarán en sucesivos actos todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y sea obligado su cumplimiento sucesivo.

74.- En relación con la ejecución forzosa que se encuentra regulada en el artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: a) Se efectuará siempre respetando el principio de proporcionalidad. b) Si fueran varios los medios de ejecución admisibles, se elegirá el menos restrictivo de la seguridad individual. c) Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado se necesitará en todo caso autorización judicial. d) Se efectuará siempre respetando el principio de proporcionalidad e igualdad.

El artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que ponen fin a la vía administrativa: Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.3. Las resoluciones de los recursos de reposición. Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, en todo caso.

Señale la respuesta incorrecta. La interposición del recurso, de conformidad con el artículo 115 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberá expresar: Nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo. Acto que se recurre, legislación en que se base y la razón de su impugnación. Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación. Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas.

De conformidad con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede la interposición del recurso de alzada frente: A las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1 que pongan fin a la vía administrativa. A las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1 que no pongan fin a la vía administrativa. A las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1 que pongan fin a la vía administrativa, ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1 que pongan fin a la vía administrativa, ante el órgano competente que los dictó.

El artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que se recabará la opinión con carácter previo a la elaboración del reglamento a: Los que tengan la condición de interesados de conformidad con el artículo 4 de esta Ley. Los representantes de las organizaciones directamente afectados por la futura norma. Los sujetos y organizaciones directamente afectados por la futura norma. Los sujetos y organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma.

El artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que la consulta pública previa para la elaboración del Reglamento se realizará expresamente sobre: Posibles opciones alternativas. Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. Únicamente posibles soluciones alternativas regulatorias. Únicamente posibles soluciones alternativas no regulatorias.

19. ¿Cuál es el recurso que podrá interponer un interesado, contra una Administración Pública, contra un acto de trámite, si éste no decide directa o indirectamente sobre el fondo del asunto, no producen indefensión ni perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos?. a) Recurso extraordinario de Revisión. b) Recurso potestativo de reposición. c) Recurso de Alzada. d) No cabe recurso alguno.

17.- De acuerdo con el art. 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, deberá acreditarse la representación para: a) actos de mero trámite. b) renunciar a derechos y libertades públicas. c) presentar declaraciones responsables o comunicaciones. d) para gestiones de mero trámite.

21.- Según el art. 33 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, la tramitación de urgencia. a) se podrá acordar por razones de interés público o privado. b) se podrá acordar de oficio o a petición del interesado. c) no se podrá acordar a petición del interesado. d) contra este acuerdo se podrá presentar el recurso pertinente.

28.- En relación a la emisión de informes, el art. 80 de le Ley de Procedimiento Administrativo Común dispone: a) salvo disposición expresa en contrario, serán facultativos y vinculantes. b) serán emitidos a través de medios electrónicos. c) serán emitidos en el plazo de quince días hábiles. d) podrán ser emitidos a través de medios electrónicos en el plazo de quince días.

30.- En relación al desistimiento y renuncia, el art. 94 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común establece que: a) los interesados no podrán desistir de su solicitud ni renunciar a sus derechos. b) el desistimiento afectará a todos los interesados en el procedimiento. c) la renuncia podrá hacerse por cualquier medio que permita su constancia. d) la Administración aceptará de plano el desistimiento pero no la renuncia.

35. Señala la respuesta correcta según queda regulada la notificación en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Toda notificación deberá contener un extracto de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos. b) El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados cuyos derechos y libertades sean afectados por aquéllos. c) Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda. d) A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga sólo el intento de notificación debidamente acreditado.

EI artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que ponen fin a la vía administrativa: Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 1 12.3. Las resoluciones de los recursos de reposición. Las resoluciones d ellos procedimientos a que se refiere el artículo 112.2. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, en todo caso.

Señale la respuesta incorrecta. La interposición del recurso, de conformidad con el artículo 115 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberá expresar: Nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo. Acto que se recurre, legislación en que se base y la razón de su impugnación. Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación. Las demás particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas.

¿Cómo deberán motivarse los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales?. Estos hay obligaciones de motivar tales actos. Se motivarán con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho. Se motivarán con sucinta referencia de derecho y fundamentos de hecho. Se motivarán con sucinta referencia de hechos y fundamentos de hecho.

¿Cuál de los siguientes actos deberá ser motivado?. a. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión. b. Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio. c. A y B son correctas. d. A y B son incorrectas.

Según el art 115.1 de la LPAC, la interposición del recurso deberá expresar: Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación. Organismo, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de seguridad. Organismo, centro o ente administrativo al que se dirige y su correspondiente código de identificación. Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de seguridad.

¿Cómo se motivarán los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva?. Se realizará de conformidad con lo que dispongan las bases que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. Se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. Se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en su caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. Se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, pudiendo, en su caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

Salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse, a tenor del Art. 73.1 de la Ley 39/2015 en el plazo de: Siete días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. Diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. Quince días a partir del día siguiente al de la notificación del correspondiente acto. Un mes a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.

Conforme al art 47.2 de la Ley 39/2015 de PACAP: Son anulables las disposiciones administrativas que vulneren la constitución y las leyes. Son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Son anulables las disposiciones que vulneren otras disposiciones administrativas de rango mayor. Todas las respuestas son incorrectas.

Según lo establecido en el artículo 23.1 de la Ley 39/2015, la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento administrativo: No podrá ser por plazo superior al establecido para la tramitación del procedimiento. No podrá ser por plazo superior a la mitad del establecido para la tramitación del procedimiento. No podrá ser por plazo superior a tres meses. No podrá ser por plazo superior a un mes.

Según el art.14 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas: La lista de obligados a relacionarse por medios electrónicos que recoge el apartado de dicho artículo es taxativa. La lista de obligados a relacionarse por medios electrónicos que recoge el apartado segundo de dicho artículo es ampliable a otro sujetos mediante norma de rango legal para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos que quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. La lista de obligados a relacionarse por medios electrónicos que recoge el apartado segundo dicho artículo es ampliable a otros sujetos mediante norma de rango reglamentario para cualquier procedimiento y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. La lista de obligados a relacionarse por medios electrónicos que recoge el apartado segundo de dicho artículo es ampliable a otros sujetos mediante norma de rango reglamentario para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Según el art.62.4 de la Ley 39/2015, cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza y existan otros infractores el órgano competente para resolver el procedimiento: Podrá eximir el denunciante el pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos que no se disponga elementos suficientes para ordenar la misma y repare el perjuicio causado. Deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el memento de aportarse aquellos se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado. Deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado. Podrá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado.

La ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicos, consta además del Título Preliminar dé: IX títulos. IV títulos. VI títulos. VIII títulos.

La conversión de los actos viciados, la conservación de actos y trámites y la convalidación, vienen recogidos en la ley 39/2015: En los artículos 50, 51 y 52. En los artículos 51, 52 y 53. En los artículos 49, 50 y 51. En los artículos 52,53 y 54.

Cuando los interesados utilicen un sistema de firma de los previstos en el artículo 10 de la Ley 39/2015: Su identidad no se entenderá ya acreditada. Su identidad se entenderá ya acreditada mediante el propio acto de la firma. EI certificado electrónico usado puede no ser de los incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación". EI certificado electrónico usado puede ser de los incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación".

Según establece el art. 1 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante Ley 39/2015), podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar: Mediante ley o reglamentariamente. Sólo mediante ley. Reglamentariamente. Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.

Las Universidades Públicas, según la Ley 39/2015: Se regirán por las previsiones de esta Ley. Se regirán por las previsiones de esta Ley y supletoriamente por su normativa específica. Se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta Ley. Se regirán por su normativa específica, al no tener la consideración de Administraciones Públicas.

La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, según establece la Ley 39/2015: Presencialmente, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. Presencialmente, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma reglamentaria. Ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma reglamentaria. Ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley.

Según la Ley 39/2015, las Corporaciones de Derecho Público se regirán por: Su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o cedidas por una Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley. La presente Ley, y supletoriamente por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o cedidas por una Administración Pública. La presente Ley, y supletoriamente por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública. Su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley.

Según establece la Ley 39/2015, en los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en: La presente Ley o, en su defecto, en legislación autonómica correspondiente. La presente Ley. En la legislación autonómica correspondiente. La legislación autonómica correspondiente o, en su defecto, en la presente Ley.

Según la Ley 39/2015, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender cuando: Para la resolución del procedimiento sea recomendable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional. Deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios. Cuando exista un procedimiento finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Según el artículo 5 de la Ley 39/2015 ¿cómo podrá acreditarse la representación?. Mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal. Mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica. A través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente. Todas son correctas.

Según el artículo 8 de la Ley 39/2015, si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte: Se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento. Se comunicará a dichas personas la apertura del trámite de audiencia. Se comunicará a dichas personas la propuesta de resolución que se dicte. Se incoará nuevo expediente.

Según qué artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. EI medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. Art. 9. Art. 14. Art. 12. Art. 11.

Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante Administraciones Públicas a través de los sistemas siguientes: Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de correo electrónico expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de verificación" y sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de actuaciones de certificación estatales". Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica Expedidos por prestadores incluidos en la "Certificado de confianza de prestadores de servicios de verificación estatal" y sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de control electrónico expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de verificación". Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación" y sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación". Ninguna es correcta.

Los medios o soportes en que se almacenen documentos asegurarán, según el artículo 17 de la Ley 39/2015, entre otros aspectos: La tramitación del expediente. La identificación de los usuarios y el control de accesos. EI acceso a la documentación por un máximo de cinco años. EI derecho de acceso de los interesados.

Según el artículo 17 de la Ley 39/2015, el archivo electrónico único de la Administración garantiza la consulta de la documentación: Por el tiempo preciso hasta la resolución del expediente. Con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. Hasta 25 años. Por un plazo mínimo de 15 años.

¿En qué artículo de la Ley 39/2015 se establece el contenido mínimo de los actos administrativos?. Artículo 88. Artículo 34. Artículo 45. Artículo 32.

Según el artículo 90 de la Ley 39/2015, en los procedimientos sancionadores, la resolución que ponga fin a la vía administrativa será ejecutiva: Cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa. Cuando haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso-administrativo. Cuando quede sin efecto las medidas provisionales. A los quince días siguientes de la notificación de la resolución sancionadora.

¿Qué artículo de la Ley 39/2015 regula el trámite de audiencia a los interesados?. Artículo 76. Artículo 82. Artículo 88. Artículo 40.

Según al artículo 1 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuál de las siguientes alternativas NO constituye el objeto de la Ley. Los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos. EI procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas. Los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. Los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 39/2015, tiene consideración de Administraciones Públicas (señala la INCORRECTA): La Administración General del Estado. La Administración de las Comunidades Autonómicas. Las Entidades que integran la Administración Local. Los Organismos públicos y entidades de derecho privado que integran el sector público institucional.

¿Podrán los interesados con capacidad de obrar ante la Administración, actuar por medio de representante, conforme al artículo 5.1 de la ley 39/2015?. Únicamente para la realización de actos y gestiones de mero trámite. Sólo en aquellos procedimientos y para la realización de los trámites que autorice la Administración. Sí, entendiéndose con el representante las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. No, en ningún caso.

De conformidad con artículo 6 de la Ley 39/2015 ¿Puede cada Organismo disponer de su propio Registro Electrónico de Apoderamientos?. Sólo dispondrán de un Registro Electrónico General de Apoderamientos. Si, sólo en el ámbito del Estado y las Comunidades Autónomas. No. Si.

Según el artículo 6.1 de la LPACAP, en el registro general de apoderamientos deberá constar: El bastanteo del poder. La autorización de la Administración. El escrito original de la representación con la firma del interesado, del representante y del representante de la Administración. Todas las respuestas son correctas.

De conformidad con articulo 9.1 de la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas: Están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo. No están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo. Podrán verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo. Ninguna es correcta.

De conformidad con articulo 10.1 de la Ley 39/2015, y en relación con los sistemas de firma admitidos por las Administraciones Publicas, los interesados podrán firmar a través de: Medios electrónicos que sean admitidos por las Administraciones Públicas de la manera reglamentaria establecida y de manera exclusiva. Los medios admitidos por las Administraciones Publicas de manera exclusiva, atendiéndose a requisitos de seguridad. Cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. Ninguna es correcta.

De conformidad con articulo 11 de la Ley 39/2015, para que procedimiento será obligatorio el uso de la firma: Formular solicitudes, presentar declaraciones responsables y comunicaciones, interponer recursos, desistir acciones y renunciar derechos. Formular solicitudes, presentar declaraciones responsables y comunicaciones, interponer recursos, desistir de derechos y renunciar acciones. Formular recursos, presentar solicitudes, interponer declaraciones responsables y comunicaciones, desistir acciones y renunciar derechos. Formular derechos, presentar acciones, interponer recursos, desistir declaraciones responsables y comunicaciones, y renunciar a solicitudes.

A tenor del articulo 12.2 de la Ley 39/2015, si alguno de los interesados, con derecho a ser asistidos en el uso de medios electrónicos, no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por funcionario publico y, en este caso: El funcionario público podrá solicitar que quede constancia para los casos de discrepancia y litigio. Bastará con la firma electrónica del funcionario público para la validación de la acción. Será necesario que el interesado preste su consentimiento expreso para esta actuación. Ninguna respuesta es correcta.

Según el articulo 14.1 de la Ley 39/2015, ¿Cuándo podrán las personas física elegir si se comunican con las Administraciones Publicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no ?: Al inicio del procedimiento. Antes de presentar la solicitud que inicia el procedimiento. Durante los 10 primeros días del inicio del procedimiento. En cualquier momento.

Según el artículo 15.1 de la Ley 39/2015, si concurrieran varios interesados en el procedimiento que se haya de tramitar por un órgano de la Administración General del Estado con sede en una Comunidad Autónoma, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento: Se tramitará en la lengua oficial en la Comunidad Autónoma. Se tramitará en Castellano. Se tramitará en la lengua que elija la mayoría de los interesados. Se tramitará en la lengua que acuerde el órgano administrativo instructor.

Según el articulo 16.1 de la Ley 39/2015, de todo documento que es presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad vinculada o dependiente a estos, se hará el correspondiente: Asiento. Registro. Anotación. Epígrafe.

Según el articulo 16.1 de la Ley 39/2015, ¿Dónde se debe publicar las disposiciones de creación de los registros electrónicos ?: En el diario oficial correspondiente. En el BOP de la provincia y tablón de anuncios. En el BOE obligatoriamente. Todas son correctas.

¿Cuál de los siguientes NO es un dato obligatorio en una solicitud de inicio de un procedimiento administrativo según lo dispuesto en el art 66.1 de la LPAC?. La motivación de la solicitud. Lugar. Fecha. Firma.

Según el artículo 27 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas (LPAC) ¿Quién determina los órganos encargados de expedir copias autenticas de documentos públicos y privados?. El Gobierno Central. Cada Administración Pública. Las Entidades Locales. Las Comunidades Autónomas.

Según el artículo 27 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) ¿Qué efecto tienen las copias autenticas de documentos privados?. Efectos legales completos. Efectos administrativos únicamente. Efectos fiscales únicamente. No tienen efectos.

Según el artículo 27 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) ¿Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública son válidas otras Administraciones?. No. Solo en algunas. Sí. Solo en la Administración General del Estado.

Según el artículo 27 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) ¿Qué tipo de funcionario puede realizar copias auténticas?. Funcionario habilitado. Funcionario de carrera. Funcionario de la Administración General del Estado únicamente. Funcionario de las Entidades Locales únicamente.

¿Qué se debe mantener actualizado para la expedición de copias auténticas?. Un registro de documentos. Un registro de funcionarios habilitados. Un registro de ciudadanos. Un registro de oficinas.

Según el artículo 27 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas (LPAC) ¿Qué deben garantizar las copias autenticas realizadas por los órganos competentes de las Administraciones Públicas?. La identidad del funcionario. La identidad del órgano y el contenido del documento. La validez del documento original. La fecha de expedición.

Según el artículo 27 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas (LPAC) ¿Qué validez tienen las copias autenticas en comparación con los documentos originales?. Menor validez. Mayor validez. La misma validez y eficacia. No tienen validez.

Según el artículo 27 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas (LPAC) ¿Qué tipo de soporte pueden tener las copias auténticas?. Solo papel. Solo digital. Cualquier soporte. Solo físico.

Según el articulo 27 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas (LPAC) ¿Dónde deben constar los funcionarios habilitados para la expedición de copias autenticas?. En un registro actualizado. En un registro interconectado. En un registro interoperable. Todas las anteriores son correctas.

Según el artículo 27 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas (LPAC) ¿Qué deben incluir las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica?. Metadatos que acrediten su condición de copia. Firma digital del funcionario. Fecha de expedición. Código de verificación.

Según el artículo 27 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas (LPAC) ¿Qué proceso tecnológico permite convertir un documento en soporte papel en un fichero electrónico?. Digitalización. Codificación. Encriptación. Verificación.

Según el artículo 27 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas (LPAC) ¿Qué deben contener las copias en soporte papel de documentos electrónicos para permitir la verificación de su autenticidad?. Firma del funcionario. Código generado electrónicamente u otro sistema de verificación. Fecha de expedición. Metadatos del documento original.

Según el articulo 27 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas (LPAC) ¿Dónde deben hacer públicos las Administraciones los códigos seguros de verificación u otro sistema de verificación utilizado?. En la carpeta ciudadana. En la sede electrónica correspondiente. En el boletín oficial correspondiente. Todas son correctas.

Según el artículo 27 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) ¿Qué pueden solicitar los interesados en cualquier momento?. Expedición de copias auténticas de documentos públicos administrativos. Expedición de copias auténticas de cualquier tipo de documento. Expedición de documentos originales. Expedición de copias electrónicas de documentos privados.

Según el artículo 27 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas (LPAC) ¿En que plazo deben expedirse las copias autenticas solicitadas por los interesados?. 30 días. 15 días. 10 días. 5 días.

Según el artículo 27 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas (LPAC) Las copias en soporte papel de documentos originales emitidos en dicho soporte se proporcionaran mediante... Copia auténtica en papel del documento electrónico que se encuentre en poder de la Administración o bien mediante una puesta de manifiesto electrónica conteniendo copia auténtica del documento original. Copia auténtica en papel del documento electrónico que se encuentre en poder de la Administración o bien mediante una puesta de manifiesto electrónica conteniendo copia autenticada del documento original. Copia autenticada en papel del documento electrónico que se encuentre en poder de la Administración o bien mediante una puesta de manifiesto electrónica conteniendo copia auténtica del documento original. Copia autentificada en papel del documento electrónico que se encuentre en poder de la Administración o bien mediante una puesta de manifiesto electrónica conteniendo copia auténtica del documento original.

Según el artículo 27 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) ¿Qué debe indicarse expresamente en el documento cuando las Administraciones Publicas expidan copias autenticas electrónicas?. La fecha de expedición. La condición de copia auténtica. El nombre del funcionario. El código de verificación.

Según el articulo 27 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas (LPAC) ¿Qué tipo de documentos se regirán por su legislación específica en cuanto a la expedición de copias autenticas?. Documentos públicos administrativos. Documentos privados. Documentos notariales, registrales y judiciales. Documentos electrónicos.

Según el artículo 27 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas (LPAC) ¿Qué deben garantizar las Administraciones Publicas para asegurar la identidad y contenido de las copias autenticas?. Ajustarse al Esquema Nacional de Interoperabilidad y Seguridad. Ajustarse a la Ley de Protección de Datos. Ajustarse a la normativa del procedimiento. Ajustarse a las disposiciones vigente en materia de seguridad e interoperabilidad.

Conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Universidades públicas forman parte de: La Administración General del Estado. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. El sector público institucional. Las Universidades no forman parte del ámbito subjetivo de aplicación de dicha ley.

Conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse. Señale la respuesta incorrecta. En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan. En el registro electrónico de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de la referida Ley. En las oficinas de correos. Únicamente de forma presencial.

Conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, cual de estos elementos NO ES OBLIGATORIO que este incluido en el contenido de la notificación de las resoluciones y actos administrativos: Indicación de si pone fin o no a la vía administrativa. Indicación de los recursos que procedan. Indicación de los afectados por el acto administrativo. Indicación del plazo para interponer los recursos.

Conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, señale cual de estas afirmaciones NO ES CORRECTA en relación con el expediente administrativo. No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo. Los expedientes tendrán formato electrónico o en papel. Se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos. Deberán contener un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita.

Conforme a lo establecido en el articulo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas relativo a las alegaciones, los interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos en el plazo de: 10 días naturales. 10 días hábiles. Un mes. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.

De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, ¿Qué informe se requiere para que una administración publica pueda declarar nulo un acto administrativo que haya puesto fin a la vía administrativa o no haya sido recurrido en plazo?: El informe del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. El informe del Consejo de Gobierno de la UAM. El informe del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. El informe del Gobierno de la Nación.

De conformidad con el articulo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, ¿Cuál es el plazo para dictar y notificar la resolución de un recurso de reposición?: Tres meses. Un mes. Dos meses. Quince días.

¿En qué título de la ley 39/2015 se regula el procedimiento administrativo común?. Título IV. Título V. Título VI. Título III.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. ¿Cuántos Títulos tiene?. Seis. Siete. Ocho. No tiene capítulos.

¿Cuáles son las fases del procedimiento administrativo común?. 3 fases: Inicio, Instrucción y Finalización. 4: Inicio, Ordenación, Instrucción, Finalización. 4: Inicio, Ordenación, Instrucción, Terminación. 4: Inicio, Ordenación, Instrucción, Resolución.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. ¿Cómo se impulsara el procedimiento?. De oficio en todos sus tramites a través de medios electrónicos. De oficio o a instancia del interesado a través de medios electrónicos. De oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, salvo que no sea posible. A instancia del interesado y a través de medios electrónicos.

¿Qué principios se respetaran según el art 71 de LPAC durante el impulso del procedimiento?. Celeridad, transparencia y publicidad. Publicidad, mérito y capacidad. Simplificación administrativa. Transparencia y Publicidad.

¿Qué principio o principios rige la concentración de tramites según el art 72 de LPAC?. Celeridad, transparencia y publicidad. Publicidad, mérito y capacidad. Simplificación administrativa. Transparencia y Publicidad.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. ¿Qué ocurre si un interesado no cumple el plazo establecido para la cumplir con un requerimiento durante el cumplimiento de trámites?. Que se le considerará desistido de su solicitud. Que se le considerará decaído de su solicitud. Que se les podrá declarar decaído al trámite correspondiente. Que se les declarará decaído al trámite correspondiente.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. ¿Cómo habrán de practicarse los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados?. En la forma que resulte mas conveniente para ellos y que sea compatible, en todo caso, con sus obligaciones laborales y profesionales. En la forma que resulte más conveniente para ellos y que sea compatible, en todo caso, con sus obligaciones personales y profesionales. En la forma que resulte mas conveniente para ellos y que sea compatible, según los casos, con sus obligaciones personales y profesionales. En la forma que resulte más conveniente para ellos y que sea compatible, en la medida se los posible con sus obligaciones laborales o profesionales.

¿Qué órgano garantiza el cumplimiento de los principios de contradicción e igualdad en el procedimiento administrativo?. El órgano instructor. El órgano encargado de resolver. El órgano encargado de tramitar el procedimiento. Todos ellos.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. ¿En qué artículo se regula el trámite de audiencia?. En el 76. En el 77. En el 82. En el 90.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas ¿Cómo se emitirán los informes?. A través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos del art 26 de LPAC. A través de medios telemáticos y de acuerdo con los requisitos del art 27 LPAC. A través de medios informáticos y de acuerdo con los requisitos del art 26 de LPAC. A través de medios telemáticos y de acuerdo con los requisitos del art 28 de LPAC.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas ¿En que plazo se emitirán los informes?. En el plazo de 10 días, en todo caso. En el plazo de 10 días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos permita o exija otro plazo mayor o menor. En el plazo de 10 días, ampliados prudencialmente hasta 5 días más. En el plazo de 10 días, salvo disposición legal o reglamentaria.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas ¿Se podrá prescindir del tramite de audiencia?. No, este es un tramite obligatorio en todos los procedimientos administrativos. Sí, en el caso que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. Sí, en el caso que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la propuesta de resolución otros hechos ni otras alegaciones o pruebas que las aducidas por el interesado. Sí, en el caso que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la tramitación otros hechos ni otras alegaciones o pruebas que las aducidas por el interesado.

¿Qué limitaciones se tendrán en cuenta según el art 82.1 de la LPAC en relación con la puesta de manifiesto a los interesados de los procedimientos?. Las limitaciones establecidas en la Ley 9/2013, de 9 de diciembre. Las limitaciones establecidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Las limitaciones establecidas en la Ley 3/2018, de 5 de noviembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. No está afectado por ningún límite.

Las Administraciones Publicas declararan de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el articulo 47.1: En cualquier momento anterior al tramite de audiencia, por iniciativa propia, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere. En cualquier momento, a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere. En cualquier momento anterior al tramite de audiencia, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere. En cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere.

Las Administraciones Publicas podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2: De oficio o a solicitud del interesado, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere. De oficio, previo dictamen favorable o no del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere. De oficio, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere. De oficio o a solicitud del interesado, previo dictamen favorable o no del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere.

El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a tramite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando: Las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1. Carezcan manifiestamente de fundamento. En el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. Todas son correctas.

Respecto a la revisión de disposiciones y actos nulos cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo: De 1 mes desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. De 2 meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. De 3 meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. De 6 meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.

Las Administraciones Publicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: Los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público. Los actos no favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público. Los actos favorables para los interesados que no sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público. Los actos no favorables para los interesados que no sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público.

Las Administraciones Publicas podrán rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos: Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, de oficio. En cualquier momento, de oficio. Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, de oficio o a instancia de los interesados. En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados.

El recurso extraordinario de revisión procederá: Contra los actos firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 120.1. Contra los actos que no sean firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1. Contra los actos que no sean firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 120.1. Contra los actos firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1.

Ponen fin a la vía administrativa (señala la incorrecta): Las resoluciones de los recursos de alzada. Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, en todo caso. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

Ponen fin a la vía administrativa (señala la incorrecta): La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, siempre que se derive de relación pública. La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a los que se refiere el artículo 90.4. Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca. Ninguna es correcta.

De conformidad con el articulo 116 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, constituye causa de inadmisión de un recurso administrativo: Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a la misma Administración Pública. Cuando los interesados carezcan de legitimación. Cuando se trate de un acto susceptible de revisión. Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso.

El recurso de alzada podrá interponerse: Ante el órgano que dictó el acto que se impugna. Ante el órgano competente para resolver el acto que se impugna. Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. Ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

UNA NOTIFICACIÓN DEFECTUOSA SURTIRÁ EFECTO: En ningún caso. Si se interpone por el interesado el recurso pertinente contra la resolución notificada, a partir de la fecha de interposición del recurso. A partir de la fecha en que la Administración corrija el defecto de la notificación. Cuando se trate de actos que no afecten a derechos o intereses particulares.

¿EN QUE SUPUESTOS SE PUBLICARÁ UN ACTO ADMINISTRATIVO?. Cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento. Cuando lo aconsejen razones de interés particular apreciadas por el órgano competente. En todo caso a la notificación de una acto le sigue su publicación. Ninguna es correcta.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, LAS ADMINISTRACIONES PODRÁN ESTABLECER LA OBLIGACIÓN DE PRACTICAR ELECTRONICAMENTE LAS NOTIFICACIONES PARA DETERMINADAS PERSONAS FISICAS: Reglamentariamente cuando por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Legalmente cuando por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. En ningún caso, pues estas vienen ya obligadas legalmente a recibirlas por esta vía. En ningún caso, solo podrán imponer esta obligación reglamentariamente a las personas jurídicas.

LAS RESOLUCIONES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS DEBEN SER NOTIFICADOS POR. El órgano que los dicte. Por el órgano que instruya el procedimiento. Por el titular del órgano inferior. Por el órgano que expresamente tenga atribuida esa función por disposición legal o reglamentaria.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN, TODA NOTIFICACIÓN DEBERÁN CONTENER: El texto íntegro de la resolución, indicación de si pone fin o no a la vía administrativa y la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos. Texto íntegro de la resolución, indicación de si pone fin o no a la vía administrativa y la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía judicial, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos. El texto íntegro de la resolución, indicación de si pone fin o no a la vía administrativa y la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, y órgano ante el que hubieran de presentarse. El texto íntegro de la resolución, indicación de si pone fin o no a la vía administrativa y la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.

LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PODRÁN ADOPTAR LAS MEDIDAS QUE CONSIDEREN NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES QUE CONSTEN EN LAS MISMAS EN LAS NOTIFICACIONES DE: Resoluciones y actos administrativos que tengan por destinatarios a más de un interesado. Resoluciones y actos administrativos que lesionan derechos o intereses legítimos del interesados. Solo cuando lo haya solicitado de forma expresa el interesado. Ninguna es correcta.

LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ENVIARAN UN AVISO AL DISPOSITIVO ELECTRÓNICO Y/O A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL INTERESADO QUE ÉSTE HAYA COMUNICADO, INFORMANDOLE DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE UNA NOTIFICACIÓN EN LA SEDE ELECTRÓNICA DE LA ADMINISTRACIÓN U ORGANISMO CORRESPONDIENTE O EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HABILITADA ÚNICA. Cuando la notificación se realice en papel. Cuando la notificacion se realice al correo electronico del interesado. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado. En ningún caso.

¿Cuál de las siguientes es la redacción literal del art 74 de la LPAC?. Las cuestiones accidentales, que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo. Las cuestiones incidentales, que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo. Las cuestiones incidentales, que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la anulabilidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo. Las cuestiones incidentales, que se susciten en el procedimiento, excepto las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo.

¿Cómo habrán de practicarse los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados?. En la forma que resulte más conveniente para ellos y que sea compatible, en todo caso, con sus obligaciones laborales y profesionales. En la forma que resulte mas conveniente para ellos y que sea compatible, en todo caso, con sus obligaciones personales y profesionales. En la forma que resulte más conveniente para ellos y que sea compatible, según los casos, con sus obligaciones personales y profesionales. En la forma que resulte más conveniente para ellos y que sea compatible, en la medida de los posible con sus obligaciones laborales o profesionales.

¿Cómo se emitirán los informes?. A través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos del art 26 de LPAC. A través de medios telemáticos y de acuerdo con los requisitos del art 27 LPAC. A través de medios informáticos y de acuerdo con los requisitos del art 26 de LPAC. A través de medios telemáticos y de acuerdo con los requisitos del art 28 de LPAC.

¿En que plazo se emitirán los informes?. En el plazo de 10 días, en todo caso. En el plazo de 10 días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos permita o exija otro plazo mayor o menor. En el plazo de 10 días, ampliados prudencialmente hasta 5 días más. En el plazo de 10 días, salvo disposición legal o reglamentaria.

¿Se podrá prescindir del trámite de audiencia?. No, este es un trámite obligatorio en todos los procedimientos administrativos. Sí, en el caso que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones o pruebas que las aducidas por el interesado. Sí, en el caso que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la propuesta de resolución otros hechos ni otras alegaciones o pruebas que las aducidas por el interesado. Sí, en el caso que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la tramitación otros hechos ni otras alegaciones o pruebas que las aducidas por el interesado.

Las disposiciones administrativas serán nulas de pleno derecho cuando. Vulneren la constitución. Vulneren otras disposiciones administrativas de rango superior. Regulen materias reservadas a la ley. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Las actuaciones realizadas fuera de plazo: Invalidan un acto administrativo en cualquier caso. No invalidan un acto administrativo en ningún caso. Sólo invalidan un acto administrativo si provocan indefensión. Sólo invalidan el acto administrativo si lo impone la naturaleza del término es esencial.

El órgano que anule determinadas actuaciones ¿ puede ordenar la conservación de algún acto?. Si, la de aquellos actos cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. Si la de aquellos actos que por razones de oportunidad considere conveniente conservar. Si la de aquellos actos cuyo contenido hubiere variado mínimamente. No, de ninguno.

Un acto con defecto de forma que da lugar a la indefensión de los interesados es: Un acto nulo de pleno derecho. Un acto anulable. Una irregularidad no invalidante. Un acto imperfecto.

¿Qué tipo de actos pueden ser objeto de conversión?. Los actos nulos de pleno derecho que no tengan los elementos constitutivos de otro distintos. Los actos anulables que contengan los elementos constitutivos de otro distinto. Todas son correctas. Ninguna respuestas es correcta.

Según el art 35 de la LPAC, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones y actos administrativos, recursos judiciales y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su admisión. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones y actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de mediación o los que declaren su inadmisión.

Según el art 35 de la LPAC, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los actos que se acerquen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones anteriores o del dictamen de Consejo Consultivo. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen del Consejo Consultivo.

Según el art 35 de la LPAC, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los acuerdos de suspensión de recursos administrativos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56. Los acuerdos de suspensión de actuaciones administrativas, cualquiera que sea el motivo de estas, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56. Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de esta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56.2. Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56.

Según el art 35 de la LPAC, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias. Los acuerdos de aplicación de la tramitación de emergencia, de ampliación de plazos y de realización de cuestiones incidentales. Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de aplicación de plazos y de realización de cuestiones incidentales. Los acuerdos de aplicación de la tramitación de emergencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias.

Según el art 35 de la LPAC, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los actos que acepten pruebas propuestas por los interesados o sus representantes. Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados o sus representantes. Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados y sus representantes.

Según el art 35 de la LPAC, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad formal de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por los interesados en procedimientos iniciados de oficio. Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la posibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados a instancia de parte o de oficio. Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio. Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por los interesados en procedimientos iniciados de oficio .

Según el art 35 de la LPAC, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial. Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador y patrimonial, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial. Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador pero no los de de responsabilidad patrimonial. Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter patrimonial.

Según el art 35 de la LPAC, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que no deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición reglamentaria. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal y reglamentaria. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

Según la literalidad del art 35.2 de la LPAC: La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de licitaciones públicas se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de subvenciones se realizara de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizara de conformidad con lo que dispongan las bases que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

En los términos de lo preceptuado en el articulo 1.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, podrán incluirse tramites adicionales o distintos a los contemplados en dicha ley: Solo mediante Ley. Mediante norma reglamentaria. Sin necesidad de norma alguna por el órgano competente para resolver, siempre que lo haga de manera motivada.

Según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, la representación de los interesados en el procedimiento: Deberá acreditarse en todo caso y siempre mediante poder notarial. Deberá acreditarse en todo caso y siempre mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. No deberá acreditarse en todo caso, presumiéndose a veces su existencia.

Atendiendo a lo recogido en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Publicas, cuando para el cómputo de plazos, los mismos se fijen en meses, estos se computaran: A partir del día en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. A partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. Las respuestas A y B son incorrectas.

Conforme a lo recogido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Publicas, las Administraciones podrán practicar notificaciones: Por medios electrónicos cuando las notificaciones contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques. Por medios no electrónicos cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento. Las respuestas A y B son incorrectas.

Atendiendo a lo recogido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que: Establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras favorables o restrictivas de derechos colectivos. Vulneren otras disposiciones administrativas de igual rango. Regulen materias reservadas a la Ley.

A tenor de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso extraordinario de revisión se podrá interponer contra los actos firmes en vía administrativa cuando concurra la circunstancia siguiente: Que aparezcan documentos para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. Que en la resolución hayan influido documentos o testimonios declarados erróneos, anterior o posterior a aquella resolución.

Según el artículo 53 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables: Tendrán derecho a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. Tendrán derecho a solicitar la no publicación del procedimiento. No tendrán derecho a ser notificados de la identidad del instructor.

Conforme a lo señalado en el articulo 5.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, la acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento deberá incorporarse al expediente administrativo por: El órgano competente para resolver el procedimiento. El órgano competente para la tramitación del procedimiento. El órgano competente para iniciar el procedimiento.

Conforme a lo establecido en el articulo 114.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ponen fin a la vía administrativa: Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. La resolución de los procedimientos complementarios en materia de responsabilidad patrimonial. Las respuestas A y B son incorrectas.

A tenor de lo recogido en el articulo 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, contra la resolución de un recurso de alzada: No cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015. Se podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes. No cabrá en ningún caso la interposición de un recurso administrativo.

Conforme a lo dispuesto literalmente en el artículo 33.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Cuando por razones de interés público lo aconsejen y siempre de oficio se podrá acordar la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario sin excepción alguna. Cuando por razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes o recursos. Siempre a instancias del interesado y cuando razones de interés público lo aconsejen se podrá acordar la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario sin excepción alguna.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Las resoluciones y actos que no ponen fin a la vía administrativa podrán ser recurridos en reposición, siendo el plazo para su interposición y para dictar y notificar la resolución de un mes. Las resoluciones y actos que ponen fin a la vía administrativa podrán ser recurridos en reposición, siendo de obligado cumplimiento su interposición antes de acudir al orden jurisdiccional contenciosos administrativo. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado, siendo el plazo para su interposición, si el acto fuera expreso, así como el plazo máximo para dictar y notificar su resolución, de un mes.

De acuerdo con el articulo 21 de la Ley 39/2015, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución, ¿se podrá suspender cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración?. No se contempla en la Ley 39. Si, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. Si, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de un mes.

En los procedimientos sancionadores, de conformidad con el articulo 90 de la Ley 39/2015: La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso. La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningúnrecurso ordinario en vía administrativa. No procede la interposición de recurso alguno.

De acuerdo con la Ley 39, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordara la apertura de un periodo de prueba por un plazo: No superior a veinte días ni inferior a diez. Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo no superior a diez días. No superior a treinta días ni inferior a diez. Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo no superior a diez días. No superior a treinta días ni inferior a diez, a fin. Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo no superior a quince días.

En cuanto al tramite de audiencia, y de acuerdo con la Ley 39/2015, ¿Cuándo se podrán de manifiesto los procedimientos a los interesados o, en su caso, a sus representantes?. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la resolución. Una vez redactada la propuesta de resolución.

En cuanto a la información publica, la Ley 39/2015 establece que, el anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente, y determinara el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a: Tres meses. Veinte días. Quince días.

De acuerdo con la Ley 39/2015, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en: Veinte días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. Treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. Dos meses, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.

De acuerdo con la Ley 39, la falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto, ¿Dentro de que plazo?. Dentro del plazo de cinco días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. Dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. Dentro del plazo improrrogable de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo.

De acuerdo con la Ley 39, se requerirá a los interesados el uso obligatorio de la firma para ¿Qué actuaciones de las siguientes?. Desistir de acciones. Renunciar a Derechos. En las dos anteriores se requerirá a los interesados el uso obligatorio de la firma.

¿Qué derecho del interesado esta mal formulado de acuerdo con el artículo 53 de la Ley 39?. Derecho a no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas. Derecho a formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste.

De acuerdo con la Ley 39/2015, si el procedimiento de responsabilidad patrimonial se iniciara de oficio, el acuerdo de iniciación del procedimiento se notificara a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de, ¿Cuántos días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo?. De 10 a 15 días. 10 días. 15 días.

En los recursos, en cuanto a la audiencia de los interesados, el articulo 118 de la Ley 39 dispone que, cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, ¿En que plazo formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen pertinentes?. En un plazo no inferior a diez días ni superior a quince. En un plazo no inferior a cinco días ni superior a diez. En un plazo de treinta días.

De acuerdo con la Ley 39, ¿Cuál será el plazo para la interposición del recurso de alzada si el acto fuera expreso?. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de tres meses, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución no será firme a todos los efectos.

En cuanto a la revisión de oficio, determina la correcta de acuerdo con la Ley 39/2015: Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo un mes desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.

A LOS EFECTOS PREVISTOS EN LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS TENDRÁN CAPACIDAD DE OBRAR ANTE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, SEGÚN SU ARTÍCULO 3: Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas administrativas. Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.

EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 84.1 DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÍBLICAS: Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, aún cuando tal renuncia esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la prescripción.

Según la Ley 39/2015, ¿cuándo pueden refundirse varios nombramientos en un único acto administrativo?. Con el acuerdo del órgano competente. Si lo decide la Administración competente. Realizando un acto por cada nombramiento. Si los interesados están de acuerdo.

¿En qué caso el órgano competente puede decidir no admitir a trámite solicitudes de revisión de oficio sin requerir Dictamen del Consejo de Estado o equivalente autonómico?. Si se fundamentan en causas de nulidad reconocidas. Si se han estimado solicitudes similares en el fondo. Siempre se requiere el Dictamen. Cuando otras solicitudes iguales han sido desestimadas en cuanto al fondo.

¿En qué casos se puede otorgar eficacia retroactiva a los actos administrativos?. Siempre que reemplacen actos anulados o beneficien al interesado, sin importar la existencia previa de supuestos de hecho. Solo cuando los efectos sean desfavorables para el interesado. Excepcionalmente, en sustitución de actos anulados o cuando produzcan efectos favorables al interesado, si los hechos necesarios ya existían. Nunca, siguiendo el principio de no retroactividad.

¿Cuál es el plazo tras el cual se declara la caducidad de un procedimiento si no se ha emitido una declaración de lesividad?. Nueve meses después del inicio del procedimiento. Tres meses despues del inicio del procedimiento. Seis meses después del inicio del procedimiento. Un año después del inicio del procedimiento.

¿Qué implica la ausencia de una resolución expresa dentro del plazo previsto en un procedimiento de revisión de oficio iniciado por la administración, según el artículo 106 de la Ley 39/2015?. Que el procedimiento se considera nulo. Que el procedimiento ha caducado. Que no se admitirán actos subsiguientes. Que se entiende desestimado por silencio administrativo.

1. La presente Ley tiene por objeto regular: (señala la incorrecta). a) los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos. b) el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas. c) las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. d) los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.

2. Cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse tramites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley: a) solo mediante ley. b) reglamentariamente. c) mediante ley o reglamentariamente. d) ninguna es correcta.

Podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar: a) solo mediante ley. b) reglamentariamente. c) mediante ley o reglamentariamente. d) ninguna es correcta.

De acuerdo con el articulo 35 de la Ley 39/2015, señale la afirmación incorrecta sobre cuales actos administrativos serán motivados: Los que desvíen del parecer de órganos consultivos. Los que resuelvan procedimientos sancionadores. Los que acepten pruebas en procedimientos sancionadores. Las propuestas de resolución en procedimientos sancionadores.

Según lo dispuesto en la Ley 39/2015, la imposibilidad de que resoluciones particulares contravengan disposiciones generales, incluso si provienen de órganos de igual o superior jerarquía, ¿ilustra qué principio?. División funcional. Inderogabilidad singular. Proporcionalidad de los actos. Jerarquía normativa.

Según regula el artículo 41 de la Ley 39/2015, ¿Qué notificaciones no se realizarán nunca por medios electrónicos?. Aquellas que requieran entrega directa por un empleado público para garantizar la eficacia administrativa. Notificaciones efectuadas durante la comparecencia espontánea del interesado en oficinas de registro que soliciten comunicación o notificación personal en el acto. Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico. Ninguna es correcta.

Identifique la afirmación incorrecta respecto a la nulidad y anulabilidad de actos administrativos según la Ley 39/2015: Actos nulos pueden tener efectos si contienen elementos de otro acto distinto. La nulidad de un acto no afecta a actos subsiguientes independientes. La anulabilidad de un acto tampoco afecta a actos subsiguientes independientes. La nulidad parcial de un acto implica la nulidad total, mientras que la anulabilidad parcial no afecta al resto del acto.

En el ámbito estatal y conforme al articulo 111 de la Ley 39/2015, ¿Quiénes son competentes para la revisión de oficio de actos administrativos nulos y anulables?. Los Secretarios de Estado para actos y disposiciones de los Ministros. El Consejo de Estado para actos y disposiciones de los Delegados del Gobierno. Los Ministros para actos y disposiciones de los Secretarios de Estado. El Consejo de Ministros para actos y disposiciones de los Delegados del Gobierno.

En los casos verbales y a tenor del articulo 36 de la Ley 39/2015, ¿Quién firma la constancia escrita del acto administrativo cuando es necesaria?. El jefe del órgano inferior. El funcionario receptor del acto oral. Las dos anteriores son correctas. Ninguna respuesta es correcta.

¿Cuál de los siguientes actos administrativos es considerado anulable?. Un acto realizado sin seguir las normas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Un acto que otorga un derecho sin cumplir con los requisitos esenciales para su adquisición. Un acto emitido por un órgano que no tiene la competencia jerárquica necesaria. Un acto que constituye una infracción penal.

¿Quién tiene competencia en la Administración General del Estado para la revisión de oficio de actos nulos y anulables, según el articulo 111 de la Ley 39/2015?. Los Secretarios de Estado sobre sus propios actos. El Consejo de Ministros solo sobre sus propios actos. Los Ministros sobre actos de Secretarios de Estado y organos dependientes. El Consejo de Ministros sobre sus propios actos y los de los Ministros.

Según la Ley del Procedimiento Administrativo Común en su articulo 110, ¿en que situaciones no pueden ejercerse las facultades de revisión de actos administrativos?. Cuando contravienen la equidad. Si afectan negativamente el derecho de los particulares o de las leyes. Si van en contra de la buena fe. Las facultades de revisión no pueden ejercerse en ninguna de las situaciones anteriores por el tiempo transcurrido.

¿Cómo se denomina la figura jurídica que permite que actos nulos o anulables produzcan efectos de un acto distinto si contienen sus elementos constitutivos?. Convalidación. Revocación. Ninguna es correcta. Conversión de actos viciados.

¿Qué afirmación es verdadera respecto a los efectos de los actos administrativos?. Deben ser observados por otros órganos administrativos, incluso si no tienen dependencia jerárquica o pertenecen a distintas administraciones. Se presumen válidos y efectivos desde su emisión. Solo producen efectos tras su notificación, a menos que se indique lo contrario. La eficacia retroactiva está prohibida en todos los casos.

¿Que disposición se aplica cuando se declara la nulidad o se anulan actuaciones administrativas, según lo dispuesto por el articulo 51 de la Ley 39/2015?. Siempre se conservan aquellos actos y tramites que no habrían cambiado sin la infracción. Solo en caso de anulabilidad se preservan ciertos actos y trámites. Se conservan los actos y trámites que serían iguales incluso con la infracción. Se mantienen los actos y trámites que no habrían sido iguales de haberse cometido la infracción.

Indique la opción incorrecta sobre las condiciones bajo las cuales no puede proceder la revocación de actos administrativos: Ser contraria al interés público. Constituir una exención no permitida por las leyes. Ser contraria al principio de igualdad. Ser contraria al principio de irretroactividad.

¿Quién es competente para declarar la lesividad de los actos de la Administración Local, según el artículo 107 de la Ley 39/2015?. Ninguna es correcta. El órgano colegiado superior de la entidad o, en su defecto, el Pleno de la Corporación. El Pleno de la Corporación o, si este no puede, dos tercios de los concejales. El Pleno de la Corporación o, en su ausencia, el órgano colegiado superior de la entidad.

¿Bajo que condiciones pueden las Administraciones Publicas revocar sus actos desfavorables de gravamen?. Antes del plazo de prescripción, a menos que implique una exención ilegal, viole la igualdad, el interés público o el orden jurídico. Antes del vencimiento del plazo de caducidad, siempre que no suponga una exención no permitida, ni contravenga la igualdad, el interés publico o el ordenamiento legal. Mientras no se cumpla el plazo de caducidad, en el caso de actos favorables, sin que represente una dispensa ilegal o atente contra la igualdad, el interés público o las normas legales. En cualquier momento, siempre y cuando no constituya una exención ilegal o contradiga la igualdad, el interés público o las leyes.

¿En qué situaciones las Administraciones Públicas deben enviar un aviso al dispositivo electrónico y/o correo electrónico del interesado tras realizar una notificación?. Solo cuando la notificación haya sido efectuada por medios electrónicos, siendo este aviso esencial para la validez de la notificación. Independientemente de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, y la omisión de esteaviso no afecta la validez de la notificación. Exclusivamente cuando la notificación se realiza por medios electrónicos, pero la falta de este aviso no afecta la validez de la notificación. Tanto en notificaciones en papel como electrónicas, pero la ausencia de este aviso hace que la notificación no sea válida.

¿En qué artículo se reconoce la ejecutividad de los actos administrativos?. Artículo 37. Artículo 38. Artículo 35. Artículo 36.

En caso de que un acto administrativo anulable adolezca de un vicio de incompetencia no determinante de nulidad, ¿Quién puede convalidarlo?. El superior jerárquico al órgano que emitió el acto. La incompetencia no determinante de nulidad no permite la convalidación. El órgano superior jerárquico al que emitió el acto viciado. El órgano competente.

De acuerdo con la Ley 39/2015, ¿Cuál es una practica correcta en la notificación de procedimientos administrativos iniciados de oficio?. Intentar otro medio si el interesado rechaza la notificación. Notificar exclusivamente por medios electrónicos. Usar el medio no electrónico especificado por el interesado, incluso con obligación electrónica. Consultar el Padrón Municipal para determinar el domicilio del interesado para la notificación.

¿Cuál de los siguientes NO es un dato obligatorio en una solicitud de inicio de un procedimiento administrativo según lo dispuesto en el art 66.1 de la LPAC?. Lugar. DNI. Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente. Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación.

¿Cuál de los siguientes es un dato obligatorio en una solicitud de inicio de un procedimiento administrativo según lo dispuesto en el art 66.1 de la LPAC?. Número de identificación fiscal. Nombre y apellidos del representante legal. Fecha. Motivación.

¿Cuáles de los siguientes datos no son obligatorios en el contenido de una solicitud de inicio de un procedimiento administrativo?. Dirección de correo electrónico. Lugar, fecha y firma. Nombre y apellidos del interesado. Todos son datos obligatorios.

¿Cómo se motivaran los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva?. Se realizará de conformidad con lo que dispongan las bases que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. Se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. Se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en su caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. Se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, pudiendo, en su caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

El artículo 1 de la Ley 39/2015, recoge la posibilidad de incluir trámites adicionales o distintos de los contemplados en la misma, lo que se podrá realizar: a) Mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, de manera motivada. b) Mediante ley o reglamento, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, de manera motivada. c) Mediante reglamento cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, de manera motivada. d) Ninguna norma puede incluir trámites adicionales distintos de los contemplados en esta Ley.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.3 de la Ley 39/2015, no tienen la consideración de Administración Pública: a) Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local. b) Entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas. c) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. d) Todos los anteriores tienen la consideración de Administraciones Públicas.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, señale la respuesta correcta: a) El silencio tendrá efecto estimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución. b) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior solo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. c) La desestimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. d) Los actos administrativos producidos por silencio administrativo producen efectos desde que se expida el certificado acreditativo del mismo.

A los efectos previstos en la Ley 39/2015, tendrán capacidad de obrar: a) Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, en todo caso. b) Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, cuando lo declare un reglamento. c) Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, cuando así lo declare expresamente una ley. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Señale la respuesta incorrecta en relación con la lengua en que ha de tramitar los procedimientos administrativos la Administración General del Estado: a) Como regla general, la lengua de los procedimientos será el castellano. b) Los interesados que residan en una Comunidad autónoma en la que exista una lengua cooficial podrán utilizar esta última, con independencia del lugar en que tenga su sede el órgano de la Administración General del Estado al que se dirijan. c) En los casos y circunstancias previstas en la Ley 39/2015, el procedimiento se tramitará íntegramente en la lengua cooficial elegida por los interesados. d) En caso de tramitarse en una lengua cooficial, deberán traducirse al castellano los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente.

Según el artículo 22 de la Ley 39/2015, “se suspenderá” el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución del mismo: a) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración. b) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados. c) Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional. d) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento.

De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 21, se sujetará al siguiente régimen: a) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración confirmando la desestimación. b) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto podrá dictarse sin vinculación alguna al sentido del silencio. c) En los casos de estimación por silencio administrativo, no es necesario dictar la resolución expresa posterior a la producción del acto. d) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.

De conformidad con el artículo 25 de la LPACAP, ¿qué efecto produce la falta de resolución expresa por la Administración dentro de plazo en los procedimientos en que la Administración ejerce potestades sancionadoras?. a) Se aplica el silencio positivo en beneficio del interesado. b) La caducidad del procedimiento. c) Depende de lo dispuesto al respecto en la correspondiente normativa sectorial que establezca el cuadro de infracciones y sanciones. d) El interesado puede entender desestimadas todas sus alegaciones por silencio administrativo.

La estimación por silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado: a) Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. b) Tiene a todos los efectos la consideración de acto de trámite del procedimiento. c) Tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. d) No puede producirse en ningún caso.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, el interesado que dirija un escrito a una Delegación del Gobierno en una Comunidad Autónoma: a) Utilizará, en todo caso, el castellano. b) Podrá utilizar el castellano o la lengua que sea cooficial en el territorio de la Comunidad Autónoma. c) Utilizará la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, acompañada de su traducción al castellano. d) Podrá utilizar la lengua que sea cooficial en el territorio de la Comunidad Autónoma pero se tramitará internamente por la Administración necesariamente en castellano.

Según la Ley de Procedimiento Administrativo, en relación con los procedimientos iniciados de oficio, señale la respuesta correcta: a) El vencimiento del plazo máximo para resolver y notificar producirá la caducidad del mismo cuando pudiera derivarse el reconocimiento o constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas. b) El vencimiento del plazo máximo para resolver y notificar legitima a los interesados para entender estimadas sus solicitudes. c) El vencimiento del plazo máximo para resolver y notificar legitima a los interesados para entender desestimada su solicitud, salvo que la misma se trate de un recurso de alzada. d) El vencimiento del plazo máximo para resolver y notificar producirá la caducidad del mismo, cuando se trate del ejercicio de la potestad sancionadora.

Según la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender: a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias. b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea. c) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Señale la afirmación correcta respecto del cómputo del plazo señalado por horas, de conformidad con la Ley 39/2015. a) La Ley 39/2015 no contempla un cómputo de plazo en horas, siendo el cómputo de plazos solo posible por días, meses o años. b) Los plazos expresados por horas no podrán tener una duración superior a 24 horas, salvo que por norma de carácter reglamentario se disponga otro superior. c) Los plazos expresados por horas no podrán tener una duración superior a 48 horas. d) Los plazos expresados por horas no podrán tener una duración superior a 24 horas.

De conformidad con la LPACAP, siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otra cosa, cuando los plazos se establecen por días se entiende que: a) Los días son hábiles excluyéndose del cómputo los sábados los domingos y los declarados festivos, y se cuentan desde el día en que se produjo la notificación o publicación del acto de que se trate. b) Los días son hábiles excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos y se cuentan a partir del día siguiente a aquel en que se produjo la notificación o publicación del acto de que se trate. c) Los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente en que se produjo la notificación o publicación del acto de que se trate. d) Los días son hábiles, definiendo la ley como días hábiles únicamente los domingos y los declarados festivos, y se cuentan a partir del día siguiente en que se produjo la notificación o publicación del acto.

Según el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si el plazo se fija en meses o años, estos se computarán: a) A partir del mismo día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. b) A partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el mismo día en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. c) A partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. d) A partir del mismo día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el mismo día en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.

En cuanto a la ampliación de los plazos en un procedimiento administrativo: a) En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. b) Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso. c) Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

La nulidad o anulabilidad en parte de un acto administrativo: a) Implicará la de todo el acto administrativo. b) No implicará la de las partes del mismo independientes de aquella, en ningún caso. c) Implicará la de las partes del mismo que no sean independientes. d) No implicará la de las partes del mismo independientes de aquella, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.

¿Permite la LPACAP la notificación por medios no electrónicos cuando el interesado resulte obligado a recibirla por esta vía?. a) Sí, cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante. b) Sí, cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento. c) Las respuestas a y b son correctas. d) Las respuestas a y b son falsas.

Señale la respuesta correcta en relación con la publicación de los actos administrativos: a) Los actos administrativos serán objeto de publicación en todo caso. b) Solo serán objeto de publicación los actos administrativos que afecten a una pluralidad indeterminada de personas. c) Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo soliciten los interesados en el procedimiento. d) Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.

De acuerdo con la Ley 39/2015, señale la opción correcta en relación con la notificación: a) Las notificaciones se practicarán necesariamente por medios electrónicos. b) Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se deberá intentar por otro medio. c) En los procedimientos iniciados de oficio, a los solos efectos de su iniciación, las Administraciones Públicas podrán recabar, mediante consulta a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos sobre el domicilio del interesado recogidos en el Padrón Municipal. d) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquel. Esta notificación no será electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta forma con la Administración si se ha señalado otro medio al efecto por parte del interesado.

Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. Esta publicación de los actos se realizará: a) Siempre en el BOE, independientemente del órgano del que procedan. b) Solo en el Tablón de anuncios del Ministerio que corresponda. c) En el Diario Oficial que corresponda. d) Siempre en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y en el BOE, conjunta e independientemente del órgano del que procedan.

Señale la afirmación correcta en relación con el precedente administrativo: a) La Administración pública no puede apartarse en ningún caso del precedente administrativo, salvo por petición del interesado y aunque lesione el interés general. b) La Administración pública puede apartarse del precedente administrativo sin necesidad de motivar el acto. c) La Administración pública no puede apartarse en ningún caso del precedente administrativo. d) La Administración pública puede apartarse del precedente administrativo pero motivando el acto administrativo.

Establece el artículo 56 de la LPAC, al hablar de las medidas provisionales, la vinculación entre las mismas, cuando se toman antes de la iniciación del procedimiento, y dicho inicio. ¿Qué sucede si no se inicia el procedimiento en el plazo de quince días tasado?. Que las medidas provisionales no podrán adoptarse. Que las medidas provisionales podrán ser levantadas, modificadas o suprimidas de oficio. Que las medidas provisionales se mantendrán hasta la finalización del procedimiento. Que las medidas provisionales quedarán sin efecto.

¿A quién corresponde adoptar medidas provisionales antes de la iniciación del procedimiento, según la LPAC?. Al órgano administrativo competente para resolverlo. Al órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento. Al instructor del procedimiento. Al superior jerárquico del órgano competente para resolverlo.

Señala la LPAC que, una vez surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente, si se hubieran tomado medidas provisionales: Las mismas serán confirmadas. Las mismas se extinguirán. Las mismas serán modificadas. Las mismas serán alzadas.

De conformidad con el artículo 56 de la Ley 39/2015, NO es una de las medidas provisionales que pueden acordarse en el procedimiento administrativo: La consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen. Las que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados. La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Públicas. El depósito, retención o inmovilización de cosa mueble.

Respecto a la acumulación de procedimientos, el artículo 57 de la Ley 39/2015 establece que: La acumulación tiene lugar en los procedimientos en los que un órgano tramita y su superior jerárquico es el encargado de resolver. Si un interesado está inmerso en una pluralidad de procedimientos ante distintos órganos, es posible acumularlos para que los resuelva un único órgano. La acumulación puede decretarse por el órgano administrativo tanto de oficio como a instancia de parte. El acuerdo de acumulación puede ser objeto de recurso de reposición ante el órgano que decretó la acumulación.

Conforme a lo previsto en el artículo 64 de la Ley 39/2015, la calificación de los hechos que motivan la iniciación de un procedimiento sancionador: Se efectuará, con carácter general en el pliego de cargos. Con carácter excepcional se podrá realizar en el pliego de cargos. En el procedimiento sancionador ya no se contempla dicho trámite. Se efectuará siempre en el acuerdo de iniciación del expediente.

Siempre que no se trate de procesos selectivos o de concurrencia competitiva y conforme a lo establecido en el artículo 68.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo de subsanación en la iniciación de un procedimiento administrativo podrá ser ampliado: Hasta 10 días. Hasta 30 días. Hasta 5 días. Hasta 15 días.

Según el artículo 68 de la LPAC, ¿cómo debe punto actuar la Administración cuando aquellos sujetos que se encuentren obligados a presentar electrónicamente una solicitud de iniciación opten por realizarla presencialmente?. a) Les requerirá que la subsanen a través de su presentación electrónica. b) Considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación. c) La solicitud deberá inadmitirse de oficio. d) Las respuestas a) y b) son correctas.

¿Cabe ampliar, conforme la LPAC, el plazo de subsanación y mejora de la solicitud?. Sí, siempre, en todo caso, y motivadamente, hasta 5 días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales. Sí, siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta 5 días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales. Sí, siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta 10 días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales. Sí, siempre, en todo caso, y motivadamente, hasta 10 días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.

De acuerdo con el artículo 56 de la Ley 39/2015, una vez iniciado el procedimiento administrativo, ¿a quién corresponde la adopción de medidas provisionales?. Al órgano administrativo competente para instruirlo. Al órgano administrativo competente para resolver. Al órgano administrativo competente para iniciarlo. Una vez iniciado el procedimiento no podrán adoptarse nuevas medidas provisionales.

De acuerdo con la Ley 39/2015, ¿qué orden punto debe guardarse en el despacho de los expedientes?. Exclusivamente el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza. El riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia. El riguroso de incoación, salvo que por el interesado se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia. El más eficiente de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el superior jerárquico se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia.

Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán: Por el órgano que resuelva el procedimiento. Por el órgano que inicie el procedimiento. Por el órgano que tramite el procedimiento. Por los interesados en el procedimiento.

Dispone la LPCA que, de no emitirse un informe en el plazo señalado para ello: Se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento, no pudiendo exceder en ningún caso de tres meses. Se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento, no pudiendo exceder en ningún caso de un mes. Se podrán proseguir las actuaciones, en cualquier caso. Se podrán proseguir las actuaciones, salvo que el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas.

En el trámite de audiencia en un procedimiento administrativo, es correcto afirmar que: Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a veinte, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. La audiencia a los interesados será posterior a la solicitud del informe del órgano competente por el asesoramiento jurídico. No se podrá prescindir de dicho trámite cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no hacer alegaciones ni aportar nuevos datos o justificaciones, se tendrá por realizado del trámite.

En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo: El informe del Consejo General del Poder Judicial, que será evacuado en el plazo máximo de dos meses. El informe del Ministro de Justicia, que será evacuado en el plazo máximo de tres meses. El informe del Consejo General del Poder Judicial, que será evacuado en el plazo máximo de tres meses. El informe del Ministro de Justicia, que será evacuado en el plazo máximo de dos meses.

La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido e Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada mediante: a) Apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal. b) Apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica. c) A través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

¿Las Administraciones Públicas pueden habilitar, con carácter general o específico, a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados?. No. Sí. La habilitación la hacen los interesados. La habilitación la hacen los interesados o sus representantes.

El documento por el que se acredita la comprobación por parte de la Administración de que las facultades o poderes otorgados son suficientes para actuar en nombre y representación de una determinada persona ante la Administración y para un acto determinado, se denomina: a) Certificado de poder. b) Bastanteo. c) Apoderamiento apud acta. d) Acreditación de poder.

Los poderes inscritos en un registro electrónico de apoderamientos tendrán una validez determinada máxima de: Dos años a contar desde la fecha de inscripción. Cinco años a contar desde la comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros. Tres años. Cinco años a contar desde la fecha de inscripción.

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el registro electrónico general de apoderamientos deben constar, al menos: a) Los apoderamientos de carácter general otorgados apud acta presencialmente. b) Los apoderamientos de carácter general otorgados apud acta electrónicamente. c) El bastanteo realizado del poder otorgado. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Señale la respuesta incorrecta. Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán ser plenamente interoperables entre sí, de modo que se garantice su: Interconexión. Compatibilidad informática. Disponibilidad permanente. La transmisión telemática de solicitudes, escritos y comunicaciones incorporados a los mismos.

Los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán contener, al menos, la siguiente información: Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del poderdante. Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del apoderado. Fecha de inscripción. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos no deberán contener, obligatoriamente, la siguiente información: a) Fecha de inscripción. b) Número de inscripción. c) Tipo de poder según las facultades que otorgue. d) Periodo de tiempo por el cual se otorga el poder.

Señale la respuesta incorrecta. Los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías: a) Un poder general para que el poderdante pueda actuar en nombre del apoderado en cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración. b) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa ante una Administración u Organismo concreto. c) Un poder para que et apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente para la realización de determinados trámites especificados en el poder. d) Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración.

¿Cuántas categorías de poderes están reconocidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. a) Una. b) Dos. c) Tres. d) Cuatro.

Las Administraciones Publicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo: a) Mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. b) Mediante identificación electrónica con los sistemas admitidos. c) Mediante identificación por comparecencia personal. d) Las respuestas a) y c) con correctas.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de: a) Cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su integridad identificativa. b) Cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. c) Cualquier sistema que cuente con un acceso inmediato como usuario que permita garantizar su identidad. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Procedimiento Administrativo Común, cuando la Administración General del Estado admita algún sistema electrónico de identificación de los usuarios servirá para: a) Acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo. b) Acreditar frente a toda la Administración General del Estado y su sector público institucional, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo. c) Acreditar frente a toda la Administración General del Estado y su sector público institucional, además de las Administraciones Públicas que se adhieran al sistema, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo. d) Acreditar frente a toda la Administración General del Estado, además de las Administraciones Públicas que se adhieran al sistema, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo.

21.- Según el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por fallecimiento de su suegro un funcionario interino tendrá derecho a un permiso de: A) 4 días hábiles cuando se produzca en la misma localidad. B) 5 días hábiles cuando se produzca en la misma localidad. C) 2 días hábiles cuando se produzca en la misma localidad. D) 3 días hábiles cuando se produzca en la misma localidad.

32.- En cuanto al permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave de un funcionario, de acuerdo con el artículo 49. e) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señale la respuesta correcta: A) La reducción de la jornada de trabajo será de al menos la mitad de la duración de aquella con reducción proporcional de las retribuciones. B) La reducción de la jornada de trabajo será de al menos la mitad de la duración de aquella, percibiendo las retribuciones íntegras. C) La reducción de la jornada de trabajo será de al menos el 60% de la duración de aquella con reducción proporcional de las retribuciones. D) La reducción de la jornada de trabajo será de al menos el 60% de la duración de aquella, percibiendo las retribuciones íntegras.

32. Conforme a lo establecido en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público un funcionario de carrera podrá obtener una excedencia voluntaria por interés particular: a) Cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores. b) Cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de dos años inmediatamente anteriores. c) Cuando haya prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un período mínimo de cinco años.

40. Según el artículo 1.2 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, ¿Las funciones qué están reservada a funcionarios en posesión de la habilitación de carácter nacional y que son su responsabilidad administrativa serán?. a) La de asesoramiento legal preceptivo, el control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación. b) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo, el control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación. c) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo, el control y la fiscalización externa de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.

41. Según el artículo 20.4 del del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional ¿Cuáles son las categorías que existen para la Subescala de Secretaría-Intervención?: a) En la Subescala de Secretaría-Intervención existen las categorías de Entrada y Superior. b) En la Subescala de Secretaría-Intervención existen las categorías de Primera, Segunda y Tercera. c) En la Subescala de Secretaría-Intervención no existe diferenciación de categorías.

43. La Plantilla de Personal de un Ayuntamiento se aprueba: a) Por el Pleno al comienzo del mandato corporativo, aunque se puede modificar anualmente. b) Anualmente por el Pleno de la Corporación junto con la oferta de empleo. c) Anualmente por el Pleno de la Corporación, a través del Presupuesto.

29.- Los puestos de confianza o asesoramiento especial se suelen reservar para los: a) Políticos. b) Personal eventual. c) Personal laboral. d) Funcionarios.

30.- Por permiso de matrimonio se concede licencia de: a) Un mes. b) Quince días. c) Veinte días. d) Depende del tiempo de servicio.

31.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación colectiva, las materias siguientes: a) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna. b) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño. c) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo. d) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.

44.- En qué clase se clasifica el personal funcionario de las Bandas de Música: a) Cometidos Especiales. b) Personal de Oficios. c) Técnicos medios o auxiliares, según su titulación. d) Servicios Especiales.

34.- Conforme al artículo 14 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio: a) A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo. b) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. c) A la libre asociación profesional. d) Al de reunión, en los términos establecidos en el artículo 46 de este Estatuto.

35.- En qué situación administrativa se encuentra el funcionario de carrera cuando sea adscrito a los servicios del Defensor del Pueblo: a) Servicio en otras Administraciones Públicas. b) Servicios especiales. c) Excedencia. d) Servicio activo.

63.- Según el artículo 97 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán: a) A los dos años. b) A los cinco años. c) A los tres años. d) Al año.

38. Según lo dispuesto en el Título I de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, corresponde imponer la sanción disciplinaria de separación del servicio: a) A la persona titular de la Consejería competente en materia de Función Pública. b) Al Consejo de Gobierno. c) A la persona titular de cada Consejería respecto del personal adscrito a la misma. d) A la persona titular de la Dirección General competente en materia de Función Pública.

39. Conforme al artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la ejecución de los programas de carácter temporal, no podrán tener una duración superior a: a) 3 años, ampliable hasta dieciocho meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. b) 2 años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. c) 1 año, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. d) 3 años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.

40. Según el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuando por razones de guarda legal, el funcionario tenga el cuidado directo de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho: a) A la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables. b) A ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones integras. c) A la reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda. d) A solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido.

41. Quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en su Título VII ,según el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: a) Solo los funcionarios públicos. b) Los funcionarios públicos, el personal laboral y el personal eventual. c) Los funcionarios públicos, el personal laboral, el personal eventual y el personal directivo profesional. d) Los funcionarios públicos y el personal laboral.

42. De acuerdo con el artículo 66.2 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, el complemento de nivel competencial retribuye: a) La especial dificultad técnica y la responsabilidad que concurren en el puesto de trabajo, dentro de la estructura jerárquica de la organización. b) Las condiciones particulares, incluidas la peligrosidad y penosidad, del puesto de trabajo, exigibles para el desempeño del mismo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo y su ámbito de actuación. c) La progresión según el tramo de la carrera horizontal alcanzado. d) Los servicios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.

27. Según el artículo 10 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿en qué circunstancia se puede nombrar a un funcionario interino?. a) Cuando existan plazas vacantes, y no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de dos años. b) Por el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de tres meses, dentro de un periodo de doce meses. c) Para la sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario. d) Para la ejecución de programas de carácter estructural.

28. Según el artículo 62 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál de los siguientes requisitos es necesario cumplir para adquirir la condición de funcionario de carrera?. a) Toma de posesión dentro de los tres días posteriores al nombramiento. b) Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico. c) Superación del proceso selectivo, aunque en ese momento no se reúna la titulación requerida en la convocatoria. d) Toma de posesión al día siguiente de haber sido nombrado.

29. El artículo 61 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán: a) Los de concurso oposición o entrevista. b) Los de concurso oposición o concurso de valoración de méritos con entrevista. c) Los de oposición o concurso oposición con entrevista. d) Los de oposición, concurso oposición o concurso de valoración de méritos.

30. De acuerdo con el artículo 53 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, dentro del Código de conducta de los empleados públicos, es un principio ético: a) Desempeñar las tareas correspondientes a su puesto de trabajo de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos. b) No aceptar ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas. c) Administrar los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizar los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación. d) Garantizar la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite.

31. Según el artículo 98.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: a) La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. b) La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario no podrá exceder de 3 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. c) La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario no podrá exceder de 12 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. d) La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario no podrá exceder de 18 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado.

12. Según dispone el Estatuto Básico del Empleado Público, el nombramiento y cese del personal eventual: a) Serán libres. b) El nombramiento lo será tras un proceso selectivo y el cese se regirá por lo establecido para los funcionarios de carrera. c) Tanto el nombramiento como el cese se regirán por lo establecido para los funcionarios de carrera. d) El nombramiento será libre y el cese exigirá resolución motivada y explicativa de las razones del mismo.

13. El Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, establece en su artículo 10 que son órganos de selección: a) Los Tribunales Ordinarios, los Tribunales Permanentes y las Comisiones de Selección. b) Los Tribunales Especiales, los Tribunales Ordinarios y las Comisiones Permanentes de Selección. c) Las Comisiones y los Tribunales, siendo en ambos casos permanentes u ordinarios, según marque la convocatoria correspondiente. d) Los Tribunales y las Comisiones Permanentes de Selección.

14. El Estatuto Básico del Empleado Público establece que para poder participar en los procesos de promoción interna los funcionarios deberán poseer, entre otros requisitos, una antigüedad en el Subgrupo inferior, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo de, al menos: a) Depende del Subgrupo o Grupo al que se pretenda acceder. b) Tres años continuados en el puesto desde el que se presenta a la promoción interna. c) Dos años de servicio activo. d) Tres años de servicio activo.

21. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, señale la respuesta correcta en relación con los empleados públicos: a) El ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado sólo podrán ser ejercidas exclusivamente por funcionarios de carrera. b) Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. c) Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses estatales o autonómicos. d) Al personal funcionario interino le será aplicable en su integridad el régimen general del personal funcionario de carrera.

22. Según el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, ¿en qué situación quedará el funcionario declarado en suspensión firme de funciones de no solicitar el reingreso en el tiempo establecido?. a) En la situación de excedencia voluntaria incentivada, con efectos desde la finalización de la sanción. b) En la situación de servicios especiales. c) En la situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde la fecha en que tuvo que solicitar el reingreso. d) En la situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde la fecha de finalización de la sanción.

30. Según el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público, los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán: a) Públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad. b) Públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de celeridad y eficacia. c) Abiertos, rigiéndose en todo caso por los principios de publicidad, mérito y transparencia. d) Rápidos, rigiéndose en todo caso por los principios de publicidad, celeridad y eficiencia.

3. La Oferta de Empleo Público de la Administración General del Estado se aprueba: a) Por Ley. b) Por Real Decreto. c) Por Orden ministerial del Ministerio de Hacienda y Función Pública. d) Por Decreto del Ministerio que tenga las competencias en materia de Función Pública.

6. Señale la respuesta INCORRECTA respecto a los requisitos que se deben cumplir, según el artículo 62 del Estatuto Básico del Empleado Público, para adquirir la condición de funcionario de carrera. a) Toma de posesión dentro del plazo que se establezca. b) Acto de acatamiento de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. c) Superación del proceso selectivo. d) Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente.

35. Según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿sobre qué materia está previsto que el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas se regirá por lo previsto en el presente Estatuto, no siendo de aplicación a este personal, por tanto, las previsiones del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores?. a) Materia de permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica, lactancia y parental. b) Materia de representación sindical. c) Materia de extinción del contrato. d) Materia de infracciones y sanciones.

38. Señale la respuesta INCORRECTA en relación con el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: a) Tiene carácter supletorio para todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de aplicación. b) Se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las Universidades Públicas. c) Tiene carácter obligatorio para todo el personal de las Administraciones Públicas incluido en su ámbito de aplicación. d) Se aplica sólo al personal funcionario al servicio de las Administraciones de las entidades locales.

24. Según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (en adelante TREBEP), los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea: a) Podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio de poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas. b) No podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, salvo que sean cónyuges de españoles y siempre que no estén separados de derecho. c) Podrán acceder, en igualdad de condiciones que los españoles y sin diferencias en su régimen de aplicación, a los empleos públicos como personal laboral y como personal funcionario. d) Podrán acceder a cualquier puesto como personal laboral, pero no como personal funcionario.

25. De acuerdo con el TREBEP, los funcionarios que estén en servicios especiales: a) Percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento. b) Se integrarán plenamente en la Función Pública de la organización en la que se encuentren destinados, la cual respetará el Grupo o Subgrupo del Cuerpo o Escala de procedencia, así como los derechos económicos inherentes a la posición en la carrera que tuviesen reconocidos. c) No tendrán derecho a reingresar al servicio activo en la misma localidad, ni conservarán las condiciones, de acuerdo con el sistema de carrera administrativa vigente en la Administración Pública a la que pertenezcan. d) Deberán permanecer en esa situación, al menos dos años, antes de solicitar el reingreso al servicio activo.

26. Los funcionarios de la Administración General del Estado pueden permanecer en situación de expectativa de destino un período máximo de un año, transcurrido el cual pasarán a la situación de: a) Excedencia forzosa. b) Excedencia voluntaria por interés particular. c) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público. d) Suspensión firme de funciones.

29. Según la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes situaciones requeriría, conforme a la normativa sobre incompatibilidades, una resolución que reconociera la compatibilidad para su ejercicio?. a) La participación ocasional en un programa de un medio de comunicación social. b) La colaboración ocasional en un curso de carácter profesional. c) La participación del 15 por 100 en el capital de una Sociedad concesionaria. d) El ejercicio como profesor asociado universitario a tiempo parcial y con duración determinada.

37. Un funcionario cuyo cuerpo de pertenencia está clasificado en el subgrupo C2 accede por promoción interna a un Cuerpo clasificado en el subgrupo C1. Cuando aprueba la oposición de C1 tiene 5 años y 8 meses de antigüedad, lo que supone un trienio completo y dos años y 8 meses más. Cuando cumpla el sexto año de antigüedad, cobrará un segundo trienio. ¿De qué cuantía lo cobrará?. a) Los dos los cobrará en la cuantía correspondiente a C2. b) El primero en la cuantía propia de un C2 y el segundo en proporción al tiempo desempeñado en cada subgrupo. c) El primero en la cuantía correspondiente a C2 y el segundo en la cuantía correspondiente a C1. d) Cobrará los dos trienios en la cuantía correspondiente a C1.

2. Señale la afirmación correcta en relación con las retribuciones de los funcionarios públicos, según el TREBEP: a) La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias se establecerán por cada Administración atendiendo a la antigüedad del perceptor en cada Subgrupo, o Grupo de clasificación en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo. b) Las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley General Presupuestaria, estarán integradas exclusivamente por el sueldo y el complemento de destino. c) Quienes ejerciten el derecho de huelga devengarán y percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esa situación, sin que quepa aplicar deducción alguna de haberes. d) La parte de jornada no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tendrá carácter sancionador.

7. Según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿en cuál de los siguientes supuestos NO podría ser aceptada la renuncia de un funcionario de carrera?. a) En caso de que el funcionario está sujeto a expediente disciplinario. b) En caso de que sea nombrado diputado o senador de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. c) En caso de que sea nombrado para formar parte de algún órgano constitucional. d) En caso de que adquiera la condición de funcionario en otro cuerpo o escala distinto del suyo de origen.

37. De acuerdo con el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, señale la afirmación correcta sobre las situaciones administrativas de los funcionarios : a) Los funcionarios en servicios especiales percibirán las retribuciones que les correspondan como funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento. b) Los funcionarios transferidos a las Comunidades Autónomas se integran plenamente en la organización de la Función Pública de las mismas. c) Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de 4 años inmediatamente anteriores. d) Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a 4 años para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo.

45. Señale la respuesta correcta sobre la composición de los órganos de selección de los procesos selectivos para el ingreso a Cuerpos o Escalas de funcionarios de acuerdo con la normativa sobre empleo público en la Administración General del Estado: a) Los órganos de selección estarán constituidos por un número impar de miembros no inferior a siete. b) Podrán formar parte de los órganos de selección tanto funcionarios de carrera como personal eventual. c) Los funcionarios interinos podrán formar parte de los órganos de selección de los procesos selectivos del personal laboral temporal. d) Todos los miembros de los órganos de selección deberán poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para eI ingreso en el Cuerpo o Escala de que se trate.

55. Según el artículo 18 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿qué antigüedad deben poseer los funcionarios en el subgrupo o grupo de clasificación profesional inferior para poder participar en los procesos selectivos de promoción interna?. a) Al menos 1 año de servicio activo. b) Al menos 2 años de servicio activo. c) Al menos 3 años de servicio activo. d) Al menos 5 años de servicio activo.

56. Señale la respuesta correcta en relación con el régimen disciplinario regulado en el Título VIII del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: a) Es de aplicación al personal funcionario, pero no al personal laboral. b) La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables. c) Es una falta disciplinaria grave el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad. d) Es una falta disciplinaria muy grave el incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga.

26. El Estatuto Básico del Empleado Público, respecto a la excedencia parar atender al cuidado de cada hijo, establece que tendrá una duración de: a) No será superior a cinco años. b) Hasta que el hijo cumpla los doce años. c) Establece una mínima de dos años y una máxima de cuatro. d) No será superior a tres años.

35. Conforme al Estatuto Básico del Empleado Público, ¿en qué plazo deberá desarrollarse la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar?. a) En el año natural siguiente al de su aprobación. b) En el plazo de dos años prorrogable excepcionalmente una sola vez por uno más. c) En el plazo de cuatro años a contar desde la fecha de su publicación. d) En el plazo improrrogable de tres años.

36. De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, ¿el personal eventual puede formar parte de los órganos de selección de los empleados públicos?. a) Si, en todo caso. b) Sí, si tienen una titulación igual o superior a la exigida para participar en el proceso que se trate. c) No, en ningún caso. d) No, excepto en los procesos de selección de los grupos superiores.

46. Según el artículo 22 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cómo se clasifican las retribuciones de los funcionarios?. a) Retribuciones administrativas y laborales. b) Retribuciones básicas y complementarias. c) Retribuciones dinerarias o en especie. d) Sueldo y Trienios.

48. Los funcionarios en suspensión provisional de funciones, ¿qué retribuciones tienen derecho a percibir?. a) Todas las retribuciones. b) Una cuantía equivalente al salario mínimo interprofesional vigente en ese momento. c) Una cuantía equivalente a la pensión no contributiva vigente en ese momento. d) Las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

22. De acuerdo con el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante TREBEP), el personal eventual: a) Es una categoría de personal laboral que desempeña funciones de especial confianza. b) Es una clase de empleados públicos que desempeña, por razones de necesidad y urgencia, funciones propias del personal funcionario. c) Es una categoría de funcionarios que desempeña funciones de directivo público. d) Es una clase de empleados públicos que desempeña funciones de confianza o asesoramiento especial.

23. El TREBEP establece para los procesos selectivos que: a) Los órganos de selección tendrán carácter unipersonal o colegiado. b) El Departamento u organismo al que esté adscrito el Cuerpo o Escala correspondiente designará como máximo dos tercios del mismo, en representación de los distintos centros superiores o directivos. c) Los órganos de selección se nombrarán para cada proceso selectivo y tendrán duración anual. d) Las pruebas podrán consistir en la comprobación de los conocimientos y la capacidad analítica de los aspirantes, expresados de forma oral o escrita y podrán incluir la superación de pruebas físicas.

24. De acuerdo con el artículo 16.3 del TREBEP, ¿en qué consiste la carrera horizontal de los funcionarios y funcionarias públicas?. a) En la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. b) En el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo. c) En el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior. d) En el acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional.

25. De acuerdo con el artículo 39 del TREBEP, ¿cuáles son los órganos específicos de representación de los funcionarios?. a) Los Delegados de Personal y los Comités de Empresa. b) Los Delegados Sindicales y los Comités de Empresa. c) Los Delegados de Personal y las Juntas de Personal. d) Las Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado.

27. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 4 del TREBEP, ¿cuál de los siguientes tipos de personal NO se encuentra sujeto a legislación específica propia en materia de función pública?. a) El personal militar de las Fuerzas Armadas. b) El personal del Centro Nacional de Inteligencia. c) El personal del Instituto Nacional de Estadística. d) El personal retribuido por arancel.

29. De conformidad con el TREBEP, un funcionario en servicio activo que fuera designado asesor de un grupo parlamentario de las Cortes Generales, ¿en qué situación administrativa quedaría?. a) Permanecería en servicio activo, ya que únicamente está previsto el paso a la situación de servicios especiales para los elegidos diputados o senadores, no para los designados asesores. b) Podría optar entre pasar a servicios especiales o permanecer en servicio activo, ya que el mantener su situación de servicio activo puede serle favorable en su carrera administrativa en términos de antigüedad y servicios prestados. c) Sería declarado en excedencia por prestación de servicios en el sector público. d) Sería declarado en servicios especiales.

30. De conformidad con el TREBEP, señale la respuesta correcta en relación con la excedencia voluntaria por agrupación familiar: a) Para solicitarla es preciso que el cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las Administraciones públicas, con la excepción de la prestación de servicios en organizaciones internacionales. b) El tiempo que se esté en esta situación no computará a efectos de trienios. c) Su duración será de un mínimo de un año y un máximo de quince. d) Para poderla solicitar se exigirá un mínimo de cinco años de servicios.

31. Es causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera: a) La superación del proceso selectivo en un Cuerpo o Escala de otra Administración pública. b) La situación administrativa de excedencia voluntaria. c) La incoación de un expediente disciplinario por falta muy grave. d) La jubilación total del funcionario.

32. El personal funcionario de carrera que, habiendo sido declarado en excedencia para el cuidado de un hijo menor, no solicitara el reingreso al servicio activo cuando finalizara la causa que determinó el pase a dicha situación, será declarado en la situación administrativa de: a) Excedencia voluntaria por interés particular. b) Excedencia forzosa. c) Expectativa de destino. d) Suspensión, motivada por el inicio de la tramitación de un expediente disciplinario.

1. ¿Cuál de las siguientes modalidades de excedencia NO se encuentra regulada en el artículo 89 del TREBEP?. a) La excedencia para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. b) La excedencia voluntaria por interés particular. c) La excedencia voluntaria por agrupación familiar. d) La excedencia por razón de violencia terrorista.

3. Según el artículo 78 del TREBEP, los sistemas de provisión de puestos de trabajo de personal funcionario que obligatoriamente tendrán que existir en cada Administración pública, sin perjuicio de la posibilidad de establecer otros en las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto, son los siguientes: a) Concurso y libre designación. b) Concurso, libre designación y comisión de servicios. c) Concurso, libre designación y adscripción provisional. d) Concurso, libre designación, adscripción provisional y comisión de servicios.

21. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba eI texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público: a) Sólo por ley. b) Sólo en virtud de Real Decreto aprobado por el Gobierno de la Nación. c) Mediante orden del Ministro que convoque el proceso selectivo. d) Mediante resolución del Subsecretario del Ministerio que convoque el proceso selectivo.

23. Según el artículo 4 el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las disposiciones de este Estatuto sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica al siguiente personal: a) Personal del Banco de España. b) Personal de Universidades Públicas. c) Personal que presta sus servicios en Organismos Públicos. d) Personal docente.

24. EI artículo 13 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público regula el personal directivo profesional que presta servicios en las Administraciones Públicas. Señale la respuesta correcta en relación con este tipo de personal: a) Es considerado empleado público, de acuerdo con la clasificación prevista en su artículo 8.2. b) Su designación atenderá a principios igualdad, mérito y capacidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y la concurrencia competitiva. c) La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta ley. d) Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.

25. A tenor del artículo 64 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señale la opción INCORRECTA de entre las propuestas en relación con la renuncia a la condición de funcionario: a) Habrá de ser manifestada por escrito. b) Inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del procedimiento de selección establecido. c) No podrá ser aceptada cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario. d) No podrá ser aceptada cuando haya sido dictado en contra del funcionario auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito.

26. La situación administrativa en la que se declara a un funcionario de carrera que sea destinado por concurso al Tribunal de Cuentas es la de: a) Servicios especiales. b) Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público,. c) Servicio en otras Administraciones Públicas. d) Servicio activo.

27. De acuerdo con el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señale la opción correcta en relación con la excedencia de las funcionarias víctimas de violencia de género: a) Durante los 6 primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. b) Durante los 6 primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. c) Durante los 2 primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. d) Durante los 2 primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

40. De acuerdo con el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál de los siguientes factores NO se tendrá en cuenta para establecer la cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios?. a) EI grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos. b) Los ingresos que hayan percibido las Administraciones Públicas como contraprestación de cualquier servicio. c) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla eI trabajo. d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.

45. Según el artículo 53 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál de los siguientes es un principio ético incluido en eI Código de Conducta de los empleados públicos?. a) Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos. b) Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes. c) No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada por parte de personas físicas o entidades privadas. d) Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de 10 establecido en el Código Penal.

46. Según el artículo 46 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿quiénes de los siguientes NO están legitimados para convocar una reunión en el centro de trabajo en ejercicio del derecho de reunión?. a) Las Juntas de Personal. b) Los Comités de Empresa. c) Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 40 % del colectivo convocado. d) Los Delegados de Prevención.

47. De acuerdo con el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el plazo de prescripción de las faltas disciplinarias continuadas comenzará a contarse desde: a) La firmeza de la resolución sancionadora que ponga fin al procedimiento. b) Que se cometió la falta disciplinaria. c) EI cese de su comisión. d) EI momento en que la Administración tuvo conocimiento de su realización.

24. De acuerdo con eI Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por eI que se aprueba eI texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante TREBEP), señale la respuesta correcta en cuanto a los funcionarios Interinos se refiere: a) Son nombrados por razones de necesidad, no así de urgencia. b) Sus funciones son diferentes a las que desempeña un funcionario de carrera. c) Dada la necesidad, su selección se realizará por procedimientos ágiles sin que sean exigibles los principios de mérito y publicidad. d) A los interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.

25. Según el TREBEP, el requisito de tener nacionalidad española para poder participar en los procesos selectivos para eI acceso a la condición de personal funcionario;. a) No puede eximirse en ningún caso. b) Sólo puede eximirse en el caso de que se trate de nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. c) Solo puede eximirse por lay de las Cortes Generales por razones de interés general. d) Solo puede eximirse por ley de las Cortes Generales o de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas por razones de interés general.

28. ¿Cuál de las siguientes causas NO está contemplada en eI TREBEP como pérdida de la condición de funcionario de carrera?. a) La renuncia voluntaria. b) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme. c) La evaluación negativa para eI desempeño de puestos de trabajo. d) La incapacidad permanente total.

29. De acuerdo con eI TREBEP, eI acceso a Cuerpos o Escalas del mismo Subgrupo profesional se denomina: a) Carrera interna horizontal. b) Progresión horizontal. c) Promoción interna horizontal. d) Promoción horizontal.

30. De acuerdo con el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, los funcionarios consolidarán necesariamente como grado personal inicial el correspondiente al nivel del puesto de trabajo adjudicado tras la superación del proceso selectivo, salvo que: a) Se les asigne en comisión de servicios de carácter forzoso un puesto de trabajo de nivel superior, en cuyo caso consolidarán, una vez transcurridos dos años continuados o tres años con interrupción, el correspondiente a este último. b) Sean objeto de un Plan de ordenación de Empleo y sean reasignados a otro puesto de trabajo de nivel de complemento de destino inferior al nivel del puesto de trabajo adjudicado inicialmente. c) Soliciten el reconocimiento de un grado superior, al haberlo consolidado en otra Administración Pública como funcionarios del mismo Grupo o Subgrupo al que acceden, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88 del TREBEP. d) Pasen a desempeñar con carácter voluntario un puesto de nivel inferior, en cuyo caso consolidarán el correspondiente al este último.

31. EI artículo 89 del TREBEP señala que los funcionarios podrán obtener el pase a la situación de excedencia por interés particular cuando hayan prestado servicios en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de: a) 2 años inmediatamente anteriores. b) 10 años inmediatamente anteriores. c) 5 años inmediatamente anteriores. d) 3 años inmediatamente anteriores.

32. Conforme con eI TREBEP, ¿a cuántos días asciende eI permiso que podría disfrutar un funcionario de carrera, destinado en el exterior, en caso de enfermedad grave de un familiar de primer grado de consanguinidad que ha sido ingresado en un hospital de Madrid?. a) 3 días hábiles. c) 5 días hábiles. b) 3 días naturales. d) 5 días naturales.

35. ¿Cuál es ei plazo de prescripción de las sanciones disciplinarias impuestas por faltas leves según el TREBEP?. a) 3 meses. b) 6 meses. c) 1 año. d) 2 años.

2. ¿Cuál de las siguientes situaciones administrativas NO puede considerarse coma servicios especiales?. a) Cuando, por razón de su condición de funcionario, presten servicios en Organismos o Entes públicos. b) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de Organizaciones internacionales o de carácter supranacional. c) Cuando sean elegidos miembros del Parlamento Europeo,. d) Cuando cumplan el servicio militar o prestación social sustitutoria equivalente.

22. Según el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante TREBEP), podrá eximirse del requisito de la nacionalidad por razones de interés general para eI acceso a la condición de personal funcionario: a) Por resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública. b) Por acuerdo de los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas. c) Por ley de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. d) Por orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

24. Según el TREBEP, si un funcionarlo de carrera de la Administración General del Estado es designado para formar parte de un consejo de justicia de una Comunidad Autónoma, será declarado en el Cuerpo o Escala de fa Administración General del Estado en la situación administrativa de: a) Servicio activo. b) Servicios especiales. c) Servicio en otras Administraciones Públicas. d) Excedencia por prestar servicios en el sector público.

26. De acuerdo con lo dispuesto en eI artículo 78.3 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado (en adelante Real Decreto 364/1995), los funcionarios de promoción interna podrán: a) Solicitar el reconocimiento automático como grado personal del nivel inferior de complemento de destino establecido legalmente para el intervalo de niveles asignado al subgrupo o grupo ar que acceden por promoción interna. b) Conservar, a petición propia, el grado personal que hubieran consolidado en el Cuerpo o Escala desde el que han participado en el proceso de promoción interna, siempre que se encuentre incluido en eI intervalo de niveles correspondiente al Cuerpo o Escala a que accedan. c) Mantener, en todo caso, el grado personal que hubieran consolidado en el Cuerpo o Escala desde el que han participado o el de cualquiera de los Cuerpos o Escalas a los que pertenezcan aunque estén prestando servicios en otra Administración Pública. d) Consolidar 61 grado inicial en el Cuerpo o Escala al que accedan por el tumo de promoción interna por el desempeño de uno o más puestos de trabajo del mismo nivel durante un año continuado o dos con interrupción, en lugar de la regla general de dos y tres años, respectivamente.

28. Según lo establecido en el TREBEP, los funcionarios públicos o el personal laboral que indujeren a otros a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinarla: a) Incurrirán en la misma responsabilidad que éstos. b) Incurrirán en responsabilidad disciplinaria atenuada. c) Incurrirán en responsabilidad disciplinaria agravada. d) No incurrirán en responsabilidad disciplinaria.

30. Según la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (en adelante Ley 53/1984), para eI desempeño de un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público: a) EI interesado deberá ponerlo en conocimiento de la Administración una vez comenzada la realización de la segunda actividad. b) Será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no supondrá modificación de jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos. c) No es necesario poner en conocimiento de la Administración la realización de una segunda actividad, puesto que la regla general que preside esta Ley es la compatibilidad para el ejercicio de actividades públicas. d) EI interesado deberá informar a la Administración sin que sea necesaria la autorización expresa de compatibilidad.

31. De acuerdo con la Ley 53/1984, uno de los requisitos necesarios para autorizar la compatibilidad de actividades públicas es que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de: a) Subsecretario. c) Director General. b) Secretario de Estado. d) Subdirector General.

32. De acuerdo con la Ley 53/1984, ¿Cuál de las siguientes actividades NO está exceptuada del régimen de incompatibilidades?. a) La dirección de seminarios, cuando no tenga carácter permanente o habitual y no suponga más de 75 horas al año. b) EI ejercicio del cargo de Presidente, Vocal o miembro de Juntas rectoras de Mutualidades o Patronatos de Funcionarios, siempre que no sea retribuido. c) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o prestación de servicios. d) Actividades privadas profesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto público.

17. Según el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (en adelante TREBEP), en los Órganos de Selección: a) No podrá formar parte el personal con menos de cinco años de antigüedad como funcionario de carrera. b) La pertenencia a los mismos podrá, en determinados supuestos, ostentarse en representación o por cuenta de alguien. c) No podrán formar palde los funcionarios interinos. d) No podrá formar parte el personal funcionario que haya obtenido la prolongación de la permanencia en el servicio activo una vez alcanzada la edad de jubilación forzosa.

18. Por Orden Ministerial se ha convocado un proceso selectivo y nombrado a su Tribunal. Contra la lista de aprobados del primer ejercicio se ha presentado un recurso de alzada. ¿Quién deberá resolver el recurso según el artículo 14.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado?. a) EI Presidente del Tribunal, por ser el responsable último de los actos del Tribunal. b) EI Subsecretario, por tratarse de un asunto de personal. c) EI Ministro por ser la autoridad que nombró al presidente del Tribunal. d) Ninguno, pues no cabe recurso contra las resoluciones del Tribunal.

20. EI TREBEP se aplicará directamente, sin necesidad de que así lo disponga su legislación específica, al siguiente personal: a) Personal funcionario de las Cortes Generales. b) Personal del Centro Nacional de Inteligencia. c) Personal de las Universidades Públicas. d) Personal funcionario de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

23. De acuerdo con el TREBEP, podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar: a) A los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas. b) A los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo, ya sea de carácter provisional o definitivo, como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas. c) A los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo en servicios especiales en cualquiera de las Administraciones Públicas. d) A los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo como laboral fijo o temporal en cualquiera de las Administraciones Públicas.

24. Según el TREBEP, los funcionarios de carrera serán declarados en servicios especiales: a) Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de los órganos de gobierno de las Corporaciones Locales. b) Cuando sean autorizados para realizar una misión por período superior a tres meses en Organismos Internacionales, Gobiernos o Entidades Públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional. c) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de Organizaciones Internacionales. d) Cuando sean adscritos a los servicios de la Audiencia Nacional.

25. Señale la respuesta correcta según el TREBEP, en relación con la rehabilitación de la condición de funcionario: a) Solo podrá ser concedida como consecuencia de la pérdida de la nacionalidad, una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó. b) Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder la rehabilitación, a petición del funcionario de quien hubiera perdido como sanción administrativa, la condición de funcionario por haber sido separado del servicio con carácter firme, y atendiendo a las circunstancias y entidad de la infracción cometida. c) Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder con carácter excepcional, a petición del interesado, la rehabilitación del funcionario por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido. d) Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder la rehabilitación del funcionario por haber perdido la condición de funcionario como consecuencia de jubilación forzosa.

26. Siguiendo las previsiones recogidas en el TREBEP, tendrán la consideración de traslado forzoso: a) La movilidad de la funcionaria víctima de violencia de género y de los funcionarios víctimas del terrorismo. b) La atribución temporal de funciones, la asignación definitiva de un puesto de trabajo como consecuencia de Planes de reordenación del empleo público y la movilidad interadministrativa derivada de un proceso de transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas. c) La atribución temporal de funciones, la comisión de servicios de carácter forzoso, la movilidad de la funcionaria víctima de violencia de género y el traslado de los funcionarios víctimas del terrorismo. d) EI traslado del funcionario, su cónyuge o hijos a cargo por motivos de salud o de rehabilitación, la movilidad de la funcionaria víctima de violencia de género y la de los funcionarios víctimas del terrorismo.

27. Según el TREBEP, la provisión de puestos y movilidad del personal laboral se realizará de conformidad: a) Con este Estatuto y, en su defecto, por la legislación laboral. b) Con lo que establezcan, exclusivamente, los convenios colectivos. c) Con lo que establezcan los convenios colectivos que sean de aplicación y, en su defecto, por el sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera. d) Con lo que establezca el Estatuto de los Trabajadores.

28. Señale la respuesta correcta según el TREBEP: a) En la carrera horizontal de los funcionarios de carrera los ascensos serán, sin excepciones, consecutivos. b) Las modalidades de carrera de los funcionarios de carrera serán, en todo caso, la carrera horizontal, la carrera vertical, la promoción interna vertical y la promoción interna horizontal. c) La aplicación de la carrera vertical requerirá la aprobación previa de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño. d) Los funcionarios de carrera tendrán derecho a la promoción profesional.

29. EI nombramiento de un funcionario que reingresa al servicio activo desde la situación administrativa de excedencia por interés particular deberá efectuarse a través del procedimiento de: a) Comisión de servicios. b) Adscripción provisional. c) Atribución temporal de funciones. d) Redistribución de efectivos.

31. La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas es aplicable: a) Únicamente al personal al servicio de la Administración General del Estado. b) A cualquier empleado público que desempeñe sus tareas en el territorio nacional, incluidos los funcionarios de la Unión Europea. c) Al personal al servicio de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de los Organismos de ellas dependientes, así como de sus Asambleas Legislativas y órganos institucionales, entre otros. d) Al personal al servicio de las Administraciones Públicas que voluntariamente se sujete a ella.

32. Según el TREBEP, en lo relativo al Régimen Disciplinario: a) Las infracciones muy graves prescribirán a los seis años. b) Las infracciones graves prescribirán a los tres años. c) Las infracciones leves prescribirán a los seis meses. d) Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán a los seis meses.

17- ¿Cuántas semanas de duración tendrá el permiso por adopción según el artículo 49 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público?. a. Dieciséis semanas. b. Diecinueve semanas. c. Diez semanas. d. Seis semanas.

18- ¿Cuál de las siguientes es causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera en virtud del artículo 63 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público?. a. El incumplimiento de los principios de conducta. b. El acceso al empleo público en un organismo internacional. c. Ser nombrado alto cargo. d. La jubilación total del funcionario.

19- ¿Cuál es el procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de carrera según el artículo 79 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público?. a. La libre designación. b. El concurso. c. La adscripción provisional. d. La comisión de servicios.

71- ¿A quién se le aplica la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía?. a. Solo al personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía, a todo el personal laboral contratado por la Junta de Andalucía y al personal contratado por entidades instrumentales del sector público andaluz. b. Al personal funcionario de la Administración General, personal directivo público profesional, personal docente no universitario, personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud, personal de la Administración de Justicia de Andalucía, personal de universidades públicas andaluzas y personal contratado por entidades instrumentales del sector público andaluz. c. A todo el personal laboral contratado por la Junta de Andalucía. d. Solo al personal de la administración local andaluza.

72- Los cuerpos, escalas y especialidades se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos: a. Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 y A2, Grupo B y Grupo C, dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso. b. Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1, A2 y A3, Grupo B, dividido en dos Subgrupos B1 y B2 y Grupo C. c. Grupo A, Grupo B y Grupo C. d. Ninguna de las anteriores.

73- ¿A través de qué modalidades se desarrolla la promoción profesional del personal funcionario de carrera?. a. Carrera Horizontal, Carrera Vertical, Promoción Interna y Promoción Externa. b. Carrera Horizontal, Carrera Vertical, Promoción Interna Horizontal y Promoción Interna Vertical. c. Promoción interna que supone el reconocimiento de la promoción profesional sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo ni de actividad o Promoción externa accediendo a puestos de otras administraciones. d. Mediante el ascenso en la estructura de puestos de trabajo a través de los procedimientos legales de provisión.

50. Según el TREBEP, los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales, indique la respuesta falsa. a) Cuando sean designados como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificados como de confianza o asesoramiento político y no opten por permanecer en la situación de servicio activo. b) Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas. c) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas si no perciben retribuciones periódicas por la realización de la función. d) Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

52. Según lo dispuesto en el artículo 46 del Estatuto Público, están legitimados para convocar una reunión, además de las Organizaciones Sindicales, directamente o a través de los Delegados Sindicales: a) Los Delegados de Personal, Los Comités de Empresa y los Empleados Públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 40% del colectivo convocado. b) Los Delegados de Personal, las Juntas de Personal, los Comités de Empresa y los Empleados Públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 40% del colectivo convocado. c) Los Delegados de Personal, Los Comités de Empresa y los Empleados Públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 30% del colectivo convocado. d) Los Delegados de Personal, las Juntas de Personal, los Comités de Empresa y los Empleados Públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 30% del colectivo convocado.

9. Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en: a) Básicas y complementarias. b) Básicas, complementarias y extraordinarias. c) Sueldo y trienios.

41. Según la disposición final única del RD legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, “el presente real decreto legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor: a) El día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». b) El día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, la entrada en vigor de la duración prevista para el permiso de paternidad en el artículo 49.c) del texto refundido, se producirá en los términos previstos en la disposición transitoria sexta de dicho texto refundido. c) Ninguna de las anteriores es correcta.

85. El acceso al empleo público y la adquisición de la relación de servicio del empleado público se regula en: a) El Título V y Capítulo II del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. b) El Título IV y Capítulo I del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. c) El Episodio IV y capítulo I del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

23. EI articulo 9 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, establece que son funcionarios de carrera: a) Los que, por razones expresamente justificadas, son nombrados como tales con carácter definitivo para el desempeño de servicios públicos. b) En todo caso, quienes desempeñan puestos de trabajo que impliquen la participación directa en las funciones administrativas, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca. c) Quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.

26. De conformidad con el artículo 10.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en todo caso, la Administración formalizará de oficio la finalización de la relación de interinidad por cualquiera de las siguientes causas, además de por las previstas en su artículo 63, sin derecho a compensación alguna: a) Por la cobertura reglada del puesto por cualquier empleado público mediante los procedimientos legalmente establecidos. b) Por razones organizativas que den lugar a la selección o a la provisión o movilidad de los puestos asignados. c) Las respuestas a) y b) son incorrectas.

31. EI artículo 14 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, establece que los empleados públicos tienen los siguientes derechos: a) A la movilidad en la condición de funcionario de carrera. b) Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación. c) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio.

17. Los puestos de confianza o asesoramiento especial se suelen reservar al/a los: a) Personal eventual. b) Políticos. c) Personal laboral. d) Funcionarios.

39. La antigüedad para entrar en el cupo de promoción interna es, como regla general, de: a) Dos años. b) Cinco años. c) Depende de la plaza. d) Tres años.

16.- Conforme a 10 establecido en el artículo 10.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), la selección de funcionarios interinos serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de: a) Igualdad, mérito, capacidad, publicidad y necesidad. b) Igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad. c) Igualdad, mérito, capacidad, eficacia, eficiencia y necesidad. d) Igualdad, mérito, capacidad, eficiencia y celeridad.

19. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se de alguna de las siguientes circunstancias: La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario. EI exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses. La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de tres años. Todas las anteriores son correctas.

20. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, un funcionario de carrera que acceda a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales queda en situación administrativa de: Excedencia forzosa. Servicios especiales. Excedencia por prestación de servicios en el sector público. Excedencia voluntaria por interés particular.

21. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público ¿cuál es el tiempo máximo de duración de la excedencia por el cuidado de hijo?: 1 año. 3 años. 2 años. 6 meses.

22. Señale cuál de los siguientes requisitos será necesario reunir para poder participar en un proceso selectivo para el acceso al empleo público: Tener la nacionalidad española. Tener cumplidos quince años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Poseer experiencia en la titulación exigida. Todas son correctas.

64. De acuerdo con la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, los sistemas selectivos serán los de: Oposición o concurso-oposición exclusivamente. Oposición o concurso de valoración de méritos exclusivamente. Oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de méritos. Oposición, concurso-oposición o libre designación.

65. De acuerdo con la Ley 5/2023, 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, los órganos superiores en materia de recursos humanos son: EI Consejo de Gobierno y la Delegación de Gobierno competente en materia de Función Pública. EI Consejo de Gobierno, la Consejería competente en materia de Función Pública y el Defensor del Pueblo. EI Consejo de Gobierno y la Consejería competente en materia de Función Pública. EI Consejo de Gobierno, la Delegación de Gobierno competente en materia de Función Pública y el Defensor del Pueblo.

66. Según la Ley 5/2023, 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, le corresponde establecer, dirigir y coordinar la política general de la Junta de Andalucía en materia del personal de la Administración de la Junta de Andalucía: A la Consejería de la Presidencia. Al Consejo de Gobierno. Al Presidente de la Junta de Andalucía. A la Consejería competente en materia de Función Pública.

48. La rehabilitación tras la pérdida de la condición de funcionario, se da obligatoriamente: a) Si ha sido por la pena accesoria de inhabilitación especial, una vez cancelados los antecedentes penales. b) Si ha sido por jubilación por incapacidad permanente para el servicio, en el caso de revisión de la misma en la que se acuerde la desaparición de la causa objetiva que la motivó. c) Si ha sido por renuncia, si ésta se retira en el plazo de tres años desde la declaración de la pérdida. d) No hay obligación de la administración, la rehabilitación es siempre discrecional.

49. El artículo 89.5 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, regula que las funcionarias víctimas de violencia de género, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma, teniendo derecho a la reserva del puesto que desempeñaran: a) Durante los seis primeros meses sin posibilidad de prórroga. b) Durante los dos primeros años. c) Durante los seis primeros meses con posibilidad de prórroga si las actuaciones judiciales lo exigieran. d) Ninguna de las anteriores es correcta.

22. Conforme al artículo 48 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos: Por traslado de domicilio con cambio de residencia, un día. Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las funcionarias embarazadas, un día. Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Por asuntos particulares, siete días al año.

25. Conforme al art. 149 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, el personal funcionario de carrera podrá obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando haya prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones públicas durante un período mínimo de: Cinco años inmediatamente anteriores. Dos años inmediatamente anteriores. Tres años inmediatamente anteriores. Cuatro años inmediatamente anteriores.

EI ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales corresponderá: A cualesquiera empleados públicos al servicio de la Administración local. Exclusivamente a los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración local. Exclusivamente al personal eventual.

30. El personal funcionario de las Entidades Locales se rige por: a) La legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte el Estatuto Básico del Empleado Público. b) La legislación estatal que resulte de aplicación, de la que no forma parte el Estatuto Básico del Empleado Público. c) La legislación de las Comunidades Autónomas, con respecto a la autonomía local. d) Las respuestas a) y c) son correctas.

38. El Real Decreto Legislativo de 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, dispone que las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán: a) A los tres meses. b) A los seis meses. c) Al año. d) A los dos años.

39. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, entre los derechos retributivos se determina que: a) Las cantidades destinadas a financiar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguros tendrán a todos los efectos la consideración de retribución diferida. b) La parte de jornada no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que tendrá carácter sancionador. c) Las cantidades destinadas a financiar aportaciones a planes de pensiones, con la excepción de los contratos de seguros, tendrán a todos los efectos la consideración de retribución diferida. d) No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial igual o inferior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal.

Los empleados públicos, de conformidad con el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado público, se clasifican en: Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo por tiempo indefinido o temporal, y personal eventual. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral, ya sea fijo por tiempo indefinido o temporal. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral fijo o por tiempo indefinido.

EI Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado público, sin perjuicio de lo que puedan regular las distintas leyes de Función Público, establece que los funcionarios de carrera, podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de: A) Cinco años inmediatamente anteriores. B) Cuatro años inmediatamente anteriores. C) Tres años inmediatamente anteriores.

Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de tres años; la sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario; la ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto, y el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses. La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de cuatro años; la sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario; la ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto, y el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses. La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de cuatro años; la sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario; la ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a cuatro años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto, y el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses.

23. Según el art. 22 del TREBEP ¿no es una retribución básica?. a) Las indemnizaciones por razón del servicio. b) Los trienios. c) Los componentes de sueldo y trienios de las pagas extraordinarias. d) El sueldo.

25. Los funcionarios públicos o el personal laboral que indujeren a otros a la realización de actos o conductas constitutivas de falta disciplinaria: a) Incurrirán en responsabilidad administrativa. b) Incurrirán en la misma responsabilidad de éstos. c) Incurrirán en responsabilidad civil. d) Incurrirán en responsabilidad penal.

55. ¿Cuál no es una causa de pérdida de la condición de funcionario carrera?. a) La jubilación parcial. b) La pérdida de la nacionalidad. c) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme. d) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.

51. En la Administración Local, la Escala de Administración General no se divide en la subescala siguiente: a) Técnica. b) Facultativa. c) De gestión. d) Subalterna.

7 .- No es un derecho individual de los empleados públicos que se ejerce de forma colectiva: La libertad sindical y el ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. La formación continúa. La negociación colectiva y la participación en la determinación de las condiciones de trabajo.

9.- Al personal transferido le será de aplicación lo establecido en: La Disposición Adicional Cuarta del Estatuto de Autonomía. La Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía. La Disposición Adicional Quinta del Estatuto de Autonomía.

20 .- Es un derecho individual de los empleados públicos que se ejerce de forma colectiva: El planteamiento de conflictos colectivos de trabajo. La adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. La libre asociación profesional.

30 .- Los funcionarios de la Administración Local tendrán derecho: A las recompensas, permisos, licencias y vacaciones retribuidas previstas en la legislación sobre función publica de la Comunidad Autónoma respectiva y, supletoriamente, en la aplicable a los funcionarios de la Administración del Estado. A las recompensas, permisos, licencias y vacaciones retribuidas previstas en su Comunidad Autónoma y su Ayuntamiento. A las recompensas, permisos, licencias y vacaciones retribuidas previstas en la legislación sobre función pública de la Administración del Estado.

29. Según lo dispuesto en el tenor literal del artículo 98.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el procedimiento disciplinario que se establezca en el desarrollo de dicho Estatuto se estructurará: a) Atendiendo a los principios de eficiencia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. b) Atendiendo a los principios de eficacia, celeridad, transparencia y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. c) Atendiendo a los principios de eficacia, objetividad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable. d) Atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable.

60. Conforme a lo dispuesto en el artículo 63 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015 del Real Decreto, de 30 de octubre, es causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera: a) La pérdida de la nacionalidad. b) La jubilación parcial. c) La sanción disciplinaria de separación del servicio que no tuviera carácter firme. d) La reiteración de faltas muy graves en un período de tres años.

61. Conforme a lo dispuesto en el artículo 98.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado, no podrá exceder de: a) 4 meses. b) 6 meses. c) 3 meses. d) 1 año.

76. Conforme a lo dispuesto en el artículo 16.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la carrera horizontal de los funcionarios de carrera consiste en: a) La progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de conformidad con lo establecido en la letra b) del artículo 17 y en el apartado 3 del artículo 20 de dicho Estatuto. b) El ascenso en la estructura del puesto de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público. c) El ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, a otro superior. d) El acceso a Cuerpos o Escalas del mismo subgrupo profesional.

1. Conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, las retribuciones básicas de un funcionario: a) Son las integradas por el sueldo base, complemento de destino, grado y antigüedad. b) Son las que genéricamente retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional y su antigüedad. c) Son las que le retribuyen según la adscripción de su cuerpo o escala a un determinado Subgrupo o Grupo de clasificación y por su antigüedad en el mismo.

6. Según el art. 95 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, constituye falta disciplinaria de un funcionario calificada como muy grave: a) El incumplimiento de las funciones inherentes al puesto de trabajo que le hubieren sido encomendadas. b) La falta de respeto a un superior. c) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.

43. La excedencia para el cuidado de un familiar, podrá ser de hasta: a) 4 años. b) 2 años. c) 3 años.

87. Los órganos específicos de representación de los funcionarios son: a) Los Delegados de Personal, Junta de Personal y Secciones Sindicales. b) Los Delegados de Personal y Comité de Empresa. c) Los Delegados de Personal y las Juntas de Personal.

35. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, es un derecho del empleado público: a) La adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida, solamente, en la esfera familiar y laboral. b) La adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, solo si eres mujer. c) La adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. d) La adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida, solamente, en la esfera laboral.

51. ¿Cómo se denomina al personal, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos consignados para ese fin?. a) Personal Laboral. b) Personal Eventual. c) Funcionarios Interinos. d) Funcionarios de Carrera.

57. Indica cuál de los siguientes es uno de los derechos de carácter individual de los empleados públicos: a) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio. b) Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición de profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional. c) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral. d) Todas las respuestas son correctas.

76. El artículo 8 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, define como aquellos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales: a) A los Funcionarios públicos. b) a los Empleados públicos. c) Al Personal laboral de las Administraciones Públicas. d) Al personal estatutario.

87. Son faltas disciplinarias muy graves de los empleados públicos: a) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas. b) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro. c) La falta de asistencia no justificada 1 día. d) Las respuestas a y b son correctas.

98. En el Régimen disciplinario de los funcionarios, las sanciones impuestas por faltas graves prescribirán: a) Dos años. b) Un año. c) Tres años. d) Seis meses.

104. Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en: a) Básicas y extraordinarias. b) Sueldo y trienios. c) Básicas, complementarias y extraordinarias. d) Básicas y complementarias.

108. Los órganos específicos de representación de los funcionarios son: a) Los Delegados de Personal, Junta de Personal y Secciones Sindicales. b) Los Delegados de Personal y Comité de Empresa. c) Sindicatos con representación mayoritaria. d) Los Delegados de Personal y las Juntas de Personal.

24.- Un Funcionario en Comisión de Servicios esta en situación de: a) Servicio activo. b) Excedencia. c) Suspensión. d) Servicios especiales.

56. Las funcionarias víctimas de violencia de género o de violencia sexual, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia (artículo 89 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público): a) Sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y permaneciendo un mínimo de un año en dicha situación. b) Habiendo prestado un tiempo mínimo de dos años de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma. c) Habiendo prestado un tiempo mínimo de dos años de servicios previos y permaneciendo un mínimo de un año en dicha situación. d) Sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.

58. En materia de permisos de nacimiento, el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas se regirá por lo previsto en: a) El Convenio Colectivo de aplicación. b) Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. c) Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. d) Todas son correctas.

60. De acuerdo con el artículo 52 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los/las empleados/as públicos/as deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a una serie de principios, entre los que NO se encuentran: a) Neutralidad y responsabilidad. b) Objetividad e integridad. c) Ética y eficiencia. d) Imparcialidad y confidencialidad.

63. Entre los principios éticos señalados en el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, no se menciona: a) Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico. b) Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público. c) Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia. d) Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el código penal.

7. Dentro de las retribuciones básicas, recogidas en el artículo 22 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se encuentra el sueldo: a) Asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo. b) Asignado a cada Grupo de clasificación profesional, no teniéndose en cuenta en esta retribución el Subgrupo. c) Asignado a cada Subgrupo, no teniéndose en cuenta en esta retribución el Grupo. d) Asignado por la Ley de Presupuestos del Estado, igual para a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional.

41. De conformidad con el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, relativo a los principios éticos, NO se encuentra: b) Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio. c) Se recusarán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público. d) Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización. a) Los/as empleados/as públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico.

57. Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales (artículo 87 de Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público): a) Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a tres meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional. b) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas si no perciben retribuciones periódicas por la realización de la función. c) Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. d) Cuando sean activados como reservistas forzosos para prestar servicios en las Fuerzas Armadas.

8. Según el artículo 2.1 de la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, ésta será de aplicación a: a) El personal que desempeñe funciones públicas y perciba sus retribuciones mediante arancel. b) El personal al servicio de Entes y Organismos públicos a los que le sea de aplicación la Ley de Entidades Estatales Autónomas. c) El personal al servicio de Entidades y Corporaciones de Derecho Público en cualquier caso. d) El personal que preste servicios en Empresas en que la participación del capital de las Administraciones Públicas sea superior al 40 por 100.

2 .- El sistema de selección consistente en la superación de las pruebas exigidas en la convocatoria para determinar la aptitud de los aspirantes se denomina: a .- Sistema de oposición libre. b .- Sistema de concurso-oposición. c .- Sistema de libre designación.

3 .- El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades por parte de los funcionarios está considerado una falta: a .- Grave. b .- Muy grave. c .- No se considera una falta sino un delito.

12. El artículo 169 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, establece que son faltas graves: a. La realización, dentro de la jornada laboral, de manera reiterada o con ánimo de lucro, de otro tipo de actividades personales o profesionales. b. La segunda falta injustificada de asistencia en un periodo de seis meses, cuando la anterior hubiera sido objeto de sanción por falta leve. c. La tercera falta injustificada de asistencia en un periodo de seis meses, cuando las dos anteriores hubieran sido objeto de sanción por falta leve. d. La realización, dentro o fuera de la jornada laboral, de manera reiterada o con ánimo de lucro, de otro tipo de actividades personales o profesionales.

El artículo 4 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, establece que la ordenación y regulación de la función pública andaluza se basa en los siguientes principios y fundamentos de actuación: a. Sometimiento a la Constitución, al Estatuto de Autonomía para Andalucía y demás normativa local de desarrollo que le resulte de aplicación. b. Igualdad, transparencia y rendición de cuentas. c. Racionalización y agilización de los expedientes administrativos. d. Igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, así como no discriminación en todas sus facetas.

39. El artículo 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece: a. Los procedimientos de selección del personal laboral serán privados, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad y mérito. b. Los procedimientos de selección del personal laboral serán públicos o privados, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad y mérito. c. Los procedimientos de selección del personal laboral serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito y capacidad. d. Los procedimientos de selección de personal laboral serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia.

29. Según el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en: a. Funcionarios de carrera, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal eventual. b. Funcionarios de carrera, funcionarios y personal laboral, ya sea fijo, por tiempo definido o temporal. c. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal eventual. d. Funcionarios de carrera, funcionarios y personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.

30. Según el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los órganos de selección: a. Podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria. b. Podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número igual o superior de aprobados al de plazas convocadas, salvo que se decida por los órganos de selección. c. No podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria. d. No podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número mayor de aprobados al de plazas convocadas, salvo que se decida por los órganos de selección.

33. Según el artículo 16 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Publica de Andalucía, el personal laboral fijo es: a. El contratado con carácter permanente sin superar un proceso selectivo. b. El contratado por tiempo justificado y determinado. c. Aquel que respeta los principios de capacidad y criterios de idoneidad. d. El contratado con carácter permanente tras superar un proceso selectivo.

36. Según el artículo 157.2 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, ¿Cuánto tiempo deberá permanecer el funcionario de carrera en excedencia voluntaria incentivada?: a. Un periodo indeterminado. b. Un periodo de 2 años. c. Un periodo de 10 años. d. Un periodo de 5 años.

32 .- Por excepción, el personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de los cargos electivos siguientes: a) Miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, salvo que perciban retribuciones periódicas por el desempeño de la función o que por las mismas se establezca la incompatibilidad, y miembros de las Corporaciones Locales. b) Miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, salvo que perciban retribuciones periódicas por el desempeño de la función o que por las mismas se establezca la incompatibilidad, y miembros de las Corporaciones Locales, salvo que ejerzan su cargo con dedicación exclusiva. c) Miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, salvo que perciban retribuciones periódicas por el desempeño de la función o que por las mismas se establezca la incompatibilidad, y miembros de las Corporaciones Locales, salvo que ejerzan su cargo con dedicación parcial. d) Miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, salvo que perciban retribuciones periódicas por el desempeño de la función o que por las mismas se establezca la incompatibilidad.

33 .- Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario, en el ámbito de la función pública, resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad: a) Se suspenderá su tramitación poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. b) No se suspenderá la tramitación, sin perjuicio de su remisión al Ministerio Fiscal. c) No se podrá remitir al Ministerio Fiscal hasta que no haya finalizado la instrucción del procedimiento disciplinario. d) Ninguna de las anteriores es correcta.

36. De acuerdo con el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), ¿qué porcentaje de las vacantes se reservará en las ofertas de empleo público para ser cubiertas entre personas con discapacidad?. a) Un porcentaje no inferior al 7%, de manera que, al menos, el 2% de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. b) Un porcentaje no inferior al 5%, de manera que, al menos, el 2% de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. c) Un porcentaje no inferior al 8%, de manera que, al menos, el 3% de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

13.- El régimen disciplinario de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional se rige: a) Con carácter principal, por el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015. b) Con carácter principal, por el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto 128/2018. c) Con carácter principal, por el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015 y por las especialidades previstas en el Real Decreto 128/2018. d) Ninguna es correcta.

18.- Conforme al art. 20 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: a) Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos. b) Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos. c) Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, a criterios de objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos. d) Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, a criterios de objetividad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos.

19.- Conforme al artículo 10 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: La Administración formalizará de oficio la finalización de la relación de interinidad por cualquiera de las siguientes causas, además de por las previstas en el artículo 65, sin derecho a compensación alguna: -Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos. -Por razones organizativas que den lugar a la supresión de los puestos asignados. -Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento. -Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento. -Por renuncia del funcionario que cubre la plaza. La Administración formalizará de oficio la finalización de la relación de interinidad por cualquiera de las siguientes causas, además de por las previstas en el artículo 63, sin derecho a compensación alguna: -Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos. -Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los puestos asignados. -Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento. -Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento. Por razones organizativas que den lugar a la supresión de los puestos asignados. -Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento. -Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento. -Por renuncia del funcionario que cubre la plaza. La Administración formalizará de oficio la finalización de la relación de interinidad por cualquiera de las siguientes causas, además de por las previstas en el artículo 63, sin derecho a compensación alguna: -Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos. -Por renuncia del funcionario que cubre la plaza. -Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento. -Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento.

De acuerdo con lo establecido en el art. 50 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de: 22 días hábiles. Un mes. 30 días hábiles. 24 días hábiles.

De acuerdo con el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuál de los siguientes es un derecho individual que se ejerce de forma colectiva: Derecho a la libertad sindical. Derecho de asociación colectiva. Derecho a la libre asociación profesional. Derecho a la libertad de expresión en reuniones sindicales.

34. De acuerdo con el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, relativo al personal eventual, señale la opción que no es correcta: El nombramiento y cese serán libres. La condición de personal eventual podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para la promoción interna. Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.

De acuerdo con lo establecido en el art. 95 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas tendrá la consideración de falta: Grave. Muy grave. Leve. No es constitutivo de falta.

36. De acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cómo se rige el personal funcionario de las entidades locales?. a) Únicamente por los reglamentos internos de cada ayuntamiento, sin interferencia estatal. b) Exclusivamente por el Estatuto de los Trabajadores. c) Por la legislación estatal aplicable (incluyendo el TREBEP) y por la legislación de las comunidades autónomas, respetando la autonomía local. d) Por la normativa específica de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.

37. En el marco del régimen disciplinario, según el artículo 96.1.a) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál de las siguientes sanciones solo puede imponerse por la comisión de faltas clasificadas como muy graves?. a) El apercibimiento. b) El traslado forzoso con cambio de localidad. c) El demérito o penalización en la carrera profesional. d) La separación del servicio de los funcionarios.

38. ¿Cuáles son las clases de personal empleado público según el artículo 12.2 de la ley 5/2023 de la Función Pública de Andalucía?. a) Personal funcionario de carrera, personal funcionario interino, personal laboral y personal eventual. b) Personal directivo público profesional, personal funcionario, personal laboral y personal de confianza. c) Personal funcionario de carrera, personal laboral fijo y personal laboral temporal únicamente. d) Personal funcionario docente, personal estatutario, personal de justicia y personal investigador.

R.9. Según el artículo 59.4 de la Ley 5/2023 de la Función Pública de Andalucía, ¿cuál de los siguientes es un principio rector de la evaluación del desempeño?. a. Confidencialidad de los criterios y discrecionalidad técnica. b. Subjetividad en los instrumentos de valoración y selección. c. Fiabilidad de los instrumentos y periodicidad de la evaluación. d. Evaluación excepcional y no discriminación por discapacidad.

33.- Según el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: a) sólo las personas de nacionalidad española pueden acceder a la función pública. b) los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea pueden acceder como personal funcionario a cualquier empleo público en igualdad de condiciones que los españoles. c) por ley de la asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma puede eximirse del requisito de la nacionalidad por razones de interés general para el acceso a la condición de personal funcionario. d) los extranjeros con residencia legal en España pueden acceder al empleo público como personal funcionario en igualdad de condiciones que los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.

34.- Según el artículo 59 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al: a) siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, de manera que, al menos, el tres por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual. b) siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual. c) seis por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual. d) seis por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, de manera que, al menos, el tres por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual.

35.- Según el artículo 61 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: a) en ningún caso los órganos de selección podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocadas. b) los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición, concurso-oposición o, con carácter excepcional, el concurso de valoración de méritos. c) siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de un número inferior de aspirantes que el de plazas convocadas, con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera. d) los procesos selectivos pueden completarse con la exposición curricular por los candidatos.

36.- Según el artículo 67 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: a) la jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y siete años de edad. b) a petición del interesado, la Administración Pública aceptará la permanencia del funcionario en su puesto de trabajo hasta cumplir los setenta años de edad. c) quedan excluidos de la edad general de jubilación forzosa de los funcionarios aquellos que estén sujetos a un régimen específico de jubilación, establecido por normas estatales o autonómicas. d) la edad de la jubilación forzosa del personal funcionario incluido en el Régimen General de la Seguridad Social será en todo caso la que prevean las normas reguladoras de dicho régimen.

37.- Según el artículo 95.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público constituye falta muy grave: a) no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas. b) el abuso de autoridad en el ejercicio del cargo. c) las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen daño a la Administración o a los administrado. d) la tolerancia de los superiores respecto de la comisión de faltas muy graves de sus subordinados.

38.- Según el artículo 95.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público constituye falta muy grave: a) intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención. b) las acciones u omisiones dirigidas a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo. c) la emisión de informes manifiestamente ilegales. d) la publicación de la información a que hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.

39.- Según el artículo 96 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones: a) separación del servicio de los funcionarios, que sólo podrá sancionar la comisión de faltas graves y muy graves. b) separación del servicio del personal laboral, que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves. c) suspensión provisional de funciones, con una duración máxima de 6 años. d) demérito.

40.- Según el artículo 97 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: a) las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los dos años desde la notificación de la resolución sancionadora. b) las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán a los seis meses desde la emisión de la resolución sancionadora. c) las infracciones leves prescribirán al año desde que se hubieran cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas. d) las infracciones graves prescribirán a los dos años desde que se hubieran cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas.

41.- Según el artículo 98 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: a) el procedimiento disciplinario se estructurará atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y seguridad jurídica. b) el procedimiento disciplinario se estructurará atendiendo a los principios de eficacia, eficiencia y seguridad jurídica. c) el procedimiento disciplinario se estructurará atendiendo a los principios de eficacia, proporcionalidad y presunción de inocencia. d) en el procedimiento disciplinario existirá separación entre la fase instructora y sancionadora.

42.- Según el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios interinos son nombrados cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: a) la existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de cuatro años. b) la sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario. c) la ejecución de programas de carácter temporal que no podrán tener una duración superior a dos años, ampliables hasta doce meses más. d) el exceso de tareas por un plazo máximo de nueve meses, dentro de un período de veinticuatro meses.

43.- Según el artículo 12 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿qué afirmación sobre el personal eventual es INCORRECTA?: a) las Leyes de Función Pública determinarán los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas que pueden disponer de personal eventual. b) la condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la función pública, pero sí para la promoción interna del personal eventual que tenga la condición de funcionario. c) el personal eventual sólo realiza funciones de confianza o asesoramiento especial. d) al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.

44.- Según el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual: a) a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales dentro de su horario laboral. b) a realizar sus funciones en modalidad de teletrabajo, en los términos establecidos en el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre. c) a la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos. d) a la inamovilidad en el puesto de trabajo.

45.- Según el artículo 20 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: a) la evaluación del desempeño está sujeta a los principios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación. b) la evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide la capacitación profesional y el rendimiento del empleado. c) la continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso no puede quedar vinculada a la superación de la evaluación del desempeño. d) la percepción de retribuciones no puede quedar vinculada a la superación de la evaluación del desempeño.

46.- Según el artículo 22 de Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: a) las pagas extraordinarias del personal laboral serán tres al año, cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias. b) el incremento anual de las retribuciones básicas de los funcionarios queda establecido por convenio colectivo y deberá reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente ley de presupuestos. c) las retribuciones básicas retribuyen al funcionario según la adscripción de su cuerpo o escala a un determinado Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, por la progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa y por su antigüedad. d) no podrá percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las Administraciones Públicas como contraprestación de cualquier servicio, participación o premio en multas impuestas.

47.- Según el artículo 30, apartado 2, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, quienes ejerciten el derecho de huelga: a) no devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esa situación, sin que la deducción de haberes afecte al régimen respectivo de sus prestaciones sociales. b) podrán ver reducidas sus retribuciones en proporción al tiempo en que hayan permanecido en esa situación, quedando suspendida en este caso la obligación de cotizar. c) podrán ver reducidas sus retribuciones en proporción al tiempo en que hayan permanecido en esa situación, sin que la reducción de haberes afecte a la obligación de cotizar. d) podrán ver reducidas sus retribuciones en proporción al tiempo en que hayan permanecido en esa situación, sin que la reducción de haberes afecte al régimen respectivo de sus prestaciones sociales.

48.- Según el artículo 31 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: a) por participación institucional se entiende el derecho de los empleados públicos a participar, a través de los representantes y órganos unitarios constituidos, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine. b) por representación, a efectos de esta Ley, se entiende el derecho de los empleados públicos a estar representados a través de las organizaciones sindicales en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine. c) la negociación colectiva de los funcionarios públicos se regirá por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos de este capítulo que expresamente les son de aplicación. d) los procedimientos para determinar condiciones de trabajo en las Administraciones Públicas tendrán en cuenta las previsiones establecidas en los convenios y acuerdos de carácter internacional ratificados por España.

50.- Según el artículo 37 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuál de las siguientes materias puede quedar excluida de la negociación colectiva: a) las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales. b) los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica. c) los criterios generales de acción social. d) los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos.

51.- Según el artículo 47 bis del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: a) el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se regirá, en materia de teletrabajo, por lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores y por sus normas de desarrollo. c) el empleado público que solicite la modalidad de teletrabajo debe garantizar que el lugar donde vaya a realizar la prestación de servicios cumple con los requisitos establecidos por la normativa de prevención de riesgos laborales. b) la modalidad de teletrabajo será objeto de negociación colectiva. d) los empleados que deseen optar a la modalidad de teletrabajo deben participar en una convocatoria realizada al efecto por la Administración Pública en que presten servicio.

52.- Según el artículo 48 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios tendrán los siguientes permisos: a) por cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal en los términos que se determine reglamentariamente. b) por el tiempo indispensable para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud. d) por intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad. c) por el tiempo tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales.

46. Según el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: a) No se establece nada acerca del nombramiento y cese del personal eventual. b) El nombramiento y cese del personal eventual serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento. c) Se establece que el nombramiento del personal eventual se atendrá a los principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad y se llevarán a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. d) El nombramiento y cese del personal eventual serán libres. El cese tendrá lugar, sólo en algunos casos, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento.

48. Según el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por traslado de domicilio sin cambio de residencia se tendrá un permiso de: a) Un día. b) Cinco días. c) Tres días. d) Ningún día, ya que no se produce cambio de residencia.

49. Es causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera, que establece el R. D. 5/2015 de 30 de octubre (artículo 63): a) La pérdida de la vida. b) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme o provisional. c) El ingreso en prisión. d) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme.

50. En la oferta pública de empleo, y en referencia a las personas con discapacidad, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (artículo 59), establece que: a) Se reservará un cupo no inferior al diez por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública, de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual, (del treinta y tres por ciento) y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. b) Se reservará un cupo no inferior al treinta y tres por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, de modo que progresivamente se alcance el quince por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública, de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad discapacidad. c) Se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el diez por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública. La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, la mitad de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. d) Se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública. La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

51. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015 (artículo 60), de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, no podrán formar parte de los órganos de selección: a) El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal laboral. b) El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual. c) El personal de elección de una administración distinta a la que convoca, los funcionarios interinos y el personal laboral. d) El personal de libre elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal estatutario de los Servicios de Salud.

52. En el artículo 55, principios rectores, del Título IV del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público se establece que: a) Todos los ciudadanos españoles tienen derecho al acceso al empleo público, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad de género, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico. b) Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico. c) Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad de género, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico. d) No todos los ciudadanos tienen igual derecho al acceso al empleo público, ya que el acceso está regulado en cada convocatoria, de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.

53. Conforme a lo estipulado en el artículo 73 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: a) Las Administraciones Públicas podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen sin merma en las retribuciones. b) Las Administraciones Públicas no podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo, que el personal asignado disponga de las que desempeñen siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen, sin el consentimiento del interesado y sin merma en las retribuciones. c) Las Administraciones Públicas que asignen a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen, deberán indemnizar al interesado en la medida de las nuevas responsabilidades. d) Las Administraciones Públicas podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, sin que las necesidades del servicio lo justifiquen y sin merma en las retribuciones.

54. En el artículo 79 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se establece que las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto establecerán el plazo mínimo de ocupación de los puestos obtenidos por concurso para poder participar en otros concursos de provisión de puestos de trabajo. a) El enunciado es correcto. b) El enunciado no es correcto, porque en ese artículo se establece como mínimo un plazo de dos años. c) El enunciado no es correcto, porque en ese artículo se establece como mínimo un plazo de tres años. d) El enunciado no es correcto, porque en ese artículo se establece como máximo un plazo de dos años.

55. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece la siguiente posibilidad: a) En su artículo 81, se expone que como norma general, no podrán proveerse puestos de trabajo con carácter provisional, excepto casos debidamente motivados y por necesidades del servicio. b) En su artículo 81, se expone que en caso de urgente e inaplazable necesidad, los puestos de trabajo podrán proveerse con carácter provisional debiendo procederse a su convocatoria pública dentro del plazo que señalen las normas que sean de aplicación y que en todo caso, no podrán superar los dos años. c) En su artículo 81, se expone que en caso de urgente e inaplazable necesidad, los puestos de trabajo podrán proveerse con carácter provisional debiendo procederse a su convocatoria pública dentro del plazo que señalen las normas que sean de aplicación. d) En su artículo 81, se expone que en caso de urgente e inaplazable necesidad, los puestos de trabajo podrán proveerse con carácter provisional debiendo procederse a su convocatoria pública dentro del plazo que señalen las normas que sean de aplicación y que en todo caso, no podrá superar los dos años consecutivos o cinco continuados.

57. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (artículo 97), establece que: a) Las infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los tres años y las leves a los seis meses. b) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. c) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves al año y las leves a los seis meses. d) Las infracciones muy graves prescribirán a los diez años, las graves a los dos años y las leves al año.

58. En el artículo 94 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se establece que, la potestad disciplinaria, se ejercerá de acuerdo con unos principios, siendo uno de ellos: a) El principio de presunción de inocencia. b) El principio de presunción de culpabilidad. c) No existen principios tasados para ejercer la potestad disciplinaria. d) El RD establece que los principios los determinarán los distintos convenios colectivos.

59. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (artículo 95), el acoso laboral es una falta: a) Grave. b) Muy grave. c) Leve. d) No es falta y habrá que estar a lo establecido en los convenios.

65. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 2, el personal docente y el personal estatutario de los Servicios de Salud se regirán por: La legislación específica dictada por las comunidades autónomas. La legislación específica dictada por las Comunidades Autónoma en el ámbito de sus respectivas competencias. Lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público, excepto el Capítulo II del Título III, salvo el artículo 20, y los artículos 22.3, 24 y 84. Todas las anteriores son correctas.

66. El Título II del Estatuto Básico del Empleado Público se denomina: a) Personal al servicio de las Administraciones Públicas. b) Objeto y ámbito de aplicación. c) Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos. d) Adquisición y pérdida de la relación de servicio.

68. De acuerdo con el art.10.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de: a) mérito y capacidad. b) igualdad, mérito y capacidad. c) igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad. d) igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

70. El Título III del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se denomina: a) Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos. b) Derechos de los funcionarios de carrera. c) Ámbito de aplicación. d) Perdida de la relación de servicio.

71. De acuerdo al art. 12.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, es Personal eventual. a) El que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial. b) El Funcionario interino. c) Cualquier empleado público, independientemente de la Escala. d) El Personal Laboral.

72. Son deberes de los empleados públicos, según el art. 52 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. actuar con arreglo a los siguientes principios: responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad y eficacia.

74) El Título IV del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público se denomina. a) Código de conducta del empleado público. b) Adquisición y pérdida de la relación de servicio. c) Acceso al empleo publico. d) Principios rectores del EBEP.

75. De acuerdo con el art. 55.2 a) b) y c), además de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, las Administraciones públicas, entidades y organismos sujetos al EBEP seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los siguientes principios: a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. b) Tener la nacionalidad española. c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

77. Según el art. 64.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de ser: a) Manifestada por escrito. b) Manifestada por escrito y aceptada expresamente por la Administración. c) No es necesario hacerla por escrito. d) Será comunicada por correo electrónico.

79. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su art. 87.1, establece que los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales: a) Cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o de los consejos de justicia de las comunidades autónomas. b) Cuando se encuentren en situación de excedencia. c) Cuando no se encuentren en servicio activo. d) Cuando se encuentren en servicio en otras administraciones.

45. Según el art. 38.4 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los Pactos y Acuerdos. a) deberán determinar las partes que los conciertan, el ámbito personal, funcional, territorial y temporal, así como la forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los mismos. b) deberán determinar las partes que los conciertan, el ámbito personal, territorial y temporal, así como la forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los mismos. c) deberán determinar las partes que los conciertan, el ámbito personal, funcional y temporal, así como la forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los mismos. d) deberán determinar las partes que los conciertan, el ámbito personal, funcional, territorial y temporal, así como la forma de preaviso.

46. Según el art. 39.5 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico, a una unidad electoral compuesta por 367 funcionarios tendrá una Junta de Personal compuesta por: a) 10 miembros. b) 11 miembros. c) 12 miembros. d) 13 miembros.

48. Según el art. 95 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las faltas graves serán establecidas por ley de las Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral, atendiendo a las siguientes circunstancias: a) El grado en que se haya vulnerado la legalidad, la gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la Administración o de los ciudadanos y el descrédito para la imagen pública de la Administración. b) El grado en que se haya vulnerado la legalidad, la gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la Administración o de los ciudadanos, el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad, el grado en que se haya vulnerado la legalidad y el descrédito para la imagen pública de la Administración. c) El grado en que se haya vulnerado la legalidad, la gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la Administración o de los ciudadanos, el incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga y el descrédito para la imagen pública de la Administración. d) El grado en que se haya vulnerado la legalidad, la gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la Administración o de los ciudadanos, la violación de la imparcialidad y el descrédito para la imagen pública de la Administración.

49. Según el art. 46 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, están legitimados para convocar una reunión, además de las organizaciones sindicales, directamente o a través de los Delegados Sindicales: a) Los Delegados de Personal, las Juntas de Personal, los Comités de Empresa y los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 30 por 100 del colectivo convocado. b) Los Delegados de Personal, las Juntas de Personal, los Comités de Empresa y los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 50 por 100 del colectivo convocado. c) Los Delegados de Personal, las Juntas de Personal, los Comités de Empresa y los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 40 por 100 del colectivo convocado. d) Los Delegados de Personal, las Juntas de Personal, los Comités de Empresa y los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 45 por 100 del colectivo convocado.

51. Señale la respuesta incorrecta en aplicación de lo dispuesto en el art. 64 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: a) la renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de ser manifestada por escrito y siempre será aceptada expresamente por la Administración. b) la renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de ser manifestada por escrito y será aceptada expresamente por la Administración salvo que haya sido dictado contra el funcionario auto de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito. c) la renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de ser manifestada por escrito y será aceptada expresamente por la Administración salvo que haya sido dictado contra el funcionario auto de procesamiento. d) la renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de ser manifestada por escrito y será aceptada expresamente por la Administración salvo que el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario.

53. Según el art. 84.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: a) Los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública a través de los procedimientos de movilidad , en el supuesto de cese de un puesto obtenido por libre designación continuarán a todos los efectos en servicio activo en dicha Administración hasta que la Administración de destino, en el plazo máximo de un seis meses a contar desde el día siguiente al del cese, acuerde la adscripción del funcionario a otro puesto de la misma o le comunique que no va a hacer efectiva dicha adscripción. b) Los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública a través de los procedimientos de movilidad , en el supuesto de cese de un puesto obtenido por libre designación continuarán a todos los efectos en servicio activo en dicha Administración hasta que la Administración de destino, en el plazo máximo de un tres meses a contar desde el día siguiente al del cese, acuerde la adscripción del funcionario a otro puesto de la misma o le comunique que no va a hacer efectiva dicha adscripción. c) Los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública a través de los procedimientos de movilidad , en el supuesto de cese de un puesto obtenido por libre designación continuarán a todos los efectos en servicio activo en dicha Administración hasta que la Administración de destino, en el plazo máximo de dos meses a contar desde el día siguiente al del cese, acuerde la adscripción del funcionario a otro puesto de la misma o le comunique que no va a hacer efectiva dicha adscripción. d) Los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública a través de los procedimientos de movilidad , en el supuesto de cese de un puesto obtenido por libre designación continuarán a todos los efectos en servicio activo en dicha Administración hasta que la Administración de destino, en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente al del cese, acuerde la adscripción del funcionario a otro puesto de la misma o le comunique que no va a hacer efectiva dicha adscripción.

54. Señale la respuesta correcta en aplicación de lo que se recoge en el art. 22.4 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: a) las pagas extraordinarias serán dos al año cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias, incluidas las que se refieren al grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos y los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo la jornada normal de trabajo. b) las pagas extraordinarias serán dos al año cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias, salvo las que se refieren a los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo. c) las pagas extraordinarias serán dos al año cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias, salvo las que se refieren al grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos. d) las pagas extraordinarias serán dos al año cada una por el importe de una mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias, salvo las que se refieren al grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos y los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.

55. Según el art. 48.i) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios tendrán derecho al siguiente permiso: a) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cuarenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. b) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes. c) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de dos meses. d) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cuarenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de dos meses.

56. Según el art. 49.a) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el permiso por parto se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de: a) 10 semanas adicionales. b) 11 semanas adicionales. c) 12 semanas adicionales. d) 13 semanas adicionales.

57. Señale la respuesta completamente correcta según el art. 62.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos: a) Superación del proceso selectivo, nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente, acto de acatamiento de la Constitución y toma de posesión dentro del plazo que se establezca. b) Superación del proceso selectivo, nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente, acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente, y toma de posesión dentro del plazo que se establezca. c) Superación del proceso selectivo, nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente, acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico, y toma de posesión dentro del plazo que se establezca. d) Superación del proceso selectivo, nombramiento por el órgano o autoridad competente, acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico, y toma de posesión dentro del plazo que se establezca.

58. Señale la respuesta completamente correcta según el art. 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Basico del Empleado Público: a) Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos. b) Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos. c) Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos y los sistemas de provisión. Dichos instrumentos serán públicos. d) Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.

62) Los sistemas de provisión de puestos de trabajo se recogen en: a) El Título IV del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. b) El Título V del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. c) El Título III del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. d) El Título VI del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

63) Los sistemas selectivos de los funcionarios públicos se recogen en: a) El Título IV del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. b) El Título V del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. c) El Título III del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. d) El Título VI del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

64) El derecho a la participación institucional de los funcionarios públicos se recoge en: a) El Título IV del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. b) El Título V del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. c) El Título III del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. d) El Título VI del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

21. En caso de que dos funcionarios generen derecho a disfrutar de una excedencia por cuidado de familiares por el mismo sujeto causante: a) Solo uno de ellos podrá disfrutar tal derecho. b) Ambos podrán disfrutar tal derecho. c) La Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios. d) El derecho corresponderá al funcionario de mayor antigüedad.

22. El período de permanencia del funcionario en excedencia por cuidado de familiares se computará a efectos de: a) Trienios. b) Carrera. c) Derechos en régimen de seguridad social. d) Todas las respuestas son correctas.

3.- Según el art. 98 del Estatuto Básico del Empleado Público, un funcionario en suspensión de funciones provisional tendrá derecho a percibir: a) El 100 % de sus retribuciones básicas. b) El 75% de sus retribuciones básicas y de las complementarias. c) El 100% hasta que se resuelva el expediente de suspensión. d) El 100% de sus retribuciones básicas y el 75% de las complementarias.

17.- Según el art. 20 del Estatuto Básico del Empleado Público, las Administraciones Públicas no determinarán los efectos de la evaluación: a) En la formación. b) En la carrera profesional vertical. c) En la provisión de puestos de trabajo. d) En la percepción de retribuciones complementarias previstas en el Estatuto Básico del Empleado Público.

23.- De acuerdo con el art. 16 de la Ley 53/1984, ¿podrá reconocerse compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de complementos específicos o concepto equiparable?. a) Sí, por excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en dicha ley, cuando su cuantía no supere el 30% de sus retribuciones básicas y complementarias, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad. b) No. c) Sí, por excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en dicha ley, cuando su cuantía no supere el 30% de su retribución básica, incluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad. d) Sí, por excepción y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en dicha ley, cuando su cuantía no supere el 30% de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad.

31 .- Para encargarse del cuidado directo de un familiar de segundo grado por razones de enfermedad muy grave, el empleado tendrá derecho a: a) Una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por el plazo de un mes. b) Una reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de retribuciones que corresponda. c) Ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras.

32 .- Para la imposición de una sanción por falta leve es preceptivo: a) La previa instrucción de expediente disciplinario. b) El tramite de audiencia al inculpado. c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

33 .- La Junta de Personal será informada de la imposición de una sanción por falta grave en un expediente disciplinario incoado a: a) Un delegado sindical. b) Cualquier empleado. c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta.

67 .- Para el ejercicio de actividades privadas según la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades, podrá reconocerse la compatibilidad al personal que desempeñe puestos de trabajo que comporten la percepción de un complemento específico: a) Cuya cuantía no supere el 30% de su retribución básica. b) Sin límite de cuantía. c) Ninguna de las anteriores es correcta.

71 .- Las Administraciones Públicas...: a) Están obligadas por la normativa vigente a establecer sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados. b) Deberán establecer sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados cuando se aprueben las respectivas normativas de Función Pública de las Comunidades Autónomas. c) Pueden cesar a sus empleados de los puestos de trabajo obtenidos por concurso mediante resolución motivada, dando audiencia a los representantes sindicales y adscribiendo al interesado en un puesto de trabajo correspondiente al mismo grupo de titulación.

72 .- Los órganos de gobierno de una Administración Pública ¿podrán conceder la rehabilitación de quien hubiera perdido la condición de funcionario por haber sido condenado a pena principal de inhabilitación?: a) Sí, con carácter excepcional, a petición del interesado y atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido. b) Sí, con carácter excepcional cuando se trate de pena accesoria, a petición del interesado y atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido. c) Sí, con carácter excepcional, a petición del interesado, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido y con informe favorable del titular del Juzgado que haya impuesto la pena.

73 .- Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público podrán regular una situación administrativa diferente de las establecidas en el mismo: a) Cuando convenga incentivar la cesación en el servicio activo. b) Las situaciones administrativas tienen el carácter de normativa básica y sólo pueden ser las establecidas en el Estatuto Básico del Empleado Público. c) Cuando se conceda permiso solidario por un periodo superior a seis meses.

53 .- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, para acceder a la Administración como empleado público se requiere tener una edad de: a) 16 años. b) 18 años. c) 16 años para personal laboral y 18 para funcionario. d) 17 años.

54 .- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, las Administraciones Públicas, deberán garantizar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como los de publicidad, transparencia, imparcialidad, independencia y discrecionalidad técnica, a las funciones o tareas a desarrollar, agilidad y objetividad en la selección de: a) Personal laboral fijo y funcionarios de carrera. b) Los funcionarios y personal laboral. c) Personal laboral fijo e indefinido y funcionarios. d) Todos los empleados públicos.

56 .- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo: a) Carrera horizontal. b) Carrera vertical. c) Promoción interna vertical. d) Promoción interna horizontal.

57. No se constituye como una característica de los órganos de selección de los empleados públicos: a) su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros. b) Se tenderá a la paridad entre mujer y hombre. c) el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección. d) Puede ostentarse la representación de un miembro del tribunal en caso de ausencia de otro miembro del propio tribunal.

59. Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones: a) Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que en cada caso se establezca. b) Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria. c) Apercibimiento. d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Según el art. 16 de la LFPA el personal laboral temporal es el que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, es contratado por tiempo determinado, previa selección en la que deben respetarse los principios de: Celeridad, igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Celeridad, igualdad, mérito, idoneidad y publicidad. Celeridad, igualdad, mérito, capacidad y necesidad.

Según el art. 22 de la LFPA, la selección del personal directivo público profesional obedecerá a los principios de: Igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Igualdad, mérito y capacidad. Mérito, capacidad y publicidad. Idoneidad y profesionalidad.

Según el art 59.4 de la LFPA, la evaluación del desempeño se guiará por los siguientes principios (señala la incorrecta): Transparencia. Objetividad. Neutralidad. Periodicidad.

Según el art. 59.4 de la LFPA, la evaluación del desempeño se guiará por los siguientes principios (señala la incorrecta): Independencia técnica. Imparcialidad. Publicidad. No discriminación.

Según el art. 82 de la LFPA, la negociación colectiva de condiciones de trabajo del personal que presta servicios en las Administraciones publicas de Andalucía estará sujeta a los principios de (señala la incorrecta): Legalidad. Cobertura presupuestaria. Obligatoriedad. Coordinación.

Según el art 82 de la LFPA, la negociación colectiva de condiciones de trabajo del personal que presta servicios en las Administraciones publicas de Andalucía estará sujeta a los principios de (señala la incorrecta): Buena fe negocial. Confianza legítima. Integridad. Cooperación.

Según el art. 82 de la LFPA, la negociación colectiva de condiciones de trabajo del personal que presta servicios en las Administraciones publicas de Andalucía estará sujeta a los principios de (señala la incorrecta): Confianza legítima. Publicidad. Obligatoriedad. Prescripción.

Según el art. 166 de la LFPA, la potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios (señala la incorrecta): Legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la predeterminación normativa o, en el caso del personal laboral, de los convenios colectivos y legislación laboral. Irretroactividad de las disposiciones disciplinarias no favorables y retroactividad de las favorables a la persona presuntamente infractora, así como a la persona infractora respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. Proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como a su aplicación. Imprescriptibilidad.

Segun el art 166 de la LFPA, la potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios (señala la incorrecta): Culpabilidad. Presunción de inocencia. Prescripción. Transparencia.

Según el art. 13 del TREBEP, la designación del personal directivo atenderá a principios de: Mérito e igualdad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. Mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. Mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y transparencia. Igualdad, mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.

Según el art. 10 del TREBEP, los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán: Privados, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad, y tendrán por finalidad la cobertura inmediata del puesto. Públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad, y tendrán por finalidad la cobertura inmediata del puesto. Públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia, y tendrán por finalidad la cobertura inmediata del puesto. Públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, celeridad y transparencia y tendrán por finalidad la cobertura inmediata del puesto.

Según el art. 78 TREBEP, las Administraciones Publicas proveerán los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de: Igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad. Igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia. Igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Igualdad, mérito, capacidad, idoneidad y publicidad.

Según el art. 60 del TREBEP: Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de parcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de idoneidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad técnica y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.

Según el art. 91 de la LBRL, ¿Cuáles son los principios que se deben garantizar en la selección de todo el personal?. Igualdad, mérito y capacidad. Igualdad, mérito, capacidad y transparencia. Igualdad, mérito, capacidad y celeridad. Igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Según el art. 55 del TREBEP, ¿Quién tiene derecho al acceso al empleo público?. Todas las personas. Los españoles. Todos los ciudadanos. Cualquier persona.

Según el art. 55 del TREBEP, ¿Cuál de los siguientes no es un principio de acceso al empleo público?. Confidencialidad en la actuación de los órganos de selección. Publicidad. Transparencia. Mérito.

Según el art. 105 de la LFPA, ¿Cuál de los siguientes no es un principio que rige el acceso al empleo público?. Igualdad, mérito, capacidad. Publicidad, transparencia. Agilidad y eficacia , sin perjuicio de la objetividad, en los procesos selectivos. Todos son principios que rigen el acceso al empleo público.

Según el art.105 de la LFPA, ¿Cuál de los siguientes es un principio que rige el acceso al empleo público?. Fiabilidad y validez predictiva de los instrumentos y procesos de reclutamiento y selección, de forma que guarden relación con los conocimientos, competencias y aptitudes que son necesarios para poder desempeñar adecuadamente los puestos de trabajo a los que se refieren las convocatorias. Imparcialidad y validez predictiva de los instrumentos y procesos de reclutamiento y selección, de forma que siempre guarden relación con los conocimientos, competencias y aptitudes que son esenciales para poder desempeñar adecuadamente los puestos de trabajo a los que se refieren las convocatorias. Fiabilidad y objetividad predictiva de los instrumentos y procesos de reclutamiento y selección, de forma que guarden relación con los conocimientos, competencias y aptitudes que son necesarios para poder desempeñar adecuadamente los puestos de trabajo a los que se refieren las convocatorias. Fiabilidad y eficacia predictiva de los instrumentos y procesos de reclutamiento y selección, de forma que guarden relación con los conocimientos, competencias y aptitudes que son necesarios para poder desempeñar adecuadamente los puestos de trabajo a los que se refieren las convocatorias.

Según el art. 105 de la LFPA, ¿Cuál de los siguientes no es un principio que rige el acceso al empleo publico?. Publicidad de las convocatorias y de sus bases, así como de la planificación y seguimiento de los procesos selectivos. Transparencia. Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. Independencia e indiscrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección, así como confidencialidad en su actuación.

Según el art. 90 de la LBRL: Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficacia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general. Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, agilidad y eficacia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general. Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general. Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación particular de la economía, pudiendo los gastos de personal en ciertos rebasar los límites que se fijen con carácter general .

La plantilla del personal es aprobada por: El Pleno en los Municipios de Régimen Común y por la Junta de Gobierno Local en los Municipios de Gran Población. Por el Alcalde siempre. Por el Pleno siempre. Por la Junta de Gobierno siempre.

Según el art. 32 bis de la LBRL, elige el enunciado correcto: El nombramiento del personal directivo que, en su caso, hubiera en las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares deberá efectuarse de acuerdo a criterios de competencia profesional y experiencia, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Administraciones Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que el correspondiente Reglamento Orgánico permita que, en atención a las características específicas de las funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha condición de funcionario. El nombramiento del personal directivo que, en su caso, hubiera en las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares deberá efectuarse de acuerdo a criterios de competencia profesional y experiencia, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que el correspondiente Reglamento Orgánico permita que, en atención a las características profesionales de las funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha condición de funcionario. El nombramiento del personal directivo que, en su caso, hubiera en las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares deberá efectuarse de acuerdo a criterios de competencia profesional y experiencia, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el grupo A, salvo que el correspondiente Reglamento Orgánico permita que, en atención a las características específicas de las funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha condición de funcionario. El nombramiento del personal directivo que, en su caso, hubiera en las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares deberá efectuarse de acuerdo a criterios de competencia profesional y experiencia, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que el correspondiente Reglamento Orgánico permita que, en atención a las características específicas d e las funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha condición de funcionario.

Según el art. 104 bis de la LBRL, los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 500.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual. Por un número que no podrá exceder al 7 por ciento del número total de puestos de trabajo de la plantilla de las respectivas Entidades Locales. Por un número que no podrá exceder al 0,07 por ciento del número total de puestos de trabajo de la plantilla de las respectivas Entidades Locales. Por un número que no podrá exceder al 0,7 por ciento del número total de puestos de trabajo de la plantilla de las respectivas Entidades Locales. Por un número que no podrá exceder al 70 por ciento del número total de puestos de trabajo de la plantilla de las respectivas Entidades Locales.

Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 75.000 y no superior a 500.000 habitantes: Podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que podrá exceder del número de concejales de la Corporación local. Podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder el 0,7 por ciento del número de concejales de la Corporación local. Podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder del número de concejales de la Corporación local. Podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder del número de concejales de la Corporación local.

Según el art. 7 de la LFPA, los órganos superiores en materia de recursos humanos son: El Consejo de Gobierno y la Consejería competente en materia de Función Pública. El Consejo de Gobierno y la Consejería competente en materia de Hacienda. El Presidente de la Junta de Andalucía y la Consejería competente en materia de Hacienda. El Consejo de Gobierno y cada una de las Consejerías.

¿A que órgano de la Junta de Andalucía le corresponde los nombramientos de funcionarios de carrera?. Al Consejo de Gobierno. A la Consejería en materia de Función Pública. Conjuntamente al Consejo de Gobierno y a la Consejería en materia de Función Pública. Ninguna es correcta.

¿A que órgano de la Junta de Andalucía le corresponde la contratación del personal laboral fijo?. Al Consejo de Gobierno. A la Consejería en materia de Función Pública. Conjuntamente al Consejo de Gobierno y a la Consejería en materia de Función Pública. Ninguna es correcta.

¿A que órgano de la Junta de Andalucía le corresponde la aprobación de la RPT?. Al Consejo de Gobierno. A la Consejería en materia de Función Pública. Conjuntamente al Consejo de Gobierno y a la Consejería en materia de Función Pública. Ninguna es correcta.

Según el art. 6 de la LFPA: El personal incluido en el ámbito de aplicación de esta ley actuará de acuerdo con los principios profesionalidad, integridad, objetividad, neutralidad, arbitrariedad, confidencialidad y dedicación al servicio público en el desarrollo de sus funciones, para cumplir los objetivos asignados sin incurrir en conflicto de intereses. El personal incluido en el ámbito de aplicación de esta ley actuará de acuerdo con los principios profesionalidad, integridad, eficacia, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y dedicación al servicio público en el desarrollo de sus funciones, para cumplir los objetivos asignados sin incurrir en conflicto de intereses. El personal incluido en el ámbito de aplicación de esta ley actuará de acuerdo con los principios concurrencia, integridad, objetividad, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y dedicación al servicio público en el desarrollo de sus funciones, para cumplir los objetivos asignados sin incurrir en conflicto de intereses. El personal incluido en el ámbito de aplicación de esta ley actuará de acuerdo con los principios profesionalidad, integridad, objetividad, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y dedicación al servicio público en el desarrollo de sus funciones, para cumplir los objetivos asignados sin incurrir en conflicto de intereses.

Según el art 16 de la LFPA el personal laboral temporal es el que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, es contratado por tiempo determinado, previa selección en la que deben respetarse los principios de: Celeridad, igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Celeridad, igualdad, mérito, idoneidad y publicidad. Celeridad, igualdad, merito, capacidad y necesidad.

Según el art 22 de la LFPA, la selección del personal directivo publico profesional obedecerá a los principios de: Igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Igualdad, mérito y capacidad. Mérito, capacidad y publicidad. Idoneidad y profesionalidad.

Según el art 59.4 de la LFPA, la evaluación del desempeño se guiará por los siguientes principios (señala la incorrecta): Independencia técnica. Imparcialidad. No discriminación. Publicidad.

Según el art 82 de la LFPA, la negociación colectiva de condiciones de trabajo del personal que presta servicios en las Administraciones públicas de Andalucía estará sujeta a los principios de (señala la incorrecta): Legalidad. Cobertura presupuestaria. Obligatoriedad. Coordinación.

Según el art 82 de la LFPA, la negociación colectiva de condiciones de trabajo del personal que presta servicios en las Administraciones públicas de Andalucía estará sujeta a los principios de (señala la incorrecta): Buena fe negocial. Confianza legítima. Integridad. Cooperación.

Según el art 82 de la LFPA, la negociación colectiva de condiciones de trabajo del personal que presta servicios en las Administraciones públicas de Andalucía estará sujeta a los principios de (señala la incorrecta): Confianza legítima. Publicidad. Obligatoriedad. Prescripción.

¿Pueden los nacionales de los Estado miembros de la Unión Europea acceder como personal funcionario a empleos públicos?. Sí, en igualdad de condiciones que los españoles, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas. No, en ningún caso. Sí, en todo caso. Sí, en igualdad de condiciones que los españoles, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses generales.

Según el TREBEP, ¿pueden los nacionales de los Estado miembros de la Unión Europea acceder como personal funcionario a empleos públicos?. Sí, en igualdad de condiciones que los españoles, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas. No, en ningún caso. Sí, en todo caso. Sí, en igualdad de condiciones que los españoles, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses generales.

¿Pueden acceder los extranjeros con residencia legal en España como personal laboral a las Administraciones Públicas?. No, en ningún caso. Sí, en igualdad de condiciones que los españoles, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses generales. Sí, en igualdad de condiciones que los españoles. Sí, en igualdad de condiciones que los españoles, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses generales.

¿Podrá eximirse del requisito de la nacionalidad para el acceso a la condición de personal funcionario, según lo dispuesto en el art 57 del TREBEP?. Según lo que se disponga reglamentariamente por el Gobierno o por las comunidades autónomas y por razones de interés general. Sólo por decreto del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las comunidades autónomas y por razones de interés general. Sólo por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y por razones de interés público. Sólo por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y por razones de interés general.

Según el art 60 del TREBEP, ¿cómo será los órganos de selección?. Serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a un reparto igualitario entre mujer y hombre. Serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. Serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de objetividad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. Serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y será obligada, asimismo, la paridad entre mujer y hombre.

¿Quién podrá formar parte de los órganos de selección?. EI personal de elección o de designación política. EI personal laboral. Los funcionarios interinos. EI personal eventual.

¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto, según lo dispuesto en el art 60 del TREBEP?. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título representativo, pudiendo ostentarse ésta en representación de 2/3 de los miembros del órgano de selección. La pertenencia a los órganos de selección será a título individual, salvo que se establezca los contrario, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. La pertenencia a los órganos de selección será a título individual siempre que sea posible, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos, ¿Cuál es el orden correcto según lo establecido en el art 62 del TREBEP?. Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente. Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico. Toma de posesión dentro del plazo que se establezca. Superación del proceso selectivo. Superación del proceso selectivo. Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente. Toma de posesión dentro del plazo que se establezca. Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico. Superación del proceso selectivo. Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente. Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico. Toma de posesión dentro del plazo que se establezca. Superación del proceso selectivo. Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico. Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente. Toma de posesión dentro del plazo que se establezca.

¿Cuál de las siguientes situaciones administra vas no vienen recogidas en el Art. 144 de la LFP de Andalucía?: Excedencia Voluntaria Incentivada. Servicio Activo. Servicio en otras Administraciones Públicas. Todas vienen recogidas en el citado artículo.

De conformidad con el Art. 145 de la LFP de Andalucía, en la situación de servicios especiales, los trienios les serán abonados al funcionario que se encuentre en dicha situación: Por la Administración donde tenga su plaza de funcionario. Por la Administración de origen donde ocupó su último puesto de trabajo en servicio activo. Por la Administración donde se encuentre desempeñando sus servicios en la situación de servicios especiales. Por la Administración donde ocupó su último puesto de trabajo en servicio activo, y excepcionalmente por causa legal, por la Administración donde preste sus servicios en la situación de servicios especiales.

El tiempo desempeñado en servicios especiales, computará: Para la carrera horizontal y vertical. Para la carrera vertical pero no para la horizontal. Para la carrera horizontal pero no para la vertical. Computará a efectos de promoción interna, pero no para la carrera horizontal ni vertical.

¿Cuál de las siguientes excedencias de la LFP de Andalucía, no es de aplicación al Personal al Servicio de las Corporaciones Locales de Andalucía?: Excedencia por Incompatibilidad. Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el Sector Público Andaluz. Excedencia con reserva de puesto. Todas son aplicables al citado personal.

Conforme al Art. 149 de la LFP de Andalucía, cuánto tiempo de servicios prestados tiene que tener eI funcionario para solicitar la Excedencia Voluntaria por interés particular: Un mínimo de 2 años inmediatamente anteriores a solicitarla. Un mínimo de 2 años inmediatamente anteriores a solicitarla como funcionario de carrera. Un mínimo de 5 años inmediatamente anteriores a solicitarla. Un mínimo de 5 años inmediatamente anteriores a solicitarla como funcionario de carrera.

Conforme al mismo articulo de la pregunta anterior, el periodo mínimo de permanencia en dicha situación será de: 2 años. 3 años. Un año. La ley no establece plazo mínimo de duración.

Conforme al Art. 150 de la LFP de Andalucía, la duración de la Excedencia Voluntaria por Agrupación Familiar, será de: Mínimo 2 años máximo de 15 años. Mínimo 2 años. Mínimo 1 año. Mínimo 1 año y máximo de 15 años.

Conforme al Art. 150 de la LFP de Andalucía, para pedir la Excedencia Voluntaria por Agrupación Familiar, es necesario haber prestado servicios como funcionario un mínimo de: Un mínimo de 2 años inmediatamente anteriores a solicitarla. Un mínimo de 2 años inmediatamente anteriores a solicitarla como funcionario de carrera. Un mínimo de 5 años inmediatamente anteriores a solicitarla. Ninguna de las anteriores es correcta.

Conforme al Art. 150 de la LFP de Andalucía, en la Excedencia Voluntaria por Agrupación Familiar, es requisito imprescindible para concederla: Que el cónyuge o pareja de hecho sea funcionario de carrera o laboral fijo, con puesto en una localidad diferente al que la solicita. Que el cónyuge sea funcionario de carrera o laboral fijo, con puesto definitivo en una localidad diferente al que la solicita. Que el cónyuge sea funcionario de carrera o laboral fijo, con puesto en una localidad diferente al que la solicita. Que el cónyuge o pareja de hecho sea funcionario de carrera o laboral fijo, con puesto definitivo en una localidad diferente al que la solicita.

Conforme al Art. 151 de la LFP de Andalucía, en la Excedencia por Cuidado de Familiares, se garantiza la reserva de puesto: En todo caso, durante los dos primeros años. En todo caso, durante toda la excedencia. En todo caso, durante toda la excedencia, si el puesto fuera de carácter definitivo. En todo caso, durante los dos primeros años, si el puesto fuera de carácter definitivo.

Conforme al Art. 151 de la LFP de Andalucía, durante la Excedencia por Cuidado de Familiares, el funcionario podrá participar: En las provisiones de puestos de trabajo. En las provisiones de puestos de trabajo y en los cursos de formación. En las provisiones de puestos de trabajo y promociones internas. En las provisiones de puestos de trabajo, promociones internas y cursos de formación.

Conforme al Art. 152 de la LFP de Andalucía, la funcionaria en Excedencia por Violencia de Género, tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñen, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera profesional y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación: Durante los 6 primeros meses. Durante los 6 primeros meses, con posibilidad de prórrogas de 3 meses hasta un máximo de 18. Durante los 12 primeros meses, con posibilidad de prórrogas de 3 meses hasta un máximo de 18. Durante los 12 primeros meses.

Conforme al Art. 152 de la LFP de Andalucía, la funcionaria en Excedencia por Violencia de Género, la funcionaria tendrá derecho a cobrar las retribuciones íntegras y la prestación por hijo a cargo, si la tuviera reconocida: Durante los 2 primeros meses. Durante los 3 primeros meses. Durante los 4 primeros meses. Durante los 6 primeros meses.

Conforme al Art. 155 de la LFP de Andalucía, la Excedencia por Incompatibilidad, se declara: Cuando el funcionario de carrera ingrese al servicio activo en otro cuerpo, especialidad u opción, o pase a prestar sus servicios como laboral fijo o personal directivo con contrato laboral de alta dirección en cualquier Administración Pública. Cuando el funcionario ingrese al servicio activo en otro cuerpo, especialidad u opción, o pase a prestar sus servicios como laboral fijo o personal directivo con contrato laboral de alta dirección en cualquier Administración Pública. Cuando el funcionario de carrera ingrese al servicio activo en otro cuerpo, especialidad u opción, o pase a prestar sus servicios como laboral fijo. Cuando el funcionario ingrese al servicio activo en otro cuerpo, especialidad u opción, o pase a prestar sus servicios como laboral fijo o personal directivo en cualquier Administración Pública.

Conforme al Art. 156 LFA, la Excedencia con Reserva de Puesto, podrá solicitarse por el funcionario de carrera: Siempre que haya prestado servicios efectivos en cualquier Administración pública durante 10 años. Si las necesidades del servicio debidamente motivadas lo permiten, y siempre que haya prestado servicios efectivos en cualquier Administración pública durante 10 años. Siempre que haya prestado servicios efectivos en cualquier Administración pública durante 5 años. Si las necesidades del servicio debidamente motivadas lo permiten, y siempre que haya prestado servicios efectivos en cualquier Administración pública durante 5 años.

Conforme al Art. 156 LFA, la Excedencia con Reserva de Puesto ¿Qué duración tiene?. La LFP de Andalucía no indica plazo exacto. Mínimo un año. Mínimo 6 meses y máximo 5 años. Mínimo 6 meses y máximo un año.

Conforme al Art. 156 LFA, la Excedencia con Reserva de Puesto, una vez finalizada, ¿Hasta cuándo no se podrá volver a solicitar la misma excedencia?. Hasta transcurridos 5 años de servicios efectivos de la finalización de la anterior. Hasta transcurridos 2 años de servicios efectivos de la finalización de la anterior. Hasta transcurridos 3 años de servicios efectivos de la finalización de la anterior. No hay límite de tiempo mínimo para solicitarla de nuevo.

¿Cuál de los siguientes derechos no es un derecho individual del art 14 del TREBEP?. A percibir retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio. A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar. Libertad sindical. A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Los derechos individuales ejercidos colectivamente por los empleados públicos están regulados en el: Artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Artículo 13 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Artículo 14 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del a Estatuto Básico del Empleado Público. Artículo 15 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Señale la respuesta correcta según lo dispuesto en el art 79 del TREBEP. EI concurso, como procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo, consistirá en la valoración de los méritos y capacidades, y en su caso, aptitudes de los candidatos colegiados de carácter técnico. La composición de estos responderá al principio: De profesionalidad y dedicación de sus miembros y serán paritarios. Su funcionamiento se ajustará a las reglas de imparcialidad y objetividad. De profesionalidad y especialización técnica de sus miembros y se adecuará al principio de paridad entre mujer y hombre. Su funcionamiento se ajustará a las reglas de imparcialidad, objetividad y publicidad. De profesionalidad y especialización de sus miembros y se adecuará al principio de paridad entre mujer y hombre. Su funcionamiento se ajustará a las reglas de imparcialidad y objetividad. De imparcialidad y especialización de sus miembros y serán paritarios. Su funcionamiento se ajustará a las reglas de idoneidad, igualdad y objetividad.

La pertenencia a los órganos de selección, según la dicción literal del artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, será siempre a título: Personal. Individual. Representativo. Unipersonal.

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA, de conformidad con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: La renuncia a la condición de funcionario inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública. La pérdida de la nacionalidad española o la de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o la de aquellos Estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, que haya sido tenida en cuenta para el nombramiento, determinará en todo caso la pérdida de la condición de funcionario. La renuncia a la condición de funcionario será aceptada por la Administración salvo que el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario. La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia.

De acuerdo con el art 89 del TREBEP, quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar: No devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el Régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. No devengarán retribuciones, pero les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el Régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. No devengarán retribuciones, pero les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos y trienios, y en ningún caso a efectos de derechos en el Régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. No devengarán retribuciones, pero les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos derechos en el Régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación, y en ningún caso a efectos de ascensos y trienios.

Precise qué situación administrativa no se encuentra regulada en el art 85 del TREBEP: Suspensión de funciones. Servicios especiales. Servicios institucionales. Excedencia.

Conforme a lo establecido en el artículo 91 del TREBEP, el reingreso al servicio activo de los funcionarios de carrera, con respecto al derecho de reserva del puesto de trabajo: Se realizará a los 20 días hábiles desde su solicitud. Se llevará a cabo en un mes desde su petición. Se realizará a los 10 días hábiles desde su solicitud. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Según el artículo 89.4 del TREBEP, ¿Durante cuánto tiempo se reservará el puesto de trabajo a los funcionarios de carrera en excedencia por cuidado de familiares?. Como máximo 5 años. Al menos durante 2 años. Al menos durante 3 años. No más de 3 años.

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 89.5 del TREBEP, y en relación con la excedencia por razón de violencia de género, ¿durante cuánto tiempo las funcionarias tendrán derecho a la reserva de puesto de trabajo que desempeñarán?. Durante los 6 primeros meses. Durante el tiempo de duración de la excedencia. Durante el primer año. Durante los dos primeros años.

Conforme a lo dispuesto en el art 88 del TREBEP, los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencias o por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una Administración Pública distinta, serán declarados en situación de: Excedencia voluntaria. Servicio en otras Administraciones Públicas. Expectativa de destino. Servicios excepcionales.

Conforme a lo dispuesto en el art 85.1 del TREBEP, ¿cuál de las siguientes situaciones administrativas de los funcionarios de carrera no se considera como tal?. Servicio activo. Servicios especiales. Expectativa de destino. Excedencia.

¿En qué situación administrativa quedaría María que es funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Mijas (Auxiliar Administrativa) que pasa a ocupar una plaza de funcionaria de carrera en el Ayuntamiento de Fuengirola que ha obtenido en la última convocatoria?. Quedaría en servicios en otras Administraciones Públicas. Quedaría en excedencia por incompatibilidad. Quedaría en excedencia forzosa. Quedaría en excedencia voluntaria por interés particular.

¿En qué situación administrativas quedarías si accedes por promoción interna de C2 a CI en el Ayuntamiento para el que ejerces tus funciones como funcionaria de carrera?. En excedencia por incompatibilidad. En excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público. En excedencia forzosa. Al ser nombrada funcionaria del grupo/subgrupo CI, perdería mi plaza de C2.

El Estatuto Básico del Empleado Publico establece sobre la suspensión de funciones que: (art 90). El funcionario declarado en suspensión de funciones únicamente podrá prestar servicios en los Organismos públicos, agencias o entidades de derecho publico dependientes o vinculadas. La situación de suspensión de funciones podrá ser temporal o definitiva. La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de seis meses. La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de tres años.

Según el artículo 87 del TREBEP, en cual de los siguientes supuestos los funcionarios de carrera no serán declarados en servicios especiales: Cuando se adquiera la condición de funcionario al servicio de organizaciones internacionales o de carácter supranacional. Cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial. Cuando por decisión ministerial sirvan puestos de trabajo de libre designación para el que hayan sido nombrados precisamente por su cualidad de funcionarios del Estado destinados en el propio departamento. Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas.

Según el artículo 87 del TREBEP, con carácter general, el tiempo en que un funcionario de carrera permanece en la situación de servicios especiales se le computara a efectos de: Reconocimiento de grado personal, servicios previos y derechos pasivos. Exclusivamente se le reconoce a efectos de trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que le sea aplicable. Ascensos, reconocimiento de trienios, promoción interna y derechos en el régimen de Seguridad Social que le sea de aplicación. No se le computa a ningún efecto, ya que percibe sus retribuciones por el puesto o cargo que desempeña en servicios especiales.

Según el artículo 87 del TREBEP, los funcionarios de carrera que se encuentren en servicios especiales tendrán derecho a reingresar al servicio activo, conforme al Estatuto Básico del Empleado Público: En cualquier localidad del territorio nacional. En puesto superior al que cesaron al pasar a dicha situación. En la misma localidad. No tienen ningún derecho preferente.

Según el artículo 84 del TREBEP, los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública a través de los procedimientos de movilidad quedaran respecto de su Administración de origen en la situación administrativa de: Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público. Servicio en comunidades autónomas. Servicio en otras Administraciones Públicas. Servicio activo con destino en Administración distinta.

Según el artículo 87 del TREBEP, señale en cual de los siguientes casos un funcionario de carrera seria declarado en situación de servicios especiales, de acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Publico: Funcionario al que, por razones de reestructuración interna, no se le puede asignar, transitoriamente, un puesto de trabajo. Funcionario que es adscrito a los servicios del Tribunal Constitucional. Funcionario que obtiene destino en una Administración Pública distinta. Funcionario que incumple la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo previsto.

Según el artículo 89 del TREBEP, la excedencia voluntaria por interés particular requiere: El haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Publicas durante un periodo mínimo de 3 años inmediatamente anteriores. El haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Publicas al menos durante un periodo de 3 años. El haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Publicas durante un periodo mínimo de 5 años inmediatamente anteriores. El haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de 5 años.

Según el artículo 89 del TREBEP, eI informe favorable relativo a las necesidades del servicio es un requisito imprescindible para la concesión de la situación administrativa de: Servicios especiales. Excedencia por agrupación familiar. Excedencia por cuidado de familiares. Excedencia voluntaria por interés particular.

Según el artículo 89 del TREBEP, el tiempo de permanencia en situación de excedencia por interés particular: Será computable a efectos de trienios. Será computable a efectos de derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. Será computable a efectos de ascensos. No será computable a efectos de trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social.

Según el artículo 89 del Estatuto Básico del Empleado Público, señale el período máximo de duración de la situación administrativa de excedencia por cuidado de familiares: Un año. Dos años. Tres años. Cuatro años.

De acuerdo con el artículo 87 del TREBEP, señale en que situación administrativa es declarado un funcionario de carrera en la Administración General del Estado cuando es designado miembro del órgano de gobierno de una Comunidad Autónoma: Servicio en otras Administraciones Públicas. Servicios especiales. Servicio activo. Servicio en Comunidades Autónomas.

Según el artículo 87 del TREBEP, ¿en que situación administrativa quedaría un funcionario de carrera de la Administración General del Estado que obtenga un cargo electivo retribuido y con dedicación exclusiva en la ciudad de Ceuta, según lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público?. En situación de excedencia por prestar servicios en el sector público. En situación de servicios en otras Administraciones Publicas. En suspensión de funciones. En situación de servicios especiales.

Según el artículo 87 del TREBEP, ¿en que situación administrativa serán declarados los funcionarios de carrera cuando sean autorizados para realizar una misión en entidades publicas extranjeras por un periodo determinado superior a seis meses?. Servicios especiales. Servicio en otras Administraciones Publicas. Excedencia voluntaria por interés particular. Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.

Según el artículo 89 del TREBEP, La excedencia por razón de violencia sobre la mujer funcionaria podrá concederse: Por un período máximo de 6 meses. Cuando hayan prestado, al menos, dos años de servicio en la Administración. Siempre con derecho a reserva del puesto de trabajo que desempeñaran durante todo el período de excedencia. Sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos.

¿Cuál es la definición de empleado publico según la literalidad del art 8 del TREBEP?. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Publicas al servicio de los intereses generales. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses públicos. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Publicas al servicio de los intereses nacionales. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas o no en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales.

Según el art 8 del TREBEP los empleados públicos se clasifican en: Funcionarios de carrera, funcionarios públicos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal, y personal eventual. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indeterminados o temporal, y personal eventual. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal, personal eventual y personal directivo. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal, y personal eventual.

Según el art 9 del TREBEP, son funcionarios de carrera: Quienes, en virtud de contrato de trabajo, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Laboral para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. Quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. Quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación administrativa regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter indefinido. Quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatal regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.

¿Cuáles de las siguientes funciones corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, según lo dispuesto en el articulo 9 del TREBEP?. El ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa e indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones. El ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades publicas y en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones. El ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones. El ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa e indirecta en el ejercicio de las potestades publicas y en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones.

Son funcionarios interinos según el articulo 10 del TREBEP: Los que, por razones manifiestamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del art 10 del TREBEP. Los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las circunstancias previstas en el apartado 1 del art 10 del TREBEP. Los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del art 10 del TREBEP. Los que, por razones motivadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las circunstancias previstas en el apartado 1 del art 10 del TREBEP.

¿Cuál será la finalidad de la selección del personal funcionario interino según la literalidad del articulo 10 del TREBEP?. La cobertura inmediata del puesto. La cobertura temporal del puesto. La cobertura indefinida del puesto. Ninguna es correcta.

¿Qué régimen le será de aplicación al personal funcionario interino según lo dispuesto en el articulo 10 del TREBEP?. Le será aplicable el régimen general del personal funcionario de carrera en cuanto sea adecuado al carácter ordinario y urgente de su nombramiento, incluidos aquellos derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera. Le será aplicable el régimen general del personal laboral en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo aquellos derechos inherentes a la condición de personal laboral. Le será aplicable el régimen general del personal funcionario de carrera en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición temporal y al carácter particular y urgente de su nombramiento, salvo aquellos derechos propios a la condición de funcionario público. Le será aplicable el régimen general del personal funcionario de carrera en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo aquellos derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera.

Según el articulo 11 del TREBEP, ¿Cuál es la definición de personal laboral?. El que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Publicas. En función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. El que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito o verbalmente, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En función de la duración del contrato este podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. El que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito o verbalmente, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación funcionarial, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En función de la duración del contrato este podrá ser fijo, por tiempo indeterminado o por obra y servicio. El que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito o verbalmente, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación funcionarial, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En función de la duración del contrato este podrá ser fijo, por tiempo indeterminado o por obra y servicio.

¿Cuál es la definición dada por el art 12.1 del TREBEP en relación al personal eventual?. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los Presupuestos Generales del Estado consignados para este fin. Es personal eventual el que, en virtud de un contrato de trabajo y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los Presupuestos Generales del Estado consignados para este fin. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.

Según el art 12 del TREBEP, ¿le será aplicable el régimen general de los funcionarios de carrera al personal eventual?. No, en ningún caso. Sí, en todo caso. El artículo 12 del TREBEP no se pronuncia sobre este aspecto. Sí, le será aplicable el régimen general de los funcionarios de carrera en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición.

Según el art 13 del TREBEP, el personal directivo se define como: El que desarrolla funciones directivas personales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración. El que desarrolla funciones directivas laborales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración. El que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración. El que desarrolla funciones directivas funcionariales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración.

¿Qué principios regirán la designación del personal directivo, según lo dispuesto en el art 13 del TREBEP?. Mérito y celeridad. Mérito y capacidad. Mérito e idoneidad. Mérito y publicidad.

¿Qué criterios rige la designación del personal directivo, según lo dispuesto en el art 13 del TREBEP?. Idoneidad. Mérito y capacidad. Idoneidad, mérito y capacidad. Igualdad e idoneidad.

¿Qué deberán garantizar los procedimientos que se utilicen para la designación del personal directivo, según lo dispuesto en el art 13 del TREBEP?. La publicidad y transparencia. La transparencia y la idoneidad. La publicidad y la concurrencia. La concurrencia y la objetividad.

¿A que estará sujeto el personal directivo según el art 13 del TREBEP?. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y transparencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de mérito y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de publicidad y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados.

Según el art 14 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, ¿el cese el personal funcionario interino dará lugar a indemnización alguna?. No, en ningún caso. Sí, en todo caso. Sí, pero solo en los casos y en las condiciones establecidas es la legislación estatal de carácter básico. Sí, tendrá derecho a 20 días de retribuciones básicas por año trabajado.

Según el art 16 de la Ley 5/2023, de 7 de junio ,¿como podrá ser contratado el personal laboral en atención al tipo de jornada?. A tiempo completo o a tiempo parcial. Por tiempo indefinido, fijo o temporal. A jornada completa o a media jornada. Ninguna es correcta.

Según el art 17 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, ¿Qué tipo de actividades o funciones NO podrá realizar el personal eventual?. No puede realizar actividades ordinarias de gestión o de carácter técnico, ni funciones que corresponden con carácter exclusivo al personal funcionario. No puede realizar actividades ordinarias de gestión o de carácter técnico, pero sí funciones que corresponden con carácter exclusivo al personal funcionario. No puede realizar actividades ordinarias de administración o de carácter técnico, ni funciones que corresponden con carácter exclusivo al personal funcionario. No puede realizar actividades ordinarias de administración o de carácter técnico, pero sí funciones que corresponden con carácter exclusivo al personal funcionario.

¿El cese como personal eventual lleva aparejada alguna indemnización, según lo dispuesto en art 17 de la Ley 5/2023, de 7 de junio?. Sí, según lo dispuesto en la legislación laboral. Sí, según el reglamento interno de cada Corporación. No, en ningún caso. No, salvo en el caso de cese por renuncia.

Según el art 61 del TREBEP, ¿Qué carácter tendrán los procesos selectivos?. Tendrán carácter cerrado y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en este Estatuto. Tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en este Estatuto. Tendrán carácter cerrado y promocionarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en este Estatuto. Tendrán carácter abierto y promocionarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en este Estatuto.

Según la literalidad del art 61 del TREBEP, ¿por que velaran los órganos de selección?. Por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre sexos. Por el cumplimiento del principio de igualdad de género. Por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades. Por el cumplimiento del principio de igualdad.

Según el art 61 del TREBEP, ¿En que podrán consistir las pruebas de los procedimientos selectivos?. En la comprobación de los conocimientos y la capacidad analítica de los aspirantes, expresados de forma oral y escrita, en la realización de ejercicios que demuestren la posesión de habilidades y destrezas, en la comprobación del dominio de lenguas extranjeras y, en cualquier caso, en la superación de pruebas físicas. En la comprobación de los conocimientos y la capacidad analítica de los aspirantes, expresados de forma oral o escrita, en la realización de ejercicios que demuestren la posesión de habilidades y destrezas, en la comprobación del dominio de lenguas extranjeras y, en su caso, en la superación de pruebas físicas. En la comprobación de los conocimientos y la capacidad analítica de los aspirantes, expresados de forma escrita, en la realización de ejercicios que demuestren la posesión de habilidades y destrezas, en la comprobación del dominio de lenguas extranjeras y, en su caso, en la superación de pruebas físicas.

Es posible completar las pruebas selectivas con (art 61 TREBEP): La superación de cursos, de periodos de prácticas, con la exposición curricular por los candidatos, con pruebas psicotécnicas o con la realización de entrevistas. Igualmente podrán exigirse reconocimientos médicos. La superación de cursos de capacitación, de periodos de prácticas, con la exposición curricular por los candidatos, con pruebas psicotécnicas o con la realización de entrevistas. Igualmente podrán exigirse reconocimientos médicos. La superación de cursos, de periodos de prácticas, con la exposición curricular por los candidatos, con pruebas psicotécnicas o con la realización de exámenes de conocimiento de lenguas extranjeras. Igualmente podrán exigirse reconocimientos médicos. La superación de cursos, de periodos de prácticas, con la exposición curricular por los candidatos, con pruebas psicotécnicas o con la realización de entrevistas. En todo caso deberán exigirse reconocimientos médicos.

¿Cuáles serán los sistemas selectivos de funcionarios de carrera según el art 61 del TREBEP?. Los oposición, concurso o concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. Los oposición y libre designación que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. Los oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. Los oposición y promoción interna que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación.

Según el artículo 61 del TREBEP, ¿Es posible aplicar el sistema de concurso como sistema selectivo de funcionarios de carrera?. Sí, pero solo en virtud de norma con rango de ley y con carácter excepcional. No, en ningún caso. Sí, pero en virtud de ley y con carácter general. Sí, pero solo en virtud de ley y con carácter excepcional.

Según el artículo 61 del TREBEP, los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán: Los de oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de méritos. Los de oposición o concurso-oposición. Los de oposición o concurso de valoración de mérito. Los concurso de valoración de méritos.

Según el art 55 del TREBEP,. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico. Todas las personas tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico. Todos los españoles tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.

¿Cuál de los siguientes no es un requisito general para poder acceder a la función pública según el TREBEP?. Tener la nacionalidad española en todo caso. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Poseer la titulación exigida.

¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto según lo dispuesto en el artículo 56.3 del TREBEP?. Podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos específicos que guarden relación objetiva y proporcionada con las funciones asumidas y las tareas a desempeñar. En ningún caso habrán de establecerse de manera abstracta y general. Podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos específicos que guarden relación objetiva y proporcionada con las funciones asumidas y las tareas a desempeñar. En todo caso, habrán de establecerse de manera concreta y específica. Podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos específicos que guarden relación objetiva y proporcionada con las funciones asumidas y las tareas a desempeñar. En todo caso, habrán de establecerse de manera abstracta y general.

Según el art 56.2 del TREBEP, es cierto que: Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán prever la selección de empleados públicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las Comunidades Autónomas que gocen de dos lenguas oficiales. las Comunidades. Las Administraciones Publicas, en el ámbito de sus competencias, no están obligadas prever la selección de empleados públicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las Comunidades Autónomas que gocen de dos lenguas oficiales. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, podrán prever la selección de empleados públicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las Comunidades Autónomas que gocen de dos lenguas oficiales. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, no podrán prever la selección de empleados públicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las Comunidades Autónomas que gocen de dos lenguas oficiales.

1. ¿Podrá eximirse del requisito de la nacionalidad para el acceso a la condición de personal funcionario, según lo dispuesto en el art 57 del TREBEP?. Según lo que se disponga reglamentariamente por el Gobierno o por las comunidades autónomas y por razones de interés general. Sólo por decreto del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las comunidades autónomas y por razones de interés general. Sólo por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y por razones de interés público. Sólo por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y por razones de interés general.

1. La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos, ¿Cuál es el orden correcto según lo establecido en el art 62 del TREBEP?. Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente. Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico. Toma de posesión dentro del plazo que se establezca. Superación del proceso selectivo. Superación del proceso selectivo. Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente. Toma de posesión dentro del plazo que se establezca. Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico. Superación del proceso selectivo. Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente. Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico. Toma de posesión dentro del plazo que se establezca. Superación del proceso selectivo. Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico. Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente. Toma de posesión dentro del plazo que se establezca.

Según el art 8 del TREBEP, ¿Cuál es la definición de empleado público?. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas o no en las Organismos Públicos Públicas al servicio de los intereses generales. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses públicos. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en los Organismos Públicos al servicio de los intereses públicos.

Según el artículo 10 del TREBEP, ¿puede el nombramiento de un funcionario interino dar lugar al reconocimiento de la condición de funcionario de carrera?. Sí, en todo caso. No, en ningún caso. No, salvo que por disposición legal o reglamentaria se establezca lo contrario, y siempre, con carácter excepcional. No, salvo que por disposición reglamentaria se establezca lo contrario, y siempre, con carácter excepcional.

Según el art 11 del TREBEP, ¿Cómo serán los procedimientos de selección del personal laboral?. Los procedimientos de selección del personal laboral serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad. Los procedimientos de selección del personal laboral serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia. Los procedimientos de selección del personal laboral serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de merito y capacidad. Los procedimientos de selección del personal laboral serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Según la literalidad del art 11 del TREBEP, ¿Cómo serán los procedimientos de selección del personal laboral temporal?. Serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito, capacidad y celeridad, teniendo por finalidad atender razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia . Serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito y capacidad, teniendo por finalidad atender razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia. Serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad, teniendo por finalidad atender razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia. Serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito, capacidad y celeridad, teniendo por finalidad atender razones expresamente motivadas de necesidad y urgencia.

¿Cuál es la definición de personal directivo que nos encontramos en el art 13.1 del TREBEP?. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas y entidades de derecho privado, definidas como tales en las normas específicas de cada Organización. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Publicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Organización. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Publicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas empresariales en las Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada Administración.

Según el art 56 del TREBEP, ¿Cuál NO será un requisito para poder participar en los procesos selectivos?. Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57. Poseer la capacidad laboral para el desempeño de las tareas. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Poseer la titulación exigida.

¿Cuál no es un principio mencionado en el art 55 del TREBEP en relación con la selección del personal funcionario y laboral?. Publicidad de las convocatorias y de sus bases. Transparencia. Independencia y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.

Según el art 61 del TREBEP, ¿por que velaran los órganos de selección?. Los órganos de selección velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre sexos. Los órganos de selección velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de trato. Los órganos de selección velarán por el cumplimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres. Los órganos de selección velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de trato y de oportunidades.

¿Cuál de los siguientes no es un requisito para la adquisición de la condición de funcionario de carrera, según lo establecido en el art 62 del TREBEP?. Superación del proceso selectivo. Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente. Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico. Toma de posesión dentro del plazo que se establezca.

¿Cuál es el objeto de la Ley 5/2023, 7 de junio. Función Pública de Andalucía?. El objeto de esta ley es definir y ordenar la función pública de la Administración de la Junta de Andalucía, así como determinar las normas aplicables a todo el personal de las Administraciones públicas de Andalucía incluido en su ámbito de aplicación. El objeto de esta ley es definir y organizar la función pública de la Administración de la Junta de Andalucía, así como determinar las normas aplicables a todo el personal de las Administraciones públicas de Andalucía excluyendo el ámbito de aplicación. El objeto de esta ley es definir y organizar la función pública de la Administración de la Junta de Andalucía, así como determinar las normas aplicables a todo el personal de las Administraciones públicas de Andalucía incluido en su ámbito de aplicación. Ninguna es correcta.

Según el articulo 3 de la Ley 5/2023, es también de aplicación: El personal funcionario docente no universitario y el personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud. Este personal se rige por su normativa específica y, en lo no previsto en la misma, le resulta de aplicación supletoria esta ley, salvo en aquellas materias expresamente exceptuadas por la normativa estatal de carácter básico. El personal de la Administración de Justicia competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este personal se rige por su normativa específica y, cuando dicha normativa así lo disponga, le resultara de aplicación esta ley, salvo en aquellas materias expresamente exceptuadas por la normativa estatal de carácter básico. El personal de las Universidades publicas y privadas de Andalucía. El personal funcionario docente se rige por su normativa específica y, en lo no previsto en la misma, le resulta de aplicación esta ley, salvo en aquellas materias expresamente exceptuadas por la normativa estatal de carácter básico, con respeto en todo caso a la autonomía universitaria. El personal funcionario y laboral de administración y servicios se rige por su normativa específica y, en lo no previsto en la misma, le resulta de aplicación esta ley. El personal laboral se rige además por la legislación laboral y los convenios colectivos que resulten de aplicación. El personal al servicio de las Administraciones locales del territorio de Andalucía y de las entidades públicas dependientes e independientes de las mismas, con respeto en todo caso a la autonomía local y a la legislación básica estatal de aplicación directa al régimen específico de la función pública local.

Según el artículo 3 de la Ley 5/2023, es también de aplicación: El personal de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, del Consejo Consultivo de Andalucía, del Consejo Audiovisual de Andalucía, del Consejo Económico y Social de Andalucía, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, así como de aquellas otras entidades públicas con personalidad jurídica propia a las que se otorgue autonomía orgánica y funcional respecto de la Administración de la Junta de Andalucía. Se rige por su normativa específica y, en lo no previsto en la misma, le resulta de aplicación esta ley, con respeto en todo caso a dicha autonomía orgánica y funcional. El personal investigador definido como tal en su legislación específica. Se regirá por esta ley y, en su caso, por las normas singulares que se dicten para adecuarla a sus peculiaridades. El personal eventual le será aplicable el régimen general del personal funcionario de carrera de esta ley, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición. Todas son correctas.

Según el artículo 3.2 de la Ley 5/2003, quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley: Quienes tengan la consideración de personal alto cargo y rango asimilado al mismo, salvo lo que en esta ley se determina para la dirección pública profesional. Las personas físicas que, al amparo de la legislación sobre contratos del sector público, celebren contratos con el sector público, así como el personal al servicio de las personas y entidades contratistas. El personal eventual le será aplicable el régimen general del personal funcionario de carrera de esta ley, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición. Todas son correctas.

Según el artículo 3.3 de la Ley 5/2003, las disposiciones de esta ley solo se aplicaran cuando así lo disponga su legislación específica al siguiente personal: Personal al servicio del Parlamento de Andalucía. Personal al servicio del Defensor del Pueblo Andaluz. La Cámara de Cuentas de Andalucía. Todas son correctas.

Según el artículo 4 de la Ley 5/2003, del 7 de junio, ¿En que principios se basa los principios y fundamentos de actuación de la ordenación y regulación de la función pública andaluza?. Sometimiento pleno a la Constitución, al Estatuto de Autonomía para Andalucía, a la normativa estatal de carácter básico y a la ley. Dedicación al servicio público, al servicio a las personas y a los intereses generales. Racionalización, ampliación y agilización de los procedimientos administrativos. Transparencia, gobernanza y rendición de cuentas.

Segun el artículo 4 de la Ley 5/2003, del 7 de junio, ¿En que principios se basa los principios y fundamentos de actuación de la ordenación y regulación de la función pública andaluza?. Objetividad, profesionalidad e imparcialidad. Igualdad de trato u oportunidades entre hombres y mujeres, así como no discriminación en todas sus facetas. Igualdad de trato y oportunidades, no discriminación y accesibilidad en el empleo público de las personas con discapacidad. Igualdad y transparencia retributiva, obligación de igual retribución por trabajo de igual valor, adecuación de los sistemas retributivos a los puestos de trabajo y a las funciones y tareas desempeñadas, y evaluación del desempeño.

Según el articulo 4 de la Ley 5/2003, del 7 de junio, ¿En que principios se basa los principios y fundamentos de actuación de la ordenación y regulación de la función pública andaluza?. Fomento de la conciliación de la vida profesional con la personal y familiar, y corresponsabilidad. Atracción, desarrollo y retención del talento humano de acuerdo con los principios de publicidad, equidad, mérito y capacidad, con el objetivo de que los procesos de selección y promoción profesional garanticen la máxima validez predictiva para la función a desempeñar. Desarrollo y cualificación profesional constante. Adecuación de la formación y el desarrollo de las personas y los equipos a las competencias requeridas para el desempeño de los trabajos y su proyección sobre la carrera profesional. Jerarquía en la atribución, la ordenación y el desempeño de las funciones y de las tareas atribuidas, sin perjuicio de los procesos de colaboración vertical y de simplificación y racionalización de las estructuras organizativas.

Según el articulo 4 de la Ley 5/2003, del 7 de junio, ¿En que principios se basa los principios y fundamentos de actuación de la ordenación y regulación de la función pública andaluza?. Eficacia en la planificación y gestión integrada de los recursos humanos, en particular, la ordenación y intelectualización de los sistemas de acceso, la provisión de puestos de trabajo, la carrera profesional y el sistema retributivo. Negociación colectiva e individual, a través de los órganos y sistemas específicos regulados en la normativa estatal de carácter básico y en la presente ley. Representación, participación y otras formas de colaboración entre las Administraciones públicas y el personal empleado público y su representación. Coordinación entre las Administraciones públicas en la regulación y gestión del empleo público, a cuyo fin podrán celebrar convenios de colaboración y llevar a cabo planes y programas conjuntos de actuación para la consecución de objetivos comunes.

Según el artículo 4 de la Ley 5/2003, del 7 de junio, ¿En que principios se basa los principios y fundamentos de actuación de la ordenación y regulación de la función pública andaluza?. Reconocimiento del valor y cuidado de los ciudadanos. La seguridad y el bienestar laboral. Fomento del teletrabajo como medida que contribuya a una mejor organización del trabajo. Todos aquellos otros regulados en la normativa andaluza de carácter básico que afecten al régimen jurídico de personal.

Según el apartado 1 del Artículo 5 de la Ley 5/2003, del 7 de junio, ¿a que instituciones les resultan de aplicación las obligaciones de publicidad activa?. A todo el sector publico, incluyendo fundaciones y sociedades mercantiles. Exclusivamente a las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Solo a las entidades instrumentales y al personal a su servicio. A las Administraciones publicas incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley y a sus entidades instrumentales.

Según el apartado 2 del artículo 5 de la Ley 5/2003, del 7 de junio, ¿Cuál es el principal limite para NO conceder el acceso a información que contenga datos meramente identificativos?. Que la información solicitada sea anterior a la entrada en vigor de la ley. Que prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación. Que la información sea solicitada sobre personal de libre designación. Que el cómputo de las retribuciones no se pueda facilitar en términos mensuales.

El apartado 2 del artículo 5 de la Ley 5/2003, del 7 de junio, indica que será publico el acceso a la información sobre: Los resultados de las evaluaciones del desempeño de todos los empleados públicos. Las autorizaciones de compatibilidad del personal incluido en el ámbito de aplicación de esta ley. Las retribuciones complementarias de todo el personal al servicio de la Administración. Los datos personales de todo el personal directivo, incluyendo su domicilio.

De acuerdo con el apartado 3 del artículo 5 de la Ley 5/2003, del 7 de junio, ¿a que categorías de personal se reconoce específicamente el derecho de acceso a la información sobre sus retribuciones básicas y complementarias?. Todo el personal al servicio de las Administraciones públicas sin distinción. Personal directivo público profesional, personal eventual y personal de libre designación. Personal funcionario de carrera y personal laboral fijo. Personal en situación de servicios especiales y personal en comisión de servicios.

De acuerdo con el apartado 3 del artículo 5 de la Ley 5/2003, del 7 de junio, la información sobre las retribuciones básicas y complementarias del personal directivo, eventual y de libre designación debe ser facilitada siempre en: Cómputo neto mensual y bruto anual. Cómputo íntegro anual. Cómputo mensual, desglosada por conceptos. Cómputo trimestral, incluyendo el detalle de las deducciones.

Según el articulo 6 de la Ley 5/2003, del 7 de junio, el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta ley actuará... De acuerdo con los principios de profesionalidad, integridad, objetividad, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y dedicación al servicio público en el desarrollo de sus funciones, para cumplir los objetivos asignados sin incurrir en conflicto de intereses. De acuerdo con los principios de profesionalidad, plenitud, objetividad, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y dedicación al servicio público en el desarrollo de sus funciones, para cumplir los objetivos asignados sin incurrir en conflicto de intereses. De acuerdo con los principios de profesionalidad, integridad, propósito, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y dedicación al servicio público en el desarrollo de sus funciones, para cumplir los objetivos asignados sin incurrir en conflicto de intereses. De acuerdo con los principios de profesionalidad, integridad, objetividad, neutralidad, imparcialidad, reserva y dedicación al servicio público en el desarrollo de sus funciones, para cumplir los objetivos asignados sin incurrir en conflicto de intereses.

Según el articulo 6 de la Ley 5/2003, del 7 de junio, ¿Qué tipos de intereses, directos o indirectos, están incluidos en el concepto de conflicto de intereses para el personal al que se refiere la ley?. Únicamente intereses de tipo personal o político, excluyendo los financieros. Intereses financieros, políticos, económicos o personales. Intereses comerciales, patrimoniales o de índole social. Solamente intereses de naturaleza financiera y económica.

Según el articulo 6 de la Ley 5/2003, del 7 de junio, ¿Qué implica tener un interés directo o indirecto en una actuación administrativa según el texto?. Implica la obligación de declarar los intereses ante el superior jerarquico. Solo se considera si el interes es directo; el interes indirecto no se regula en este apartado. Cualquier participación en una actuación administrativa o procedimiento donde exista uno de los intereses mencionados. Tener un interés que solo afecta a familiares de primer grado.

Según el articulo 7 de la Ley 5/2003, del 7 de junio, los órganos superiores en materia de recursos humanos son: a) El Consejo de Gobierno. b) La Consejería competente en materia de Función Pública. c) a) y b) son correctas. d) a) y b) son incorrectas.

Según el articulo 8 de la Ley 5/2003, ¿A quien corresponde establecer, dirigir y coordinar la política general de la Junta de Andalucía en materia del personal de la Administración de la Junta de Andalucía?. Al Gobierno. Al presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía. Al Consejo de Gobierno. Ninguna respuesta es correcta.

Según el art 16 de la LFPA el personal laboral temporal es el que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, es contratado por tiempo determinado, previa selección en la que deben respetarse los principios de: Celeridad, igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Celeridad, igualdad, mérito, idoneidad y publicidad. Celeridad, igualdad, mérito, capacidad y necesidad.

Según el art 22 de la LFPA, la selección del personal directivo público profesional obedecerá a los principios de: Igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Igualdad, mérito y capacidad. Mérito, capacidad y publicidad. Idoneidad y profesionalidad.

Según el art 59.4 de la LFPA, la evaluación del desempeño se guiará por los siguientes principios (señala la incorrecta): Transparencia. Objetividad. Neutralidad. Periodicidad.

Según el art 59.4 de la LFPA, la evaluación del desempeño se guiara por los siguientes principios (señala la incorrecta): Independencia técnica. Imparcialidad. No discriminación. Publicidad.

Según el art 11.3 del TREBEP, los procedimientos de selección del personal laboral serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de: Igualdad, mérito y capacidad. Igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad. Mérito y capacidad.

Según el art 78 TREBEP, las Administraciones Públicas proveerán los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de: Igualdad, merito, capacidad, publicidad y celeridad. Igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia. Igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Igualdad, mérito, capacidad, idoneidad y publicidad.

Según el art 60 del TREBEP,. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. Los órganos de selección seran colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de parcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de idoneidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad técnica y profesionalidad de sus miembros, y se tendera, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.

Conforme al Art. 41 de la Ley 5/2023, el personal incluido en el ámbito de aplicación de la ley queda sujeto al régimen de incompatibilidades establecido en y por este orden: Esta ley (5/2023), las disposiciones que las desarrollen, normas sectoriales que le sean de aplicación. Normativa estatal de carácter básico, esta ley (5/2023), las disposiciones que lasdesarrollen, normas sectoriales que le sean de aplicación. Esta ley (5/2023), normativa estatal de carácter básico, las disposiciones que las desarrollen, normas sectoriales que le sean de aplicación. Normativa estatal de carácter básico, esta ley (5/2023) y las disposiciones que las desarrollen.

Según el Art. 43 de la Ley 5/2023, en ningún caso se podrán compatibilizar las actividades publicas con el ejercicio : Por sí o mediante sustitución, de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, por cuenta propia o ajena, retribuido o no, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de los deberes, comprometer la imparcialidad o independencia o perjudicar a los intereses generales. Por sí o mediante sustitución, de cualquier cargo, profesión o actividad privado s, por cuenta propia o ajena, retribuido o no, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de los deberes, comprometer la imparcialidad o independencia o perjudicar a los intereses generales. Por sí o mediante sustitución, de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, por cuenta propia o ajena, retribuidos, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de los deberes, comprometer la imparcialidad o independencia o perjudicar a los intereses generales. Ninguna es correcta.

En base al Art. 43 de la Ley 5/2023, no se reconocerá compatibilidad para el desarrollo de actividades privadas, y por tanto ejercerán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva: a) Al Personal Directivo cuyas retribuciones incluya Complemento de Incompatibilidad. b) Al Personal Directivo, en todo caso. c) Al Personal Funcionario o Laboral cuyas retribuciones incluya Complemento de Incompatibilidad. d) Las respuestas b y c son correctas.

Conforme al Art. 5 de la Ley 53/84, son compatibles con la labor de Funcionario en activo, los siguientes cargos políticos: a) Miembros de las CC.LL, salvo que lo desempeñen retribuidos y con dedicación exclusiva. b) de las AA.LL de las Comunidades Autónomas, salvo que perciban su retribución periódica, dietas e indemnizaciones por razón del cargo. c) Miembros de las CCLL, salvo que lo desempeñen retribuidos y con dedicación exclusiva o parcial. d) Las respuestas a y b son correctas.

En base al Art. 7 de la Ley 53/84, para autorizar la compatibilidad en un segundo puesto o actividad del sector publico, no se debe superar, en el caso de un Funcionario del Subgrupo C2, los siguientes límites retributivos: La remuneración prevista en los PGE para el cargo de Director General, ni supere la correspondiente al [puesto/actividad] principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en un 35%. La remuneración prevista en los PGE para el cargo de Director General, ni supere la correspondiente al [puesto/actividad] principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria o parcial, incrementada en un 45%. La remuneración prevista en los PGE para el cargo de Director General, ni supere la correspondiente al [puesto/actividad] principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en un 45%. La remuneración prevista en los PGE para el cargo de Director General, ni supere la correspondiente al [puesto/actividad] principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en un 40%.

Según el artículo 9 de la ley 53/84, ¿Qué órgano es el competente para autorizar, en Régimen Local, una segunda actividad publica a sus funcionarios?. a. El Pleno de la Corporación, en todo caso. b. El Alcalde en Régimen Común. c. La Junta de Gobierno Local en Gran Población. d. Las respuestas b y c son correctas.

Conforme al Art. 10 de la Ley 53/84, quienes accedan a un nuevo puesto del sector publico que resulte incompatible con el que vinieran desempeñando habrán de optar por uno de ellos: Dentro del plazo de toma posesión del nuevo puesto incompatible. Dentro del plazo de los 10 días de toma posesión del nuevo puesto incompatible. No tiene que ejercer opción en ningún caso, pues deberá acceder al nuevo puesto. Dentro del plazo de toma posesión del nuevo puesto incompatible y en caso de no ejercerlo se entiende que se queda en el puesto que tiene actualmente .

En base al tenor literal del Art. 12 de la Ley 53/84, señale la actividad privada incompatible no permitida según el citado artículo: a) Pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de empresas o entidades pública o privadas, siempre que la actividad de las mimas este directamente relacionada con las que gestione el departamento, organismo o entidad en la que preste sus servicios el personal afectado. b) Desempeño de actividades privadas en los asuntos que esté interviniendo, haya intervenido en los 2 últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público. c) Participación superior al 20% en el capital de empresas o sociedades a que se refiere el párrafo anterior. d) Todas las anteriores son actividades incompatibles según el Art. 12.

Conforme al Art. 13 de la Ley 53/84, no podrá reconocerse compatibilidad alguna para actividades privadas a quienes se les hubiera autorizado la compatibilidad para un segundo puesto o actividad públicos, siempre que la suma de jornadas de ambos: Sea superior a la máxima de las Administraciones Públicas. Sea igual o superior a la máxima de las Administraciones Públicas. Sea igual o superior a la ordinaria de las Administraciones Publicas. Sea superior a la ordinaria de las Administraciones Públicas.

Según el Art. 12 de la Ley 53/84 ¿Qué plazo existe para resolver la solicitud de compatibilidad con actividades privadas?. 2 meses. 3 meses. 4 meses. El citado artículo no establece plazo.

En la actualidad, en base a la Disposición Adicional Primera del R.D. 1777/94, ¿Qué plazo se aplica para resolver las solicitudes de actividades privadas ?. 2 meses. 3 meses. 4 meses. El que señale cada Administración.

En relación con la Disposición Adicional Primera del R.D. 1777/94 ¿Cómo se entenderá el Silencio Administrativo en las solicitudes de compatibilidades, tanto en actividades públicas como privadas?. Desestimadas. Estimadas. Finalizadas por caducidad del procedimiento. La citada norma no indica nada al respecto.

En base a la modificación operada en el Art. 16 de la Ley 53/84, tras la entrada en vigor de la nueva Ley 5/2023 de Andalucía, señale la opción correcta: No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, al personal eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias que tengan derecho a percibir del apartado c) del artículo 24 del presente Estatuto incluyan el factor de incompatibilidad. No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, al personal eventual, al personal laboral y personal directivo cuando las retribuciones complementarias que tengan derecho a percibir del apartado b) del artículo 24 del presente Estatuto incluyan el factor de incompatibilidad . No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, al personal eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias que tengan derecho a percibir del apartado b) del artículo 24 del presente Estatuto incluyan el factor de incompatibilidad. Ninguna de las anteriores es correcta.

Según la LFPA, ¿a qué órgano de la Junta de Andalucía le corresponde los nombramientos de funcionarios de carrera?. Al Consejo de Gobierno. A la Consejería en materia de Función Pública. Conjuntamente al Consejo de Gobierno y a la Consejería en materia de Función Pública. Ninguna es correcta.

De conformidad con el Art. 146 de la LFP de Andalucía, en la situación de servicios especiales, los trienios les serán abonados al funcionario que se encuentre en dicha situación: Por la Administración donde tenga su plaza de funcionario. Por la Administración de origen donde ocupó su último puesto de trabajo en servicio activo. Por la Administración donde se encuentre desempeñando sus servicios en la situación de servicios especiales. Por la Administración donde ocupó su último puesto de trabajo en servicio activo, y excepcionalmente por causa legal, por la Administración donde preste sus servicios en la situación de servicios especiales.

De conformidad con el Art. 146 de la LFP de Andalucía, el tiempo desempeñado en servicios especiales, computará: Para la carrera horizontal y vertical. Para la carrera vertical pero no para la horizontal. Para la carrera horizontal pero no para la vertical. Computará a efectos de promoción interna, pero no para la carrera horizontal ni vertical.

De conformidad con el Art. 146 de la LFP de Andalucía, en la situación de servicios especiales: No se le reservará el puesto. Se le reservará si lo hubiese obtenido definitivo por concurso. Se le reservará si lo hubiese obtenido definitivo por concurso o libre designación. Se le reservará si lo hubiese obtenido definitivo por cualquiera de las formas previstas en la ley.

De conformidad con el Art. 146 de la LFP de Andalucía, si una persona en excedencia por servicios especiales no tuviera derecho a la reserva de puesto: Se tendrá derecho, al menos, a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones complementarias correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados, de acuerdo con el sistema de carrera administrativa vigente. Se tendrá derecho, al menos, a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados, de acuerdo con el sistema de carrera administrativa vigente. Se tendrá derecho, al menos, a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón del último puesto desempeñado en servicio activo. Se tendrá derecho, al menos, a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados, de acuerdo con el sistema de carrera administrativa vigente.

¿Cuál de las siguientes excedencias de la LFP de Andalucía, no es de aplicación al Personal al Servicio de las Corporaciones Locales de Andalucía ?: Excedencia por Incompatibilidad. Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el Sector Público Andaluz. Excedencia con reserva de puesto. Todas son aplicables al citado personal.

Conforme al Art. 149 de la LFP de Andalucía, cuanto tiempo de servicios prestados tiene que tener el funcionario para solicitar la Excedencia Voluntaria por interés particular: Un mínimo de 2 años inmediatamente anteriores a solicitarla. Un mínimo de 2 años inmediatamente anteriores a solicitarla como funcionario de carrera. Un mínimo de 5 anos inmediatamente anteriores a solicitarla. Un mínimo de 5 anos inmediatamente anteriores a solicitarla como funcionario de carrera.

Conforme al Art. 149 de la LFP de Andalucía, el periodo mínimo de permanencia en la excedencia voluntaria por interés particular será de: 2 años. 3 años. Un año. La ley no establece plazo mínimo de duración.

1. Conforme al Art. 150 de la LFP de Andalucía, la duración de la Excedencia Voluntaria por Agrupación Familiar, será de: Mínimo 2 años máximo de 15 años. Mínimo 2 años. Mínimo 1 año. Mínimo 1 año y máximo de 15 años.

Conforme al Art. 150 de la LFP de Andalucía, para pedir la Excedencia Voluntaria por Agrupación Familiar, es necesario haber prestado servicios como funcionario un mínimo de: Un mínimo de 2 anos inmediatamente anteriores a solicitarla. Un mínimo de 2 anos inmediatamente anteriores a solicitarla como funcionario de carrera. Un mínimo de 5 años inmediatamente anteriores a solicitarla. Ninguna de las anteriores es correcta.

Conforme al Art. 150 de la LFP de Andalucía, es requisito imprescindible para conceder la Excedencia Voluntaria por Agrupación Familiar: Que el cónyuge o pareja de hecho sea funcionario de carrera o laboral fijo, con puesto en una localidad diferente al que la solicita. Que el cónyuge sea funcionario de carrera o laboral fijo, con puesto definitivo en una localidad diferente al que la solicita. Que el cónyuge sea funcionario de carrera o laboral fijo, con puesto en una localidad diferente al que la solicita. Que el cónyuge o pareja de hecho sea funcionario de carrera o laboral fijo, con puesto definitivo en una localidad diferente al que la solicita.

Conforme al Art. 151 de la LFP de Andalucía, en la Excedencia por Cuidado de Familiares, se garantiza la reserva de puesto: En todo caso, durante los dos primeros años. En todo caso, durante toda la excedencia. En todo caso, durante toda la excedencia, si el puesto fuera de carácter definitivo. En todo caso, durante los dos primeros años, si el puesto fuera de carácter definitivo.

Conforme al Art. 151 de la LFP de Andalucía, durante la Excedencia por Cuidado de Familiares, podrá participar: En las provisiones de puestos de trabajo. En las provisiones de puestos de trabajo y en los cursos de formación. En las provisiones de puestos de trabajo y promociones internas. En las provisiones de puestos de trabajo, promociones internas y cursos de formación.

Conforme al Art. 152 de la LFP de Andalucía, la funcionaria en Excedencia por Violencia de Genero, tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñen, siendo computable dicho periodo a efectos de antigüedad, carrera profesional y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación: Durante los 6 primeros meses. Durante los 6 primeros meses, con posibilidad de prórrogas de 3 meses hasta un máximo de 18. Durante los 12 primeros meses, con posibilidad de prórrogas de 3 meses hasta un máximo de 18. Durante los 12 primeros meses.

Conforme al Art. 152 de la LFP de Andalucía, la funcionaria en Excedencia por Violencia de Genero, tendrá derecho a cobrar las retribuciones integras y la prestación por hijo a cargo, si la tuviera reconocida: Durante los 2 primeros meses. Durante los 3 primeros meses. Durante los 4 primeros meses. Durante los 6 primeros meses.

Conforme al Art. 155 de la LFP de Andalucía, la Excedencia por Incompatibilidad, se declara: Cuando el funcionario de carrera ingrese al servicio activo en otro cuerpo, especialidad u opción, o pase a prestar sus servicios como laboral fijo o personal directivo con contrato laboral de alta dirección en cualquier Administración Pública. Cuando el funcionario ingrese al servicio activo en otro cuerpo, especialidad u opción, o pase a prestar sus servicios como laboral fijo o personal directivo con contrato laboral de alta dirección en cualquier Administración Pública. Cuando el funcionario de carrera ingrese al servicio activo en otro cuerpo, especialidad u opción, o pase a prestar sus servicios como laboral fijo. Cuando el funcionario ingrese al servicio activo en otro cuerpo, especialidad u opción, o pase a prestar sus servicios como laboral fijo o personal directivo en cualquier Administración Pública.

Conforme al Art. 156 LFPA, la Excedencia con Reserva de Puesto, podrá solicitarse por el funcionario de carrera: Siempre que haya prestado servicios efectivos en cualquier Administración pública durante 10 años. Si las necesidades del servicio debidamente motivadas lo permiten, y siempre que haya prestado servicios efectivos en cualquier Administración pública durante 10 años. Siempre que haya prestado servicios efectivos en cualquier Administración pública durante 5 años. Si las necesidades del servicio debidamente motivadas lo permiten, y siempre que haya prestado servicios efectivos en cualquier Administración pública durante 5 años.

Conforme al Art. 156 LFPA, la Excedencia con Reserva de Puesto, ¿qué duración tiene?. La LFP de Andalucía no indica plazo exacto. Mínimo un año. Mínimo 6 meses y máximo 5 años. Mínimo 6 meses y máximo un año.

Conforme al Art. 156 LFPA, la Excedencia con Reserva de Puesto, una vez finalizada, ¿hasta cuando no se podrá volver a solicitar la misma excedencia?. Hasta transcurridos 5 años de servicios efectivos de la finalización de la anterior. Hasta transcurridos 2 años de servicios efectivos de la finalización de la anterior. Hasta transcurridos 3 anos de servicios efectivos de la finalizacion de la anterior. No hay límite de tiempo mínimo para solicitarla de nuevo.

Conforme al Art. 156 LFPA, durante la Excedencia con Reserva de Puesto: No se podrá prestar servicios en el Sector Público. No se podrá prestar servicios en ninguna Administración Pública. Se podrá prestar servicios en cualquier actividad pública o privada. La LFP de Andalucía no indica nada a este respecto.

Según el art 105 de la LFPA, ¿Cuál de los siguientes es un principio que rige el acceso al empleo público?. Fiabilidad y validez predictiva de los instrumentos y procesos de reclutamiento y selección, de forma que guarden relación con los conocimientos, competencias y aptitudes que son necesarios para poder desempeñar adecuadamente los puestos de trabajo a los que se refieren las convocatorias. Imparcialidad y validez predictiva de los instrumentos y procesos de reclutamiento y selección, de forma que siempre guarden relación con los conocimientos, competencias y aptitudes que son esenciales para poder desempeñar adecuadamente los puestos de trabajo a los que se refieren las convocatorias. Fiabilidad y objetividad predictiva de los instrumentos y procesos de reclutamiento y selección, de forma que guarden relación con los conocimientos, competencias y aptitudes que son necesarios para poder desempeñar adecuadamente los puestos de trabajo a los que se refieren las convocatorias. Fiabilidad y eficacia predictiva de los instrumentos y procesos de reclutamiento y selección, de forma que guarden relación con los conocimientos, competencias y aptitudes que son necesarios para poder desempeñar adecuadamente los puestos de trabajo a los que se refieren las convocatorias.

Según el art 105 de la LFPA, ¿Cuál de los siguientes no es un principio que rige el acceso al empleo público?. Publicidad de las convocatorias y de sus bases, así como de la planificación y seguimiento de los procesos selectivos. Transparencia. Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. Independencia e indiscrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección, así como confidencialidad en su actuación.

1. ¿A que órgano de la Junta de Andalucía le corresponde los nombramientos de funcionarios de carrera?. Al Consejo de Gobierno. A la Consejería en materia de Función Pública. Conjuntamente al Consejo de Gobierno y a la Consejería en materia de Función Pública. Ninguna es correcta.

1. ¿A que órgano de la Junta de Andalucía le corresponde la contratación del personal laboral fijo?. Al Consejo de Gobierno. A la Consejería en materia de Función Pública. Conjuntamente al Consejo de Gobierno y a la Consejería en materia de Función Pública. Ninguna es correcta.

1. ¿A que órgano de la Junta de Andalucía le corresponde la aprobación de la RPT?. Al Consejo de Gobierno. A la Consejería en materia de Función Pública. Conjuntamente al Consejo de Gobierno y a la Consejería en materia de Función Pública. Ninguna es correcta.

1. Según el art. 6 de la LFPA: El personal incluido en el ámbito de aplicación de esta ley actuará de acuerdo con los principios profesionalidad, integridad, objetividad, neutralidad, arbitrariedad, confidencialidad y dedicación al servicio público en el desarrollo de sus funciones, para cumplir los objetivos asignados sin incurrir en conflicto de intereses. El personal incluido en el ámbito de aplicación de esta ley actuará de acuerdo con los principios profesionalidad, integridad, eficacia, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y dedicación al servicio público en el desarrollo de sus funciones, para cumplir los objetivos asignados sin incurrir en conflicto de intereses. El personal incluido en el ámbito de aplicación de esta ley actuará de acuerdo con los principios concurrencia, integridad, objetividad, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y dedicación al servicio público en el desarrollo de sus funciones, para cumplir los objetivos asignados sin incurrir en conflicto de intereses. El personal incluido en el ámbito de aplicación de esta ley actuará de acuerdo con los principios profesionalidad, integridad, objetividad, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y dedicación al servicio público en el desarrollo de sus funciones, para cumplir los objetivos asignados sin incurrir en conflicto de intereses.

El objeto de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, es: a) Definir la función pública de la Administración de la Junta de Andalucía. b) Ordenar y definir la función pública de la Administración de la Junta de Andalucía. c) Definir y ordenar la función pública de la Administración de la Junta de Andalucía, así como determinar las normas aplicables a todo el personal de las Administraciones públicas de Andalucía incluido en su ámbito de aplicación. d) Determinar las normas aplicables a todo el personal de las Administraciones públicas de Andalucía.

En cuanto al ámbito de aplicación del artículo 2 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Publica de Andalucía, la ley no es de aplicación: a) Al personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía. b) Al personal contratado por las entidades instrumentales del sector privado. c) Al personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía. d) Al personal directivo público profesional.

La Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, no es de aplicación: a) Al personal docente universitario y el personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud. b) Al personal de la Administración de Justicia competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. c) Al personal de las Universidades públicas de Andalucía. d) Al personal al servicio de las Administraciones locales del territorio de Andalucía y de las entidades públicas dependientes de las mismas, con respeto en todo caso a la autonomía local y a la legislación básica estatal de aplicación directa al régimen específico de la función pública local.

La Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, es de aplicación: a) Al personal de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, del Consejo Consultivo de Andalucía. b) Al personal investigador definido como tal en su legislación específica. c) Al Consejo Audiovisual de Andalucía. d) Todas las respuestas son correctas.

Según el Artículo 3 de la Ley de Función Pública de Andalucía, ¿cuáles de los siguientes grupos están excluidos del ámbito de aplicación de esta ley?. a) El personal de alta dirección y aquellas personas contratadas en calidad de personal eventual. b) Quienes ocupen un cargo de alto rango o equivalente, salvo lo estipulado para la dirección pública profesional, y las personas que celebren contratos con el sector público al amparo de la legislación de contratos del sector público. c) Todo el personal al servicio del Parlamento de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz, independientemente de la legislación específica que pueda aplicarse. d) El personal investigador y el personal eventual al servicio de las universidades públicas de Andalucía.

La ordenación y regulación de la función pública andaluza, según el artículo 4 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Publica de Andalucía, no se basa en los principios y fundamentos de actuación siguientes: Subjetividad, profesionalidad e imparcialidad. Sometimiento pleno a la Constitución, al Estatuto de Autonomía para Andalucía, a la normativa estatal de carácter básico y al resto del ordenamiento jurídico. Dedicación al servicio público, al servicio a la ciudadanía y a los intereses generales. Igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, así como no discriminación en todas sus facetas.

La ordenación y regulación de la función pública andaluza no se basa en los siguientes principios y fundamentos de actuación: a. Seguridad e higiene laboral. b. Fomento del teletrabajo como medida que contribuya a una mejor organización del trabajo. c. Reconocimiento del valor y cuidado de las personas. d. Representación, participación y otras formas de colaboración entre las Administraciones públicas y el personal empleado público o su representación.

A las Administraciones públicas incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, y en relación al artículo 5, no les resultarán de aplicación las obligaciones de: a. Publicidad activa contenidas en la normativa estatal de carácter básico. b. Publicidad activa contenidas en la normativa estatal de carácter general. c. La legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía respecto del personal a su servicio. d. Lo dispuesto en dicho artículo 5 de la Ley de Función Pública de Andalucía.

A tenor del artículo 5 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, se concederá el acceso a aquella información que contenga datos meramente identificativos, relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano sobre el que se soliciten: Con carácter general sin excepción. Con carácter general, y salvo que en caso concreto prevalezca la protección de datos personales. Con carácter general. Con carácter general, y salvo que en caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida.

A tenor del artículo 5 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, el acceso a la información sobre las autorizaciones de compatibilidad del personal incluido en el ámbito de aplicación de esta ley será: a. Público. b. Privado. c. Público o privado. d. Público salvo excepción contenida en dicho artículo.

En cuanto a las competencias del Consejo de Gobierno, según la LFPA, no le corresponde: a. Determinar los cuerpos, las agrupaciones de puestos de trabajo o los puestos de trabajo concretos de personal funcionario previstas en la normativa autonómica de carácter básico a los que no puedan acceder las personas nacionales de otros Estados. b. Ejercer la iniciativa legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos. c. Fijar las normas y directrices generales para la aplicación del régimen retributivo. d. Aprobar la oferta de empleo público y los demás instrumentos de planificación previstos en esta ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía.

Le corresponden a la persona titular de la Consejería, según la LFPA, las siguientes competencias: a. Proponer al Consejo de Gobierno los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones reglamentarias. b. Elaborar, tramitar, aprobar y modificar las relaciones de puestos de trabajo, en los términos que reglamentariamente se establezcan. c. Imponer la sanción disciplinaria de separación del servicio. d. Todas las respuestas son correctas.

Según el artículo 12 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, es personal al servicio de la Administración pública el que desempeña funciones retribuidas al servicio de: a. Los intereses generales. b. Los intereses particulares. c. Los intereses generales en el ámbito de aplicación de esta ley. d. Los intereses generales o particulares.

Es personal funcionario de carrera, según regula el artículo 13 de la Ley 5/2023, de 7 de junio de la Función Pública de Andalucía: a. En que está vinculado a la Administración Pública. b. El que en virtud de nombramiento legal, está vinculado a la Administración pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo, para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. c. El que está vinculado a la Administración pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Laboral. d. El que en virtud de nombramiento legal, está vinculado a la Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo, para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter temporal.

Según el artículo 14 de la Ley 5/2023, de 7 de junio de la Función Pública de Andalucía, para que sea personal funcionario interino, se tiene que dar la circunstancia, entre otras, de que la existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por personal funcionario de carrera, es por un máximo de: a. Tres años. b. Cuatro años. c. Cinco años. d. Dos años.

En relación al artículo 15 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, serán desempeñadas exclusivamente por personal funcionario: a. La fe pública administrativa que, entre otras funciones, conllevará la expedición de certificaciones o de copias auténticas. b. La constatación de hechos que, de acuerdo con su normativa específica, tengan presunción de veracidad. c. La inscripción, anotación, cancelación y demás actos de administración de registros administrativos, que tengan efecto constitutivo d. Todas las respuestas son correctas. d. Todas las respuestas son correctas.

Los puestos de trabajo de la Administración de la Junta de Andalucía serán desempeñados: a. Con carácter general por personal funcionario público. b. Con carácter general por el personal eventual. c. Por personal funcionario público salvo excepciones. d. Ninguna respuesta es correcta.

Según la LFPA, no podrá desempeñar el personal laboral: a. La fe pública administrativa que, entre otras funciones, conllevará la expedición de certificaciones o de copias auténticas. b. Los puestos de trabajo de naturaleza no permanente y los que se dirijan a satisfacer necesidades de carácter periódico y discontinuo. Los puestos de carácter instrumental correspondientes a las áreas de mantenimiento y conservación de edificios, equipos, instalaciones o vías públicas, artes gráficas, encuestas, protección civil y comunicación social. d. Los puestos de las áreas de expresión artística, servicios sociales, asistenciales y culturales, y del área de protección de menores.

La clasificacion profesional del personal laboral tal y como regula la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, se establecerá mediante: a. Negociación colectiva. b. Pacto. c. Acuerdo. d. Contrato.

En relación al artículo 106 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la función pública de Andalucía, para el acceso a los cuerpos, especialidades y escalas que impliquen el ejercicio de autoridad se podrá exigir la edad mínima de: a. Dieciséis años. b. Quince años. c. Doce años. d. Dieciocho años.

En relación al artículo 106 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la función pública de Andalucía, ¿se puede establecer una edad máxima para el acceso a cuerpos que impliquen el ejercicio de autoridad?. a. Sí, solo por ley. b. Sí, solo por reglamento. c. Sí, solo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso a determinados cuerpos. d. No.

¿Quién/es determinará los cuerpos, las agrupaciones de puestos de trabajo o los puestos de trabajo concretos a los que no puedan acceder los nacionales de otros Estados?. a. El consejo de Estado. b. El Consejo de Gobierno. c. El Estado d. Las Administraciones Públicas. d. Las Administraciones Públicas.

A tenor del artículo 109 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la función pública de Andalucía, en las ofertas de empleo público o instrumento similar se reservará un cupo de las vacantes para ser cubiertas por personas: b. Con discapacidad del 45%. c. Con discapacidad del 65%. a. Con discapacidad. d. Con discapacidad, considerando como tales las que así se determinen en la legislación en materia de discapacidad.

La Administración, según el artículo 109 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la función pública de Andalucía, adoptará las medidas precisas para establecer: a. Adaptaciones y ajustes razonables de tiempo. b. Accesibilidad en el proceso selectivo. c. Adaptaciones y accesibilidad en el proceso selectivo. d. Adaptaciones y ajustes razonables de tiempos, medios y accesibilidad en el proceso selectivo.

Los procesos selectivos, según el artículo 111 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la función pública de Andalucía, tendrán carácter: a. Público. b. Privado. c. Abierto. d. Cerrado.

A tenor del artículo 112 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la función pública de Andalucía, para asegurar la objetividad y la racionalidad de los procedimientos selectivos, las convocatorias podrán prever que el acceso esté condicionado, en una fase posterior, a la realización de unos cursos de formación o especialización, o de un período de prácticas, en los que podrá admitirse: a. Mayor número de asistentes que plazas convocadas. b. Un mínimo de asistentes. c. Como máximo ocho asistentes. d. Como máxima diez asistentes tal y como contempla dicho artículo 112.

En función del artículo 115 de la Ley 5/2023, de 7 de junio de la función pública de Andalucía, la selección del personal funcionario interino y del personal laboral temporal de la Administración General de la Junta de Andalucía se llevará a cabo mediante procedimientos ágiles en los que se garanticen los principios de: a. Igualdad, mérito y capacidad. b. Igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad. c. Igualdad, capacidad, y celeridad. d. Igualdad, capacidad, y celeridad.

Tal y como contempla el artículo 117 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la función pública de Andalucía, no es causa de pérdida de la condición de personal funcionario de carrera: a. La renuncia a la condición de personal funcionario. b. La jubilación total. c. La sanción disciplinaria de separación del servicio que tenga carácter definitivo. d. La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tenga carácter firme.

Indica, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, que personal se encuentra incluido dentro de su ámbito de aplicación: a) El personal de las Universidades publicas de Andalucía. b) El personal de la Administracion de Justicia competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. c) El personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía. d) El personal que tenga la consideración de personal alto cargo o rango asimilado al mismo.

El artículo 5 de la Ley 5/2023 de 7 de junio, de la Función Publica de Andalucía, establece que a las Administraciones públicas incluidas en el ámbito de aplicación de la misma y a sus entidades instrumentales: a) No les resultaran de aplicación las normas sobre derecho de acceso contenidas en la normativa estatal de carácter básico y en la legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía respecto del personal a su servicio. b) No les resultaran de aplicación las obligaciones de publicidad activa contenidas en la normativa estatal de carácter básico y en la legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía respecto del personal a su servicio. c) Les resultarán de aplicación las obligaciones de publicidad activa contenidas en la normativa estatal de carácter básico y en la legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía respecto del personal a su servicio. d) Les resultaran de aplicación las normas sobre derecho de acceso contenidas en la normativa estatal de carácter básico y en la legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía respecto del personal a su servicio.

Indica, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 3 de la Ley 5/2023 de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, cual de los siguientes colectivos es considerado como personal con legislación específica: a) El personal investigador. b) El personal contratado por las entidades instrumentales del sector publico andaluz. c) Todos son colectivos que se rigen por legislacion específica. d) El personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía.

El articulo 5.2 de la Ley 5/2023 de 7 de junio, de la Función Publica de Andalucía, establece que el acceso a información que contenga datos meramente identificativos, relacionados con la organización, funcionamiento o actividad publica del órgano sobre el que se soliciten: a) Se concederá en todo caso. b) Se concedera cuando sea expresamente autorizado por la Consejeria competente en materia de Funcion Publica. c) Se concederá, con carácter general. d) No se concederá en ningún caso.

Señala, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 4 de la Ley 5/2023 de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, cual de los siguientes principios NO forma parte de la ordenación y regulación de la función publica andaluza: a) La seguridad y la salud laboral. b) Coordinación, colaboración y cooperación de las distintas Consejerías en materia de personal. c) Fomento del teletrabajo como medida que contribuya a una mejor organizacion del trabajo. d) Reconocimiento del valor y cuidado de las personas.

Indica, teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 2 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, que personal se encuentra incluido dentro de su ámbito de aplicación: a) El personal directivo profesional. b) El personal eventual. c) El personal al servicio del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. d) El personal investigador.

Señala, teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 4 de la Ley 5/2023 de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, cual de los siguientes principios NO forma parte de la ordenación y regulación de la función publica andaluza: a) Desarrollo y cualificación profesional permanente. b) Coordinación entre las Administraciones publicas en la regulación y gestión del empleo publico, a cuyo fin podrán celebrar convenios. c) Jerarquía en la atribución, la ordenación y el desempeño de las funciones y de las tareas atribuidas. d) Seguridad jurídica mediante la adopción de medidas de simplificación normativa.

Señala, teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 4 de la Ley 5/2023 de 7 de junio, de la Función Publica de Andalucía, cual de los siguientes principios NO forma parte de la ordenación y regulación de la función publica andaluza: a) Igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, así como no discriminación en todas sus facetas. b) Dedicación al servicio publico, al servicio a la ciudadanía y a los intereses generales. c) Libre acceso mediante la implantación de sistemas selectivos adecuados y transparentes. d) Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal en el empleo publico de las personas con discapacidad.

El articulo 2 de la Ley 5/2023 de 7 de junio, de la Función Publica de Andalucía, establece que el personal contratado por las entidades instrumentales del sector publico andaluz se rige: a) Por sus propias normas jurídicas y convencionales. b) Por las mismas normas que el personal funcionario al servicio de la Junta de Andalucía. c) Por el VI Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Junta de Andalucía. d) Por la legislación laboral y demás normativa relacionada que le sea de aplicación.

Indica, teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 3 de la Ley 5/2023 de 7 de junio, de la Función Publica de Andalucía, cual de los siguientes colectivos es considerado como personal con legislación específica: a) El personal directivo profesional. b) Las personas fisicas que, al amparo de la legislacion sobre contratos del sector publico, celebren contratos con el sector publico. c) El personal al servicio de las Administraciones locales del territorio de Andalucía y de las entidades públicas dependientes de las mismas. d) El personal que tenga la consideración de personal alto cargo o rango asimilado al mismo.

Indica, teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 3 de la Ley 5/2023 de 7 de junio, de la Función Publica de Andalucía, cual de los siguientes colectivos es considerado como personal con legislación especifica: a) El personal contratado por las entidades instrumentales del sector publico andaluz. b) El personal de las Universidades públicas de Andalucía. c) El personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía. d) El personal directivo profesional.

Señala, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 4 de la Ley 5/2023 de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, cual de los siguientes principios NO forma parte de la ordenación y regulación de la función pública andaluza: a) Fortalecimiento de las relaciones con la ciudadanía. b) Fomento de la conciliacion de la vida profesional con la personal y familiar, y corresponsabilidad. c) Atracción, desarrollo y retención del talento humano de acuerdo con los principios de publicidad, igualdad, merito y capacidad, con el objetivo de que los procesos de selección y promoción profesional garanticen la máxima validez predictiva para la función a desempeñar. d) Racionalización, simplificación y agilización de los procedimientos administrativos.

Indica, teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 3 de la Ley 5/2023 de 7 de junio, de la Función Publica de Andalucía, cual de los siguientes colectivos es considerado como personal con legislación específica: a) El personal al servicio del Consejo Consultivo de Andalucía, del Consejo Audiovisual de Andalucía, del Consejo Económico y Social de Andalucía,. b) El personal de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupcion,. c) Todos son personas con legislación específica. d) El personal al servicio del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

Indica, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, que personal se encuentra incluido dentro de su ámbito de aplicación: a) El personal eventual. b) El personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía. d) Las personas físicas que, al amparo de la legislación sobre contratos del sector publico, celebren contratos con el sector publico. c) El personal de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupcion.

Indica, de conformidad con lo establecido en el articulo 3.2 de la Ley 5/2023 de 7 de junio, de la Función Publica de Andalucía, cual de los siguientes colectivos se encuentra excluido del ámbito de aplicación de la ley: a) El personal contratado por las entidades instrumentales del sector publico andaluz. b) Las personas físicas que, al amparo de la legislación sobre contratos del sector público, celebren contratos con el sector público. c) El personal directivo profesional. d) El personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Indica, teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 2 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Publica de Andalucía, que personal se encuentra incluido dentro de su ámbito de aplicación: a) El personal al servicio del Consejo Consultivo de Andalucía. b) El personal contratado por las entidades instrumentales del sector público andaluz. c) El personal al servicio de las Administraciones locales del territorio de Andalucía y de las entidades publicas dependientes de las mismas. d) El personal funcionario docente no universitario.

El artículo 3 de la Ley 5/2023 de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, establece que el personal de la Administración de Justicia competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía se rige: a) Por las mismas normas que el personal funcionario al servicio de la Junta de Andalucía. b) Por su normativa específica y, cuando dicha normativa así lo disponga, por esta ley. c) Por la legislación laboral y, cuando dicha normativa así lo disponga, por esta ley. d) Por su normativa especifica y, supletoriamente, por la legislación laboral.

Señala, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 4 de la Ley 5/2023 de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, cual de los siguientes principios NO forma parte de la ordenación y regulación de la función publica andaluza: a) Sometimiento pleno a la Constitución, al Estatuto de Autonomía para Andalucía, a la normativa estatal de carácter básico y al resto del ordenamiento jurídico. b) Satisfacción de los intereses generales mediante la adecuada planificación interdepartamental dentro de cada Consejería. c) Transparencia, gobernanza y rendición de cuentas. d) Objetividad, profesionalidad e imparcialidad.

Indica, de conformidad con lo establecido en el articulo 3.2 de la Ley 5/2023 de 7 de junio, de la Función Publica de Andalucía, cual de los siguientes colectivos se encuentra excluido del ámbito de aplicación de la ley: a) El personal de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. b) El personal que tenga la consideración de personal alto cargo o rango asimilado al mismo. c) El personal de las Universidades públicas de Andalucía. d) El personal de la Administración de Justicia competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Según la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, ¿en que caso se considerarán justificadas las ausencias al trabajo parciales en los supuestos de empleadas víctimas de violencia de género?. En todo caso, por motivos de seguridad o por el tiempo y en las condiciones que así lo determinen los servicios sociales o de salud. En casos de motivos de seguridad en las condiciones que así lo determinen las Unidades de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional. En caso de agresiones y amenazas, en las condiciones que así lo determine la Sección del Tribunal de Instancia con competencias en materia de violencia sobre la mujer. En casos de agresiones, en las condiciones que así lo determinen las Unidades de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional.

Según la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, cuando la Administración deba indemnizar a una persona o entidad como consecuencia del daño o perjuicio causado por su personal por dolo, culpa o negligencia graves en el ejercicio de sus funciones: Exigirá de oficio o a instancia de parte en vía administrativa la correspondiente responsabilidad a quien hubiese incurrido en ella, de conformidad con lo dispuesto en la normativa reguladora del régimen jurídico del sector público, y sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria en que también pudiese incurrir, mediante la instrucción del correspondiente procedimiento con audiencia de la persona interesada. Exigirá a instancia de parte en vía administrativa la correspondiente responsabilidad a quien hubiese incurrido en ella, de conformidad con lo dispuesto en la normativa reguladora del régimen jurídico del sector público, y sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria en que también pudiese incurrir, mediante la instrucción del correspondiente procedimiento con audiencia de la persona interesada. Exigirá de oficio en vía administrativa la correspondiente responsabilidad a quien hubiese incurrido en ella, de conformidad con lo dispuesto en la normativa reguladora del régimen jurídico del sector público, y sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria en que también pudiese incurrir, mediante la instrucción del correspondiente procedimiento con audiencia de la persona interesada. Exigirá de oficio o a instancia de parte en vía administrativa o civil la correspondiente responsabilidad a quien hubiese incurrido en ella, de conformidad con lo dispuesto en la normativa reguladora del régimen jurídico del sector público, y sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria en que también pudiese incurrir, mediante la instrucción del correspondiente procedimiento con audiencia de la persona interesada.

Según lo establecido en la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, ¿a qué estáobligado el personal funcionario de carrera en la situación de expectativa de destino?. A participar en los concursos para puestos adecuados a su cuerpo, especialidad u opción que estén situados en la misma o distinta localidad donde estaba destinado. A aceptar destino en puestos de características similares al que ocupaba dentro de cualquier tramo de carrera profesional y que se le ofrezcan en la misma o distinta localidad donde estaba destinado. A aceptar destino en puestos de características similares al que ocupaba dentro del tramo de carrera profesional consolidado y que se le ofrezcan en la misma o distinta localidad donde estaba destinado. A participar en los cursos de capacitación a los que se le convoque.

De acuerdo con el artículo 82 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, la negociación colectiva de condiciones de trabajo del personal que presta servicios en las Administraciones públicas de Andalucía estará sujeta a los principios de: Cooperación, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, confianza legítima, publicidad, idoneidad y lealtad institucional. Igualdad entre partes negociadoras, cobertura presupuestaria, buena fe negocial, confianza institucional ycooperación. Legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, confianza legítima, publicidad, transparencia, mutua lealtad y cooperación. Igualdad, legalidad, cobertura presupuestaria, voluntariedad, buena fe negocial, publicidad, transparencia, mutua lealtad y cooperación.

De acuerdo con la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Publica de Andalucía, ¿cuál es el mínimo de plazas que incluirá la oferta de empleo público o instrumento similar?. Un mínimo del dieciocho por ciento de plazas para la promoción interna, las cuales se proveerán en una convocatoria independiente o en la misma convocatoria del turno de acceso libre si así se establece por la Comisión. Un mínimo del veinte por ciento de plazas para la promoción interna, las cuales se proveerán en la misma convocatoria del turno de acceso libre o mediante una convocatoria independiente. Un mínimo del veinticinco por ciento de plazas para la promoción interna, las cuales podrán proveerse en lamisma convocatoria del turno de acceso libre o mediante una convocatoria independiente. Un mínimo del treinta por ciento de plazas para la promoción interna, las cuales se proveerán en una convocatoria independiente.

Indique cual de lo siguientes no es uno de los principios por los que se guiará la evaluación del desempeño de acuerdo con el artículo 59 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía: Igualdad. Adaptación a las funciones desarrolladas. Fiabilidad de los instrumentos. Imparcialidad.

El personal incluido en el ámbito de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, actuará de acuerdo con algunos de los siguientes principios: Objetividad, reciprocidad e imparcialidad. Neutralidad, imparcialidad e igualdad. Profesionalidad, integridad y objetividad. Idoneidad, confidencialidad y dedicación al servicio público.

Señale la incorrecta en relación con el personal funcionario interino según el artículo 14 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía: El cese del personal funcionario interino dará lugar a una indemnización de 20 días de salario por año de servicio. El personal funcionario interino deberá cumplir con los requisitos exigidos para el puesto de trabajo a desempeñar y ser personal ajeno a la función pública de la Administración de la Junta de Andalucía. El personal funcionario interino podrá ser removido de acuerdo con las causas y mediante el procedimiento previsto para el personal funcionario de carrera. El personal funcionario interino ocupará puestos de la relación de puestos de trabajo que se asignan con carácter definitivo al personal funcionario de carrera de nuevo ingreso del cuerpo o especialidad al que se asimilen.

Según establece la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, los funcionarios de Organismos Internacionales podrán quedar exentos de la realización de las pruebas necesarias para el acceso a la Administración de la Junta de Andalucía: Cuando obtengan habilitación especial por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Cuando acrediten haber prestado servicios efectivos en el Organismo Internacional correspondiente durante, al menos, los cinco años inmediatos anteriores al ingreso en el correspondiente cuerpo de la administración de la Junta de Andalucía. Cuando tengan por objeto acreditar conocimientos ya exigidos para el desempeño de su puesto en el organismo internacional correspondiente. Cuando se trate de funcionarios de nacionalidad española de servicio en Organismos Internacionales.

De acuerdo con la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Publica de Andalucía, ¿Qué retribuciones percibirá el personal funcionario de carrera en comisión de servicios en programas de cooperación internacional?. La retribución correspondiente al puesto de origen o al puesto a desempeñar, según lo que acuerde la resolución de la comisión de servicios. La retribución correspondiente al puesto de origen o al puesto a desempeñar, según lo que solicite el personal en esta situación. La retribución correspondiente al puesto de origen, en todo caso. La retribución correspondiente al puesto a desempeñar, en todo caso.

De acuerdo con el artículo 120 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, alcanzada la edad de jubilación forzosa, el funcionario de carrera podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo: Como máximo hasta que cumpla los 70 anos de edad. Como máximo hasta que cumpla los 75 años de edad. Como máximo hasta que cumpla los 65 años de edad. Como máximo hasta que cumpla los 68 años de edad.

Según lo dispuesto en la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, en el sistema de tramos de la carrera horizontal ¿cómo se establecerá para cada grupo o subgrupo el número de tramos y como máximo cual será dicho número?. Reglamentariamente y con un máximo de cuatro tramos. Reglamentariamente, previa negociación colectiva y con un máximo de seis tramos. Legalmente y con un máximo de cinco tramos. Legalmente, previa negociación colectiva y con un máximo de cuatro tramos.

Según lo establecido en la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Publica de Andalucía, ¿Quiénes serán competentes para proceder a la convocatoria y resolución de los concursos específicos respecto a los puestos adscritos a los servicios centrales?. Las personas titulares de los órganos directivos periféricos. Las personas titulares de las Consejerías de la Administracion de la Junta de Andalucía. Las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno. Las personas titulares de las agencias del sector público andaluz.

¿Cuál de las siguientes faltas del personal se considera falta muy grave según lo establecido en la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía?. La realización, dentro de la jornada laboral, de manera reiterada o con ánimo de lucro, de otro tipo de actividades personales o profesionales. La falta de asistencia injustificada a los cursos obligatorios. La agresión verbal o el trato irrespetuoso graves a cualquier persona con la cual se relacione en el ejercicio de las funciones. La intervención, por dolo o negligencia inexcusable, en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.

El artículo 48 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico, establece que por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el funcionario tendrá derecho: a) A ausentarse del trabajo durante un máximo de una hora diaria, con la disminución proporcional de sus retribuciones. b) A ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones íntegras. c) A ausentarse del trabajo durante un máximo de una hora diaria percibiendo las retribuciones integras. d) A ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias, con la disminución proporcional de sus retribuciones.

El articulo 49 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico, establece que el permiso de dos semanas distribuido a voluntad de la madre, en periodos semanales de forma acumulada o interrumpida hasta que el hijo o la hija cumpla los ocho anos: a) Constituye un derecho individual de la madre biológica, pudiendo transferirse su ejercicio. b) No constituye un derecho individual de la madre biologica. c) No constituye un derecho individual de la madre biológica, pudiendo transferirse su ejercicio únicamente en caso de fallecimiento. d) Constituye un derecho individual de la madre biológica, sin que pueda transferirse su ejercicio.

El articulo 49 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico, establece que en el caso del disfrute interrumpido de los permisos por nacimiento de la madre biológica requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos: a) Cinco días. b) Veinte días. c) Diez días. d) Quince días.

A tenor de lo establecido en el artículo 49 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el permiso por nacimiento de la madre biológica se distribuirá de la siguiente manera: a) Cuatro semanas, ocho en el caso de monoparentalidad, para el cuidado del menor que podrán distribuirse a voluntad de la madre, en períodos semanales de forma acumulada o interrumpida hasta que el hijo o la hija cumpla un año. b) Dos semanas, cuatro en el caso de monoparentalidad, para el cuidado del menor que podrán distribuirse a voluntad de la madre, en períodos semanales de forma acumulada o interrumpida hasta que el hijo o la hija cumpla un año. c) Cuatro semanas, ocho en el caso de monoparentalidad, para el cuidado del menor que podrán distribuirse a voluntad de la madre, en períodos semanales de forma acumulada o interrumpida hasta que el hijo o la hija cumpla los ocho años. d) Dos semanas, cuatro en el caso de monoparentalidad, para el cuidado del menor que podrán distribuirse a voluntad de la madre, en períodos semanales de forma acumulada o interrumpida hasta que el hijo o la hija cumpla los ocho años.

El articulo 48 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico, establece que por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún menor de doce anos, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a: a) La reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que corresponda. b) La reducción de su jornada de trabajo, sin la disminución de sus retribuciones que corresponda. c) A ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las retribuciones integras. d) Reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones.

Indica cual de las siguientes afirmaciones es correcta teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 49 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, sobre el permiso parental para el cuidado de hijo, hija o menor acogido por tiempo superior a un ano, hasta el momento en que el menor cumpla ocho anos: a) Tendrá una duración no superior a doce semanas, continuas o discontinuas. b) Constituye un derecho individual de las personas progenitoras, adoptantes o acogedoras, hombres o mujeres, sin que pueda transferirse su ejercicio. c) Tendrá carácter retribuido. d) Cuando las necesidades del servicio lo permitan, corresponderá a la persona progenitora, adoptante o acogedora especificar la fecha de inicio y fin del disfrute o, en su caso, de los periodos de disfrute, debiendo comunicarlo a la Administración con una antelación de un mes.

Indica cual de las siguientes afirmaciones es correcta teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 49 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, sobre el permiso parental para el cuidado de hijo, hija o menor acogido por tiempo superior a un año, hasta el momento en que el menor cumpla ocho años: a) No tendrá carácter retribuido. b) Cuando las necesidades del servicio lo permitan, corresponderá a la persona progenitora, adoptante o acogedora especificar la fecha de inicio y fin del disfrute o, en su caso, de los períodos de disfrute, debiendo comunicarlo a la Administración con una antelación de un mes. c) Tendrá una duración no superior a doce semanas, continuas o discontinuas. d) Constituye un derecho individual de las personas progenitoras, adoptantes o acogedoras, hombres o mujeres, pudiendo transferirse su ejercicio.

A tenor de lo establecido en el artículo 49 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el permiso por nacimiento de la madre biológica se distribuirá de la siguiente manera: a) Once semanas, veintidós en el caso de monoparentalidad, que podrán distribuirse a voluntad de la madre, en períodos semanales a disfrutar de forma acumulada o interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses. b) Ocho semanas, Trece en el caso de monoparentalidad, que podrán distribuirse a voluntad de la madre, en periodos semanales a disfrutar de forma acumulada o interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses. c) Once semanas, veintidós en el caso de monoparentalidad, que podrán distribuirse a voluntad de la madre, en periodos semanales a disfrutar de forma acumulada o interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla ocho años. d) Doce semanas, veinte en el caso de monoparentalidad, que podrán distribuirse a voluntad de la madre, en periodos semanales a disfrutar de forma acumulada o interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla ocho años.

El articulo 48 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el primer grado por consanguinidad o afinidad, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores que conviva con el funcionario o funcionaria en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella, tendrá derecho a un permiso de: a) Dos días. b) Cinco días. c) Tres días. d) Cuatro días.

El artículo 49 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico, establece que los funcionarios que hayan hecho uso del permiso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente: a) Tendrán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse un puesto de trabajo en la misma provincia. b) Tendrán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de trabajo. c) Tendran derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse en un puesto de trabajo en la misma localidad. d) Tendrán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse en un puesto de trabajo con similares características.

El articulo 47 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015) establece que la jornada de trabajo de los funcionarios públicos puede ser: Fijada únicamente mediante negociación colectiva, sin intervención de las Administraciones. A tiempo completo o a tiempo parcial, según determinen las Administraciones Públicas. Libremente elegida por cada funcionario en función de sus necesidades personales. Exclusivamente a tiempo completo, sin posibilidad de reducción.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, son empleado públicos: Quienes realizan cualquier actividad al servicio de las Administraciones Públicas. Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de la sociedad. Quienes están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.

Señale la respuesta correcta. Los funcionarios de carrera en la situación de servicio en otras Administraciones Publicas que se encuentren en dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de provisión previstos en el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público: Se rigen por la legislación de la Administración en la que estén destinados de forma efectiva. Conservan su condición de funcionario de la Administración de origen. Conservan el derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por la Administración de origen. Todas las respuestas anteriores son correctas.

De conformidad con el Texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, la organización de los procesos selectivos para el acceso al empleo público: a) Corresponderá, en todo caso, a las Administraciones Públicas. b) Podrá ser llevada a cabo por órganos especializados y permanentes cuya creación corresponde a las Administraciones Públicas. c) Podrá encomendarse a los Institutos o Escuelas de Administración Pública. d) b) y c) son correctas.

Según el TREBEP, ¿Cuál de las siguientes no es una falta disciplinaria muy grave?. El cumplimiento de los servicios esenciales en caso de huelga. El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas. La prevalencia de la condición de empleado publico para obtener un beneficio indebido para otro. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello de lugar a una situación de incompatibilidad.

Según el TREBEP, la separación del servicio de los funcionarios: Podrá sancionar la comisión de faltas graves o muy graves. Sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves. Sólo podrá sancionar la comisión reiterada de faltas muy graves. Sólo podrá sancionar la comisión de faltas graves.

De conformidad con el Texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público ¿Cuándo prescribirán las sanciones impuestas por faltas muy graves?. A los tres años. A los cinco años. Al año. A los dos años.

Según el artículo 65 del TREBEP, la perdida de la nacionalidad española determinara la perdida de la condición de funcionario salvo que: a) Simultáneamente se adquiera la nacionalidad de otro Estado miembro de la Unión Europea. b) Se adquiera la nacionalidad de otro Estado miembro de la Unión Europea. c) Simultáneamente se adquiera la nacionalidad de cualquier otro estado. d) a) y b) son correctas.

De conformidad con el artículo 25 de TREBEP ¿a cuál de los siguientes empleados públicos se les reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público?. A todos los empleados públicos regulados en el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. A los funcionarios interinos. Los citados trienios tendrán efectos retributivos desde la fecha de reconocimiento. A los funcionarios de carrera. Los citados trienios tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor del mismo. A los funcionarios interinos. Los citados trienios tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor del mismo.

De conformidad con el artículo 48 de TREBEP, los funcionarios públicos tendrán el siguiente permiso: Por fallecimiento de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad. Por fallecimiento de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, dos días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad. Por fallecimiento de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad. Por fallecimiento de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, dos días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad.

No se incluyen en el ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público: Organismos Públicos. Universidades Públicas. Agencias dependientes de administraciones Públicas. Asambleas Legislativas.

Según el TREBEP, con relación a la Oferta de Empleo Público, señale la respuesta correcta: Podrá contener medidas derivadas de la planificación de recursos humanos. Deberá ser publicada en el Diario Oficial del Estado. Se aprobará anualmente por el Gobierno. Su ejecución deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de un año.

Según el TREBEP, el funcionamiento de los órganos colegiados de valoración de los méritos y capacidades de los candidatos en los concursos para la provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario de carrera se ajustará a las siguientes reglas: Imparcialidad y objetividad. Legalidad y paridad. Legalidad e igualdad. Profesionalidad y especialización.

Según el art. 33 TREBEP, en las Mesas de negociación, las Administraciones Públicas podrán encargar el desarrollo de la actividades de negociación colectiva: A órganos de naturaleza política, creados por ellas. A órganos directivos de las Administraciones Públicas. A órganos de naturaleza técnica, creados por ellas. A órganos directivos con rango de subsecretario.

EI art. 34 TREBEP reconoce legitimación negocial para la Mesa General de Negociación: A los municipios. A las asociaciones de municipios. A las entidades locales de ámbito supramunicipal. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Según el art. 34 TREBEP, en las Mesas Generales de Negociación en las que participen asociaciones de municipios o entidades locales de ámbito supramunicipal, los municipios del ámbito correspondiente: Sólo podrán participar en la ratificación de los acuerdos. Podrán adherirse con carácter previo o de manera sucesiva. Sólo podrán adherirse a la negociación colectiva con carácter previo. No podrán adherirse a la negociación colectiva, sin perjuicio de su derecho a ser informado de todo lo que acontece.

Según la Disposición adicional decimoquinta del TREBEP, ¿en qué registro se practicará la inscripción o anotación de los actos adoptados en su ámbito que afecten a la creación, modificación o supresión de órganos de representación del personal funcionario, estatutario o laboral, la creación, modificación o supresión de secciones sindicales, los miembros de dichos órganos y delegados sindicales?. Registro de Órganos de Representación del Sector Público. Registro de Órganos de Representación del Personal. Registro de Delegados y Juntas de Personal. Registro Sindical de Funcionarios Públicos.

La Disposición transitoria octava señala que en las Administraciones Públicas en las que se hayan aprobado la correspondiente ley de desarrollo resultarán de aplicación las previsiones contenidas en el artículo 84.3 del TREBEP, en relación con: Las situaciones administrativas de los funcionarios de carrera. EI régimen disciplinario. La forma de proceder en los supuestos de cese en puesto de libre designación. Las reglas de la movilidad interadministrativa.

Según el TREBEP, la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, en función de las materias a negociar, contará con representantes de: Las Comunidades Autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y la Federación Española de Municipios y Provincias. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales. Las Comunidades Autónomas, las provincias y municipios. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y la Federación Española de Municipios y Provincias.

Según el art. 38 del TREBEP, los Pactos de las Mesas de Negociación se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente: Con el ámbito competencial del órgano administrativo que lo suscriba. Con el ámbito competencial del órgano administrativo que lo aplique. Con el ámbito competencial de las Administraciones Públicas. Con el ámbito competencial de las Administraciones Públicas implicadas.

EI TREBEP establece que la representación corresponderá a una Junta de Personal compuesta por 13 representantes: En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea superior a 250 e igual o inferior a 500. En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea superior a 250 e inferior a 500. En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 250 e igual o inferior a 500. En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea superior a 150 e igual o inferior a 500.

Según el art. 41 TREBEP, en caso de que se revoque el mandato de un delegado de personal: Podrá ser trasladado o sancionado a partir de la revocación. Podrá ser trasladado o sancionado a partir de su revocación si es por causas relacionadas con el ejercicio de su mandato representativo. No podrá ser trasladado ni sancionado durante el año siguiente a la revocación. No podrá ser trasladado ni sancionado por causas relacionadas con el ejercicio de su mandato representativo durante el año siguiente a la revocación.

Según el artículo 44 del TREBEP, en el procedimiento para la elección de las Juntas de Personal y para la elección de Delegados de Personal, ¿quién puede presentar candidaturas?. a. Las organizaciones sindicales legalmente constituidas o las coaliciones de éstas. b. Los grupos de electores de una misma unidad electoral, siempre que el número de ellos sea equivalente, al menos, al doble de los miembros a elegir. c. A y B son correctas. d. A y B son falsas.

Los principios y reglas establecidos en el artículo 52 del TREBEP que deben inspirar la actuación de los empleados públicos, además informarán la interpretación y aplicación de: Todas las normas del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Los derechos y deberes de los empleados públicos. EI régimen disciplinario de los empleados públicos. La jornada de trabajo, permisos y vacaciones de los empleados públicos.

Según el artículo 49 del TREBEP, en caso de concurrencia en ambos progenitores, por el mismo sujeto y hecho causante, de las circunstancias necesarias para tener derecho al permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer o, en su caso, puedan tener la condición de beneficiarios de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que les sea de aplicación, el funcionario tendrá derecho: a. A la percepción de las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su jornada de trabajo, siempre que el otro progenitor, sin perjuicio del derecho a la reducción de jornada que le corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso o como beneficiario de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que le sea de aplicación. b. A la percepción de las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su jornada de trabajo, siempre que el otro progenitor, sin perjuicio del derecho a la reducción de jornada que le corresponda, cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso o como beneficiario de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que le sea de aplicación. c. A la reducción de la jornada, con la consiguiente reducción de retribuciones, si el otro progenitor, cobra sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso o como beneficiario de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad Social que le sea de aplicación. d. Las respuestas a) y c) son correctas.

Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos no tienen los siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio: a) Derecho a la movilidad en la condición de funcionario de carrera. b) Derecho al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional. c) Derecho a la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación. d) Derecho a percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio.

No es un derecho de carácter individual: a) El derecho al respeto de su intimidad, orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, propia imagen y dignidad en el trabajo. b) El derecho a la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación e identidad sexual, expresión de género, características sexuales, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. c) El derecho a la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. d) El derecho de reunión, en los términos establecidos en el artículo 46 del Estatuto Básico del Empleado Público.

No es un derecho de carácter individual: a) El derecho a la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico. b) El derecho a recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. c) El derecho a las vacaciones, descansos, permisos y licencias. d) Todas las respuestas anteriores son derechos regulados en el artículo 14 del Estatuto Básico del Empleado Público.

Según contempla el artículo 31 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en cuanto a los principios generales, los empleados públicos no tienen derecho: a) A la representación profesional. b) A la participación institucional. c) A la negociación colectiva. d) A la representación.

El derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de la Administración Pública, es lo que se denomina: a) Participación sindical. b) Participación institucional. c) Negociación colectiva. d) Representación.

La facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se instrumente la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus empleados, es lo que se denomina: a) Negociación colectiva. b) Representación. c) Participación institucional. d) Participación sindical.

Por participación institucional, a los efectos del artículo 31 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se entiende: a) El derecho a participar en organizaciones sindicales. b) El derecho a intervenir en organizaciones sindicales. c) El derecho a participar en los órganos de control. d) Las respuestas a y c son correctas.

Las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la Función Pública están legitimadas para la interposición de recursos: a) En vía administrativa. b) En vía administrativa y jurisdiccional. c) En cualquier jurisdiccional. d) En vía administrativa y jurisdiccional contra las resoluciones de los órganos de selección.

Los procedimientos para determinar condiciones de trabajo en las Administraciones Públicas, a tenor del artículo 31 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, tendrán en cuenta las previsiones establecidas: a) En los convenios. b) En los acuerdos de carácter internacional ratificados por España. c) En los convenios y acuerdos de carácter internacional ratificados por España. d) En los acuerdos de carácter internacional ratificados por España.

Según el artículo 32 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿por cuál legislación se regirá la negociación colectiva?. a) Por la legislación laboral. b) Por la legislación administrativa. c) Por la legislación laboral o administrativa. d) Por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos del capítulo IV de este Estatuto que expresamente les son de aplicación.

En cuanto al artículo 33 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público la negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos estará sujeta a los principios de: a) Legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia. b) Legalidad, obligatoriedad y transparencia. c) Cobertura presupuestaria, obligatoriedad y buena fe. d) Obligatoriedad, publicidad y legalidad.

Se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán legitimados para estar presentes, por una parte, los representantes de la Administración Pública correspondiente, y por otra, las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, las organizaciones sindicales más representativas de comunidad autónoma, así como los sindicatos que hayan obtenido el: a) 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución. b) El 20 por 100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución c. c) El 30 por 100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución. d) El 15 por 100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución.

Según contempla el artículo 34 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público los efectos de la negociación colectiva de los funcionarios públicos, se constituirá una Mesa General de Negociación en el ámbito de la Administración General del Estado, así como: a) En cada una de las Comunidades Autónomas. b) En Ceuta. c) En Ceuta y Melilla. d) En cada una de las Comunidades Autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla y Entidades Locales.

A tenor del artículo 34 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se reconoce la legitimación negocial de las asociaciones de municipios, así como la de las Entidades Locales de ámbito: a) Municipal. b) Supramunicipal. c) Local. d) Provincial.

¿Quién/es podrán adherirse a los acuerdos alcanzados dentro del territorio de cada comunidad autónoma, o a los acuerdos alcanzados en un ámbito supramunicipal, según el artículo 34 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público?. a) Una Administración. b) Una Entidad Pública. c) Una Administración o Entidad Pública. d) Una Entidad Privada.

Dependiendo de las Mesas Generales de Negociación y por acuerdo de las mismas podrán constituirse Mesas Sectoriales: a) En atención a las condiciones específicas de trabajo de las organizaciones administrativas afectadas. b) Atendiendo a las peculiaridades de sectores concretos de funcionarios públicos. c) En atención a las condiciones específicas de trabajo de las organizaciones administrativas afectadas o a las peculiaridades de sectores concretos de funcionarios públicos y a su número. d) Atendiendo al número de funcionarios públicos.

Según el artículo 48.a), por enfermedad grave de un familiar de segundo grado de consanguinidad o afinidad, ¿cuántos días hábiles de permiso corresponden?. A. Dos días hábiles. B. Cuatro días hábiles. C. Cinco días hábiles. D. Tres días hábiles.

El fallecimiento de un familiar de primer grado se produce en una localidad distinta de aquella en la que trabaja el funcionario. Conforme al artículo 48.a), ¿qué permiso corresponde?. A. Cuatro días hábiles. B. Cinco días hábiles. C. Seis días hábiles. D. Tres días hábiles.

Un funcionario debe acudir a un examen final oficial durante su jornada laboral. Según el artículo 48.d), el permiso se concede: Por dos horas como máximo. Durante los días de celebración de las pruebas. Solo si recupera las horas. Únicamente el día anterior al examen.

Una funcionaria embarazada necesita acudir a un examen prenatal que debe realizarse dentro de su jornada de trabajo. ¿Qué duración tiene el permiso del artículo 48.e)?. Cinco días hábiles. El tiempo indispensable. Dos horas por examen. Un día hábil por cada examen.

En el permiso por lactancia del artículo 48.f), ¿qué opción se ajusta al texto facilitado?. A. Una hora de ausencia, divisible en dos fracciones. B. Dos horas de ausencia obligatorias. C. Media hora diaria, transferible al otro progenitor. D. Una hora únicamente durante los primeros seis meses.

Un funcionario tiene a su cargo directo a una persona con discapacidad que no desempeña actividad retribuida. ¿Qué medida contempla el artículo 48.h), si se cumplen sus requisitos?. Una reducción de jornada siempre retribuida íntegramente. Un permiso parental de ocho semanas. Un permiso retribuido de cinco días. Una reducción de jornada con disminución de las retribuciones que corresponda.

Por enfermedad muy grave de un familiar de primer grado, el artículo 48.i) permite solicitar una reducción de jornada: De hasta el 50 %, con carácter retribuido y por un máximo de un mes. De al menos el 50 %, sin límite temporal. De hasta el 25 %, durante dos meses. De hasta el 100 %, durante seis meses.

¿Cuántos días al año reconoce el artículo 48.k) por asuntos particulares?. Cinco días. Siete días. Seis días. Cuatro días.

Según el artículo 48.l) facilitado, ¿cuánto dura el permiso por matrimonio o por registro o constitución formalizada en documento público de pareja de hecho?. Diez días. Quince días. Veinte días. Un mes natural.

Un recién nacido debe permanecer hospitalizado después del parto. Conforme al artículo 49.a) facilitado, el permiso por nacimiento de la madre biológica puede ampliarse: En tantos días como dure la hospitalización, hasta un máximo de 13 semanas adicionales. En tantos días como dure la hospitalización, hasta un máximo de 12 semanas adicionales. En tantos días como dure la hospitalización, hasta un máximo de 16 semanas adicionales. En tantas semanas como dure la hospitalización, sin máximo.

En el artículo 49.a) del TREBEP, ¿cuál es la duración general del permiso por nacimiento para la madre biológica?. Veinte semanas. Diecinueve semanas. Dieciocho semanas. Dieciséis semanas.

En el permiso del artículo 49.b) por adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, ¿cuántas semanas corresponden con carácter general a cada adoptante, guardador o acogedor según el TREBEP?. Dieciséis semanas. Veintidós semanas. Diecisiete semanas. Diecinueve semanas.

En el permiso por nacimiento, adopción o acogimiento, ¿cuál es la duración del tramo obligatorio según el artículo 49 aportado?. Cuatro semanas. Cinco semanas. Seis semanas. Once semanas.

Según el artículo 49.g), el permiso parental para cuidar de un hijo, hija o menor acogido por tiempo superior a un año tiene una duración máxima de: Doce semanas no retribuidas. Seis semanas retribuidas. Ocho semanas retribuidas íntegramente. Ocho semanas no retribuidas.

Para el permiso parental de la letra g) del artículo 49, ¿qué preaviso establece el TREBEP aportado para comunicar a la Administración las fechas de disfrute?. Un mes. Cinco días. Diez días. Quince días.

Una funcionaria víctima de violencia de género reduce su jornada en un tercio o menos para hacer efectiva su protección. Según el artículo 49.d) aportado, ¿qué sucede con sus retribuciones?. Se mantienen íntegras. Solo se mantienen si reduce la jornada a la mitad. Se reducen siempre proporcionalmente. Se suspenden durante el primer mes.

Para el cuidado de un menor con cáncer u otra enfermedad grave, el artículo 49.e) del TREBEP contempla, si se cumplen sus requisitos, una reducción de jornada de: Como máximo un tercio. Al menos la mitad de la jornada. Un cuarto de la jornada. Exactamente dos horas diarias.

Según el artículo 49.e) del TREBEP, si antes de cumplir 23 años la persona a cargo acredita una discapacidad igual o superior al 65 %, ¿hasta qué edad puede mantenerse el derecho en el supuesto previsto?. Hasta los 26 años. Hasta los 25 años. Hasta los 21 años. Hasta los 23 años.

Según el artículo 48.m), ¿en qué supuesto se reconoce el permiso por el tiempo indispensable?. Para cualquier consulta médica propia. Para trasladar el domicilio. Para asuntos particulares. Para actos preparatorios de la donación de órganos o tejidos que deban realizarse durante la jornada.

Un funcionario necesita cuidar a una persona que convive con él en el mismo domicilio, no es familiar suyo y requiere cuidado efectivo tras una intervención quirúrgica sin hospitalización que exige reposo domiciliario. ¿Qué permiso contempla el artículo 48.a), si se acredita el supuesto?. Dos días hábiles. Cuatro días hábiles. Cinco días hábiles. Un día hábil.

Fallece un hermano del funcionario en la misma localidad. Según el artículo 48.a), ¿cuál es la duración del permiso?. Tres días hábiles. Dos días hábiles. Cuatro días hábiles. Cinco días hábiles.

Un funcionario cumple un deber inexcusable de carácter público que coincide con su jornada laboral. ¿Qué duración reconoce el artículo 48.j) del TREBEP?. Un día completo en todos los casos. Dos horas como máximo. Cinco días hábiles. El tiempo indispensable.

Un funcionario solicita la acumulación en jornadas completas del tiempo de lactancia. Según el artículo 48.f) del TREBEP, ¿cuándo puede disfrutarse esta modalidad?. En cualquier momento hasta que el menor cumpla tres años. Únicamente antes de finalizar el permiso por nacimiento, adopción, guarda, acogimiento o del progenitor diferente de la madre biológica correspondiente. A partir de la finalización del permiso por nacimiento, adopción, guarda, acogimiento o del progenitor diferente de la madre biológica correspondiente. Solo cuando el otro progenitor renuncie por escrito.

En caso de parto múltiple, ¿qué regla adicional establece el artículo 48.f) del TREBEP para el permiso por lactancia?. Se incrementa proporcionalmente. Se duplica a dos horas por hijo. Solo puede disfrutarlo uno de los progenitores. Se sustituye obligatoriamente por reducción de jornada.

Un hijo prematuro permanece hospitalizado tras el parto. Conforme al artículo 48.g) del TREBEP, ¿qué combinación de derechos recoge el texto aportado?. Ausencia de hasta dos horas con disminución proporcional y reducción de hasta dos horas con retribuciones íntegras. Ausencia de hasta dos horas con retribuciones íntegras y reducción de jornada de hasta dos horas con disminución proporcional de retribuciones. Ausencia de hasta una hora con retribuciones íntegras y reducción de hasta una hora sin pérdida retributiva. Ausencia de hasta cuatro horas con retribuciones íntegras, sin posibilidad de reducción.

Dos funcionarios tienen derecho a la reducción retribuida del artículo 48.i) del TREBEP por el cuidado del mismo familiar de primer grado con enfermedad muy grave. ¿Qué permite el precepto?. Que cada uno disfrute necesariamente un mes completo. Que el plazo máximo de un mes pueda prorratearse entre los titulares. Que el permiso se convierta en ocho semanas parentales. Que la reducción deje de ser retribuida si hay más de un titular.

En un permiso por adopción internacional que exige desplazamiento previo al país de origen, ¿qué régimen de retribuciones se aplica durante el permiso adicional de hasta dos meses descrito en el artículo 49.b) del TREBE?. Se perciben únicamente complementos retributivos. Se perciben las retribuciones íntegras. No se percibe ninguna retribución. Se perciben únicamente las retribuciones básicas.

En el supuesto de adopción internacional previsto en el artículo 49.b) del TREBEP, ¿con cuánta antelación puede iniciarse el permiso principal respecto de la resolución o decisión correspondiente?. Hasta cuatro semanas antes. Hasta seis semanas antes. Hasta dos semanas antes. Solo desde la resolución o decisión.

Según el artículo 49.b) facilitado, en una adopción, guarda o acogimiento múltiple, ¿qué ampliación se reconoce por cada hijo a partir del segundo?. Dos días adicionales por hijo. Dos semanas adicionales por cada hijo, para cada progenitor. Una semana adicional únicamente para el primer adoptante. Una semana adicional por cada hijo, para cada progenitor.

Una persona funcionaria que ha disfrutado el descanso obligatorio por nacimiento quiere participar en un curso de formación de la Administración. Según el artículo 49.a) aportado, ¿qué establece el TREBEP?. Debe esperar a que el menor cumpla doce meses. No puede participar en cursos hasta finalizar las 19 semanas. Puede participar únicamente durante el tramo obligatorio. Puede participar en cursos de formación después del descanso obligatorio.

En el artículo 49.e) facilitado, ¿qué requisito relativo a las personas progenitoras, adoptantes, guardadoras o acogedoras se exige con carácter general para la reducción por cuidado de un menor con cáncer u otra enfermedad grave?. Que trabajen en la misma Administración. Que ambas trabajen. Que una de ellas haya agotado el permiso parental. Que ambas personas estén desempleadas.

Un funcionario debe atender a su suegra por enfermedad grave que requiere hospitalización. ¿Qué permiso reconoce el artículo 48.a), según el grado de parentesco por afinidad?. Tres días hábiles, si hay hospitalización. Cuatro días hábiles, por ser familiar de segundo grado por afinidad. Un día hábil, salvo que cambie de localidad. Cinco días hábiles, por ser familiar de primer grado por afinidad.

Un funcionario de carrera solicita excedencia voluntaria por interés particular tras haber prestado servicios efectivos en una Administración durante cuatro años y diez meses. ¿Qué establece el artículo 89.2, según el TREBEP?. A) Puede solicitarla, porque el mínimo es de cuatro años. C) Como regla general, no cumple el mínimo de cinco años, salvo que la ley de Función Pública aplicable establezca un periodo menor. D) Como regla general, no cumple el mínimo de seis años, salvo que la ley de Función Pública aplicable establezca un periodo menor. B) Puede solicitarla si no tiene expediente disciplinario.

Basándote en el TREBEP, una funcionaria cumple cinco años de servicios efectivos y solicita excedencia por interés particular. La Administración la deniega por necesidades del servicio debidamente motivadas. ¿Es posible?. A) No, porque al cumplir cinco años la concesión es obligatoria. B) Sí, porque la concesión está subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas. C) No, salvo que exista expediente disciplinario. D) Sí, pero únicamente durante un máximo de seis meses.

Según el TREBEP, ¿en cuál de estas situaciones no podrá declararse la excedencia voluntaria por interés particular?. A) Cuando el funcionario tenga menos de diez años de servicio en total. B) Cuando el funcionario esté disfrutando de vacaciones. C) Cuando al funcionario público se le esté instruyendo un expediente disciplinario. D) Cuando el cónyuge trabaje en otra localidad.

Un funcionario termina una situación administrativa distinta del servicio activo, pero no solicita el reingreso dentro del plazo reglamentario. ¿Qué puede proceder?. A) La excedencia por interés particular declarada de oficio. B) La jubilación forzosa inmediata. C) La reserva automática del puesto durante dos años. D) La concesión automática de agrupación familiar.

Según el TREBEP, ¿Qué efectos produce la excedencia voluntaria por interés particular sobre retribuciones y cómputo de tiempo?. A) Se mantienen las retribuciones básicas y computa para trienios. B) No se devengan retribuciones ni computa para ascensos, trienios y derechos del régimen de Seguridad Social aplicable. C) No se devengan retribuciones, pero computa siempre para ascensos. D) Se mantienen las retribuciones básicas y computa para ascensos, trienios y derechos del régimen de Seguridad Social aplicable.

Para obtener excedencia voluntaria por agrupación familiar, ¿qué situación del cónyuge encaja en el artículo 89.3 del TREBEP?. A) Residir en otra localidad por desempeñar un puesto definitivo incluido en los supuestos legales. B) Residir en otra localidad por ocupar temporalmente cualquier puesto administrativo. C) Residir en la misma localidad y desempeñar un puesto definitivo en otra Administración. D) Residir en otra localidad sin necesidad de que exista un puesto de trabajo.

¿Qué requisito de servicios previos se exige para la excedencia voluntaria por agrupación familiar?. A) Cinco años de servicios efectivos inmediatamente anteriores a la solicitud. B) Tres años de servicios efectivos en cualquier Administración Pública. C) Un año de servicios efectivos en el destino actual. D) No se exige un periodo mínimo de servicios efectivos previos.

¿Cuál es el efecto de la excedencia voluntaria por agrupación familiar sobre retribuciones y cómputo del tiempo?. A) No hay retribuciones, pero computa para ascensos, trienios y Seguridad Social. B) Se mantienen las retribuciones básicas y no computa para ascensos. C) No hay retribuciones ni cómputo para ascensos, trienios y Seguridad Social. D) Se mantienen las retribuciones íntegras, pero no computa para carrera.

¿Cuál es la duración máxima de la excedencia por cuidado de cada hijo, en los términos del artículo 89.4 del TREBEP?. A) Dos años desde la fecha de la solicitud de excedencia. B) Tres años desde la fecha de nacimiento o resolución correspondiente. C) Tres años desde la reincorporación al servicio activo. D) Dos años desde la fecha de nacimiento o resolución correspondiente.

Un funcionario solicita excedencia para cuidar a un familiar. ¿Qué supuesto reúne los requisitos del artículo 89.4 del TREBEP?. A) Familiar de tercer grado a cargo, sin actividad retribuida y con discapacidad reconocida. B) Familiar de segundo grado a cargo, que no puede valerse por sí mismo y no desempeña actividad retribuida. C) Familiar de segundo grado que trabaja, aunque necesita ayuda diaria por edad. D) Familiar de primer grado que puede valerse por sí mismo y no desempeña actividad retribuida.

Un funcionario disfruta de excedencia por cuidado de su primer hijo y solicita otra por el nacimiento de un segundo hijo. ¿Qué efecto tiene el inicio de la nueva excedencia según el TREBEP?. A) Amplía automáticamente el primer periodo hasta tres años adicionales. B) Suspende el primer periodo, que se reanuda al terminar el segundo. C) Pone fin al periodo de excedencia que venía disfrutando. D) Permite acumular ambos periodos sin límite temporal.

¿Qué conceptos se computan durante la excedencia por cuidado de familiares?. A) Trienios, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social aplicable. B) Ascensos, complementos salariales y vacaciones anuales. C) Trienios y vacaciones, pero no carrera ni Seguridad Social. D) Carrera y Seguridad Social, pero no trienios.

Tras dos años en excedencia por cuidado de familiares, ¿qué reserva de puesto se contempla en el artículo 89.4 del TREBEP?. A) Reserva del puesto concreto durante todo el periodo máximo de tres años. B) Reserva de un puesto en cualquier localidad con retribución equivalente. C) Reserva de un puesto en la misma localidad y de igual retribución. D) Extinción de la reserva y derecho únicamente a solicitar nuevo ingreso.

Durante la excedencia por cuidado de familiares, ¿qué derecho formativo conserva el funcionario según el TREBEP?. A) Puede participar en cursos de formación convocados por la Administración. B) Solo puede participar en cursos obligatorios para reingresar. C) Puede participar en cursos únicamente durante los primeros seis meses. D) No puede participar en cursos hasta reincorporarse al servicio activo.

Una funcionaria víctima de violencia de género solicita excedencia sin haber completado un periodo mínimo de servicios previos. ¿Qué dispone el artículo 89.5 del TREBEP?. A) Exige cinco años de servicios, salvo que haya riesgo acreditado. B) Exige dos años de servicios, con independencia del riesgo. C) No exige un tiempo mínimo de servicios previos. D) Exige un año de servicios, salvo resolución judicial.

¿Qué combinación de derechos corresponde a la excedencia por violencia de género o violencia sexual según el TREBEP?. A) Retribuciones íntegras durante seis meses y reserva del puesto durante los dos primeros meses, con cómputo de los efectos previstos. B) Retribuciones íntegras durante dos meses y reserva del puesto durante los seis primeros meses, con cómputo de los efectos previstos. C) Retribuciones básicas durante dos meses y reserva del puesto durante tres meses. D) Retribuciones íntegras durante un mes y reserva del puesto durante todo el periodo.

El artículo 5 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico, establece que el personal funcionario al servicio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se rige: a) Por la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables. b) Por sus normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en este Estatuto. c) Ninguna es correcta. d) Por lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Publico.

Indica, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 1.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico, cual de los siguientes NO es un fundamento de actuación: a) Transparencia. b) Igualdad, merito y capacidad en el acceso y en la promocion profesional. c) Progreso en la carrera profesional y el desempeño de las tareas. d) Igualdad de trato entre mujeres y hombres.

Indica, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 1.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico, cual de los siguientes es un fundamento de actuación: a) Cobertura presupuestaria. b) Buena fe negocial. c) Representatividad, ejercida a través de los Delegados de Personal y las Juntas de Personal. d) Cooperación entre las Administraciones Públicas en la regulación y gestión del empleo público.

Indica, teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 1.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico, cual de los siguientes NO es un fundamento de actuación: a) Cooperacion entre las Administraciones Publicas en la regulación y gestión del empleo público. b) Confianza legítima. c) Desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos. d) Negociación colectiva y participación, a través de los representantes, en la determinación de las condiciones de empleo.

El articulo 1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico, establece que el mismo tiene por objeto: (indica la incorrecta). a) Determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas. b) Establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación. c) Establecer los mecanismos de cooperación en materia de personal entre Administraciones Públicas. d) Todas son correctas.

El articulo 2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico, establece que el mismo se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de: (indica la incorrecta). a) Los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho publico con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Publicas. b) Las Universidades Publicas. c) La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. d) Las Administraciones de las entidades locales.

Indica, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico, cual de los siguientes colectivos no es personal con legislación específica propia. a) El personal al servicio de la Comunidades Autónomas. b) Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. c) Jueces, Magistrados, Fiscales y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia. d) Personal del Centro Nacional de Inteligencia.

El artículo 2.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico, establece que se podrán dictar normas singulares para adecuar el Estatuto: a) Al personal investigador. b) Al personal al servicio de la Sociedad Estatal de Correos y Telegrafos. c) Al personal Estatutario de los Servicios de Salud. d) Al personal al servicio de las Universidades Publicas.

Indica, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 1.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico, cual de los siguientes NO es un fundamento de actuación: a) Sometimiento pleno a la ley y al Derecho. b) Jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones y tareas. c) Eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos. d) Objetividad en el acceso al empleo público.

Indica, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 1.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico, cual de los siguientes NO es un fundamento de actuación: a) Representatividad, ejercida a través de los Delegados de Personal y las Juntas de Personal. b) Servicio a los ciudadanos y a los intereses generales. c) Evaluacion y responsabilidad en la gestión. d) Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.

El articulo 2.4 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico, establece que cada vez que este Estatuto haga mención al personal funcionario de carrera se entenderá comprendido: a) El personal estatutario de los Servicios de Salud. b) El personal al servicio de la Sociedad Estatal de Correos y Telegrafos. c) El personal al servicio del Banco de España. d) El personal retribuido por arancel.

El artículo 3.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico, establece que los Cuerpos de Policía Local se rige: a) Supletoriamente, por lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. b) Exclusivamente, por lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. c) Por el Estatuto y por la legislación de las comunidades autónomas, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. d) Por el Estatuto y por la legislación de las comunidades autónomas.

¿A qué tipo de personal de las Administraciones Públicas se aplica el TREBEP, según su artículo 2?. Al personal funcionario, al personal laboral y al personal eventual. Al personal funcionario y al personal laboral, en todos sus terminos. Al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral. Únicamente al personal funcionario.

En el artículo 2 del TREBEP se recogen una serie de Administraciones Públicas a las que les es de aplicación esta norma. ¿Cuál de las siguientes administraciones no se recoge en dicho artículo?. La Administración General del Estado. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. Las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Las Administraciones de Ceuta y Melilla.

Entre las Administraciones a las que se aplica el TREBEP se encuentran, según el articulo 2: Todas las respuestas son correctas. Las Administraciones de las entidades locales. Los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas. Las Universidades Publicas.

Según el artículo 2 del TREBEP, el personal docente y el personal estatutario de los Servicios de Salud se regirá: Por lo previsto en el TREBEP, excepto el capítulo II del título III, salvo el artículo 20 y los artículos 22.3, 24 y 84. Todas las respuestas son correctas. Por la legislación específica dictada por las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias. Por la legislación específica dictada por el Estado en el ámbito de sus competencias.

El artículo 23 del TREBEP establece que las retribuciones básicas de los funcionarios se fijan: a) Por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. b) Por las leyes de Presupuestos de cada Comunidad Autónoma. c) Las respuestas A y B son correctas. d) Ninguna de las respuestas es correcta.

El TREBEP determina las modalidades que podrán establecerse para garantizar la carrera profesional de los funcionarios, entre las que se encuentra la “carrera vertical”, que consiste en: La progresión sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. El acceso a cuerpos o escalas del mismo subgrupo profesional. El ascenso en la estructura de puestos de trabajo mediante los procedimientos de provisión. El ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo o un grupo, a otro superior.

De acuerdo con el TREBEP, ¿a qué elementos pueden alcanzar los efectos de la evaluación del desempeño?: Carrera, formación, situaciones administrativas y retribuciones complementarias. Carrera, inamovilidad en la condición de funcionario, situaciones administrativas y retribuciones básicas. Carrera, formación, provisión de puestos de trabajo y retribuciones complementarias. Carrera, formación, provisión de puestos de trabajo y retribuciones tanto básicas como complementarias.

En el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el TREBEP, la carrera profesional se define como: La progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. El ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos legalmente. El acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional. El conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

De acuerdo con el Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el TREBEP, las retribuciones básicas que se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, estarán integradas por: El sueldo, los trienios y el complemento de destino. El sueldo, los trienios, el complemento de destino y el complemento específico. Única y exclusivamente por el sueldo y los trienios. El sueldo, el complemento de destino y el complemento específico.

Señale la opción incorrecta. Las retribuciones complementarias se establecerán atendiendo a los siguientes factores: El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos. La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa. Los servicios extraordinarios prestados fuera y dentro de la jornada normal de trabajo. La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señale la respuesta correcta en relación con las retribuciones de los funcionarios en prácticas: Serán determinadas por cada Administración Pública y se corresponderán, como máximo, a las del sueldo del Subgrupo o Grupo en que aspiren a ingresar. Serán determinadas por cada Administración Pública y se corresponderán, como mínimo, a las del sueldo del Subgrupo o Grupo en que aspiren a ingresar. Serán determinadas por cada Administración Pública y se corresponderán, como máximo, a las retribuciones básicas del Subgrupo o Grupo en que aspiren a ingresar. Serán determinadas por cada Administración Pública y se corresponderán, como mínimo, a las retribuciones básicas del Subgrupo o Grupo en que aspiren a ingresar.

Según lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, no tendrán la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos del Estatuto, la determinación de las condiciones de empleo de: a) El personal eventual. b) El personal laboral. c) El personal directivo profesional. d) a) y c) son correctas.

Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con la regulación que el artículo 12 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, respecto del personal eventual: Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto determinarán los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas que podrán disponer de este tipo de personal. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna. El nombramiento y cese serán libres. El número máximo se establecerá por los respectivos órganos de gobierno. Este número y las condiciones retributivas no serán públicas.

Señale la respuesta incorrecta El personal directivo profesional regulado en el artículo 13 del TREBEP está sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de: Control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados. Eficacia y eficiencia. Idoneidad, mérito y capacidad. Responsabilidad por su gestión.

Según el TREBEP, los trienios, que componen las retribuciones básicas fijadas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado consistirán: En una cantidad determinada por cada tres meses de servicio. En una cantidad determinada por cada tres años de servicio. En una cantidad determinada por cada tres años de vida laboral. En una cantidad determinada por cada tres semestres de servicio.

A efectos de lo dispuesto en el TREBEP, ¿cómo se denomina el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados?. Análisis del rendimiento. Valoración profesional. Evaluación del desempeño. Estudio de rendimiento objetivo.

Las retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con: La legislación laboral. El convenio colectivo que sea aplicable. El contrato de trabajo. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Según el artículo 34 de TREBEP, en qué plazo se abrirá el proceso de negociación en cada Mesa cuando no exista acuerdo entre la Administración correspondiente y la mayoría de la representación sindical: En el plazo máximo de un mes, en cualquier caso. En el plazo máximo de un mes desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lo promueva, salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan. En el plazo máximo de tres meses desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lo promueva, salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan. En el plazo máximo de tres meses, sin excepciones.

No podrán promover la celebración de elecciones a Delegados y Juntas de Personal: Los sindicatos más representativos a nivel de Comunidad Autónoma, cuando la unidad electoral afectada esté ubicada en su ámbito geográfico. Los funcionarios de la unidad electoral, a propuesta de una décima parte de sus miembros. Los sindicatos que hayan obtenido al menos un porcentaje del diez por ciento en la unidad electoral en que la que se pretende promover las elecciones. Los sindicatos más representativos a nivel estatal.

Una de las siguientes garantías y derechos de los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal de que dispondrán en el ejercicio de su función representativa no es correcta. Indica cuál: La distribución libre de las publicaciones que se refieran a cuestiones profesionales y sindicales. No ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con el ejercicio de su mandato representativo, ni durante la vigencia del mismo, ni en el año siguiente a su extinción, exceptuando la extinción que tenga lugar por revocación o dimisión. La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus miembros durante el tiempo de su mandato y durante los dos años posteriores. El acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral sin que se entorpezca el normal funcionamiento de las correspondientes unidades administrativas, dentro de los horarios habituales de trabajo, y con excepción de las zonas que se reserven de conformidad con lo dispuesto en la legislación.

Señala la respuesta incorrecta en relación a los Pactos y Acuerdos: Los Acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas. Los Pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito competencial del órgano administrativo que lo suscriba y se aplicarán directamente al personal del ámbito correspondiente. Para la validez y eficacia de los Pactos será necesaria su aprobación expresa y formal por los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas. Todas las respuestas anteriores son correctas.

La negociación de las materias relacionadas con condiciones de trabajo comunes a los funcionarios de su ámbito son competencias propias de: Los sindicatos que hayan obtenido el diez por ciento o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal. Las Mesas sectoriales. Las Mesas Generales de Negociación. Las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal.

¿Dónde se constituirán las Juntas de Personal?. En la totalidad de las unidades electorales. En unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de cincuenta funcionarios. En unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de setenta y cinco funcionarios. En unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de veinticinco funcionarios.

¿En qué unidades electorales corresponderá su representación a los Delegados de Personal?. En aquellas que cuenten con un censo mínimo de cincuenta funcionarios. En aquellas donde el número de funcionarios sea superior a seis e igual o inferior a cincuenta. En aquellas donde el número de funcionarios sea igual o superior a seis e inferior a cincuenta. En aquellas que cuenten con un censo máximo de cincuenta funcionarios.

¿Cuánto durará el mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal?. Cuatro años, sin posibilidad de reelección. Cuatro años, pudiendo ser reelegidos. Cinco años, sin posibilidad de reelección. Cinco años, pudiendo ser reelegidos una sola vez.

Indique cuál de las siguientes materias quedará excluida de la obligatoriedad de la negociación: Los planes de Previsión Social Complementaria. Los criterios generales de acción social. Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación. Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica.

¿A qué principios estará sujeta la negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos?. De legalidad, jerarquía, eficacia, buena fe negocial, publicidad y transparencia. De legalidad, eficacia, eficiencia, desconcentración, publicidad y obligatoriedad. De legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia. De legalidad, jerarquía, desconcentración, buena fe negocial, cobertura presupuestaria y coordinación.

Se garantiza el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal laboral: En todo caso. Salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de convenios colectivos o acuerdos ya firmados en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. Salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de convenios colectivos o acuerdos ya firmados en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés privado. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Las Juntas de Personal se elegirán mediante: Listas abiertas y sistema proporcional corregido. Listas cerradas y sistema mayoritario. Listas cerradas, a través de un sistema proporcional corregido. Listas abiertas y sistema mayoritario.

En la composición numérica de las Mesas Generales de Negociación: Ninguna de las partes puede superar los siete miembros. Ninguna de las partes puede superar los nueve miembros. Ninguna de las partes puede superar el número de once miembros. Ninguna de las partes puede superar el número de quince miembros.

¿Por quién estará presidida la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas?. Por los Delegados de Personal. Por el Comité de Empresa. Por la Administración General del Estado. Por la Junta de Personal.

El reglamento y las modificaciones de las Juntas de Personal deberán ser aprobados: Por los votos favorables de, al menos, dos tercios de sus miembros. Por los votos favorables de la mayoría simple de sus miembros. Por los votos favorables de tres quintos de sus miembros. Por los votos favorables de la mayoría absoluta de sus miembros.

Cuando exista falta de ratificación de un Acuerdo o, en su caso, una negativa expresa a incorporar lo acordado en el proyecto de ley correspondiente se deberá iniciar la re negociación de las materias tratadas: En el plazo de un mes, si así lo solicitara al menos la mayoría de una de las partes. En el plazo de un mes, si así lo solicitara al menos los dos tercios de una de las partes. En el plazo de un año, si así lo solicitara al menos la mayoría de una de las partes. En el plazo de un año, si así lo solicitara al menos los dos tercios de una de las partes.

Las reuniones en el centro de trabajo: No se autorizarán fuera de las horas de trabajo en ningún supuesto. No se autorizarán fuera de las horas de trabajo salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y quienes estén legitimados para convocarlas. Se autorizarán fuera de las horas de trabajo, con expresa autorización del órgano competente en materia de personal. Se autorizarán fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y quienes estén legitimados para convocarlas.

¿Por cuántos representantes estará formada la Junta de Personal en las unidades electorales que cuenten de 501 a 750 funcionarios?. Trece. Diecisiete. Veintiuno. Dos por cada quinientos o fracción, con el máximo de setenta y cinco.

A efectos de la negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos, se constituirán Mesas de negociación en las que no estarán legitimadas para estar presentes: Las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal. Los representantes de la Administración Pública correspondiente. Las organizaciones sindicales más representativas de Comunidades Autónomas. Los sindicatos que hayan obtenido el cinco por ciento o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal.

Para el seguimiento de los Pactos y Acuerdos se establecerán, con la composición y funciones que las partes determinen: Mesas Generales de Negociación. Organizaciones sindicales. Comisiones Paritarias. Mesas Sectoriales.

Una de las siguientes no es función en sus respectivos ámbitos de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal: Colaborar con la Administración correspondiente para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la productividad. Tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo, así como en el régimen de vacaciones y permisos. Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas graves. Emitir informe, a solicitud de la Administración Pública correspondiente.

Los Pactos y Acuerdos se prorrogarán: Automáticamente en el período que se señale en los mismos. De año en año, si no mediara denuncia expresa de una de las partes, salvo acuerdo en contrario. De año en año, sin excepciones. De año en año, salvo acuerdo en contrario de una de las partes un mes antes de su finalización.

En el procedimiento para la elaboración de las Juntas de Personal y para la elección de Delegados de Personal: Las Juntas de Personal se elegirán mediante listas abiertas y sistema mayoritario. Los Delegados de Personal se elegirán mediante listas cerradas a través de un sistema proporcional corregido. La elección se realizará mediante sufragio personal, directo, libre y secreto que podrá emitirse por correo o por otros medios telemáticos. Tendrán la consideración de electores y elegibles los funcionarios que ocupen puestos cuyo nombramiento se efectúe a través de Real Decreto o por Decreto de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla.

Los Delegados de Personal se elegirán mediante: Listas abiertas y sistema mayoritario. Listas abiertas y sistema proporcional corregido. Listas cerradas y sistema mayoritario. Listas cerradas y sistema proporcional corregido.

Los miembros de las Juntas de Personal tendrán derecho a un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo en las unidades electorales que cuenten con un censo de doscientos cincuenta y uno a quinientos funcionarios: Veinte horas. Treinta horas. Treinta y cinco horas. Cuarenta horas.

los procesos de negociación la Administración correspondiente y la mayoría de la representación sindical, estarán obligadas a negociar bajo el principio de: Cobertura presupuestaria. Transparencia. La buena fe. Publicidad.

¿Qué sindicatos no podrán promover las elecciones a Delegados y Juntas de Personal?. Los sindicatos que hayan obtenido al menos un porcentaje del diez por ciento en la unidad electoral en la que se pretende promover las elecciones. Los funcionarios de la unidad electoral, por acuerdo mayoritario. Los sindicatos más representativos a nivel estatal. Los sindicatos que sin ser más representativos hayan conseguido al menos el siete por ciento de los representantes en el conjunto de las Administraciones Públicas.

Todas las siguientes materias quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación excepto una: La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo. La regulación del ejercicio del derecho de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos. Los criterios generales sobre ofertas de empleo público. Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica.

Señale la respuesta incorrecta. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal tendrán derecho a un crédito de horas mensuales: No acumulables. Dentro de la jornada de trabajo. Retribuidas como de trabajo efectivo. De acuerdo con una escala que atiende al número de funcionarios.

Según el TREBEP, a falta de acuerdo en la Mesa, el proceso de negociación se iniciará en el plazo máximo de: Seis meses desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lo promueva, salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan. Veinte días desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lo promueva, salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan. Un mes desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lo promueva, salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan. Tres meses desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lo promueva, salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan.

¿Cuál de las siguientes materias NO ha de ser objeto de negociación obligatoria según el artículo 37 del TREBEP?. La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo. Los planes de Previsión Social Complementaria. La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas. Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de clases pasivas.

El TREBEP establece que en las unidades electorales donde el número de funcionarios sea de entre31 y 49 su representación corresponderá: A tres delegados de personal que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente. A cinco delegados de personal que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente. A tres delegados de personal que ejercerán su representación conjunta y solidariamente. A cinco delegados de personal que ejercerán su representación conjunta y solidariamente.

Según el art. 34 TREBEP, en el ámbito de la Administración General del Estado: Es obligatorio constituir una Mesa General de Negociación y facultativo constituir Mesas Sectoriales. La constitución de cualquier Mesa de Negociación es facultativa. Es obligatorio constituir tanto una Mesa General de Negociación como Mesas Sectoriales. Es obligatorio constituir tanto una Mesa General de Negociación como Mesas Sectoriales y es facultativa la creación de Mesas de Trabajo.

¿Cuántos representantes tendrá una Junta de Personal en una unidad electoral de 1.000 funcionarios?. Veintiuno. Diecinueve. Quince. Diecisiete.

En el seno de las Mesas de Negociación correspondientes, los representantes de las Administraciones Públicas podrán concertar Pactos y Acuerdos para la determinación de condiciones de trabajo de los funcionarios de dichas Administraciones con: La representación de las Organizaciones Sindicales legitimadas a tales efectos. Los Delegados de Personal. Cualquiera de los anteriores. La Junta de Personal.

En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea de 6 a 30 funcionarios: Se elegirán tres Delegados, que ejercerán su representación conjunta y solidariamente. Se elegirán tres Delegados, que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente. Su representación corresponderá a la Junta de Personal. Se elegirá un Delegado.

Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, de 101 a 250 funcionarios, como representantes legales de los funcionarios, dispondrán de: 15 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas. 20 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas. 30 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas. 35 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas.

Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, de 501 a 750 funcionarios, como representantes legales de los funcionarios, dispondrán de: 15 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas. 20 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas. 30 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas. 35 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas.

Según el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación colectiva, las materias siguientes: La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional. La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas. La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios. Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño.

Señale cuál de estas materias queda excluida de la negociación colectiva de los empleados públicos, a tenor de lo previsto en el artículo 37 del TREBEP: Los criterios generales sobre ofertas de empleo público. Los planes de previsión social complementaria. La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional. La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.

¿Cuál de las siguientes materias queda EXCLUIDA de la negociación colectiva, según el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 18 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público?. Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos. Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño. Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna. La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.

Según el TREBEP, ¿cuál de las siguientes es una de las funciones de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal?. Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes. Acordar la regulación y determinación de forma concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional. Negociar las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño. Negociar los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna.

De conformidad con el artículo 40 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las Juntas de Personal y los Delegados de Personal podrán emitir informes sobre: Traslado total o parcial de las instalaciones. Implantación o revisión de sistemas de organización. Métodos de trabajo. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la legitimación para iniciar, como interesados, los correspondientes procedimientos administrativos y ejercitar las acciones en vía administrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones se reconoce a: Las Juntas de Personal, mancomunadamente por decisión unánime de sus miembros. Los Delegados de personal, solidariamente. Las Juntas de Personal, colegiadamente, por decisión mayoritaria de sus miembros y, en su caso, los Delegados de Personal, mancomunadamente. Las Juntas de Personal, solidariamente, y Delegados de personal por decisión de la mayoría de sus miembros.

Los miembros de las Juntas de Personal y Delegados de Personal dispondrán en el ejercicio de su función representativa de un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo. De acuerdo con lo previsto en el artículo 41 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿podrán proceder a la acumulación de los créditos horarios que les correspondan legalmente?. Podrán los miembros de la misma candidatura que así lo manifiesten, previa comunicación al órgano que ostente la Jefatura de Personal ante la que aquella ejerza su representación. Podrán los miembros de la misma candidatura que así lo manifiesten, previa autorización expresa del órgano que ostente la Jefatura de Personal ante la que aquella ejerza su representación. No podrán, salvo cesión de los créditos entre miembros de diferentes candidaturas, previa autorización del órgano que ostente la Jefatura de Personal ante la que las candidaturas ejerzan su representación. No podrán en ningún caso.

Según el TREBEP, para la solución de conflictos colectivos: Las propuestas de solución que ofrezcan el mediador o mediadores podrán ser rechazadas por las partes. Las propuestas de solución que ofrezcan el mediador o mediadores serán obligatoriamente aceptadas por las partes. El procedimiento de arbitraje será libremente acordado por las partes encomendando a un tercero la resolución del conflicto planteado sin comprometerse de antemano a aceptar el contenido de la misma. El acuerdo logrado a través de la mediación o de la resolución de arbitraje carece de eficacia jurídica.

De acuerdo con el TREBEP, en la solución extrajudicial de conflictos colectivos, la mediación: Será obligatoria cuando lo solicite una de las partes y las propuestas de solución que ofrezcan el mediador o mediadores podrán ser libremente aceptadas o rechazadas por las mismas. Será siempre voluntaria y a solicitud de una de las partes y las propuestas de solución que ofrezcan el mediador o mediadores podrán ser libremente aceptadas o rechazadas por las mismas. Será obligatoria cuando lo solicite una de las partes y las propuestas de solución que ofrezcan el mediador o mediadores deberán ser necesariamente aceptadas por las mismas. Será siempre voluntaria y a solicitud de una de las partes y las propuestas de solución que ofrezcan el mediador o mediadores deberán ser necesariamente aceptadas por las mismas.

Según el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), ¿quién aprobará las leyes reguladoras de la función pública de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas?. A. El Ministerio competente y las consejerías autonómicas. B. Las mesas generales de negociación de cada Administración. C. El Gobierno y los consejos de gobierno autonómicos. D. Las Cortes Generales y las asambleas legislativas autonómicas.

De acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas se rige, además de por la legislación laboral y las normas convencionalmente aplicables, por: A. Las normas del TREBEP que determine cada convenio colectivo. B. La totalidad de las normas del TREBEP, salvo incompatibilidad. C. Los preceptos del TREBEP relativos exclusivamente a derechos individuales. D. Los preceptos del TREBEP que así lo dispongan.

De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), ¿cuál de los siguientes colectivos está incluido expresamente en la relación de personal sujeto a legislación específica?. A. Personal funcionario de las mancomunidades municipales. B. Personal funcionario de las asambleas legislativas autonómicas. C. Personal funcionario de las universidades públicas. D. Personal funcionario de las diputaciones provinciales.

De acuerdo con el artículo 10.4 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), las plazas vacantes desempeñadas por personal funcionario interino deberán ser objeto de cobertura mediante: A. Cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad previstos en la normativa de cada Administración pública. B. Los procedimientos de selección de personal funcionario de carrera previstos en la oferta de empleo público. C. Los procedimientos de movilidad voluntaria acordados en la correspondiente mesa de negociación. D. Los procedimientos de provisión establecidos con carácter general por la Administración del Estado.

Según el artículo 10.4 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), ¿qué sucede, como regla general, cuando transcurren tres años desde el nombramiento del funcionario interino que ocupa una vacante?. A. Se transforma el nombramiento temporal en una relación de carácter indefinido. B. Se prorroga automáticamente el nombramiento por un periodo adicional de doce meses. C. Se extingue la relación de interinidad y la vacante debe amortizarse necesariamente. D. Se extingue la relación de interinidad y la vacante solo puede ser ocupada por personal funcionario de carrera.

Conforme al artículo 10.4 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), ¿en qué supuesto excepcional puede permanecer el funcionario interino en la plaza que ocupa temporalmente una vez transcurridos tres años?. A. Cuando exista un informe favorable del órgano de personal que justifique la continuidad del servicio. B. Cuando la Administración haya iniciado la preparación de la convocatoria antes de finalizar el plazo. C. Cuando el procedimiento selectivo se haya iniciado antes del transcurso de tres años, aunque no se haya publicado la convocatoria. D. Cuando se haya publicado la convocatoria dentro del plazo de tres años desde el nombramiento y se resuelva conforme al artículo 70.

Según el artículo 11.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), las leyes de Función Pública que desarrollen el Estatuto establecerán los criterios para determinar: A. Los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral. B. Los grupos profesionales y niveles retributivos del personal laboral. C. Los sistemas de selección y promoción del personal laboral fijo y temporal. D. Las modalidades contractuales aplicables al personal laboral de cada Administración.

Según el artículo 10.4 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), si la convocatoria para cubrir una vacante ocupada por un funcionario interino se publicó dentro del plazo de tres años desde su nombramiento, ¿hasta cuándo podrá permanecer excepcionalmente en la plaza?. A. Hasta que se resuelva la correspondiente convocatoria. B. Hasta que se publique la resolución provisional del proceso selectivo. C. Hasta que se constituya la lista definitiva de aspirantes aprobados. D. Hasta que finalice el ejercicio presupuestario en que se publicó la convocatoria.

De conformidad con el artículo 10.4 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), ¿qué consecuencia económica se prevé para el cese del funcionario interino que permanece excepcionalmente hasta la resolución de la convocatoria?. A. Da derecho a una compensación si la convocatoria se resuelve fuera del plazo del artículo 70. B. Da derecho a la compensación prevista para la finalización de contratos temporales. C. Da derecho a una compensación equivalente a veinte días por año de servicio. D. No da lugar a compensación económica.

Según el artículo 13.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), ¿qué órganos pueden establecer el régimen jurídico específico del personal directivo y los criterios para determinar su condición?. A. Las Cortes Generales y las asambleas legislativas autonómicas. B. El Gobierno y las diputaciones provinciales en sus respectivos ámbitos. C. El Gobierno y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas. D. El Ministerio competente y las consejerías autonómicas de función pública.

Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), el derecho a la progresión en la carrera profesional y a la promoción interna se ejercerá conforme a los principios de: A. Mérito, antigüedad y experiencia, mediante procedimientos de evaluación interna. B. Igualdad, mérito y capacidad, mediante sistemas objetivos y transparentes de evaluación. C. Igualdad, publicidad y competencia, mediante sistemas periódicos de valoración. D. Capacidad, eficacia y eficiencia, mediante sistemas de evaluación jerárquica.

De conformidad con el artículo 16.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), la carrera vertical consiste en: A. El acceso a cuerpos o escalas pertenecientes al mismo Subgrupo profesional. B. La progresión de grado, categoría o escalón sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. C. El ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el Estatuto. D. El ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo a otro superior.

Según el artículo 16.3.c) del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), ¿en qué consiste la promoción interna vertical de los funcionarios de carrera?. A. En la progresión de grado o categoría sin cambiar de puesto de trabajo. B. En el acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional. C. En el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo cuando no tenga Subgrupo, a otro superior. D. En el ascenso dentro de la estructura de puestos mediante procedimientos de provisión.

A tenor del artículo 16.3.d) del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), la promoción interna horizontal consiste en: A. El acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional. B. El ascenso desde un Subgrupo de clasificación profesional a otro superior. C. La progresión de grado, categoría o escalón sin cambiar de puesto. D. El ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión.

Según el artículo 16.4 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), ¿en qué supuesto podrán los funcionarios de carrera progresar simultáneamente en las modalidades de carrera horizontal y vertical?. A. Cuando el funcionario haya superado los procedimientos selectivos de promoción interna. B. Cuando ambas modalidades estén reconocidas con carácter general en el Estatuto. C. Cuando la Administración correspondiente haya implantado ambas modalidades en un mismo ámbito. D. Cuando las leyes de Función Pública hayan implantado la carrera horizontal en todos los ámbitos administrativos.

Conforme al artículo 17 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), ¿qué norma podrá regular la carrera horizontal de los funcionarios de carrera?. A. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto. B. Las relaciones de puestos de trabajo de cada Administración. C. Los reglamentos aprobados exclusivamente por cada entidad local. D. Los convenios colectivos aplicables al personal funcionario.

Según el artículo 17.a) del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), el sistema de carrera horizontal podrá articularse mediante: A. Grados, categorías o escalones de ascenso, fijándose la remuneración a cada uno de ellos. B. Tramos de antigüedad y periodos de servicio con remuneración idéntica. C. Cuerpos, escalas o Subgrupos de clasificación con una remuneración común. D. Puestos de trabajo, niveles o destinos con remuneración fijada por cada unidad.

Según el artículo 16.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), ¿cuál de las siguientes afirmaciones diferencia correctamente la carrera horizontal de la carrera vertical?. A. La horizontal implica cambiar de puesto mediante provisión, mientras que la vertical permite progresar sin cambiar de puesto. B. La horizontal supone ascender a un Subgrupo superior, mientras que la vertical permite acceder a cuerpos del mismo Subgrupo. C. La horizontal supone progresar en grado o categoría sin cambiar de puesto, mientras que la vertical implica ascender en la estructura de puestos de trabajo. D. La horizontal supone acceder a cuerpos del mismo Subgrupo, mientras que la vertical implica progresar en escalones dentro del mismo puesto.

De conformidad con el artículo 17.b) del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), para la progresión en la carrera horizontal, además de la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados y los conocimientos adquiridos, deberá valorarse: A. La disponibilidad para ocupar puestos de trabajo de superior responsabilidad. B. El resultado de los procesos selectivos de promoción interna. C. La antigüedad reconocida en el cuerpo o escala de pertenencia. D. El resultado de la evaluación del desempeño.

El artículo 17.b) del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP) permite que, para la progresión en la carrera horizontal, se incluyan asimismo: A. Los resultados de los procesos de provisión y la movilidad entre Administraciones. B. La titulación exigida para el acceso y la pertenencia a un determinado Subgrupo. C. Otros méritos y aptitudes por razón de la especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida. D. Los años de servicio y la permanencia continuada en el mismo puesto.

De acuerdo con el artículo 17.a) del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), respecto de los ascensos en el sistema de carrera horizontal, señale la afirmación correcta: A. Serán consecutivos con carácter general, salvo en los supuestos excepcionales en que se prevea otra posibilidad. B. Podrán ser consecutivos o alternativos según la decisión individual del funcionario. C. Serán consecutivos en todo caso, sin que puedan establecerse excepciones. D. Tendrán carácter alternativo como regla general, salvo previsión legal en contrario.

Según el artículo 16.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre las modalidades de carrera profesional es correcta?. A. La carrera profesional solo podrá aplicarse de forma simultánea cuando se implanten las cuatro modalidades. B. La carrera profesional deberá incluir necesariamente la carrera horizontal y la promoción interna vertical. C. La carrera profesional se limitará a las modalidades de carrera horizontal y carrera vertical. D. La carrera profesional podrá consistir en la aplicación aislada o simultánea de alguna o algunas de las modalidades previstas.

Según el artículo 18.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), la promoción interna de los funcionarios de carrera se realizará mediante procesos selectivos que garanticen, entre otros, los principios de: A. Igualdad, mérito y capacidad, así como los de publicidad y transparencia. B. Igualdad, antigüedad y capacidad, así como los de publicidad y objetividad. C. Mérito, capacidad y experiencia, junto con los de concurrencia y eficacia. D. Igualdad, mérito y capacidad, junto con los de negociación y representación.

Según el artículo 19.1 del TREBEP, el personal laboral tendrá derecho a la promoción profesional. La forma de hacer efectivo ese derecho se articulará mediante los procedimientos previstos en: A. El propio TREBEP y los reglamentos orgánicos de cada Administración. B. Los convenios colectivos y, en su caso, el contrato de trabajo. C. Las leyes de Función Pública y las relaciones de puestos de trabajo. D. El Estatuto de los Trabajadores o los convenios colectivos.

Conforme al artículo 18.3 del TREBEP, las leyes de Función Pública que desarrollen el Estatuto podrán determinar: A. Los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios de carrera desde otros de su mismo subgrupo. B. Los sistemas de evaluación que determinarán la pérdida de la condición funcionarial. C. Los requisitos para adquirir la condición de funcionario de carrera en cualquier Administración. D. Los puestos que podrán cubrirse exclusivamente mediante libre designación.

En aplicación del artículo 20.4 del TREBEP, una Administración pretende vincular la continuidad de un funcionario de carrera en un puesto obtenido por concurso al resultado de la evaluación del desempeño. Señale la respuesta correcta: A. La continuidad solo podrá vincularse a la evaluación cuando el puesto se haya obtenido mediante libre designación. B. La continuidad no podrá vincularse a la evaluación, al tratarse de un puesto obtenido mediante un procedimiento de provisión. C. La continuidad podrá vincularse al resultado de la evaluación, en los términos que establezcan los sistemas de evaluación del desempeño. D. La continuidad deberá acordarse automáticamente cuando la evaluación sea positiva.

Conforme al artículo 20.5 del TREBEP, para aplicar la carrera profesional horizontal y determinados efectos retributivos vinculados a la evaluación del desempeño, será necesario: A. Que exista una evaluación individual realizada por el superior jerárquico, aunque no se haya aprobado un sistema previo. B. La autorización estatal de un sistema común de evaluación para todas las Administraciones públicas. C. La aprobación previa, en cada caso, de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño. D. Que los criterios se incorporen a la relación de puestos de trabajo con posterioridad a la evaluación.

Un funcionario de carrera ocupa un puesto obtenido por concurso y la Administración pretende acordar su cese por el resultado de la evaluación del desempeño. Según el artículo 20.5 del TREBEP, ¿qué condición debe cumplirse?. A. Que el funcionario haya permanecido al menos dos años en el puesto. B. Que el cese haya sido negociado individualmente con el funcionario afectado. C. Que se haya aprobado previamente un sistema objetivo que permita evaluar el desempeño. D. Que la evaluación haya sido realizada por un órgano externo a la Administración.

De acuerdo con el artículo 18.4 del TREBEP, las Administraciones públicas adoptarán medidas que incentiven la participación de su personal en: A. Los procedimientos de carrera horizontal y los concursos de provisión de puestos. B. Los procesos de selección externa y los procedimientos de movilidad interadministrativa. C. Los procesos selectivos de promoción interna y los procesos de promoción profesional. D. Los procedimientos de provisión de puestos y los procesos de evaluación del desempeño.

Según el artículo 21.1 del TREBEP, las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en: A. La correspondiente ley de presupuestos. B. El acuerdo de condiciones de trabajo aprobado por el órgano de gobierno competente. C. El convenio colectivo aplicable al personal de cada Administración. D. La relación de puestos de trabajo de cada Administración pública.

Según el artículo 22.3 del TREBEP, las retribuciones complementarias de los funcionarios se establecerán atendiendo, entre otros, a: A. El grupo de clasificación, la antigüedad y los servicios previos reconocidos. B. Las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados. C. La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa. D. La antigüedad reconocida, el nivel de titulación y la permanencia en el puesto.

Una entidad pública acuerda una subida salarial que, considerada globalmente, supera el límite anual fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal. La subida se ha aprobado mediante un acuerdo negociado con la representación sindical. Según el artículo 21.2 del TREBEP: A. El acuerdo puede aplicarse porque la negociación colectiva permite establecer incrementos superiores al límite presupuestario. B. No puede acordarse ese incremento en los términos previstos, aunque haya sido negociado y exista crédito presupuestario. C. El acuerdo puede aplicarse si existe crédito suficiente en el presupuesto de la entidad. D. El acuerdo puede aplicarse si la subida afecta por igual a todo el personal de la entidad.

Un funcionario interino es nombrado para un puesto adscrito a un grupo de clasificación que no tiene subgrupo. Según el artículo 25.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), sus retribuciones básicas y pagas extraordinarias serán las correspondientes: A. Al grupo de clasificación al que esté adscrito. B. Al grupo que determine la Administración en el acto de nombramiento, con independencia de la adscripción. C. Al grupo de clasificación del puesto de trabajo, aunque sea distinto del de adscripción. D. Al subgrupo inmediatamente inferior dentro de la misma escala.

Señale la afirmación correcta sobre el artículo 25.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP): Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones complementarias previstas en las letras b), c) y d) del artículo 24. Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones complementarias previstas en las letras a), b) y d) del artículo 24. Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones complementarias previstas en las letras a), b) y c) del artículo 24. Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones complementarias previstas en las letras a), c) y d) del artículo 24.

En relación con las indemnizaciones de los funcionarios, señale la opción que se ajusta al artículo 28 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP): A. Se perciben por razón del servicio, con independencia de que tengan naturaleza retributiva básica. B. Se perciben cuando las condiciones particulares del puesto generen una mayor responsabilidad. C. Se perciben en los términos que correspondan por razón del servicio. D. Se perciben exclusivamente cuando exista desplazamiento fuera del término municipal.

Según el artículo 34.5 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TREBEP), la competencia de las Mesas Sectoriales se extenderá a: A) Las materias comunes que hayan sido decididas por la Mesa General correspondiente. B) Las materias específicas que afecten a cualquier Administración pública. C) Las materias no decididas por la Mesa General respectiva o aquellas que esta expresamente les reenvíe o delegue. D) Las materias que determine unilateralmente la Administración en cada ámbito.

Señale la opción CORRECTA sobre el inicio de la negociación, conforme al artículo 34.6: A) La negociación se iniciará en la fecha que acuerden la Administración y la mayoría de la representación sindical. B) La negociación se iniciará en la fecha que determine la Administración, previa consulta sindical. C) La negociación se iniciará necesariamente dentro de los quince días siguientes a su promoción. D) La negociación se iniciará cuando lo acuerden conjuntamente todas las organizaciones sindicales legitimadas.

Si no existe acuerdo sobre la fecha de inicio de la negociación, ¿qué plazo establece el artículo 34.6 del TREBEP?. A) Un plazo máximo de quince días desde la solicitud de cualquiera de las partes. B) Un plazo máximo de dos meses desde la promoción de la negociación. C) Un plazo máximo de un mes desde la constitución de la Mesa correspondiente. D) Un plazo máximo de un mes desde que la promueva la mayoría de una de las partes legitimadas.

El artículo 34.7 del TREBEP impone a ambas partes negociadoras la obligación de: A) Alcanzar un acuerdo y formalizarlo por escrito en cada sesión. B) Facilitar toda la documentación administrativa, aunque no guarde relación con la negociación. C) Negociar de buena fe y proporcionarse la información que precisen para la negociación. D) Aceptar las propuestas formuladas por la parte que ostente la mayoría.

Según el artículo 35.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TREBEP), ¿a quién corresponde la designación de los componentes de las Mesas de Negociación?. A) A la Administración correspondiente, previa consulta a las organizaciones sindicales. B) A las organizaciones sindicales que acrediten mayoría absoluta en el ámbito correspondiente. C) A las partes negociadoras. D) A la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.

Conforme al artículo 35.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), los asesores que asistan a las deliberaciones de las Mesas de Negociación: Intervendrán con voz, pero sin voto. Intervendrán con voto, pero sin voz. Intervendrán con voz y voto si son designados por ambas partes. No podrán intervenir en las deliberaciones.

De acuerdo con el artículo 36.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas estará presidida por: A) La representación conjunta de las comunidades autónomas. B) La Federación Española de Municipios y Provincias. C) El Ministerio competente en materia de función pública, por delegación sindical. D) La Administración General del Estado.

Según el artículo 36.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), la representación de las Administraciones Públicas en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas será: A) Proporcional a los resultados electorales de cada Administración. B) Unitaria. C) Rotatoria entre las Administraciones representadas. D) Ejercida exclusivamente por la Administración General del Estado.

Según el artículo 36.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), serán objeto de negociación en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas las materias del artículo 37 que: A) Afecten exclusivamente al personal funcionario de la Administración General del Estado. B) Sean competencia exclusiva de las entidades locales. C) Resulten susceptibles de regulación estatal con carácter de norma básica. D) Hayan sido previamente acordadas por todas las comunidades autónomas.

¿Qué materia es específicamente objeto de negociación en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, según el artículo 36.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP)?. La aprobación individual de las relaciones de puestos de trabajo de cada Administración. El incremento global de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que deba incluirse en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año. La distribución de los complementos específicos de cada entidad local. La aprobación de las ofertas de empleo público de todas las Administraciones.

Conforme al artículo 36.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), ¿para qué materias se constituirá una Mesa General de Negociación en cada Administración Pública?. A) Para negociar exclusivamente las condiciones del personal funcionario. B) Para negociar las materias reservadas a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. C) Para negociar las condiciones del personal laboral y excluir al personal estatutario. D) Para negociar las materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de cada Administración Pública.

Según el artículo 36.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), además de los sindicatos que correspondan conforme a los criterios generales de representación, también estarán presentes en las Mesas Generales de cada Administración las organizaciones sindicales que formen parte de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas cuando hayan obtenido: A) El 5 % de los representantes del personal funcionario y laboral conjuntamente en el ámbito correspondiente. B) El 10 % de los representantes del personal funcionario o del personal laboral en el ámbito correspondiente a la Mesa. C) La mayoría absoluta de los representantes del personal funcionario en el ámbito correspondiente. D) El 10 % de los representantes sindicales en el conjunto de las Administraciones Públicas.

Según el artículo 37.2. del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), las decisiones que afecten a las potestades de organización: Quedan excluidas de la obligatoriedad de negociación, sin perjuicio de negociar las condiciones de trabajo afectadas cuando proceda. Deben negociarse siempre antes de ser adoptadas. Quedan excluidas incluso si repercuten en las condiciones de trabajo. Solo pueden negociarse si afectan al personal laboral.

¿Qué materia está excluida de la obligatoriedad de negociación según el artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP)?. Los criterios generales sobre ofertas de empleo público. La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y usuarios de los servicios públicos. Los criterios generales de formación y promoción interna. Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.

Según el artículo 37.1 del TREBEP, ¿qué normas son objeto de negociación?. Las que establezcan los criterios concretos de cada proceso selectivo y la identidad de los aspirantes. Las que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, clasificación de puestos y planificación de recursos humanos. Las que regulen exclusivamente la promoción interna y la evaluación individual del desempeño. Las que determinen los criterios generales sobre retribuciones básicas y complementarias.

Según el artículo 37.1 del TREBEP, serán objeto de negociación: Todas las decisiones empresariales relacionadas indirectamente con la seguridad. Únicamente las medidas preventivas que afecten al personal laboral. Las materias que se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales. Las evaluaciones médicas individuales de los empleados públicos.

Según el artículo 38.3 del TREBEP, cuando un Acuerdo ratificado trate sobre materias sometidas a reserva de ley: Su contenido tendrá eficacia directa desde la ratificación. El órgano de gobierno deberá aplicar directamente el Acuerdo sin intervención legislativa. El Acuerdo será nulo y no podrá dar lugar a iniciativa legislativa. Su contenido carecerá de eficacia directa y el órgano de gobierno con iniciativa legislativa elaborará, aprobará y remitirá el correspondiente proyecto de ley.

Según el artículo 37.1 del TREBEP ¿qué normas son objeto de negociación?. Las condiciones de trabajo y las retribuciones de los funcionarios, cuya regulación exige norma con rango de ley. Las condiciones de trabajo de todos los empleados públicos, siempre que exista repercusión presupuestaria. Las retribuciones básicas de los funcionarios, con independencia de su relación con las condiciones de trabajo. Las condiciones laborales del personal laboral que deban regularse mediante ley o convenio colectivo.

Un Acuerdo ha sido ratificado y afecta a una materia que puede ser decidida definitivamente por el órgano de gobierno. Según el artículo 38.3 del TREBEP: Su contenido solo será aplicable después de publicarse una norma reglamentaria nueva. Será directamente aplicable al personal incluido en su ámbito, sin perjuicio de la modificación o derogación formal de la normativa reglamentaria que proceda. Necesitará una nueva negociación para adquirir eficacia directa. Carecerá de eficacia directa hasta que sea aprobado por las Cortes Generales.

Cuando exista falta de ratificación de un Acuerdo o negativa expresa a incorporar lo acordado al proyecto de ley, el artículo 38.3 del TREBEP establece que se iniciará la renegociación: En el plazo de un mes, si así lo solicita al menos la mayoría de una de las partes. En el plazo máximo de quince días, siempre que lo soliciten ambas partes. En el plazo de dos meses, si lo solicita cualquiera de las organizaciones sindicales firmantes. nmediatamente, aunque ninguna de las partes solicite renegociar.

Conforme al artículo 38.6 del TREBEP, ¿qué trámite corresponde a los Pactos celebrados y a los Acuerdos una vez ratificados?. Remitirlos a la Oficina Pública que determine cada Administración competente y ordenar su publicación en el Boletín Oficial correspondiente. Remitirlos al órgano judicial competente y publicarlos en el Boletín Oficial del Estado en todo caso. Inscribirlos en el registro sindical y publicarlos únicamente cuando afecten a varias Administraciones. Someterlos a aprobación parlamentaria y publicarlos en el diario oficial de la comunidad autónoma.

Según el artículo 38.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), ¿cuál es la finalidad de los Pactos y Acuerdos concertados en las Mesas de Negociación?. A. Determinar los criterios de acceso y selección del personal de cada Administración. B. Establecer las condiciones generales de todo el personal, cualquiera que sea su vínculo. C. Aprobar las disposiciones generales sobre organización de los servicios administrativos. D. Regular las condiciones de trabajo del personal funcionario de las Administraciones correspondientes.

Según el artículo 38.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), ¿qué condición permite exigir el inicio de la renegociación tras la falta de ratificación de un Acuerdo?. A. Que lo solicite al menos la mayoría de una de las partes. B. Que lo acuerde el órgano de gobierno por razones de interés público. C. Que lo solicite la mayoría de las organizaciones sindicales firmantes. D. Que lo soliciten conjuntamente ambas partes negociadoras.

Según el artículo 38.7 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), antes de que los órganos de gobierno establezcan las condiciones de trabajo por falta de acuerdo, ¿qué debe haberse producido?. A. La aprobación expresa del órgano de gobierno de la falta de acuerdo. B. La publicación de la propuesta de la Administración en el boletín oficial. C. El agotamiento, en su caso, de los procedimientos de solución extrajudicial de conflictos. D. La celebración de una votación final en la Mesa General de Negociación.

Un nuevo Acuerdo sucede a otro anterior y sus partes desean conservar una cláusula del instrumento precedente. ¿Qué exige el artículo 38.13 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP)?. A. Que la cláusula se incorpore expresamente como aspecto que se acuerda mantener. B. Que la cláusula se mantenga por no haber sido objeto de denuncia expresa. C. Que la Comisión Paritaria certifique su compatibilidad con el nuevo Acuerdo. D. Que el órgano de gobierno ratifique individualmente la cláusula anterior.

De acuerdo con el artículo 38.12 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), finalizada la duración de un Pacto o Acuerdo, la vigencia de su contenido: A. Se prorroga automáticamente durante un año adicional. B. Se mantiene hasta que se negocie un instrumento sustitutorio. C. Se extingue, salvo que exista denuncia expresa de una parte. D. Se produce en los términos que los propios instrumentos hubieran establecido.

Señale la opción CORRECTA conforme al artículo 39.4 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP): A. El Estado y cada Comunidad Autónoma regulan las unidades electorales dentro de sus competencias legislativas. B. Los órganos de gobierno locales regulan por sí solos todas las unidades electorales de su territorio. C. Las organizaciones sindicales establecen las unidades electorales mediante acuerdo vinculante con la Administración. D. Las Juntas de Personal determinan las unidades electorales según el número de funcionarios representados.

Conforme al artículo 39.6 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), ¿quién elige al Presidente y al Secretario de una Junta de Personal?. A. El órgano de gobierno de la Administración correspondiente. B. Las organizaciones sindicales que hayan obtenido representación. C. La propia Junta de Personal, de entre sus miembros. D. La Mesa General de Negociación de la Administración.

Según el artículo 39.6 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), ¿qué mayoría se exige para aprobar el reglamento de procedimiento de una Junta de Personal y sus modificaciones?. A. Mayoría simple de los miembros presentes en la sesión. B. Mayoría absoluta del número legal de integrantes. C. Tres quintos de los miembros que componen la Junta. D. Voto favorable de, al menos, dos tercios de sus miembros.

Según el artículo 40.1.a) del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), ¿sobre qué materias deben recibir información las Juntas de Personal y los Delegados de Personal?. A. Política de personal, evolución de retribuciones, evolución probable del empleo y programas de mejora del rendimiento. B. Política de personal, modificación de plantillas, ofertas de empleo aprobadas y programas de formación interna. C. Evolución de retribuciones, régimen disciplinario, provisión de puestos y programas de evaluación del desempeño. D. Política de personal, evolución efectiva del empleo, movilidad funcionarial y programas de promoción profesional.

Conforme al artículo 41.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), los representantes del personal: A. Podrán ser discriminados en su promoción profesional si existe una causa organizativa justificada. B. No podrán ser discriminados en su formación ni en su promoción económica o profesional por razón de su representación. C. No podrán ser discriminados en su formación, aunque sí en su promoción económica por necesidades del servicio. D. Tendrán garantizada la promoción profesional, pero no la formación durante el ejercicio de su mandato.

Según el artículo 41.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), el deber de sigilo profesional de los representantes se refiere a: A. Todos los asuntos conocidos durante el mandato, incluso cuando no tengan carácter reservado. B. Los asuntos que la Administración considere confidenciales, aunque no lo señale expresamente. C. Los asuntos cuyo carácter reservado señale expresamente la Administración. D. Los documentos entregados por la Administración, únicamente durante la vigencia del mandato.

Señale la opción CORRECTA sobre el deber de sigilo profesional del artículo 41.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP): A. El deber termina cuando finaliza el mandato representativo, salvo renovación. B. Los documentos reservados pueden utilizarse fuera de la Administración si no se divulgan públicamente. C. El deber se mantiene durante el año siguiente a la finalización del mandato. D. El deber subsiste incluso después de expirar el mandato representativo.

Conforme al artículo 44 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), son electores y elegibles en el procedimiento para la elección de las Juntas de Personal y Delegados de Personal: A. Los funcionarios de carrera y el personal laboral que estén en servicio activo. B. Los funcionarios de carrera, cualquiera que sea su situación administrativa. C. Los funcionarios que se encuentren en situación de servicio activo. D. Los funcionarios de carrera e interinos, incluso en situaciones distintas del servicio activo.

Según el artículo 44 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), ¿qué funcionarios no tendrán la consideración de electores ni elegibles en el procedimiento para la elección de las Juntas de Personal y Delegados de Personal?. A. Los funcionarios que desempeñen puestos de libre designación en cualquier Administración. B. Los funcionarios que ocupen puestos cuyo nombramiento corresponda al órgano competente en materia de personal. C. Los funcionarios que ocupen puestos de especial responsabilidad o confianza administrativa. D. Los funcionarios cuyo nombramiento se efectúe mediante real decreto o decreto de los consejos de gobierno autonómicos y de Ceuta y Melilla.

De acuerdo con el artículo 44.e) del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), ¿cuáles son los órganos electorales en el procedimiento para la elección de las Juntas de Personal y Delegados de Personal?. A. Las Mesas Electorales y las oficinas públicas permanentes para el cómputo y certificación de resultados. B. Las Juntas de Personal y las oficinas públicas permanentes para la proclamación de candidaturas. C. Las Mesas Electorales y las Comisiones Paritarias para el cómputo de resultados. D. Las Mesas de Negociación y las oficinas públicas para la inscripción de representantes.

Según el artículo 44 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), las impugnaciones electorales, en el procedimiento para la elección de las Juntas de Personal y Delegados de Personal, se tramitarán: A. Mediante procedimiento administrativo ordinario, salvo las reclamaciones sobre candidaturas. B. Conforme a un procedimiento arbitral, salvo las reclamaciones contra la denegación de inscripción de actas electorales, que podrán plantearse directamente ante la jurisdicción social. C. Conforme a un procedimiento judicial, salvo las reclamaciones contra la proclamación de resultados, que serán arbitrales. D. Mediante procedimiento arbitral en todos los casos, sin excepción para las actas electorales.

Según el artículo 45.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), ¿quiénes pueden acordar la creación, configuración y desarrollo de sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos?. A. Las Administraciones Públicas y las organizaciones sindicales a que se refiere el capítulo. B. Las Juntas de Personal y las comisiones paritarias de cada Administración. C. Las Mesas Generales de Negociación y los órganos jurisdiccionales competentes. D. Las Administraciones Públicas y las organizaciones sindicales más representativas en todo caso.

En el procedimiento de arbitraje previsto en el artículo 45.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), las partes: A. Pueden encomendar voluntariamente a un tercero la resolución del conflicto y comprometerse de antemano a aceptarla. B. Deben someter el conflicto a un tercero y aceptar su resolución cuando lo solicite una de ellas. C. Pueden encomendar el conflicto a un tercero, pero la resolución requiere ratificación posterior de ambas partes. D. Deben aceptar la resolución del tercero cuando así lo establezca la comisión paritaria.

Según el artículo 45.4 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), el acuerdo alcanzado mediante mediación o resolución arbitral tendrá: A. La eficacia de una resolución administrativa y la tramitación de un procedimiento ordinario. B. La misma eficacia jurídica y tramitación que los Pactos y Acuerdos regulados en el Estatuto, si existe legitimación suficiente. C. La eficacia de un convenio colectivo y la tramitación prevista en la legislación laboral. D. La misma eficacia que un Pacto o Acuerdo, aunque quienes lo adopten carezcan de legitimación negociadora.

Según el artículo 46.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), las reuniones en el centro de trabajo: A. Se celebrarán dentro de la jornada, salvo autorización expresa del órgano competente. B. Se autorizarán fuera de la jornada, sin posibilidad de establecer excepciones por acuerdo. C. Se celebrarán fuera de la jornada, salvo acuerdo de la Junta de Personal y la Administración. D. Se autorizarán fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y quienes estén legitimados para convocarlas.

De acuerdo con el artículo 46.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), la celebración de una reunión: A. Podrá afectar parcialmente a los servicios si existe autorización previa. B. No perjudicará la prestación de los servicios y los convocantes responderán de su normal desarrollo. C. No podrá alterar los servicios esenciales, siendo responsable la Administración de su desarrollo. D. No perjudicará los servicios, cuya organización corresponderá a la Junta de Personal.

Conforme al artículo 47.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), las Administraciones Públicas adoptarán medidas de flexibilización horaria para garantizar la conciliación de quienes tengan a su cargo: A. Hijos menores de once años y determinados familiares o convivientes que no puedan valerse por sí mismos por edad, accidente o enfermedad. B. Hijos menores de catorce años y determinados familiares o convivientes que no puedan valerse por sí mismos por edad, accidente o enfermedad. C. Hijos menores de doce años y determinados familiares o convivientes que no puedan valerse por sí mismos por edad, accidente o enfermedad. D. Hijos menores de trece años y determinados familiares o convivientes que no puedan valerse por sí mismos por edad, accidente o enfermedad.

Según el artículo 47.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), también se contemplan necesidades de cuidado respecto de: A. Hijos mayores de doce años, cónyuge o pareja de hecho, familiares por consanguinidad hasta segundo grado y otras personas convivientes que no puedan valerse por sí mismas. B. Hijos mayores de doce años, cónyuge, pareja de hecho y familiares por afinidad hasta segundo grado, aunque no convivan en el domicilio. C. Hijos mayores de catorce años, cónyuge o pareja de hecho y cualquier familiar hasta tercer grado que precise asistencia. D. Hijos mayores de doce años, familiares por consanguinidad hasta tercer grado y personas convivientes que necesiten ayuda ocasional.

A efectos del artículo 47 bis.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), el teletrabajo consiste en una prestación a distancia que se desarrolla: A. Fuera de las dependencias administrativas, siempre que el puesto pueda realizarse mediante tecnologías de la información y comunicación y lo permitan las necesidades del servicio. B. Fuera de las dependencias administrativas, cuando el empleado lo solicite y disponga de medios tecnológicos propios. C. En dependencias distintas de las habituales, siempre que exista autorización y acuerdo de la Junta de Personal. D. Desde cualquier ubicación, cuando las funciones del puesto puedan realizarse sin atención presencial al público.

Según el artículo 47 bis.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), la prestación del servicio mediante teletrabajo: A. Requiere autorización expresa, es compatible con la modalidad presencial y tiene carácter voluntario y reversible, salvo excepciones justificadas. B. Requiere autorización expresa, sustituye a la modalidad presencial y tiene carácter voluntario mientras se mantengan las necesidades del servicio. C. Se acuerda con carácter voluntario, pero no es reversible una vez autorizada por la Administración. D. Es compatible con la modalidad presencial y reversible, aunque no necesita autorización expresa cuando exista acuerdo colectivo.

Conforme al artículo 47 bis.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), las normas de desarrollo del teletrabajo: A. Serán aprobadas por cada Administración sin negociación colectiva y fijarán criterios de antigüedad. B. Serán objeto de negociación colectiva en el ámbito correspondiente y contemplarán criterios objetivos de acceso. C. Serán negociadas en la Mesa General estatal y establecerán criterios comunes para todas las Administraciones. D. Serán objeto de consulta a las organizaciones sindicales y establecerán criterios de disponibilidad horaria.

¿Qué finalidad organizativa debe perseguir el teletrabajo, según el artículo 47 bis.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP)?. A. Reducir los costes de funcionamiento mediante la disminución de puestos presenciales. B. Facilitar la conciliación mediante la distribución libre de la jornada. C. Mejorar la organización del trabajo identificando objetivos y evaluando su cumplimiento. D. Sustituir la evaluación del desempeño por el control de conexión y disponibilidad.

Señale la opción CORRECTA conforme a los apartados 3, 4 y 5 del artículo 47 bis del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP): A. El personal teletrabajador mantiene los mismos deberes y derechos, salvo los inherentes a la presencialidad; la Administración proporciona y mantiene los medios tecnológicos, y el personal laboral se rige por el Estatuto y sus normas de desarrollo. B. El personal teletrabajador mantiene los derechos individuales, pero no los colectivos; la Administración facilita los medios iniciales y el personal laboral se rige por la legislación laboral común. C. El personal teletrabajador mantiene los mismos derechos y deberes sin excepción; los medios tecnológicos corren a su cargo y el personal laboral se rige por el convenio colectivo. D. El personal teletrabajador mantiene los derechos colectivos, pero no la normativa preventiva; la Administración proporciona los medios y el personal laboral queda excluido del Estatuto.

Según el artículo 45.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, TREBEP, ¿qué posibilidad contempla la norma respecto de los sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos?. A. Deben estar integrados conjuntamente por mediación y arbitraje. B. Podrán estar integrados por procedimientos de mediación y arbitraje. C. Deberán establecer un procedimiento de mediación antes del arbitraje. D. Solo podrán integrarse por procedimientos de arbitraje.

De acuerdo con el artículo 50.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, TREBEP, ¿cuál es la duración general de las vacaciones retribuidas de los funcionarios públicos por cada año natural?. A. Veintidós días naturales, con reducción proporcional si se ha trabajado menos. B. Veintidós días naturales, sin reducción proporcional si se ha trabajado menos. D. Veintidós días hábiles, sin reducción proporcional si se ha trabajado menos. D. Veintidós días hábiles, con reducción proporcional si se ha trabajado menos.

Según el artículo 50.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, TREBEP, ¿cómo se consideran los sábados a efectos del cómputo de las vacaciones?. A. No se consideran días hábiles, sin perjuicio de las adaptaciones para horarios especiales. B. Se consideran hábiles cuando el funcionario tenga jornada ordinaria de lunes a sábado. C. Se consideran inhábiles en todos los casos, sin posibilidad de adaptación. D. Se consideran hábiles cuando coincidan con el inicio o final del periodo vacacional.

Conforme al artículo 50.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, TREBEP, una funcionaria no puede iniciar sus vacaciones por encontrarse en situación de incapacidad temporal. ¿Qué establece el precepto?. A. Pierde las vacaciones si termina el año natural sin haberlas iniciado. B. Puede disfrutarlas después, siempre que no pasen más de doce meses desde el final del año de origen. C. Puede disfrutarlas después, sin límite temporal si persiste la incapacidad. D. Puede disfrutarlas después de finalizar el año, dentro del límite de dieciocho meses desde su finalización.

Según el artículo 50.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, TREBEP, ¿qué sucede si una de las situaciones protegidas sobreviene una vez iniciado el periodo vacacional?. A. El periodo vacacional se interrumpe y puede disfrutarse después dentro del límite legal. B. El periodo vacacional se mantiene y no puede recuperarse la parte coincidente. C. El periodo vacacional se transforma automáticamente en permiso retribuido. D. El periodo vacacional se pierde, salvo que exista autorización expresa.

De acuerdo con el artículo 50.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, TREBEP, ¿cuál de estas situaciones está expresamente contemplada para poder disfrutar las vacaciones después del año natural?. A. La excedencia voluntaria por interés particular. B. El permiso por asuntos particulares. C. El riesgo durante el embarazo. D. La realización de cursos de formación.

Conforme al artículo 50.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, TREBEP, ¿cuál es la regla general sobre la sustitución de las vacaciones anuales retribuidas por dinero?. A. Puede acordarse cuando exista autorización del órgano competente. B. No pueden sustituirse por una cuantía económica. D. Puede sustituirse cuando lo solicite el funcionario antes de finalizar el año. C. Puede sustituirse la parte que exceda de quince días hábiles.

Según el artículo 50.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, TREBEP, ¿qué debe garantizarse cuando un funcionario presenta una renuncia voluntaria?. A. El abono de todas las vacaciones devengadas y no disfrutadas. B. La compensación económica de un máximo de dieciocho meses. C. El disfrute de las vacaciones devengadas. D. La conversión de las vacaciones pendientes en días de asuntos particulares.

De acuerdo con el artículo 50.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, TREBEP, ¿cuándo puede solicitarse una compensación económica por vacaciones devengadas y no disfrutadas?. A. Cuando la relación de servicios finalice por causas ajenas a la voluntad del funcionario. B. Cuando el funcionario renuncie voluntariamente y no quiera disfrutarlas. C. Cuando el funcionario acumule más de veintidós días hábiles pendientes. D. Cuando la Administración acuerde sustituir el descanso por una compensación.

Según el artículo 50.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, TREBEP, en los casos de jubilación por incapacidad permanente o fallecimiento, ¿cuál es el límite máximo específico de compensación económica por vacaciones devengadas y no disfrutadas?. A. Doce meses. B. Veintidós días hábiles. D. Dieciocho meses. C. El tiempo de servicio prestado durante el último año.

Según el artículo 50.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, TREBEP, ¿qué ocurre cuando el permiso de maternidad coincide con el periodo de vacaciones?. A. Las vacaciones se entienden disfrutadas durante el permiso, sin posibilidad de recuperación. B. Las vacaciones podrán disfrutarse en otro momento, dentro del límite temporal previsto. C. Las vacaciones se trasladan automáticamente al año siguiente, sin límite de disfrute. D. Las vacaciones se compensan económicamente si no pueden disfrutarse ese año.

Conforme a la disposición adicional decimocuarta del TREBEP, ¿qué margen reconoce la norma a cada Administración Pública respecto de los días adicionales de vacaciones por antigüedad?. A. Debe reconocer hasta cinco días adicionales según los años de servicio. B. Puede establecer hasta cuatro días adicionales según el tiempo de servicios prestados. C. Puede reconocer cuatro días adicionales únicamente al alcanzar treinta años de servicio. D. Debe aplicar los mismos tramos de antigüedad establecidos para la AGE.

En el ámbito de la Administración General del Estado, según la resolución de 28 de febrero de 2019 indicada en el material, ¿cuántos días hábiles de vacaciones corresponden al alcanzar veinte años de servicios?. A. Veintitrés días hábiles. B. Veinticinco días hábiles. C. Veintiséis días hábiles. D. Veinticuatro días hábiles.

En la AGE, según la resolución de 28 de febrero de 2019, un funcionario alcanza los veinticinco años de servicios. ¿Cuál es el total de vacaciones anuales que le corresponde?. A. Veinticuatro días hábiles. B. Veinticinco días hábiles. C. Veintiséis días hábiles. D. Veintitrés días hábiles.

Según el régimen de días adicionales de vacaciones de la AGE recogido en la resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial y Función Pública, de 28 de febrero de 2019, hace efectivo este derecho en la AGE y en sus Organismos Públicos, ¿desde cuándo pueden disfrutarse los días adicionales al alcanzar el tramo de antigüedad correspondiente?. A. Desde el primer día del año natural en que se cumple el tramo. B. Desde el día siguiente al cumplimiento de los correspondientes años de servicios. C. Desde el primer día del mes siguiente al cumplimiento de la antigüedad. D. Desde el año natural siguiente al cumplimiento del tramo.

De acuerdo con las condiciones de disfrute de los días adicionales en la AGE recogido en la resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial y Función Pública, de 28 de febrero de 2019, hace efectivo este derecho en la AGE y en sus Organismos Públicos, ¿hasta qué fecha pueden disfrutarse las vacaciones?. A. Dentro del año natural y hasta el 31 de enero del año siguiente. B. Dentro del año natural y hasta el 31 de marzo del año siguiente. C. Únicamente dentro del año natural al que correspondan. D. Dentro del año natural y hasta el 28 de febrero del año siguiente.

Según las condiciones de disfrute de los días adicionales de vacaciones en la AGE recogido en la resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial y Función Pública, de 28 de febrero de 2019, hace efectivo este derecho en la AGE y en sus Organismos Públicos, ¿cuál es el periodo mínimo de disfrute?. A. Periodos de al menos cuatro días hábiles consecutivos. B. Periodos de al menos cinco días naturales consecutivos. C. Periodos de al menos cinco días hábiles consecutivos. D. Periodos de al menos seis días hábiles consecutivos.

En la AGE, según las condiciones de disfrute de los días adicionales recogido en la resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial y Función Pública, de 28 de febrero de 2019, hace efectivo este derecho en la AGE y en sus Organismos Públicos, ¿qué requisitos condicionan su autorización?. A. Comunicación previa al órgano de personal y disfrute compatible con la antigüedad. B. Autorización previa y compatibilidad con las necesidades del servicio. C. Autorización sindical y disfrute obligatorio durante el primer trimestre. D. Solicitud previa y disfrute exclusivo en periodos de cinco días naturales.

34.- En relación a la igualdad de género, señale la respuesta correcta: A) Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. B) Ley Orgánica 4/2008, de 7 de julio, de igualdad de género. C) Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. D) Ley Orgánica 13/2007, de 1 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

59.- Según el artículo 4 de la LO 3/2007, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres: a) Es una fuente formal del Derecho. b) Es un objetivo fundamental del procedimiento administrativo. c) Es un deber de las Administraciones Públicas. d) Es un principio informador del ordenamiento jurídico.

60.- Conforme al artículo 21 de la LO 3/2007, la Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas cooperarán para integrar el derecho de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus respectivas competencias y, en especial, en sus actuaciones de: a) Regulación. b) Dirección. c) Planificación. d) Supervisión.

65.- Según el artículo 39 de la LO 3/2007, las Administraciones Públicas promoverán, para contribuir al cumplimiento de la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres, la adopción por parte de los medios de comunicación de: a) Planes de Igualdad. b) Libros de Estilo de Lenguaje no sexista. c) Acuerdos de Autorregulación. d) Planes Estratégicos de Igualdad de Oportunidades.

52. Según el artículo 10 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán: a. Anulables. b. Nulos. c. Discriminatorios. d. Inconstitucionales.

75. La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable, se denomina: a. Discriminación indirecta por razón de sexo. b. Discriminación directa por razón de sexo. c. Interseccionalidad. d. Acoso sexual.

22. Según el artículo 76 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el órgano colegiado responsable de la coordinación de las políticas y medidas adoptadas por los Ministerios con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y promover su efectividad es: a) El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. b) El Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. c) La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres. d) El Consejo de Participación de la Mujer.

23. La Ley Orgánica 3/2007 dispone que cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo es: a) Discriminación directa. b) Discriminación indirecta. c) Acoso sexual. d) Acoso por razón de sexo.

11. Conforme el artículo 49 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, para impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad, el Gobierno establecerá: a) Medidas de acción positiva, especialmente dirigidas a las pequeñas y las medianas empresas. b) Medidas de fomento, especialmente dirigidas a las empresas de 50 o más trabajadores. c) Medidas de fomento, especialmente dirigidas a las pequeñas y las medianas empresas. d) Medidas de acción positiva, dirigidas a cualquier empresa, sea de capital público o privado.

3. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, estarán obligadas a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad las empresas que cuenten con: a) 50 o más trabajadores. b) 150 o más trabajadores. c) 100 o más trabajadores. d) 250 o más trabajadores.

14. De acuerdo con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, las candidaturas que se presenten para las elecciones de diputados al Congreso deberán tener una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que en el conjunto de la lista los candidatos de cada uno de los sexos supongan como mínimo: a) El veinte por ciento. b) El treinta por ciento. c) El cuarenta por ciento. d) El cincuenta por ciento.

31- Por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres se contempla, específicamente, el deber de negociar planes de igualdad en las empresas de: a. 20 o más trabajadores. b. 30 o más trabajadores. c. 40 o más trabajadores. d. 50 o más trabajadores.

32- ¿En qué Título de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres se recoge el principio de igualdad en el empleo público?. a. En el Título IV. b. En el Título VI. c. En el Título V. d. En el Título VII.

33- Según dispone el artículo 15 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará la actuación de todos los Poderes Públicos con carácter: a. Primordial. b. Ejemplar. c. Transversal y ejemplar. d. Transversal.

34- Según la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en la composición equilibrada, las personas de cada sexo no pueden superar: a. El 70%. b. El 50%. c. El 30%. d. El 60%.

58. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece que gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo: a) toda persona, física o jurídica. b) las mujeres y los hombres. c) todas las personas.

13. Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, constituye acoso sexual: a. Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. b. Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. c. Cualquier comportamiento de naturaleza sexual que pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro. d. Ninguna es correcta.

32. El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres viene recogido en su artículo: a. Art. 17. b. Art. 43. c. Art. 26.

27. Según el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres: a) Es un objetivo fundamental del procedimiento administrativo. b) Es una fuente formal del Derecho. c) Es un principio informador del ordenamiento jurídico. d) Es un deber de las Administraciones Públicas.

43.- ¿Qué se entiende por "igualdad de trato" en el ámbito laboral?. a) Mismo salario para todos. b) Igual número de hombres y mujeres. c) Ausencia de discriminación por razón de sexo. d) Acceso igualitario a formación.

44. ¿Qué se considera discriminación directa en el trabajo?. a) Trato desfavorable por razón de sexo. b) Trato diferente por razones objetivas. c) Asignación de tareas por nivel de formación. d) Diferencias salariales por antigüedad.

38. De conformidad con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los actos y cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se consideraran: a. Nulos y sin efecto. b. Anulables, pero con efecto. c. Inválidos y sin efecto. d. Irregulares, pero con efecto.

40. Según el artículo 6, de conformidad con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿qué se entiende por discriminación directa por razón de sexo?. a. La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro. b. La situación en la que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. c. Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona. d. Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

41. Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, se define como: a. Agresión sexual. b. Acoso sexual. c. Violencia sexual. d. Abuso sexual.

4. Según la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, por la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿qué se entiende por "composición equilibrada"?: a. La presencia de mujeres y hombres en una proporción del cincuenta por ciento cada uno. b. Que las personas de cada sexo no superen el setenta por ciento ni sean menos del treinta por ciento. c. La presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento. d. Que la representación de un sexo sea, al menos, del veinticinco por ciento.

5. Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, por la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿Qué concepto describe la integración activa y sistemática del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en la adopción y ejecución de disposiciones normativas y políticas públicas por parte de todos los Poderes Públicos?. a. Acción positiva. b. Coordinación interministerial. c. Transversalidad del principio de igualdad. d. Coeducación.

42. Según la Ley 3/2007, de 22 de marzo, con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo de los tiempos entre mujeres y hombres, las corporaciones locales podrán establecer. a) Planes estratégicos de igualdad de oportunidades. b) Planes Municipales de organización del tiempo de la ciudad. c) Todas son correctas. d) Planes Locales de cooperación para la igualdad y oportunidades.

43. De acuerdo con el tenor literal del artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombre, es un criterio general de actuación de los poderes públicos: a) La colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones públicas, con el objetivo de segregar y evitar aquellas situaciones en la aplicación del principio de igualdad de trato, no discriminación e igualdad de oportunidades. b) La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de implementar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, así como potenciar el crecimiento del empresariado femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto de políticas y el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico. c) La colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones públicas, con el objetivo de segregar y evitar aquellas situaciones en la aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades. d) Ninguna es correcta.

52. Entre los criterios generales de actuación de los Poderes Públicos, regulados en el artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, no se encuentra: a) El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres. b) La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, así como potenciar el crecimiento del empresariado femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto de políticas y el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico. c) La implantación de un lenguaje sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas. d) Todas las respuestas son correctas.

20. Conforme a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Consejo de Participación de la Mujer, se crea: a. Como órgano colegiado de información y asesoramiento. b. Como órgano colegiado de consulta y asesoramiento:. c. Como órgano colegiado de consulta e información. d. Como órgano colegiado de consulta y registro.

21. Conforme a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Gobierno aprobará, un Plan para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella: a. Con carácter anual. b. Cada 2 años. c. Al inicio de cada legislatura. d. Cada 4 años.

57. Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en los procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad a: a) La persona demandante. b) La persona demandada. c) Al órgano judicial. d) Al Ministerio Fiscal.

7. A tenor del art. 22 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo de los tiempos entre mujeres y hombres, las corporaciones locales podrán: a) Promover políticas de conciliación de la vida personal y familiar. b) Establecer Planes Municipales de organización del tiempo de la ciudad. c) Establecer un plan de igualdad en el Municipio. d) Todas son correctas.

8. Según la exposición de motivos de la ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, se cita un artículo de la Constitución Española de 1978 que reconoce el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo ¿Cuál es?. a) El art. 16. b) El art. 18. c) El art. 14. d) Ninguna de las anteriores.

9. El art. 6 de la Ley 3/2007 de 22 de marzo nos habla de un tipo de discriminación, señale cual es. a) Discriminación por razón de embarazo. b) Discriminación directa e indirecta. c) Discriminación por razón de acceso al empleo. d) Ninguna de las anteriores.

37. A los fines de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, no serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos: a) La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas. b) El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, evitando la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia. c) El fomento de la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre particulares. d) El fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas Administraciones públicas y los agentes sociales, las asociaciones de mujeres y otras entidades privadas.

38. De acuerdo con el artículo 16 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: a) Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos sin responsabilidad que les correspondan. b) Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que no les correspondan. c) Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres salvo en los nombramientos y designaciones de los cargos sin responsabilidad que les correspondan. d) Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan.

24.- La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados se denomina. a) Discriminación directa por razón de sexo. b) Discriminación por razón de sexo. c) Discriminación indirecta por razón de sexo. d) Discriminación conexa por razón de sexo.

25.- El principio de igualdad de trato y oportunidad entre mujeres y hombres informará la actuación de todos los poderes públicos con carácter: a) Exclusivo. b) Preferente. c) Universal. d) Transversal.

32. Conforme a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad electiva de mujeres y hombres, la situación en que una disposición, criterio o practica aparentemente neutros pone a las personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, se considera: a. Acoso sexual. b. Acoso por razón de sexo. c. Discriminación directa por razón de sexo. d. Discriminación indirecta por razón de sexo.

21. La protección integral de los hijos y su igualdad ante la Ley con independencia de su filiación, se contempla en la Constitución como: a) Uno de los principios rectores de la política social y económica. b) Uno de los derechos y deberes de los ciudadanos de la Sección 2ª del Capítulo 2º del Título I. c) Uno de los derechos fundamentales de la Sección 1ª del Capítulo 2º del Título I. d) Uno de los derechos que no se contempla expresamente en la Constitución.

35. En el proceso de tramitación de todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de Gobierno deberá emitirse un informe de evaluación del impacto de género del contenido de los mismos. La emisión de dicho informe, salvo en el caso del anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, corresponde: A) al centro directivo competente para la iniciación del procedimiento de elaboración de la disposición de que se trate. B) a la correspondiente Unidad de igualdad de Género. C) a la Consejería competente en materia de igualdad. D) al Instituto Andaluz de la Mujer.

38. Según el art. 12 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 marzo, para la igualdad defectiva de mujeres y hombres, establece que podrá recabar la tutela judicial del derecho a la igualdad entre hombres y mujeres ante los tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad: A) cualquier persona. B) la mujer en situación de desigualdad. C) las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, determinadas en las leyes reguladoras de estos procesos. D) la fiscalía de violencia de género.

35. ¿Qué rango tiene la vigente ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres publicada en el BOE en 2007?. A) Ley ordinaria. B) Ley orgánica. C) Ley de bases. D) Real Decreto-Ley.

69. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres dispone en su artículo 8 que todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad constituye: A) Discriminación directa por razón de sexo. B) Discriminación indirecta por razón de sexo. C) Acoso sexual. D) Acoso por razón de sexo.

18. Las Políticas públicas para la igualdad, en que Titulo de la LO 3/2007 están recogidas: a. Título I. b. Título II. c. Título III.

19. ¿Qué artículos de la Constitución Española desarrolla la LO 3/2007?. a. Los artículos 9 y 14. b. Los Artículos 9.1 y 14. c. Los artículos 9.2 y 14.

30. Según del Art. 7.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, constituye acoso por razón de sexo: a) Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. b) Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. c) Cualquier comportamiento realizado contra una mujer, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

7. Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta Ley constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, se define como: a) Acoso sexual. b) Agresión sexual. c) Violencia sexual. d) Intimidación sexual.

55. Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación (art. 2): a) A las personas físicas, pero no jurídicas, que se encuentren o actúen en el territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. b) A toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. c) A toda persona, física o jurídica, con domicilio o residencia en España, cualquiera que fuese su nacionalidad. d) A las personas físicas, pero no jurídicas, que tengan domicilio o residencia en España, cualquiera que fuese su nacionalidad.

56. Señale la respuesta correcta, según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: a) El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación directa por razón de sexo, y especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. b) Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. c) Constituye discriminación indirecta por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. d) De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a las persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. Esto no será de aplicación a los procesos penales.

45. - La redacción, coordinación, supervisión y seguimiento de las medidas acordadas en el II Plan Municipal de Igualdad serán objeto de: A.- La Comisión Interdepartamental de Igualdad. B.- La Comisión Permanente de Igualdad. C.- El Departamento de Coordinación Institucional en materia de Igualdad. D.- La Comisión Negociadora del Plan de Igualdad.

2. ¿Qué Título de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, trata sobre el principio de igualdad en el empleo público?. a) Título II. b) Título IV. c) Título V. d) Título VI.

3. Según su artículo 1, la LO 3/2007 tiene por objeto hacer efectivo el derecho de: a) Conciliación de la vida laboral y familiar de mujeres y hombres. b) Igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. c) Participación en los asuntos públicos en igualdad de condiciones. d) No discriminación por razón de sexo.

48.- Según su artículo 1, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, tiene por objeto hacer efectivo el derecho de: a) Conciliación de la vida laboral y familiar de mujeres y hombres. b) Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. c) Participación en los asuntos públicos en igualdad de condiciones. d) No discriminación por razón de sexo.

49.- El art. 69.3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, dispone que serán admisibles las diferencias de trato en el acceso a bienes y servicios cuando estén justificadas por un propósito legítimo y los medios para lograrlo son: a) Pactados y formalizados por escrito. b) Adecuados y necesarios. c) Temporales y transparentes. d) Imprescindibles e inevitables.

14. Señale la respuesta correcta: Las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tiene como ámbito de aplicación: Solamente a las Administraciones públicas. Solamente a las Administraciones públicas y a los sujetos privados con residencia en España. Solamente a las Administraciones públicas y a los sujetos privados con nacionalidad española. Solamente a la persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en el territorio español.

8.- Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, señale a qué concepto corresponde la siguiente definición “se considera por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados”. a) Acoso por razón de sexo. b) Discriminación directa. c) Discriminación indirecta. d) Conducta discriminatoria.

45. De qué fecha es la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres?. a) 8 de Marzo de 2007. b) 18 de Febrero de 2007. c) 22 de Marzo de 2007.

47. La integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres en la política de educación según la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres: A) Sólo se refiere a infantil y primaria. B) Se refiere a todas las etapas educativas, en relación al alumnado y al profesorado. C) No afecta al currículo escolar. D) La Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres no regula las políticas públicas en materia de educación y género.

La Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tiene por objeto conforme a su artículo 1: Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Promover las condiciones para la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran. El pleno reconocimiento de la igualdad ante la ley. La igualdad y protección de las mujeres embarazadas.

El artículo 1 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres tiene por objeto la eliminación de la discriminación de la mujer, en las esferas: Natural y artificial. Política y laboral. Política, religiosa, laboral, económica, social y cultural. Política, civil, laboral, económica, social cultural.

El artículo 1 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres;. Establece principios de actuación de los Poderes Públicos, regula derechos y deberes sólo de las personas físicas. Prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores público y privado, toda forma de discriminación por razón de sexo. Establece principios de actuación de los Poderes Públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas públicas. Prevé medidas destinadas a los sectores público y privado, para evitar toda forma de discriminación.

Según artículo 1, la ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tiene por objeto hacer efecto el derecho de: Conciliación de la vida laboral y familiar de mujeres y hombres. Igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Participación en los asuntos públicos en igualdad de condiciones. Los permisos por nacimientos de hijos.

Según el artículo 2.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las obligaciones establecidas en dicha Ley serán de aplicación a: Toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. Toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio europeo, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. Toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio nacional, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. Toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, siempre que sean de nacionalidad española.

El "derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes": No está recogido en la Constitución española. Está recogido en el artículo 23.2 de la Constitución española. Está recogido en el artículo 103.3 de la Constitución española. Está recogido en el art 14 de la Constitución española.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su articulo 14 señala cuales serán, a los fines de esta ley, los criterios generales de actuación de los Poderes Públicos. Uno de los que se citan NO se recoge en dicho art. 14, indique cual. La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones. La adopción de las medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género, la violencia familiar y todas las formas de acoso sexual y acoso por razon de sexo. El fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas Administraciones públicas y los agentes sociales, las asociaciones de mujeres y otras entidades privadas. La atencion a las personas en situacion de dependencia de forma integral e integrada.

Según se determina en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en el ámbito de la educación superior, las Administraciones publicas en el ejercicio de sus respectivas competencias fomentaran la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres. En particular, y con tal finalidad, promoverán una de las siguientes actuaciones o medidas, de las tres señaladas en el artículo 25: El fomento de la Ciencia Abierta y la Ciencia Ciudadana. El derecho subjetivo del estudiantado universitario a acceder a becas y ayudas estudio, siempre que cumpla con los requisitos recogidos en las normas reguladoras de las mismas, y de conformidad con los principios fundamentales de igualdad y no discriminación. La creación de postgrados específicos. El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la Historia.

Entre los criterios generales de actuación de los Poderes Públicos, regulados en el articulo 14 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, no se encuentra: El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres. La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, así como potenciar el crecimiento del empresariado femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto de políticas y el valor del trabajo de las mujeres, excluido el doméstico. La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas. El fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas Administraciones Públicas y los agentes sociales, las asociaciones de mujeres y otras entidades privadas.

Identifique el órgano creado por la Ley Orgánica 3/2007, para la participación de las mujeres en la igualdad de trato y oportunidades. La Unidad de Igualdad. El Consejo de Participación de la Mujer. La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres. El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

¿Cómo se define la Comisión Interministerial de Igualdad entre Mujeres y Hombres según la Ley Orgánica 3/2007?. Órgano de consulta y asesoramiento para la participación de las mujeres. Organo en cada Ministerio para el desarrollo de funciones de igualdad. Órgano coordinador de políticas y medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. Organismo para la aplicación del principio de igualdad en acceso al empleo y condiciones de trabajo.

¿Cómo se aprueba el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades según la LO 3/2007?. Por el Gobierno, de manera periódica. Por las Cortes Generales, de manera semestral. Por las Cortes Generales, de manera periódica. Por el Gobierno, de manera semestral.

¿Qué órgano crea la LO 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres?. Comité de expertos para la lucha por la igualdad. Comisión delegada del Gobierno para la igualdad. Comisión sectorial de Administración General del Estado y Comunidades Autónomas. Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres.

¿Cuál es el órgano colegiado responsable de coordinar las políticas de igualdad de género?. La Unidad de Igualdad. La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres. El Consejo de Participación de la Mujer. Instituto Nacional de Igualdad de Genero.

¿Qué instrumentos deben ir acompañados de un informe de impacto de género según la Ley Orgánica 3/2007?. Proyectos de disposiciones generales y planes de especial relevancia. Convocatorias de empleo público. Ambas son correctas. Ninguna es correcta.

¿Cómo y cuándo se establece el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades conforme a la LO 3/2007?. Aprobado anualmente por el Gobierno. Aprobado semestralmente por las Cortes Generales. Aprobado periódicamente por el Gobierno. Aprobado semestralmente por el Gobierno.

Identifique el criterio general de actuación incorrecto según la Ley Orgánica 3/2007. Mujeres viudas. Mujeres víctimas de violencia de género. Mujeres con discapacidad. Mujeres en situación de desempleo.

¿Cuál es un criterio general de actuación de los Poderes Públicos según la LO 3/2007?. Participación equilibrada en cargos públicos y decisiones. Protección de la maternidad y asunción social de sus efectos. Colaboración entre poderes públicos para la igualdad. Ausencia de discriminación por sexo y situaciones derivadas de maternidad y obligaciones familiares.

¿Qué supone el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres según la Ley Orgánica 3/2007?. La no discriminación por sexo, incluyendo la maternidad, obligaciones familiares y estado civil. La no discriminación por raza, sexo, origen, nacionalidad o cualquier otra circunstancia. La no discriminación directa por sexo, incluyendo maternidad, empleo, obligaciones familiares y estado civil. La no discriminación en cualquier ámbito de la vida pública o privada.

¿Qué medidas deben establecer las Administraciones Publicas según la Ley Orgánica para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres?. Formación en igualdad mediante la presencia igualitaria en órganos de selección. Protección frente al acoso laboral. Medidas disciplinarias contra la discriminación por razón de sexo. Eliminación de cualquier discriminación retributiva por razón de sexo.

¿Dónde deben existir Unidades de Igualdad según lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007?. En todos los órganos directivos y superiores. En el Gobierno y las Cortes Generales. En todos los Ministerios. En todas las Administraciones Públicas.

EI artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres dice: Las personas son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. Las personas son iguales ante la ley, e iguales en derechos y deberes. Las mujeres y los hombres son iguales ante la ley, e iguales en derechos y deberes.

Esta Ley tiene por objeto tiene por objeto la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas: a) Política y civil. b) Laboral y económica. d) Todas son correctas. c) Social y cultural.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Establece principios de actuación de los Poderes Públicos. Únicamente regula derechos y deberes de las personas físicas. Prevé medidas destinadas a eliminar y corregir exclusivamente en el sector público, toda forma de discriminación por razón de sexo. Todas son correctas.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece que gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo: a) Todas las personas. b) Toda persona, física o jurídica. c) Las mujeres y los hombres. d) Las personas físicas.

El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de: a) La maternidad. b) La asunción de obligaciones familiares. c) El estado civil. d) Todas son correctas.

La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres: a) Es Un principio informador del ordenamiento jurídico. b) Se integrará y observará en la interpretación de las normas jurídicas. c) Se integrará y observará en la aplicación de las normas jurídicas. d) Todas son correctas.

El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del empleo privado y en el del empleo público, se garantizará, en los términos previstos en la normativa aplicable (señala la incorrecta): a) En el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia. b) En la formación profesional y en la promoción profesional. c) En las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido. d) En la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales, salvo las prestaciones concedidas por las mismas.

Una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado: a) Constituirá discriminación en el acceso al empleo, salvo la formación necesaria. b) No constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria. c) No constituirá discriminación en el acceso al empleo, salvo la formación necesaria. d) Constituirá discriminación en el acceso al empleo, salvo la formación necesaria.

Respecto al acoso sexual y acoso por rozón de sexo es correcto: a) Constituye acoso sexual cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. b) Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. c) El acoso sexual y el acoso por razón de sexo se considerarán discriminatorios cuando así lo determine un juez. d) El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de sexo.

El acoso sexual y el acoso por razón de sexo: Pueden ser considerados discriminatorios. Se considerará discriminatorio en todo caso el acoso sexual y dependiendo del caso el acoso por razón de sexo. Se considerará discriminatorio en todo caso el acoso por razón de sexo y según lo establecido en el orden penal se considerará o no el acoso sexual. Se considerarán discriminatorios ambos tipos de acoso en todo caso.

El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo: a) No se considera un acto de discriminación por razón de sexo. b) Se podrá considerar discriminatorio según los casos. c) En todo caso, se considerará discriminatorio. d) El enunciado es incorrecto. Solo será discriminatorio si la situación es constitutiva de acoso sexual, pero no si se trata de acoso por razón de sexo.

También se considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de: a) La presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de oportunidades. b) La presentación por una tercera persona de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de oportunidades. c) La presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. d) La presentación por una tercera persona de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.

Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean: Probables, efectivas y superiores al perjuicio sufrido. Probables, eficaces y proporcionadas al perjuicio sufrido. Reales, efectivas y superiores al perjuicio sufrido. Reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido.

Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los poderes públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables: En tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser únicas y adecuadas con el objetivo perseguido en cada caso. Aún después de ser corregidas dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. Aún después de ser corregidas dichas situaciones, habrán de ser únicas y adecuadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. En tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso.

Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en: EI artículo 14 de la Constitución, antes de la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación. EI artículo 14 de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación. EI artículo 53.2 de la Constitución, antes de la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación. EI artículo 53.2 de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación.

Respecto a los procesos que versen sobre la defensa de la tutela judicial efectiva corresponde a las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, la capacidad y legitimación para intervenir en los procesos: a) Civiles. b) Sociales. c) Contencioso-administrativos. d) Todas son correctas.

En los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo: a) Estará legitimado el Ministerio Fiscal y la persona acosada. b) La persona acosada será la única legitimada. c) Estará legitimada cualquier persona que conozca los hechos. d) Ninguna es correcta.

En los procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, el órgano judicial podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes: a) A instancias del Ministerio Fiscal. b) A instancia de parte. c) De oficio. d) De cualquiera de las formas mencionadas anteriormente.

A los fines de esta Ley, serán criterios generales de actuación de los poderes públicos la adopción de las medidas necesarias para la erradicación de (señala la incorrecta): a) La violencia de género. b) La violencia familiar. c) La feminización de la pobreza. d) Todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

A los fines de esta Ley, serón criterios generales de actuación de los poderes públicos la protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los efectos derivados de: a) El embarazo. b) El parto. c) La lactancia. d) Todas son correctas.

A los fines de esta Ley, serán criterios generales de actuación de los poderes públicos (señala la incorrecta): La implantación de un lenguaje sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas. El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres. El fomento de la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre particulares. El fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas administraciones públicas y los agentes sociales, las asociaciones de mujeres y otras entidades privadas.

Las Administraciones públicas integrarán, de forma activa, el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres: a) En la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas. b) En la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos. c) En el desarrollo del conjunto de todas sus actividades. d) Todas son correctas.

Aprobará periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de oportunidades: El Gobierno, en las materias que sean de la competencia del Estado. El Gobierno, en las materias que sean de la competencia del Estado y las Comunidades Autónomas en las materias que sean de su competencia. El Congreso, en las materias que no sean de la competencia del Estado. El Congreso, en las materias que sean de la competencia del Estado.

El Plan Estratégico de Igualdad de oportunidades incluirá medidas para: a) Alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres. b) Eliminar la discriminación por razón de sexo. c) a y b son correctas. d) a y b son incorrectas.

Un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres será elaborado en los términos que reglamentariamente se determinen por: a) El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. De este informe se dará cuenta a las Cortes Generales. b) El Consejo de Ministros. De este informe se dará cuenta al Gobierno. c) El Gobierno. De este informe se dará cuenta a las Cortes Generales. d) El Congreso. De este informe se dará cuenta al Consejo de Ministros.

Deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género: a. Los proyectos de disposiciones de carácter particular. b. Los proyectos de disposiciones de carácter general. c. Los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del consejo de ministros. d. b y c son correctas.

Al objeto de hacer efectivas las disposiciones contenidas en esta Ley y que se garantice la integración de modo efectivo de la perspectiva de género en su actividad ordinaria, los poderes públicos, en la elaboración de sus estudios y estadísticas, deberán: Incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a cabo. Establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, su manifestación e interacción en la realidad que se vaya a analizar. Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes con objeto de contribuir al reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres y evitar la estereotipación negativa de determinados colectivos de mujeres. Todas son correctas.

Al objeto de hacer efectivas las disposiciones contenidas en esta Ley y que se garantice la integración de modo efectivo de la perspectiva de género en su actividad ordinaria, los poderes públicos, en la elaboración de sus estudios y estadísticas, tendrán una serie de obligaciones: Podrá justificarse el incumplimiento de alguna de estas obligaciones por razones económicas. Podrá justificarse el incumplimiento de alguna de estas obligaciones por razones de urgencia. Sólo excepcionalmente, y mediante informe motivado y aprobado por el órgano competente, podrá justificarse el incumplimiento de alguna de estas obligaciones. En ningún caso podrá justificarse el incumplimiento de alguna de estas obligaciones.

Con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo de los tiempos entre mujeres y hombres, podrá/n establecer Planes Municipales de organización del tiempo de la ciudad: a) La Administración General del Estado. b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. c) La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas. d) Las corporaciones locales.

El sistema educativo incluirá (señala la incorrecta): Entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales. Entre sus fines la educación en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Dentro de sus principios de calidad, el fomento de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Dentro de sus principios de calidad, el fomento de la igualdad plena entre mujeres y hombres.

Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán, con tal finalidad, las siguientes actuaciones (señala la incorrecta): a) La promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de control y de gobierno de los centros docentes. b) La cooperación con el resto de las administraciones educativas para el desarrollo de proyectos y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, entre las personas de la comunidad educativa, de los principios de coeducación y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. c) El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de los hombres en la historia. d) El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia.

Las Administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres: a) En el ámbito de la educación primaria. b) En el ámbito de la educación secundaria. c) En el ámbito de la educación superior. d) Todas son correctas.

Respecto o la igualdad en el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas promoverán (señala la incorrecta): La realización de estudios e investigaciones especializadas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. La inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. La creación de postgrados específicos. La realización de prácticas universitarias en empresas que garanticen la igualdad entre mujeres y hombres.

Las políticas, estrategias y programas de salud integrarán las distintas necesidades de mujeres y hombres y las medidas necesarias para abordarlas adecuadamente: a) En su formulación. b) En su desarrollo y evaluación. c) En su formulación, desarrollo y evaluación. d) En su planteamiento, formulación, desarrollo y evaluación.

Las Administraciones públicas garantizarán un igual derecho a la salud de las mujeres y hombres, a través de la integración activa, en los objetivos y en las actuaciones de la política de salud, del principio de igualdad de trato, evitando se produzcan discriminaciones entre unas y otros: a) Por sus diferencias biológicas. b) Por los estereotipos sociales asociados. d) a y b son correctas. c) Por razones económicas.

Incorporarán la efectiva consideración del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución: Los programas públicos de desarrollo de la Sociedad de la Información que se determinen por el Gobierno. Los programas públicos de desarrollo de la Sociedad de la Información que se determinen reglamentariamente. Los programas públicos de desarrollo de la Sociedad de la Información que se desarrollen a nivel estatal. Todos los programas públicos de desarrollo de la Sociedad de la Información.

Promoverá/n la plena incorporación de las mujeres en la Sociedad de la Información mediante el desarrollo de programas específicos: a) El Gobierno. b) El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. c) Las Administraciones públicas. d) El Consejo de Ministros.

En los proyectos del ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación: Sufragados totalmente con dinero público, se garantizará que su lenguaje y contenidos sean no sexistas. Sufragados total o parcialmente con dinero público, se garantizará que su lenguaje y contenidos sean no sexistas. No sufragados con dinero público, se garantizará que su lenguaje y contenidos sean no sexistas. Ninguna es correcta.

Todos los programas públicos de desarrollo del deporte incorporarán la efectiva consideración del principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en: a) Su diseño y ejecución. b) Su formulación, desarrollo y evaluación. c) Su desarrollo y evaluación. d) Su diseño, ejecución y valoración.

El Gobierno promoverá el deporte femenino y favorecerá la efectiva apertura de las disciplinas deportivas a las mujeres, mediante el desarrollo de programas específicos: a) En todas las etapas de la vida y en todos los niveles, incluidos los de responsabilidad y decisión. b) En todas las etapas de la vida y en todos los niveles, salvo los de responsabilidad y decisión. c) En la etapa adulta de la vida y en todos los niveles, incluidos los de responsabilidad y decisión. d) En la etapa adulta de la vida y en los niveles superiores, salvo los de responsabilidad y decisión.

A fin de hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en el sector agrario, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales desarrollarán la figura jurídica de la titularidad compartida, para que: a) Se reconozcan plenamente los derechos de las mujeres en el sector agrario. b) Se reconozca la correspondiente protección de la seguridad social. c) Se reconozca el reconocimiento de su trabajo. d) Todas son correctas.

A fin de hacer efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en el sector agrario, la figura jurídica de la titularidad compartida, para que se reconozcan plenamente los derechos de las mujeres en el sector agrario, la correspondiente protección de la Seguridad Social, así como el reconocimiento de su trabajo, será desarrollada por: a) El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. b) El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. c) El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. d) El Gobierno.

Las Administraciones públicas promoverán: Nuevas actividades laborales que favorezcan el trabajo de las mujeres en el mundo rural. Actividades laborales tradicionales que favorezcan el trabajo de las mujeres en el mundo rural. Modificaciones en las actividades laborales que favorezcan el trabajo de las mujeres en el mundo. Ninguna es correcta.

Las Administraciones públicas promoverán como medida de conciliación de la vida laboral, familiar y personal de hombres y mujeres en mundo rural, el desarrollo de una red de servicios sociales para atender a: Menores. Mayores. Dependientes. Todas son correctas.

Respecto a las políticas urbanas, de ordenación territorial y vivienda no es correcto: Las políticas y planes de las Administraciones públicas en materia de acceso a la vivienda incluirán medidas destinadas a hacer efectivo el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Las políticas urbanas y de ordenación del territorio tomarán en consideración las necesidades de los distintos grupos sociales y de los diversos tipos de estructuras familiares. Las políticas urbanas y de ordenación del territorio favorecerán el acceso en condiciones de igualdad a los distintos servicios e infraestructuras urbanas. EI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el ámbito de sus competencias, fomentará el acceso a la vivienda de las mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión.

Todas las políticas, planes, documentos de planificación estratégica, tanto sectorial como geográfica, y herramientas de programación operativa de la cooperación española para el desarrollo, incluirán el principio de igualdad entre mujeres y hombres como un elemento: a) Sustancial en su agenda de prioridades. b) Recursivo en su agenda de prioridades. c) Cosustancial en su agenda de prioridades. d) Subsidiario en su agenda de prioridades.

Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través de sus órganos de contratación y, en relación con la ejecución de los contratos que celebren: Podrán establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. No podrán establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. Establecerán condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. Ninguna es correcta.

A la vista de la evolución e impacto de las políticas de igualdad en el mercado laboral, se encargará de determinar los contratos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos que obligatoriamente deberán incluir entre sus condiciones de ejecución medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre muieres y hombres en el mercado de trabajo, conforme a lo previsto en la legislación de contratos del sector público: a) Trimestralmente, el Consejo de Ministros. b) Anualmente, el Consejo de Ministros. c) Trimestralmente, el Gobierno. d) Anualmente, el Gobierno.

Velarán por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, y promoverán el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres: Los medios de comunicación social de titularidad pública. Los medios de comunicación social de titularidad privada. Los medios de comunicación social de titularidad pública y privada.

La Corporación RTVE, en el ejercicio de su función de servicio público, perseguirá en su programación los siguientes objetivos (señala la incorrecta): Reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres en los diversos ámbitos de la vida social. Utilizar el lenguaje en forma sexista. Adoptar, mediante la autorregulación, códigos de conducta tendentes a transmitir el contenido del principio de igualdad. Colaborar con las campañas institucionales dirigidas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y a erradicar la violencia de género.

Respetarán la igualdad entre mujeres y hombres, evitando cualquier forma de discriminación: Los medios de comunicación públicos. Los medios de comunicación privados. Todos los medios de comunicación. Ninguna es correcta.

La publicidad que comporte una conducta discriminatoria de acuerdo con esta Ley se considerará publicidad: a) Irregular. b) Ilícita. c) Nula. d) Anulable.

No es correcto sobre los programas de mejora de la empleabilidad de las mujeres: Las políticas de empleo tendrán como Uno de sus objetivos prioritarios aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Las políticas de empleo tendrán como uno de sus objetivos prioritarios avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Se mejorará la empleabilidad y la permanencia en el empleo de las mujeres, potenciando su nivel formativo y su adaptabilidad a los requerimientos del mercado de trabajo. Los programas de inserción laboral activa comprenderán todos los niveles educativos y edad de las mujeres, salvo los de Formación Profesional, Escuelas Taller y Casas de Oficios.

Se podrán establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres: a) Mediante la negociación colectiva. b) Mediante pactos sociales. c) Mediante convenio colectivo. d) Mediante revisión laboral.

Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con: a) Los representantes legales de los trabajadores. b) Los trabajadores. c) Los delegados de personal en cualquier caso. d) Las organizaciones sindicales.

Los planes do igualdad do las empresas (señala la incorrecta): Son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación. Buscan alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. Fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar y las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución. Incluirán la totalidad de una empresa, sin posibilidad de establecer acciones especiales respecto a determinados centros de trabajo.

El acceso a la información sobre el contenido de los Planes de igualdad y la consecución de sus objetivos está garantizado: A la representación legal de los trabajadores y trabajadoras o en su defecto, a los propios trabajadores y trabajadoras. A la representación legal de los empresarios. A la representación legal de los empresarios o, en su defecto, a los propios empresarios. Siempre directamente a los propios trabajadores y trabajadoras.

Para impulsar la adopción voluntaria de planes de igualdad, medidas de fomento, especialmente dirigidas a las pequeñas y las medianas empresas, que incluirán el apoyo técnico necesario serán establecidas por: a) Las Administraciones Públicas. b) El Gobierno. c) El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. d) El Congreso.

Un distintivo para reconocer a aquellas empresas que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras, que podrá ser utilizado en el trófico comercial de la empresa y con fines publicitarios seró creado por: a) Las Administraciones Públicas. b) El Gobierno. c) ElI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. d) El Congreso.

Con el fin de obtener el distintivo empresarial en materia de igualdad, un balance sobre los parámetros de igualdad implantados respecto de las relaciones de trabajo y la publicidad de los productos y servicios prestados, podrá ser presentado: a) Por cualquier empresa, sea de capital público o privado, al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. b) Por cualquier empresa, de capital público, al Gobierno. c) Por cualquier empresa, sea de capital privado, al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. d) Por cualquier empresa, sea de capital público o privado, al Gobierno.

Para la concesión del distintivo empresarial en materia de igualdad se tendrán en cuenta, entre otros criterios (señala la incorrecta): La presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección y en los distintos grupos y categorías profesionales de la empresa. La adopción de planes de igualdad u otras medidas innovadoras de fomento de la igualdad. La publicidad no sexista de los productos o servicios de la empresa. Las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral adoptadas.

EI Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales controlará que las empresas que obtengan el distintivo mantengan permanentemente la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras y, en caso de incumplirlas: a) Les sancionará. b) Les instigará a aplicarlas. c) Les retirará el distintivo. d) Ninguna es correcta.

El Gobierno atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el nombramiento de las personas titulares de: a) Los órganos directivos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, considerados en su conjunto, cuya designación le corresponda. b) Los órganos directivos de las Administraciones Autonómicas y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ellas, considerados en su conjunto, cuya designación no le corresponda. c) Los órganos directivos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, considerados en su conjunto, cuya designación no le corresponda. d) Los órganos directivos de la Administraciones Autonómicas y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ellas, considerados en su conjunto, cuya designación le corresponda.

Todos los tribunales y órganos de selección del personal de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella responderán al principio do presencia equilibrada de mujeres y hombres: a) En todo caso. b) Salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. c) Salvo por razones fundadas y objetivas, sin necesidad de motivar. d) Salvo en casos de urgencia.

La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá acompañarse de: Un informe de impacto de género, salvo en casos de urgencia. Un informe de impacto de género, salvo por razones fundadas y objetivas. Un informe de impacto de género, en todo caso. Un proyecto de integración social/ salvo en casos de urgencia.

Cuando el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal derivada del embarazo, parto o lactancia natural, o con el permiso de maternidad, o con su ampliación por lactancia: a) Se descontarán de su periodo de vacaciones los días en los que la empleada pública permanezca en situación de incapacidad temporal, sin tener derecho a la retribución por las vacaciones no disfrutadas. b) Se descontarán de su periodo de vacaciones los días en los que la empleada pública permanezca en situación de incapacidad temporal, pero tendrá derecho a la retribución por las vacaciones no disfrutadas. c) La empleada pública tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, siempre que no haya terminado el año natural al que correspondan. d) La empleada pública tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el año natural al que correspondan.

Con el objeto de actualizar los conocimientos de los empleados y empleadas públicas, se otorgará preferencia, en la adjudicación do plazas para participar en los cursos de formación a quienes se hayan incorporado al servicio activo procedentes del permiso de maternidad o paternidad, o hayan reingresado desde la situación de excedencia por razones de guarda legal y atención a personas mayores dependientes o personas con discapacidad: a) Durante un mes. b) Durante seis meses. c) Durante un año. d) Durante dos años.

Con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y su acceso a puestos directivos en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, en las convocatorias de los correspondientes cursos de formación se reservará para su adjudicación a aquéllas que reúnan los requisitos establecidos al menos un: a) 30% de las plazas. b) 40% de las plazas. c) 50% de las plazas. d) 60% de las plazas.

Contemplarán el estudio y la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en los diversos ámbitos de la función pública: Todas las pruebas de acceso al empleo público de la Administración General del Estado, salvo las de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. Todas las pruebas de acceso al empleo público de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. Las pruebas de acceso al empleo público de la Administración General del Estado que empleen como sistema selectivo de funcionarios la oposición. Las pruebas de acceso al empleo público de la Administración General del Estado que empleen como sistema selectivo de funcionarios el concurso-oposición.

La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella impartirán cursos de formación sobre la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y sobro prevención do la violencia de género: a) Que se dirigirán al personal laboral. b) Que se dirigirán al personal masculino. c) Que se dirigirán a todo su personal. d) Que se dirigirán al personal directivo.

Todos los Departamentos Ministeriales y Organismos Públicos remitirán información relativa a la aplicación efectiva en cada uno de ellos del principio de igualdad entre mujeres y hombres: Al menos trimestralmente, al Gobierno. Al menos anualmente, al Gobierno. Al menos trimestralmente, a los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas. Al menos anualmente, a los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas.

Es correcto respecto al Plan de Igualdad en la Administración General del Estado: a) El Gobierno aprobará, anualmente, un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. b) El Plan establecerá los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo público, así como las estrategias o medidas a adoptar para su consecución. c) Será objeto de negociación, y en su caso acuerdo, con la representación legal de la Administración Pública en la forma que se determine en la legislación sobre negociación colectiva. d) Su cumplimiento será evaluado anualmente por los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas.

Las normas referidas al personal al servicio de las Administraciones públicas en materia de igualdad, prevención de la violencia de género y conciliación de la vida personal, familiar y profesional: Serán de aplicación en las Fuerzas Armadas, sin necesidad de realizar ninguna adaptación y en los términos establecidos en su normativa específica. Serán de aplicación en las Fuerzas Armadas, adaptándose, en su caso, a las peculiaridades de las funciones que tienen encomendadas y en los términos establecidos en la presente ley. Serán de aplicación en las Fuerzas Armadas, adaptándose, en su caso, a las peculiaridades de las funciones que tienen encomendadas y en los términos establecidos en su normativa específica. No serán de aplicación en las Fuerzas Armadas, salvo lo que se determine en su normativa específica.

Las normas referidas al personal al servicio de las Administraciones públicas en materia de igualdad, prevención de la violencia de género y conciliación de la vida personal, familiar y profesional: a) No serán de aplicación en las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado, salvo lo que se determine en su normativa específica. b) Serán de aplicación en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin necesidad de realizar ninguna adaptación y en los términos establecidos en su normativa específica. c) Serán de aplicación en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, adaptándose, en su caso, a las peculiaridades de las funciones que tienen encomendadas y en los términos establecidos en su normativa específica. d) Serán de aplicación en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, adaptándose, su caso, a las peculiaridades de las funciones que tienen encomendadas y en los términos establecidos en la presente ley.

Estarán obligadas, en sus actividades y en las transacciones consiguientes, al cumplimiento del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, evitando discriminaciones, directas o indirectas, por razón de sexo: Todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público, suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos dentro del ámbito de la vida privada y familiar. Todas las personas físicas que, en el sector público o en el privado, suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos dentro del ámbito de la vida privada y familiar. Todas las personas físicas que, en el sector público, suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar. Todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, suministren bienes o servicios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar.

Todas las personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, suministren bienes o senticios disponibles para el público, ofrecidos fuera del ámbito de la vida privada y familiar, estarán obligadas, en sus actividades y en las transacciones consiguientes, al cumplimiento del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, evitando discriminaciones, directas o indirectas, por razón de sexo: a) Lo recogido en la pregunta afecta a la libertad de contratación, incluida la libertad de la persona de elegir a la otra parte contratante, siempre y cuando dicha elección no venga determinada por su sexo. b) Lo recogido en la pregunta no afecta a la libertad de contratación, incluida la libertad de la persona de elegir a la otra parte contratante, siempre y cuando dicha elección no venga determinada por su sexo. c) Lo recogido en la pregunta afecta a la libertad de contratación; queda excluida la libertad de la persona de elegir a la otra parte contratante, siempre y cuando dicha elección no venga determinada por su sexo. d) Lo recogido en la pregunta no afecta a la libertad de contratación, incluida la libertad de la persona de elegir a la otra parte contratante, siempre y cuando dicha elección venga determinada por su sexo.

En el acceso a bienes y servicios: Ningún contratante podrá indagar sobre la situación de embarazo de una mujer demandante de los mismos en ningún caso. Ningún contratante podrá indagar sobre la situación de embarazo de una mujer demandante de los mismos, salvo por razones de protección de su salud. El contratante podrá indagar sobre la situación de embarazo de una mujer demandante de los mismos para ofrecerle una prestación adecuada a su situación. El contratante podrá indagar sobre la situación de embarazo de una mujer demandante de los mismos, salvo por razones de protección de su salud.

La celebración de contratos de seguros o de servicios financieros afines en los que, al considerar el sexo como factor de cálculo de primas y prestaciones, se generen diferencias en las primas y prestaciones de las personas aseguradas: a) Se prohíbe. b) Se garantiza. c) Se fomenta. d) Se evitará en la medida de lo posible.

Los costes relacionados con el embarazo y el parto: No justificarán diferencias en las primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente, sin que puedan autorizarse diferencias al respecto. Justificarán diferencias en las primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente, sin que puedan autorizarse diferencias al respecto. No justificarán diferencias en las primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente, pudiendo autorizarse diferencias al respecto. Justificarán diferencias en las primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente, pudiendo autorizarse diferencias al respecto.

Tendrá derecho a indemnización por los daños y perjuicios sufridos la persona que sufra una conducta discriminatoria dentro del ámbito de aplicación del artículo 69 de la presente Ley: a) Sin perjuicio de otras acciones y derechos contemplados en la legislación civil y mercantil o penal. b) Sin perjuicio de otras acciones y derechos contemplados en la legislación civil y mercantil. c) Sin perjuicio de otras acciones y derechos contemplados en el resto de la legislación vigente. d) Sin perjuicio de otras acciones y derechos contemplados en la legislación civil.

En el ámbito de los contratos de seguros o de servicios financieros afines, y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 10 de esta Ley, el incumplimiento de la prohibición contenida en el artículo 71 otorgará al contratante perjudicado el derecho a la reclamación: La asimilación de sus primas y prestaciones a las del sexo más beneficiado. La asimilación de sus primas y prestaciones a las del sexo más beneficiado, manteniéndose en los restantes extremos la validez y eficacia del contrato. La asimilación de sus primas y prestaciones a las del sexo menos beneficiado, manteniéndose en los restantes extremos la validez y eficacia del contrato. La asimilación de sus primas y prestaciones a las del sexo menos beneficiado.

Respecto a las acciones de responsabilidad social de las empresas en materia de igualdad (señala la incorrecta): a) Las empresas podrán asumirlas y consistirán en medidas económicas, comerciales, laborales, asistenciales o de otra naturaleza, destinadas a promover condiciones de igualdad entre las mujeres y los hombres en el seno de la empresa o en su entorno social. b) Su realización podrá ser concertada con la representación de los trabajadores y las trabajadoras, las organizaciones de consumidores y consumidoras y usuarios y usurarias, las asociaciones cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres y los organismos de igualdad. c) Se informará a los representantes de los trabajadores de las acciones que se concierten con los mismos. d) A las decisiones empresariales y acuerdos colectivos relativos a medidas laborales les será de aplicación la normativa laboral.

Las empresas podrán hacer uso publicitario de sus acciones de responsabilidad en materia de igualdad, de acuerdo con las condiciones establecidas en: La presente ley. La legislación general de publicidad. La ley de contratos del sector público. La normativa básica sobre sociedades.

Estará legitimado/a para ejercer la acción de cesación cuando considere que pudiera haberse incurrido en supuestos de publicidad engañosa: a) El Instituto de la Mujer u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas. b) El Consejo de Participación de la Mujer. c) La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres. d) El Instituto de la Mujer exclusivamente.

Las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada procurarán incluir en su Consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de: a) 1 año a partir de la entrada en vigor de esta Ley. b) 2 años a partir de la entrada en vigor de esta Ley. c) 5 años a partir de la entrada en vigor de esta Ley. d) 8 años a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

El órgano colegiado responsable de la coordinación de las políticas y medidas adoptadas por los departamentos ministeriales con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y promover su efectividad es: a) El Instituto de la Mujer. b) El Consejo de Participación de la Mujer. c) La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres. d) El Observatorio de Género.

La composición y funcionamiento de la Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres se determinarán: a) Mediante norma con rango de ley. b) Reglamentariamente. c) Mediante ley orgánica. d) Mediante ley ordinaria.

En todos los Ministerios se encomendará a uno de sus órganos directivos el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de las materias de su competencia y, en particular, las siguientes (señala la incorrecta): Elaborar la información estadística. Elaborar estudios con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de actividad del departamento. Asesorar a los órganos competentes del departamento en la elaboración del informe sobre impacto por razón de género. Velar por el cumplimiento de esta ley y por la aplicación efectiva del principio de igualdad.

Se denomina Unidades de Igualdad: Al órgano directivo encargado del desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Al órgano de carácter administrativo encargado del desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres. A aquellas Unidades creadas a tal efecto encargadas del desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

El órgano colegiado de consulta y asesoramiento, con el fin esencial de servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y la lucha contra la discriminación por razón de sexo es: a) EI Instituto de la mujer. b) El Consejo de Participación de la Mujer. c) La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres. d) El Ministerio Fiscal.

Reglamentariamente, se establecerán el régimen de funcionamiento, competencias y composición del Consejo de Participación de la Mujer, garantizándose, en todo caso, la participación del conjunto de las Administraciones públicas y de las asociaciones y organizaciones de mujeres de ámbito: a) Estatal. b) Autonómico. c) Comarcal. d) Local.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres tiene: a) 65 artículos. b) 78 artículos. c) 81 artículos. d) 93 artículos.

El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres dice: a) Las personas son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. b) Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. d) Las mujeres y los hombres son iguales ante la ley, e iguales en derechos y deberes. c) Las personas son iguales ante la ley, e iguales en derechos y deberes.

Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. En este caso, el órgano judicial podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes: a) A instancias del Ministerio Fiscal. b) A instancia de parte. c) De oficio. d) De cualquiera de las formas mencionadas anteriormente.

Respecto a la igualdad en el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas promoverán: a) La realización de estudios e investigaciones especializadas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. b) La inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. c) La creación de postgrados específicos. d) La realización de prácticas universitarias en empresas que garanticen la igualdad entre mujeres y hombres.

Según el artículo 6.3 de la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿qué órdenes se consideran discriminatorias en cualquier caso?. A. Las órdenes de discriminar indirectamente cuando no exista justificación objetiva. B. Las órdenes de discriminar directamente por razón de sexo. C. Las órdenes de discriminar por cualquier motivo, con independencia del sexo. D. Las órdenes de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo.

Según el artículo 10 de la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el sistema de sanciones debe ser: A. Eficaz y disuasorio, para prevenir conductas discriminatorias. B. Proporcionado y adecuado, para compensar el daño. C. Real y efectivo, para reparar el perjuicio sufrido. D. Económico y reparador, para compensar a la persona afectada.

Según el artículo 11.1 de la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿quiénes adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres?. A. Los Poderes Públicos. B. Las personas físicas y jurídicas privadas. C. Los órganos judiciales y administrativos. D. Las Administraciones Públicas exclusivamente.

Según el artículo 11.2 de la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, ¿quiénes podrán adoptar también medidas de acción positiva?. A. Los Poderes Públicos y las personas jurídicas privadas. B. Las personas físicas y jurídicas privadas. C. Únicamente las personas físicas privadas. D. Únicamente las personas jurídicas privadas.

De conformidad con el artículo 21 de la Ley Orgánica 3/2007, en el seno de la Conferencia Sectorial de la Mujer podrán adoptarse: A. Planes conjuntos y programas específicos de cada Administración. B. Planes y programas conjuntos de actuación. C. Programas conjuntos de cooperación y disposiciones normativas. D. Planes y programas individuales de actuación.

La adopción de planes y programas conjuntos de actuación prevista en el artículo 21.1 de la Ley Orgánica 3/2007 tendrá lugar: A. En el seno de la Conferencia de Presidentes. B. En el seno del Consejo de Ministros. C. En el seno de la Conferencia Sectorial de la Mujer. D. En el seno de la Comisión Interterritorial de Igualdad.

Según el artículo 21.1 de la Ley Orgánica 3/2007, los planes y programas conjuntos de actuación que podrán adoptarse en la Conferencia Sectorial de la Mujer tendrán como finalidad: A. Regular las relaciones de cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. B. Integrar el derecho de igualdad entre mujeres y hombres. C. Coordinar el ejercicio de las competencias de las Entidades Locales en materia de igualdad. D. Establecer criterios comunes para las actuaciones de planificación presupuestaria.

Señale la afirmación correcta conforme al artículo 21.2 de la Ley Orgánica 3/2007: A. Las Entidades Locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de sus competencias y colaborarán con el resto de las Administraciones públicas. B. Las Entidades Locales colaborarán con el resto de las Administraciones públicas para que estas integren el derecho de igualdad en sus competencias. C. Las Entidades Locales podrán integrar el derecho de igualdad y deberán colaborar con la Administración General del Estado. D. Las Entidades Locales integrarán el derecho de igualdad en sus actuaciones de planificación y cooperarán con las Comunidades Autónomas.

De conformidad con el artículo 22 de la Ley Orgánica 3/2007, ¿quién podrá prestar asistencia técnica para la elaboración de los Planes Municipales de organización del tiempo de la ciudad?. A. La Conferencia Sectorial de la Mujer. B. Las Comunidades Autónomas. C. El Estado. D. Las corporaciones locales.

De conformidad con el artículo 24.1 de la Ley Orgánica 3/2007, ¿a quién corresponde garantizar un igual derecho a la educación de mujeres y hombres?. A. A las Administraciones públicas en general. B. A las Administraciones educativas. C. Al Gobierno y a las Comunidades Autónomas. D. A los centros educativos públicos y privados.

Según el artículo 24.1, el igual derecho a la educación de mujeres y hombres se garantizará mediante: A. La aplicación transversal del principio de igualdad exclusivamente en las actuaciones educativas. B. La integración del principio de igualdad de oportunidades en los objetivos de los centros educativos. C. La integración activa del principio de igualdad de trato en los objetivos y en las actuaciones educativas. D. La incorporación formal del principio de igualdad en los contenidos curriculares.

De conformidad con el artículo 26.1 de la Ley Orgánica 3/2007, ¿quiénes velarán por hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual?. A. Las Administraciones públicas, con carácter general y sin limitación competencial. B. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias. C. Los poderes públicos estatales, en el ámbito de sus competencias exclusivas. D. Las autoridades públicas, en el ámbito de sus competencias.

De conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica 3/2007, ¿en qué instrumento deberán determinar las Administraciones públicas los ámbitos en que las bases reguladoras de las subvenciones puedan incluir la valoración de actuaciones dirigidas a conseguir efectivamente la igualdad?. A. En las bases reguladoras de todas las subvenciones. B. En los planes estratégicos de subvenciones. C. En los presupuestos generales de las Administraciones públicas. D. En las convocatorias de las correspondientes subvenciones.

Según el artículo 35 de la Ley Orgánica 3/2007, las Administraciones públicas determinarán los ámbitos en que las bases reguladoras de las subvenciones puedan incluir la valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad cuando exista: A. Una situación de desigualdad entre las entidades públicas y privadas solicitantes. B. Una situación de discriminación directa por razón de sexo. C. Una situación de desigualdad de trato entre mujeres y hombres. D. Una situación de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En relación con las subvenciones públicas, señale la afirmación correcta conforme al artículo 35 de la Ley Orgánica 3/2007: A. Las Administraciones públicas determinarán los ámbitos en sus planes estratégicos de subvenciones, en el ejercicio de sus competencias, en los que las bases reguladoras puedan incluir dicha valoración. B. Las bases reguladoras deberán incluir en todo caso la valoración de actuaciones de igualdad por parte de las entidades solicitantes. C. Las Administraciones públicas establecerán en sus planes estratégicos la obligación de valorar las actuaciones de igualdad de todas las entidades solicitantes. D. Las entidades solicitantes determinarán en sus solicitudes los ámbitos en que se valorarán sus actuaciones de igualdad.

De conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica 3/2007, los medios de comunicación social de titularidad pública velarán por la transmisión de una imagen de mujeres y hombres en la sociedad que sea: A. Igualitaria, objetiva y neutral. B. Plural, integradora y libre de discriminación directa. C. Igualitaria, plural y no estereotipada. D. Igualitaria, paritaria y no discriminatoria.

Además de velar por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada, los medios de comunicación social de titularidad pública promoverán: A. La elaboración y aprobación de planes de igualdad entre mujeres y hombres. B. La protección y garantía de los derechos de las mujeres en los medios privados. C. La aplicación y el control del principio de igualdad entre mujeres y hombres. D. El conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres.

Señale la respuesta que recoge correctamente las actuaciones que el artículo 36 de la Ley Orgánica 3/2007 atribuye a los medios de comunicación social de titularidad pública: A. Promover una imagen no discriminatoria y difundir exclusivamente las políticas públicas de igualdad. B. Transmitir una imagen igualitaria y plural, y garantizar la aplicación del principio de igualdad en todos los medios de comunicación. C. Velar por una imagen plural y no estereotipada, y promover la aplicación efectiva de medidas de igualdad. D. Velar por una imagen igualitaria, plural y no estereotipada, y promover el conocimiento y la difusión del principio de igualdad.

Señale la afirmación que se ajusta íntegramente al artículo 44.1 de la Ley Orgánica 3/2007: A. Los derechos se reconocerán promoviendo la distribución igualitaria de las responsabilidades familiares y evitando la discriminación directa. B. Los derechos se reconocerán fomentando la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares y evitando toda discriminación basada en su ejercicio. C. Los derechos se reconocerán fomentando la asunción equilibrada de responsabilidades personales y evitando la discriminación en su reconocimiento. D. Los derechos se reconocerán garantizando la corresponsabilidad familiar y evitando toda discriminación basada en su regulación.

De conformidad con el artículo 44.2 de la Ley Orgánica 3/2007, el permiso y la prestación por maternidad se concederán: A. En los términos que establezca la normativa laboral y de igualdad. B. En los términos previstos en la normativa laboral y de Seguridad Social. C. En las condiciones previstas exclusivamente en la normativa de Seguridad Social. D. En los términos establecidos en la normativa laboral y de empleo público.

De conformidad con el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 3/2007, ¿con qué finalidad se reconoce a los padres el derecho a un permiso y una prestación por paternidad?. A. Para asegurar la distribución equitativa de las responsabilidades laborales y personales. B. Para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar de las trabajadoras. C. Para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares. D. Para garantizar la igualdad de trato en el acceso al empleo.

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