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artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuáles de los siguientes actos no ponen fin a la vía administrativa: la resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive. los emanados, en el ámbito estatal, de los órganos directivos con nivel de director general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal. los acuerdos, pactos, convenios o contratos que no tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

76 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de Juicio: En cualquier momento del procedimiento anterior a la resolución. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. En cualquier momento del procedimiento anterior a la propuesta de resolución.

artículo 106 de la Constitución Española de 1978: Las cortes generales controlan la legalidad de la actuación administrativa. El gobierno controla la legalidad de la actuación administrativa. Los tribunales controlan la legalidad de la actuación administrativa.

artículo 68.4 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si una persona que está obligada a relacionarse con la Administración por medios electrónicos presenta su solicitud de forma presencial: las administraciones públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación. las administraciones públicas requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que la presentó presencialmente. las administraciones públicas rechazaran la solicitud.

Contra los actos firmes en vía administrativa sólo podrá interponerse: Recurso extraordinario de revisión. Recurso de alzada. Recurso de reposición.

artículo 36 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,. los actos administrativos se producirán, en todo caso, por escrito a través de medios electrónicos. para las resoluciones verbales, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de esta forma, con expresión de su contenido. los órganos administrativos no podrán ejercer su competencia de forma verbal.

artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico, NO es motivo de abstención. tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél. tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento. Ser socio de cualquier tipo de sociedad mercantil donde figure, de igual forma como socio, alguno de los interesados.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, las solicitudes de iniciación de procedimiento administrativo deberán contener, entre otros extremos: domicilio legal o a efectos de notificaciones. identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. domicilio o residencia habitual, correo electrónico y número de teléfono del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente.

artículo 411 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos en los siguientes supuestos: cuando así lo solicite el interesado. siempre que la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro. cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante.

artículo 82.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes: en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15. en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 30. en un plazo de 30 días.

Son nulos de pleno derecho, los actos administrativos: Que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder. Que se dicten vulnerando el procedimiento legalmente establecido. Que se dicten prescindiendo de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

Con la Ley 39/2015, las notificaciones por medios electrónicos se practicarán: mediante comparecencia en la sede electrónica de la administración actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada administración. por correo electrónico, por whatsapp o mediante ambos sistemas, según disponga cada administración. a través de la dirección electrónica habilitada única en todo caso.

En relación a los medios de ejecución forzosa, la siguiente afirmación es falsa: la multa coercitiva puede ser reiterada. el procedimiento de apremio no se regula en la LPAC. le ejecución subsidiaria procede en los casos en que el acto imponga obligaciones de hacer de carácter personalísimo.

La caducidad del procedimiento administrativo por inactividad del interesado: Se produce de forma automática. No se produce de forma automática, requiriendo de una advertencia formal previa de la administración. Se produce en los procedimientos administrativos iniciados de oficio que tienen efectos desfavorables para los interesados.

La revisión de oficio del artículo 106 de la LPAC permite: revisar por la administración actos y disposiciones administrativas que incurran en vicios de nulidad de pleno derecho. que el ciudadano inste la revisión de disposiciones administrativas que incurran en vicios de nulidad de pleno derecho. revisar por la administración actos y disposiciones administrativas que incurran en anulabilidad.

En lo que hace al ámbito de aplicación de la Ley 39/2015, puede afirmarse que: este no tiene ninguna excepción en lo que hace a su ámbito objetivo o material. no se aplica a las universidades públicas ni a las corporaciones de derecho público. sus principios se aplican a las actuaciones administrativas de los órganos constitucionales y estatutarios.

artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas podrán rectificar los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos: en cualquier momento. siempre que tal rectificación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.

artículo 121.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si el recurso de alzada se hubiera interpuesto ante el órgano que dicté el acto impugnado, éste deberá remitirlo al órgano competente con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente en el plazo de: 3 días. 7 días. 10 días.

artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, NO ponen fin a la vía administrativa: las resoluciones de los recursos de alzada. las resoluciones de los órganos administrativos en la materia de su competencia. los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

artículo 149 de la Constitución Española de 1978, el Estado tiene competencia exclusiva sobre: las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios. el desarrollo legislativo del régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios. formación y adaptación a las necesidades derivadas de la organización administrativa del personal laboral de las Administraciones Públicas.

Sólo una de estas afirmaciones es cierta. Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción que provoque perjuicio para el patrimonio de las Administraciones Públicas y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá: Deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado. Deberá reducir en un porcentaje del 50% el importe de la multa que le correspondería al denunciante u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y se repare el perjuicio causado. Deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, aunque en el momento de aportarse aquellos se disponga de elementos suficientes para ordenar la misma y no se repare el perjuicio causado.

En relación con las peticiones de iniciación del procedimiento por petición razonada de otros órganos, una de estas afirmaciones NO es cierta: se entiende por petición razonada, la propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación. en los procedimientos de naturaleza sancionadora, las peticiones deberán especificar, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables. en los procedimientos de naturaleza sancionadora, las peticiones deberán especificar, en la medida de lo posible el lugar, la fecha, fechas o periodo de tiempo continuado en que los hechos se produjeron.

artículo 9.2 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en ningún caso podrán ser objeto de delegación de competencias: la adopción de disposiciones de carácter general. las realizadas en materia de la hacienda pública. ninguna de las anteriores es correcta.

De los supuestos que se relacionan a continuación, se considera interesados en el procedimiento administrativo a: quienes tengan un mero interés general en la cuestión. sindicatos, grupos y entidades para la defensa de derechos e intereses colectivos, en los términos reconocidos reglamentariamente. los titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, que puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

En relación con los documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es errónea?. los interesados tienen derecho a no aportar documentos que se encuentren en poder de la administración actuante. con carácter general, las administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales. los interesados no se responsabilizan de la veracidad de los documentos que presenten.

Los poderes inscritos en el registro electrónico general de apoderamientos, según el artículo 6 apartado 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, tendrán una validez determinada máxima de: 5 años, a contar desde la fecha de inscripción. 3 años, a contar desde la fecha de inscripción. 6 años, a contar desde la fecha de inscripción.

artículo 46 bis de la Ley 40/2015 modificada por el Decreto Ley 14/2019, los sistemas de Información y Comunicaciones para la recogida, Almacenamiento, procesamiento y gestión del censo electoral, los padrones municipales de habitantes y otros registros de población, datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y datos de los usuarios del sistema nacional de salud, así como los correspondientes tratamientos de datos personales, deberán ubicarse y prestarse...: dentro del territorio de la unión europea. en cualquier territorio siempre que en el convenio o contrato se incluya expresa mención al sometimiento a la normativa nacional y de la unión europea en materia de protección de datos. dentro del territorio de la unión europea, china y los estados unidos de América.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece: la creación de un archivo general en cada administración pública que recibirá todos los expedientes finalizados. mantener un archivo electrónico único de los documentos que correspondan a procedimientos finalizados. la creación de una unidad de política digital y registro de procedimientos.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, los procedimientos y los expedientes que se generen en el ámbito de lo público deben ser: conservados en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento. conservados en formatos abiertos y accesibles. conservados con los sistemas que permita garantizar su autenticidad y conservación del documento.

artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el expediente administrativo: tendrá formato papel o electrónico y compondrá por la agregación ordenada de todos los documentos que conforman el procedimiento, así como un índice numerado de todos ellos para su remisión. tendrá formato electrónico y se formaran mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita. no contendrá ningún documento que no esté incluido en el índice electrónico de los documentos que lo componen.

Respecto al sistema de identificación de los interesados en el procedimiento, la Ley establece que: las administraciones públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo y obligatoriamente, en todos los procedimientos, a comprobar los antecedentes penales. las administraciones públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el documento nacional de identidad o documento identificativo equivalente. las administraciones públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, únicamente cuando figuran varios en el mismo.

Quienes de conformidad con el artículo 3 tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de una serie de derechos. ¿Cuál de los siguientes derechos NO es uno de ellos?: a comunicarse con las administraciones públicas a través de un punto de acceso general electrónico de la administración. a ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las administraciones públicas. a utilizar las lenguas oficiales ante cualquier administración.

Si durante la instrucción del procedimiento del cual no se ha dado publicidad, se advierte la existencia de personas que son titulares de derechos o intereses legítimos y directos cuya identificación resulta del expediente y que pueden resultar afectados por la resolución que se dicte: se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento. en ningún caso se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento. dependerá de la decisión que adopte la administración instructora.

artículo 4,2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre. las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la ley reconozca. las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos individuales en los términos que la ley reconozca. ninguna respuesta es correcta.

artículo 27 de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre la validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas: las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica, con o sin cambio de formato, no deberán incluir metadatos. las administraciones públicas no estarán obligadas a expedir copias auténticas electrónicas de cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se vaya a incorporar a un expediente administrativo. se entiende por digitalización, el proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e integra del documento.

Si la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derechohabiente sucederá en tal condición: Cualquiera que sea el estado del procedimiento. Sólo si el procedimiento se encuentra en la fase de iniciación. Sólo si el procedimiento se encuentra en la fase de instrucción.

art. 6.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: el incumplimiento de las instrucciones, circulares u órdenes de servicio no afecta por si solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir. el incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por si solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir. el incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por si solo a la eficacia de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.

artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico, la encomienda de gestión: puede formalizarse entre una administración y una entidad instrumental que adopte la forma de sociedad mercantil. supone la cesión de los elementos adjetivos para el ejercicio de la competencia. supone una alteración de la titularidad de la competencia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1 de la ley 40/2015, de 1 de Octubre, de régimen jurídico del sector público: los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y comunicaciones interiores. los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante cualquier medio que la tecnología actual ponga a su disposición.