Zamia

1. De acuerdo con el artículo 53.2 de la Constitución Española, en relación a las libertades y derechos reconocidos en los artículos 14 y 22, ¿cuál de los siguientes derechos y libertades es susceptible de tutela a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional?. El derecho a la propiedad privada. El derecho de asociación. El derecho de fundación. El derecho a la negociación colectiva.

2. De acuerdo con el artículo 98 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, el principio que establece que el derecho propio de Canarias es aplicable en su territorio con preferencia a cualquier otro, se conoce como: Principio de territorialidad. Principio de prevalencia. Principio de autonomía. Principio de proporcionalidad.

3. Según el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, se entiende por «riesgo laboral»: Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

4. Según el artículo 9.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, NO es función de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social: Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada. Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el desarrollo de la normalización, tanto a nivel nacional como internacional. Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en las demandas deducidas ante los mismos en los procedimientos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando, a juicio del inspector, se advierta la existencia de riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores.

5. En el procedimiento sancionador, ¿qué fases deben estar separadas según el artículo 63.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. Iniciación e instrucción. Instructora y sancionadora. Iniciación y sancionadora. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

6. ¿Cuál de los siguientes principios de la potestad sancionadora NO se encuentra recogido en el capítulo III del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público?. Principio de transparencia. Principio de tipicidad. Principio de irretroactividad. Principio de legalidad.

7. Según el artículo 30.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con carácter general, ¿a partir de cuándo comenzará a contarse el plazo de prescripción de las sanciones?. Desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. Desde el día en que la infracción se hubiera cometido. A los 20 días desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución. A los 10 días desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución.

8. Según el artículo 24.1 de la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, el Gobierno de Canarias está compuesto por: El presidente, los consejeros y el número de sus miembros no excederá de ocho. El presidente, el vicepresidente y los consejeros y el número de sus miembros no excederá de ocho. Exclusivamente por el presidente y el vicepresidente. El presidente o presidenta, el vicepresidente o vicepresidenta y los consejeros o consejeras.

9. Según el artículo 4 de la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, el presidente o la presidenta de Canarias es elegido por: Los presidentes de los Cabildos Insulares. El Senado. El Parlamento de Canarias. El presidente del Gobierno de España.

10. Según el artículo 23 de la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, ¿cómo funciona el Gobierno de Canarias?. Funciona en Consejo de Gobierno y en comisiones delegadas del Gobierno. Funciona únicamente en Consejo rector de Gobierno. Funciona únicamente en reuniones mensuales. Funciona únicamente en reuniones semanales.

11. Según el artículo 2.2 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias, ¿quiénes son órganos superiores de los Departamentos?. Únicamente las viceconsejerías. Las viceconsejerías, las secretarías generales técnicas y las direcciones generales. Solamente las viceconsejerías y secretarías generales técnicas. Solamente las direcciones generales y las direcciones territoriales.

12. Según el artículo 32.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias, los proyectos de reglamentos orgánicos se acompañarán de la siguiente documentación, entre otras: El análisis pormenorizado de las áreas funcionales afectadas, con expresión de la cobertura estatutaria y legal. Únicamente de un análisis presupuestario. Únicamente de un informe realizado por la Consejería competente en materia de economía. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

13. Según el artículo 14 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias, ¿cómo se nombra y cesa a los secretarios generales técnicos del Gobierno de Canarias?. Mediante Decreto del Gobierno a propuesta del Consejero correspondiente. Mediante Orden del Gobierno a propuesta del Presidente del Gobierno. Mediante Ley del Gobierno a propuesta del Consejero correspondiente. Mediante Orden del Gobierno a propuesta del Vicepresidente del Gobierno.

17. ¿Qué supone el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres según el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres?. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, sólo directa, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, activa o pasiva, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, activa o pasiva, por razón de sexo y de género, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.

18. A tenor del artículo 55.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá abrir un período de información y actuaciones previas con el fin de: Recabar la información necesaria para su resolución. Dar a conocer a los interesados el inicio del procedimiento. Conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

19. De acuerdo con el artículo 65.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los acuerdos de iniciación de los procedimientos de responsabilidad patrimonial se notificarán a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo para que aporten cuantas alegaciones, documentos o informes estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo de: Cinco días. Diez días. Quince días. Treinta días.

21. Según el artículo 73.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los interesados que no cumplan lo dispuesto en relación con los plazos establecidos para cumplimentar los trámites que les correspondan se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente. No obstante, se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales si: Se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo. Se produjera el día después de que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo. Se produjera dentro de los tres días siguientes al día en que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo. Se comunica al órgano responsable la imposibilidad de subsanar el error mediante escrito motivado.

22. De acuerdo al artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, de manera general: Prorroga de forma automática el plazo máximo por un periodo de seis meses. Tendrá efecto desestimatorio en todos los casos. Legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Legitima al interesado para entenderla desestimada por silencio administrativo e iniciar, en su caso, el correspondiente recurso.

23. Según el artículo 107.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas podrán impugnar los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de dicha ley: Ante el órgano superior al que dictó el acto lesivo, previa su declaración de lesividad para el interés público. Ante el órgano que dicto el acto lesivo, previa su declaración de lesividad para el interés público. Ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, previa su declaración de lesividad para el interés público. Ante el órgano que dicto el acto lesivo, que deberá declarar su lesividad para el interés público.

26. Según el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas: Presupone, por sí misma, derecho a la indemnización salvo excepciones. Presupone, por sí misma, derecho a la indemnización en todo caso. No presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

27. Según el artículo 36.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el procedimiento de exigencias de responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal a su servicio las Administraciones Públicas, se instruirá el correspondiente procedimiento que contendrá, para la práctica de pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas, un plazo de: 10 días. 15 días. 30 días. 60 días.

28. ¿Qué tipo de conductas pueden ser objeto de sanción disciplinaria según el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público?. Solo las conductas ilegales. Solo las conductas contrarias a la ética profesional. Solo las conductas que perjudican a los ciudadanos. Las conductas que sean faltas de deberes o infracciones de prohibiciones.

29. Según el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, y en relación a la lactancia: Se trata de un derecho individual. Se puede transferir el ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador o acogedor. No se puede solicitar la sustitución del tiempo de lactancia bajo ningún concepto. Se tendrá derecho a una hora de ausencia del trabajo, sin que pueda fraccionarse.

30. Según el artículo 85 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuántas situaciones administrativas existen para los funcionarios de carrera?. Tres. Cuatro. Cinco. Seis.

40. Respecto al derecho de acceso, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, indica en su artículo 13: Cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado y este ejercite su derecho de acceso sin especificar si se refiere a todos o a una parte de los datos, el responsable no está obligado a facilitar la información por considerarla desproporcionada. El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. Se considerará repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de seis meses, aunque exista causa legítima para ello. El derecho de acceso solo podrá ejercerse cuando así lo autorice el Director de la Agencia Española de Protección de Datos.

41. Atendiéndose al artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿tienen capacidad para obrar los grupos de afectados?. No, la capacidad de obrar es individual. Sí, cuando la ley así lo declare expresamente. Sí, si la ley no lo deniega expresamente. Si, en cualquier caso.

42. Según el artículo 92 de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los centros educativos y cualesquiera personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades en las que participen menores de edad y que publiquen o difundan sus datos personales a través de servicios de redes sociales o servicios equivalentes: Si el menor está matriculado en el centro no será necesario contar con el consentimiento. Deberán contar con el consentimiento del menor o sus representantes legales, conforme a lo prescrito en el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. En ningún caso se podrán publicar o difundir datos personales de menores de edad a través de redes sociales salvo que éstos sean mayores de catorce años. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

43. Según el artículo 12 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si algún interesado no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo: No podrá ser realizada hasta que no solicite una subvención para poder adquirir dichos medios electrónicos. Podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. Las Administraciones Públicas no deben asistir en el uso de medios electrónicos a los interesados en supuesto alguno. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

44. Respecto del archivo electrónico de documentos, la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece en su artículo 46 que: Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible. Todos los documentos electrónicos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán únicamente en su formato de origen. Todos los documentos aportados en formato electrónico e incorporados a un expediente administrativo se almacenarán en su formato de origen. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán teniendo en cuenta únicamente el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos.

45. Según los artículos 9 y 10 del Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante APCAC), modificado por el Decreto 123/2020, de 10 de diciembre: Debe crearse una sede electrónica en cada departamento y en cada uno de sus organismos públicos vinculados o dependientes, sin excepción. Estarán incluidos en la sede electrónica de la APCAC todos los departamentos a excepción de los organismos públicos vinculados o dependientes que deberán crear su propia sede electrónica. Estarán incluidos en la sede electrónica de la APCAC todos los departamentos. Los organismos públicos vinculados o dependientes podrán adherirse a la sede electrónica de la APCAC. Solo debe crearse la sede electrónica en cada uno de los departamentos de la Administración Pública.

46. Según el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale cual de las siguientes respuestas se comprende dentro del ámbito subjetivo del sector público: La Administración General del Estado excluyendo sus organismos autónomos. Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. Los organismos públicos y entidades de derecho privado vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. El sector público no institucional.

47. Según el artículo 9 la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse: Únicamente en el Boletín Oficial del Estado. Únicamente en el Boletín de la Comunidad Autónoma. En el Boletín Oficial del Estado, en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de éste. Únicamente en el Boletín de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de éste.

48. Según el artículo 12 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la delegación de firma: No alterará la competencia del órgano delegante. Para su validez es necesaria su publicación. Altera la competencia del órgano delegante. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación no es necesario constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia.

49. Según el artículo 3 del Decreto 220/2000, de 4 de diciembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios, los sistemas de evaluación de la calidad y los premios a la calidad del servicio público y mejores prácticas, y a las mejores iniciativas o sugerencias de los empleados públicos, las Cartas de Servicios son: Los trámites de las unidades y órganos administrativos. Son documentos a través de los cuales se informan públicamente a los ciudadanos sobre los servicios que gestionan y acerca de los compromisos de calidad en su prestación. Son los modelos normalizados para que los ciudadanos puedan presentar los impresos de las solicitudes. Son los documentos para evaluar la calidad de los servicios de las unidades y órganos administrativos.

50. Según el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, uno de los siguientes NO es un derecho legalmente reconocido a los interesados en un procedimiento administrativo: A conocer, salvo cuando se haya decretado el secreto de expediente, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengas la condición de interesados. A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. A obtener copia sellada, de los documentos que presente, apartándola junto con los originales. A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma.

51. ¿Qué establece el artículo 15 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en relación con la transversalidad del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres?. Establece que los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan. Establece que el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos, y que las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades. Establece la necesidad de integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, así como potenciar el crecimiento del empresariado femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto de políticas y el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico. Que los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género.

52. Según lo recogido en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿qué empresas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad?. Aquellas que cuenten con 150 trabajadores o más. Aquellas que cuentan con 200 trabajadores o más. Aquellas que cuenten con 50 trabajadores o más. Aquellas que cuenten con 300 trabajadores o más.

54. Según el artículo 55 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública en Canarias, las reclamaciones presentadas ante el comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Deberán resolverse en el plazo de un mes. Deberán resolverse en el plazo de dos meses. Deberán resolverse en el plazo de tres meses. Deberán resolverse en el plazo de seis meses.

53. Según el artículo 97, de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, en el ámbito de sus competencias ejecutivas, NO corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias: La potestad reglamentaria. La potestad de sanción. La potestad legislativa. La potestad de inspección.