Zhorito

La presente ley orgánica tiene por objeto garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo: 9.3 de la Constitución. 14 de la Constitución. 18.4 de la Constitución. 35.1 de la Constitución.

Podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales del fallecido y, en su caso, su rectificación o supresión: las personas vinculadas al fallecido por razones familiares. las personas vinculadas al fallecido por razones de hecho. sus herederos. todas son correctas.

Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos: Podrán acceder a los datos del causante en cualquier caso. No podrán acceder a los datos del causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente. No podrán acceder a los datos del causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuando así lo establezca una ley. No podrán acceder a los datos del causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente y, No podrán acceder a los datos del causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuando así lo establezca una ley.

En caso de fallecimiento de menores, el acceso a sus datos personales y, en su caso, su rectificación o supresión, podrá ejercerse también por: sus representantes legales. el Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio. el Ministerio fiscal, que podrá actuar a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada. todas son correctas.

Conforme al artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679 los datos serán: exactos y, si fuere necesario, actualizados. aproximados y, en ningún caso, actualizados. exactos y, en ningún caso, actualizados. aproximados y, si fuere necesario, actualizados.

Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de: Custodia. Cuidado. Confidencialidad. Sigilo.

El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento: será lícito por sí mismo. no será posible ningún caso. solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela. solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela y el del responsable del tratamiento.

Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679: facilitando al afectado la información básica del tratamiento de esos datos. indicando al afectado una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la información no básica. Facilitando al afectado la información básica del tratamiento de esos datos e, Indicando al afectado una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la información no básica. ninguna es correcta.

Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado: la solicitud será considerada excesiva, por lo que no podrá realizarse. la solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su elección comporte. la solicitud será considerada excesiva, por lo que el afectado y el responsable asumirán a partes iguales el exceso de costes que la elección del afectado comporte. ninguna es correcta.

Al ejercer el derecho de rectificación, el afectado deberá indicar en su solicitud: únicamente a qué datos se refiere. únicamente la corrección que haya de realizarse. a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse. a qué datos se refiere, la corrección que haya de realizarse y el lugar en el que haya de publicarse la corrección.

Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición el responsable: podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia indirecta. podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de facilitar tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa. no podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa. ninguna es correcta.

Respecto a los tratamientos con fines de videovigilancia, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones, los datos serán suprimidos en: el plazo máximo de 1 mes desde su captación. el plazo máximo de 2 meses desde su captación. el plazo máximo de 3 meses desde su captación. el plazo máximo de 6 meses desde su captación.

Respecto a los tratamientos con fines de videovigilancia, cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones, las imágenes deberán ser puestas a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de: 12 horas desde que se tuviera conocimiento de la existencia de la grabación. 24 horas desde que se tuviera conocimiento de la existencia de la grabación. 48 horas desde que se tuviera conocimiento de la existencia de la grabación. 72 horas desde que se tuviera conocimiento de la existencia de la grabación.

Quienes pretendan realizar comunicaciones de mercadotecnia directa, deberán: previamente consultar los sistemas de exclusión publicitaria que pudieran afectar a su actuación, excluyendo del tratamiento los datos de los afectados que hubieran manifestado su oposición o negativa al mismo. previamente consultar los sistemas de exclusión publicitaria que pudieran afectar a su actuación, incluyendo en el tratamiento los datos de los afectados que hubieran manifestado su oposición o negativa al mismo. consultar los sistemas de exclusión publicitaria que hayan afectado a su actuación en el plazo de un mes, excluyendo del tratamiento los datos de los afectados que hubieran manifestado su oposición o negativa al mismo. consultar los sistemas de exclusión publicitaria que hayan afectado a su actuación en el plazo de un mes, incluyendo en el tratamiento los datos de los afectados que hubieran manifestado su oposición o negativa al mismo.

Para la adopción de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que deben aplicar los responsables y encargados del tratamiento tendrán en cuenta, en particular, los mayores riesgos que podrían producirse cuando se lleve a cabo el tratamiento de datos de grupos de afectados en situación de especial vulnerabilidad y, en particular, de: menores de edad y personas con discapacidad. mujeres y personas de edad avanzada. extranjeros y personas sin hogar. enfermos mentales y personas en riesgo de pobreza.

El responsable del tratamiento estará obligado a bloquear los datos cuando proceda a: designar un delegado de protección de datos. determinar las medidas técnicas y organizativas apropiadas que se deben aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme a la ley. su rectificación o supresión. dictar acuerdo de inicio de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

El bloqueo de los datos consiste en: la identificación y reserva de los mismos, adoptando medidas técnicas y organizativas, para impedir su tratamiento, incluyendo su visualización, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y solo por el plazo de prescripción de las mismas. la destrucción de los mismos, adoptando medidas técnicas y organizativas, para impedir su tratamiento, salvo su visualización, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y solo por el plazo de prescripción de las mismas. la destrucción de los mismos, adoptando medidas técnicas y organizativas, para impedir su tratamiento, salvo su visualización, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y más allá del plazo de prescripción de las mismas. la identificación y reserva de los mismos, adoptando medidas técnicas y organizativas, para impedir su tratamiento, incluyendo su visualización, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y más allá del plazo de prescripción de las mismas.

El bloqueo de los datos consiste en impedir su tratamiento excepto para la puesta a disposición de los datos a: los jueces y tribunales. el Ministerio Fiscal. las Administraciones Públicas competentes. todas son correctas.

Cuando el afectado presente una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, ante las autoridades autonómicas de protección de datos, aquellas podrán remitir la reclamación al delegado de protección de datos a fin de que este responda en el plazo de: 1 mes. 2 mes. 3 mes. 6 mes.

La Agencia Española de Protección de Datos: es una autoridad administrativa dependiente de ámbito estatal, con personalidad jurídica y plena capacidad pública, que actúa en dependencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. es una autoridad administrativa dependiente de ámbito estatal, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, con personalidad jurídica y plena capacidad pública, que actúa en dependencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones.

La Agencia Española de Protección de Datos se relaciona con el Gobierno a través de: el Ministerio de Justicia. el Consejo de Ministros. el Consejo General del Poder Judicial. el Ministerio del Interior.

Elaborará y aprobará el presupuesto de la Agencia Española de Protección de Datos: el Comité Europeo de Protección de Datos. las Cortes Generales. la Agencia Española de Protección de Datos. el Gobierno.

Las modificaciones presupuestarias que no excedan de un 5% del presupuesto serán autorizadas por: el Ministerio de Hacienda. el Gobierno. el Consejo General del Poder Judicial. el Comité Europeo de Protección de Datos.

Las modificaciones presupuestarias que excedan de un 5% del presupuesto serán autorizadas por. el Ministerio del Interior. el Gobierno. el Consejo General del Poder Judicial. el Comité Europeo de Protección de Datos.

La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y su Adjunto serán nombrados por: el Gobierno, a propuesta del Presidente del Gobierno. el Presidente del Gobierno, a propuesta del Gobierno. el Presidente del Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia. el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia.

Las decisiones tomadas por el Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos: tendrán en todo caso carácter vinculante. no tendrán en ningún caso carácter vinculante. tendrán carácter vinculante cuando así lo decida la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos. tendrán carácter vinculante cuando así lo decida la mayoría del Consejo.

Las infracciones muy graves establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: no prescriben. prescribirán al año. prescribirán a los 2 años. prescribirán a los 3 años.

Interrumpirá la prescripción de la infracción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviere paralizado durante: más de 3 meses por causas imputables al presunto infractor. más de 3 meses por causas no imputables al presunto infractor. más de 6 meses por causas imputables al presunto infractor. más de 6 meses por causas no imputables al presunto infractor.

Respecto a las sanciones impuestas en aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: las sanciones por importe igual o inferior a 10.000 euros, prescriben en el plazo de un año. las sanciones por importe igual o inferior a 10.000 euros, prescriben en el plazo de dos años. las sanciones por importe igual o inferior a 20.000 euros, prescriben en el plazo de dos años. las sanciones por importe igual o inferior a 40.000 euros, prescriben en el plazo de un año.

La prescripción de las sanciones se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si el mismo está paralizado durante: más de 6 meses por causas imputables al infractor. más de 6 meses por causas no imputables al infractor. más de 3 meses por causas imputables al infractor. más de 3 meses por causas no imputables al infractor.

Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar: fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, salvo su intimidad personal y familiar. dentro y fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiemp.o de descanso, permisos y vacaciones, salvo su intimidad personal y familiar. dentro y fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar.

La instalación de sistemas de grabación de videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o los empleados públicos, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos: se admitirá cuando se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo. se admitirá siempre que se haya acordado con los representantes de los trabajadores. se admitirá siempre que se haya acordado con los trabajadores. no se admitirá en ningún caso.

La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulado por el afectado recaerá sobre: el propio afectado. el responsable. el responsable o, en su defecto, sobre el propio afectado. el propio afectado o, en su defecto, sobre el responsable.

A los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de: 2 meses, a menos que exista causa legítima para ello. 3 meses, a menos que exista causa legítima para ello. 4 meses, a menos que exista causa legítima para ello. 6 meses, a menos que exista causa legítima para ello.

No procederá la destrucción de los datos cuando exista una previsión legal que obligue a su conservación, en cuyo caso, cuando finalice la prestación de los servicios del encargado: deberán ser devueltos al responsable, que garantizará su conservación mientras tal obligación persista. deberán ser conservados por el encargado, que garantizará su conservación mientras tal obligación persista. deberán ser conservados por el encargado o devueltos al responsable, que garantizarán su conservación mientras tal obligación persista. ninguna es correcta.

Será objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado la información que identifique al infractor, la infracción cometida y el importe de la sanción impuesta cuando la autoridad competente sea la Agencia Española de Protección de Datos, la sanción fuese superior a: un millón de euros y el infractor sea una persona jurídica. cien mil euros y el infractor no sea una persona jurídica. cien mil de euros y el infractor sea una persona jurídica. un millón de euros y el infractor no sea una persona jurídica.

La Ley Gallega que regula el consentimiento informado y la historia clínica de los pacientes, es: La Ley 3/2001, de 28 de mayo. La Ley 1/2003, de 8 de febrero. La Ley 2/2008, de 3 de mayo. La Ley 3/2008, de 23 de febrero.

La Ley Gallega que regula el consentimiento informado y la historia clínica de los pacientes, es de aplicación. En los centros y establecimientos sanitarios públicos de Galicia, pero no en los privados. En los centros y establecimientos sanitarios públicos de Galicia, y en los concertados con el Servicio Gallego de Salud. En los centros y establecimientos sanitarios públicos de Galicia, y en los privados. En los centros y establecimientos sanitarios públicos y privados de Galicia, sean o no concertados con el Servicio Gallego de Salud.

Por regla general el consentimiento informado se prestará: Por escrito; y en cierto casos verbalmente. Siempre por escrito. Verbalmente, y en ciertas ocasiones por escrito. Siempre verbalmente.

¿Ante cuántos testigos, mayores de edad y con plena capacidad de obra, puede formalizarse el documento de instrucciones previas?. Dos testigos, siempre que al menos uno de ellos no tenga parentesco hasta el segundo grado ni estar vinculado por relación patrimonial con el otorgante. Dos testigos, siempre que ninguno de ellos no tenga parentesco hasta el segundo grado ni estar vinculado por relación patrimonial con el otorgante. Tres testigos, siempre que al menos uno de ellos no tenga parentesco hasta el segundo grado ni estar vinculado por relación patrimonial con el otorgante. Tres testigos, de los cuales dos, como mínimo no podrán tener parentesco hasta el segundo grado ni estar vinculados por relación patrimonial con el otorgante.

En cuál de los siguientes casos no cabe prestar el consentimiento por sustitución: Cuando el paciente sea un incapacitado legal. Cuando se trate de menores, no incapaces ni incapacitados, emancipados o con dieciséis años cumplidos. Cuando el paciente esté circunstancialmente incapacitado para tomar decisiones. Cuando el paciente menor de edad no sea capaz de intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención.

Cuando el consentimiento por sustitución corresponda a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él ¿cuál de las mencionadas a continuación tendrá preferencia sobre las demás?. Quien tenga la condición legal de pareja de hecho. Los familiares de grado más próximo. Los familiares que ejerzan de cuidadores. Los familiares más próximos de mayor edad.

Las historias clínicas son documentos confidenciales propiedad de: Cada paciente. Los médicos que la elaboran. La administración sanitaria o entidad titular del centro sanitario, cuando el médico trabaje por cuenta y bajo la dependencia de una institución sanitaria. El sistema nacional de salud.

La información de la historia clínica habrá que conservarse, desde la última asistencia prestada al paciente o desde su fallecimiento, hasta transcurridos como mínimo: Tres años. Cinco años. Diez años. Quince años.

En relación al acceso a la documentación de la historia clínica es falso que: El paciente tiene el derecho de acceso a la documentación de la historia clínica y a obtener copia de los datos que figuran en la misma. El acceso por otras personas distintas al paciente a la información contenida en la historia clínica habrá de estar justificado por la atención sanitaria del mismo. El derecho al acceso del paciente a la documentación de la historia clínica prima sobre el derecho de los profesionales participantes en su elaboración a la reserva de sus anotaciones objetivas. El personal sanitario debidamente acreditado que ejerza funciones de inspección, evaluación, acreditación y planificación tiene acceso a las historias clínicas en el cumplimiento de sus funciones de comprobación de la calidad de la asistencia, del respeto de los derechos del paciente o de cualquier otra obligación del centro en relación con los pacientes y usuarios o la propia Administración sanitaria.

Según la Ley 3/2001, reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes: La prestación del consentimiento informado es una obligación del paciente. El consentimiento será por escrito, por regla general, y se hará constar en la historia clínica en los casos de intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores. El paciente tiene derecho a decidir libremente, tras recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles. El paciente tiene derecho a negarse al tratamiento en cualquier momento. Su negativa al tratamiento puede ser verbal.

La Ley 3/2001, reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes será de aplicación: A todo tipo de asistencia sanitaria que se preste en la Comunidad Autónoma de Galicia únicamente en los centros y establecimientos sanitarios públicos. A todo tipo de asistencia sanitaria que se preste en la Comunidad Autónoma de Galicia únicamente en los centros y establecimientos sanitarios privados concertados con el Servicio Gallego de Salud. A todo tipo de asistencia sanitaria que se preste en la Comunidad Autónoma de Galicia únicamente en los centros y establecimientos sanitarios públicos o privados, sean o no concertados con el Servicio Gallego de Salud. Ninguna repuesta es correcta.

Según la Ley 3/2001, reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes, ¿cuál de los informes no ha de ser conservado?. Hojas de petición e interconsulta. Informes de exploraciones complementarias. Hojas de evolución y planificación de cuidados de enfermería. Informes de anestesia.

Según la Ley 3/2001, reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes, ¿cuál de los informes no ha de ser conservado?. Hojas de petición e interconsulta. Informes de exploraciones complementarias. Hojas de evolución y planificación de cuidados de enfermería. Informes de anestesia.

Conforme la Ley 3/2001, reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes, los datos relativos a un proceso en una historia clínica deben incluir al menos: Ordenes médicas. Hoja de evolución y de planificación de cuidados de enfermería. Informe sobre los procedimientos diagnósticos y terapéuticos e interconsultas realizadas. Todas las respuestas son correctas.

El importe máximo de una sanción administrativa será. 10.000€. 20.000€. 2% del volumen de negocio. 10.000€ o 4% del volumen de negocio, se elige la mayor.

Las infracciones graves: Prescriben al año, y su cuantía va desde los 20.000 a los 300.000€. Prescriben a los 2 años, y su cuantía va desde los 40.000 a los 300.000€. Prescriben a los 6 meses, y su cuantía va desde los 20.000 a los 300.000€. Prescriben a los 6 meses, y su cuantía va desde los 40.000 a los 300.000€.

Las infracciones leves prescriben: A los 3 meses. A los 6 meses. Al año. A los dos años.

Por regla general, el tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento: será lícito por sí mismo. no será posible ningún caso. solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela. solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela y el del responsable del tratamiento.